En el último tiempo, algunos familiares de los gobernantes o políticos latinoamericanos han hecho pasar a estos por momentos "incómodos", tras ser vinculados a casos de corrupción, tráfico de influencias e, incluso, han sido los mayores críticos de sus gestiones.

Desde hijos de presidentes, hermanos, padres y hasta cónyuges forman parte de la larga lista de casos polémicos, que demuestran que la política también puede ser un negocio de familia.

Las cuentas en el extranjero de Máximo Kirchner

Uno de los más recientes involucra a Máximo Kirchner, hijo de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a quien se vincula con supuestas cuentas bancarias millonarias en Estados Unidos e Irán, y cuya titularidad –de algunas de éstas- compartiría con la ex ministra de Defensa y Seguridad Nilda Garré.

Sectores de la oposición de ese país han pedido que se investigue al hijo mayor de la mandataria y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. Éste ha negado que tenga depósitos en el extranjero sin declarar y atribuyó las acusaciones a una maniobra política.

Además, Máximo y su hermana Florencia figuran como directores suplentes en la sociedad Hotesur, de la cual es accionista Cristina Fernández y que tiene a su cargo la administración del hotel Alto Calafate, en el sur de Argentina.

Por si fuera poco, dicha sociedad es investigado por la justicia por presuntas irregularidades administrativas.

El caso Caval que complica al hijo de Bachelet

En Chile la Presidenta, Michelle Bachelet, también se ha visto complicada por el caso Caval que involucra a su hijo Sebastián Dávalos, quien junto a su esposa, Natalia Compagnon, donde se investigan el eventual tráfico de influencias y uso de información privilegiada.

Esto luego que se conociera que la sociedad Caval de la cual es socia Compagnon, adquirió tierras con un millonario préstamo concedido por el Banco de Chile, para luego venderlos a un precio mayor. Crédito el que además se gestionó en una reunión con el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic.

El escándalo de la primera dama de México

En México una investigación periodística reveló a finales de 2014 que la primera dama, Angélica Rivera, encargó a un contratista del gobierno la construcción de una lujosa mansión en la capital mexicana, conocida como la Casa Blanca, lo que desató uno de los escándalos más grandes de los últimos años.

Las críticas desatadas en torno a la residencia, llevaron a la propia Rivera, actriz de profesión, a anunciar la venta de la propiedad. Mientras que su esposo, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, hizo pública su declaración patrimonial de forma completa.

Las acusaciones contra Lulinha en Brasil

Conocido como "Lulinha", Fabio Luís Lula da Silva, fue cuestionado por los jugosos negocios con grandes empresas que consiguió como propietario de una compañía de desarrollo de juegos de computador, en la época que su padre, Luiz Inácio Lula da Silva, era presidente de Brasil.

Sin embargo, nunca fue acusado formalmente y los procesados fueron los medios de comunicación que ventilaron el asunto.

Los hijos del ex presidente Uribe

Los hijos del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), Tomás y Jerónimo, protagonizaron un escándalo en abril de 2013, cuando sus nombres aparecieron en una lista de personalidades con inversiones en un paraíso fiscal, lo que provocó que se pidiera una investigación judicial al respecto.

Según pesquisas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), publicadas en el rotativo británico The Guardian, los hijos del ahora senador eran accionistas de una corporación llamada Asia America Investment Corporation, con sede desde 2008 en las Islas Vírgenes.

Los jóvenes explicaron que la compañía nunca operó ni produjo ingresos y a que los pocos meses de crearla se retiraron mediante acto jurídico formal.

Sus explicaciones no convencieron a varios sectores políticos del país, los que recordaron que Tomás y Jerónimo fueron acusados de tráfico de influencias mientras su padre era presidente.

También levantó controversia uno de los hermanos del ex presidente Uribe, Santiago, quien el año pasado fue implicado ante la Fiscalía de colaborar presuntamente en el asesinato de un conductor de autobús en 1994, como parte de una estrategia del grupo paramilitar "Los doce apóstoles".

Contrato favoreció a hermana de vicepresidente boliviano

A una empresa vinculada a la cuñada del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, se le entregó la concesión de un contrato de cátering de la aerolínea estatal BOA.

Ésta se adjudicó un contrato por 2,5 millones de dólares, siendo denunciada en marzo de 2014 por un partido de la oposición.

García Linera consideró entonces que la denuncia formaba parte de la "guerra sucia" de la oposición en contra del Ejecutivo. A la vez que defendió la legalidad del contrato, pero ordenó su rescisión con el argumento de que este no acompañaba su "discurso ético".

La familia contra Humala

Otro es el caso del hermano del mandatario de Perú, Ollanta Humala, Antauro, quien paga una condena de 19 años de prisión por la muerte de seis personas en un caótico levantamiento militar contra el gobierno del presidente Alejandro Toledo (2001-2006), en 2005.

El caso de la familia Humala es especial, ya que varios de sus miembros han sido fuertes críticos del propio presidente.

El propio Antauro lo tilda de "conserje", otro hermano dice que quien manda es su esposa Nadine, en tanto, un tercero ofreció en su nombre negocios en Rusia y su padre lo trata de traidor.

Los casos de Nicaragua y Panamá

En Nicaragua los familiares del ex presidente Arnoldo Alemán (1997-2002), estuvieron involucrados en casos de corrupción en Estados Unidos, Panamá y Nicaragua, al considerar que sus cuentas en bancos provenían de actividades ilícitas, principalmente del erario público.

Panamá se investiga actualmente a Marta Susana de Varela, quien fue viceministra de Desarrollo Social durante la administración de Ricardo Martinelli (2009-2014) y es tía del actual presidente del país, Juan Carlos Varela. Ésta ha sido relacionada a la compra con supuestos sobrecostes de comida deshidratada a través del gobierno.

Una fiscalía anticorrupción le impuso esta semana a la ex ministra la prohibición de salida del país mientras investiga el caso.