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MINERÍA
Conflictos elevan Costos de la Minería global. El comentado informe de Bloomberg
06/04/2015

Las resistencias a la minería suben costos de la actividad

Bloomberg

Crece la desconfianza de las poblaciones hacia las mineras y los supuestos beneficios de la minería. Las comunidades exigen costosas inversiones para dar su consentimiento. Unos US$25.000 en nuevos proyectos están trabados en todo el mundo.

Escuelas y clínicas. Canchas de fútbol y plazas de toros. Plantas de agua y hasta criaderos de animales para consumo.

Desde Africa hasta Sudamérica, las mineras les están ofreciendo todo eso y más a las comunidades para acallar la creciente oposición a proyectos controvertidos.

“Hay proyectos por valor de unos US$25.000 millones inmovilizados o paralizados”, declaró en entrevista Mark Cutifani, CEO de Anglo American. “Tenemos que lograr que todas esas relaciones se encarrilen”.

Si bien la oposición a la minería no es nueva, es una preocupación que está aumentando para multinacionales como Anglo American, y los ejecutivos se quejan cada vez más. Están en juego miles de millones de dólares, aseguran.

Los oponentes sostienen que las compañías depredan el medio ambiente y a menudo no benefician a las comunidades locales, o al menos no tanto como dicen.

El rechazo es una novedad respecto de la década de 1980, cuando rara vez se consultaba a las comunidades por las nuevas minas. Ahora, el apoyo local es crucial, según Thras Moraitis, ex responsable de estrategia de Xstrata antes de la toma de control por parte de Glencore. “No se puede conseguir un permiso sin tener el pleno consentimiento previo de las comunidades locales”, aseguró.

Comunidades de todas partes, desde Perú a Sudáfrica, se están movilizando para negociar mejor con las compañías, según dos estudios difundidos a fines del 2014. Los habitantes que son reubicados para hacerles lugar a las minas piden más a cambio.

En Perú, hicieron falta seis años de tratativas antes de que pudieran empezarse las obras del proyecto de cobre Las Bambas, dijo Moraitis, hoy director de X2 Resources, vehículo de inversión en minería fundado por ex gerentes de Xstrata.

Para cerrar el acuerdo de Las Bambas fue necesario construir unnuevo pueblo con casas de seis dormitorios, plaza de toros y cancha de fútbol sobre una montaña de 4.000 metros. El pueblo, Nueva Fuerabamba, tiene electricidad, agua corriente e instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

“Lo llamamos la Nueva York de los Andes”, dijo Andrew Michelmore, CEO de la empresa china MMG, que le compró Las Bambas a Glencore en julio por US$7.000 millones.

MMG ha mudado a las tres cuartas partes de los vecinos y prevé completar pronto la reubicación. Xstrata contrató a expertos en cría de animales para mejorar la producción de conejillos de Indias, alimento de los habitantes.

“Así de detallados hay que ser cuando se trabaja con comunidades”, comentó Moraitis.

Los productores prevén que la resistencia de las comunidades será cada vez mayor.

Eso está enfriando el desarrollo de proyectos más modernos y sumando costos a una industria que ya atraviesa una caída de la rentabilidad. Se estima que este año se gastará un total de US$79.000 millones en nuevos proyectos, según el Macquarie Group Ltd.

Destrabar los proyectos demorados podría tener un impacto significativo en el comercio mundial de minerales, al aumentar las reservas de materias primas que van desde el cobre hasta el oro.

En diciembre, un grupo de estudios de la Kellogg School of Management de la Northwestern University, en Illinois, dio cuenta de lo que llamó una desconfianza en aumento entre las mineras y las comunidades locales. El costo de esa falta de entendimiento es “real y significativo”, escribieron los autores, llamando a las mineras a esforzarse por integrar el impacto social, incluidas las cuestiones de derechos humanos, ya desde la fase inicial de planeamiento de los nuevos proyectos.

“El futuro cercano viene con muchos desafíos para las comunidades, países y empresas mineras”, dijo Tom Albanese, director ejecutivo de Vedanta Resources. “Eso contribuirá a reducir la cantidad de proyectos nuevos que se desarrollen. Y hace más difícil para la oferta responder a las evoluciones de la demanda”.

En 2014, Vedanta desistió de planes de hacer minería de bauxita en los montes Niyamgiri, del norte de la India, después de que tribus locales, que creen que su dios reside en las montañas, rechazaron el plan.

El descontento de las comunidades locales puede ser oneroso.

La canadiense Barrick Gold lo descubrió en 2013, cuando suspendió la construcción de su proyecto Pascua-Lama en la frontera entre Argentina y Chile. Sobrecostos, conflictos laborales y resistencias políticas se sumaron para detener el proyecto, en el cual Barrick ya había invertido US$5.000 millones.

Barrick compró el yacimiento inexplotado de Pascua-Lama en 1994, y contaba con generar allí un enorme porcentaje de su producción total de oro. Actualmente, la multinacional afronta en tribunales de EE.UU. una demanda colectiva de accionistas que la acusan de haber ocultado las dificultades del proyecto y haberlos engañado sobre las cifras de rentabilidad. El miércoles pasado, una jueza de Manhattan dictaminó que los accionistas podrían seguir adelante con la demanda.

El plan de Anglo American de expandir el mayor proyecto de mineral de hierro del continente africano, en la provincia de North Cape, en Sudáfrica, muestra lo difícil que puede ser ganarse el apoyo local.

Cyril Briesies es uno de los 3.400 habitantes de Dingleton que deben mudarse en 2016 para que el proyecto avance. Mientras que muchos vecinos ya han llegado a un acuerdo con Kumga, la unidad de mineral de hierro de Anglo, él es parte de las 36 familias que no arreglan y esperan un acuerdo mejor.

“Nunca negocian de buena fe y a veces pueden ser maliciosos”, dijo Briesies, en su casa de cuatro dormitorios. “Esto es tierra valiosa. Si esta casa es tan importante para ellos, pueden negociar un precio que también me convenga a mí”.

La reubicación de Dingleton incluye también la preparación de espacios para 24 negocios, escuelas, una clínica, una comisaría, parques e iglesias de siete congregaciones.

“Es delicado. Estamos negociando con las casas de la gente”, dijo Yvonne Mfolo, jefa del proyecto de relocalización de Kumba. “Siempre está esa sensación de que podrían no estar haciendo lo correcto, o de que deberían insistir más”.


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