La política brasileña quedó sacudida por las revelaciones sobre la existencia de una red de corrupción empresarial y política en Petrobras, pero las consecuencias exceden el ámbito político. El grave panorama financiero de la compañía, la mayor de Brasil, y su importancia para la actividad del gigante sudamericano ponen en jaque a la economía del país y con ello al ahora muy criticado gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.
La firma con sede en Río de Río de Janeiro atraviesa la coyuntura más angustiosa de sus 62 años de historia: una escalofriante deuda de 130.000 millones de dólares y la abrupta caída del precio del crudo han diezmado el valor de la empresa en la Bolsa de Valores de San Pablo(Bovespa), que ha caído un 35% desde que hace un año la Policía Federal brasileña activó la operación Lava Jato por corrupción a gran escala.
El primer gran problema de la compañía es su incapacidad para presentar un balance creíble y auditado de las cuentas, ante la negativa de sus auditores de PwC a firmar el informe desde junio de 2014. Algo por lo cual no se sabe cuánto dinero se ha desviado durante los últimos años para pagar comisiones y sobornos.
La ex presidenta de Petrobras, Graça Foster, llegó a cifrar las pérdidas derivadas de la corrupción en 31.000 millones de dólares, algo negado por su sucesor Aldemir Bendine, ex titular del Banco do Brasil.
El plazo para presentar las cuentas cierra el próximo 30 de abril, y si no hay cuentas auditadas para entonces, ello implicaría una violación de los acuerdos con sus acreedores y podría propiciar un default técnico.
Si se produjera esta suspensión de pagos se supone que por el hecho de ser una empresa estatal recibirá un auxilio estatal, pero un rescate público de una compañía tan grande dispararía el déficit, pondría en riesgo la calificación crediticia del país y amenazaría la sostenibilidad de una economía que ya padece números rojos.
Por este motivo la mayor firma brasileña ya empezó a tomar medidas: anunció la venta de activos por entre 13.000 y 15.000 millones de dólares entre 2015 y 2016, y además reducirá los planes de inversión en otros u$s16.000 millones, según publica el periódico El País, de España.
Goldman Sachs, otro de los grandes bancos de inversión a nivel global, calcula que los bancos brasileños tienen una exposición al sector petrolero de unos u$s40.200 millones, la mayoría a Petrobras. La compañía representa el 10% de la inversión del país, y la decisión de postergar pagos a proveedores ya provocó la bancarrota de alguna de sus contratistas.
Los analistas de Bridgewater, el mayor fondo de alto riesgo del mundo, alertan que "si Petrobras cae sería la mayor bancarrota industrial de la historia. Las pérdidas que sufrirán los grandes bancos públicos provocará tal conmoción financiera que el Gobierno tendrá que acudir al rescate del sistema financiero, con pérdidas no menores a los 60.000 ó 70.000 millones de dólares".
La estatal petrolera de Brasil, Petrobras, atraviesa por su momento más crítico con una deuda que alcanza los 130 mil millones de dólares.
De producirse la quiebra de la compañía, envuelta en múltiples escándalos de corrupción, se convertiría en la mayor bancarrota industrial de la historia.
Los ojos de la opinión pública están sobre la mandataria Dilma Rousseff y el gobernante partido de los trabajadores.
La política brasileña se ha visto sacudida por las revelaciones del escándalo de Petrobras, sobre la existencia de una red de corrupción empresarial y política en la primera empresa del país. Las consecuencias, sin embargo, exceden el ámbito político. La grave situación financiera de la compañía y su importancia para la actividad del país ponen en jaque a la economía brasileña y, con ello, al Gobierno de Dilma Rousseff.
Petrobras afronta la coyuntura más angustiosa de sus 62 años de historia. La presión conjunta de un plan quinquenal de inversiones por valor de 221.000 millones de dólares (204.981 millones de euros), una deuda escalofriante de 130.000 millones de dólares (120.576 millones de euros) pese al boom del petróleo de los últimos años y la abrupta caída del precio del crudo han diezmado el valor de la empresa. Su valor en Bolsa ha caído un 35% desde que, hace ahora un año, la Policía Federal activó la operación Lava Jato por corrupción a gran escala. La caída del real brasileño a su nivel más bajo desde 2004 dificulta aún más el pago de la deuda de la petrolera, buena parte de ella en dólares.
El primer problema de la compañía es su incapacidad para presentar un balance verosímil y auditado de las cuentas, ante la negativa de sus auditores de PwC a firmar el informe desde junio del año pasado. No se sabe cuánto dinero se ha desviado en estos años para pagar comisiones y sobornos. La expresidenta de Petrobras, Graça Foste, llegó a cifrar las pérdidas derivadas de la corrupción en 31.000 millones de dólares (28.753 millones de euros), extremo negado por su sucesor. El plazo para presentar las cuentas termina el próximo día 30 y si no hay cuentas auditadas para entonces, ello implicaría una violación de los acuerdos con sus acreedores y podría propiciar una suspensión de pagos técnica.
Es ahí cuando, ante su carácter de empresa estatal, se da por hecho algún tipo de ayuda pública y, dadas las dimensiones de la empresa, un rescate público dispararía el déficit, pondría en riesgo la calificación crediticia del país y amenazaría la sostenibilidad de una economía que ya se encuentra en números rojos.
La compañía ha empezado a tomar medidas: ha anunciado la venta de activos entre 13.000 y 15.000 millones de dólares (entre 13.980 y 12.060 millones de euros) entre 2015 y 2016 y reducirá los planes de inversión en 16.000 millones (en euros, 14.850 millones). Pero todo tiene un coste. “Los problemas en Petrobras corren el riesgo de ser sistémicos”, advierten fuentes del mercado. Desde el pasado noviembre, ninguna empresa brasileña ha podido colocar deuda en el mercado internacional. Goldman Sachs calcula que los bancos brasileños tienen una exposición al sector petrolero de unos 40.200 millones (37.295 millones de euros), la mayoría a Petrobras. La compañía representa el 10% de la inversión del país y la decisión de aplazar pagos a proveedores ya ha provocado la bancarrota de alguna de sus contratistas. La petrolera y sus proveedores suponen entre el 15% y el 20% del PIB de Brasil.
Los expertos de Bridgewater, el mayor fondo de alto riesgo del mundo, comparan una hipotética quiebra de Petrobras con la que vivió Rusia a finales de los años 90 y alertan de que sería la mayor bancarrota industrial de la historia. “Si Petrobras cae, las pérdidas infligidas a los grandes bancos públicos provocará tal conmoción financiera que el Gobierno tendrá que acudir al rescate del sistema financiero, con pérdidas no menores a los 60.000 o 70.000 millones de dólares”, entre 55.650 y 64.900 millones de euros, sostienen.
Por Francisco Martirena Auber
La Operación Lava Jato, que investiga desvíos de recursos y corrupción en la petrolera estatal Petrobras, provocó pérdidas económicas por 87.000 millones de reales, unos 28.000 millones de dólares. Los datos surgen de un estudio del Grupo de Economía de la Infraestructura y Soluciones Ambientales de la Fundación Getulio Vargas, junto con el Centro de Estudios de Derecho Económico y Social (Cedes), según manifestaron ayer a BAE Negocios fuentes diplomáticas brasileñas.
Los cálculos se basan en estimaciones acerca del efecto de la retracción de gastos de Petrobras y de la cadena de proveedores, que causarían la pérdida de un millón de puestos de empleo, narraron las fuentes consultadas. El estudio consideró los efectos de la contención y la reducción de gastos por 27.500 millones de reales de Petrobras en toda su cadena de proveedores, a partir de lo cual se proyectó la pérdida de producción, salarios, empleos y generación de impuestos.
La eliminación de puestos de empleo tendrá un impacto de unos 13.500 millones de reales sobre el consumo de bienes y servicios; mientras que también caerán los ingresos públicos en los niveles federal, estatal y municipal por causa de una menor recaudación de tributos.
Las grandes constructoras, en el foco de la Operación Lava Jato, dejarán de contribuir a la economía brasileña unos 10.000 millones de reales este año. Sólo el sector de la construcción clausuraría 192.000 empleos, con una reducción de la masa salarial de 1.700 millones de reales.
Según Gesner Oliveira, profesor del Departamento de Planificación y Análisis Económico Aplicados a la Administración de la FGV (Eaesp/FGV), algunas decisiones adoptadas por el equipo económico podrían mitigar los impactos. Oliveira espera para el 2015 una retracción de la economía de 0,5 por ciento. Aseguró, además, que el efecto de la baja de las inversiones de Petrobras estimada en un 20% podría impactar en una retracción del PIB de 2% este año, pero la depreciación del real y señales de recuperación de la credibilidad amenizarán la baja.
El Lava Jato tuvo un fuerte efecto negativo en la construcción civil de Brasil, con el sector registrando entre octubre y febrero la pérdida de 250.000 empleos formales, según los datos del estatal Caged, el Catastro General de Empleados y Desempleados que elabora el Ministerio de Trabajo.
El ministro de Trabajo, Manoel Dias, dijo que la investigación se tradujo en despidos en prestadores de servicios de la compañía estatal. “En este primer momento, el Lava Jato influenció en la reducción del empleo”, dijo Dias, según el portal Brasil 247.
El impacto más fuerte se da en Río de Janeiro y en Pernambuco, estados en los que Petrobras tiene una fuerte presencia. Dias, sin embargo, dijo que las consecuencias se sentirán en todo el país, debido a la falta de inversiones y los atrasos en los pagos.
Según datos de la Federación Nacional de los Trabajadores de las Industrias de la Construcción Pesada, un 70% del sector depende de obras de Petrobras. La entidad habló de “una crisis institucional y de la ingeniería nacional sin perspectiva a mediano plazo”.
El juez de la causa, Sérgio Moro, ha indicado que sólo mediante la suspensión de los contratos será posible alejar cualquier riesgo de repetición, según manifestó en un escrito.
