La minería ilegal es un cáncer que depreda la naturaleza de nuestro país. Si bien es un problema social, pues miles de familias viven de esta actividad. Las autoridades no pueden quedarse en la inercia viendo cómo se contaminan las aguas y los suelos sin tomar acciones inmediatas.
Según las estadísticas que tiene el gerente regional de Energía y Minas de La Libertad, Ricardo Sandoval Pozo, a la fecha hay 5,783 mineros artesanales que están formalizados o se encuentran en proceso de formalización.
“Pero, presumimos, por la misma situación y por los procesos de fiscalización que estamos haciendo, que esa cantidad representa solamente un 30% de personas que ejercen la minería en La Libertad. El 70% restante debe ser minería ilegal”, reveló.
El funcionario dio a conocer que para actualizar las cifras, el Gobierno Regional de La Libertad, a través de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM-LL), ha tomado la decisión de efectuar un catastro de la actividad minera para saber exactamente, a través de un censo, cuántos son los que se ocupan en la minería, quiénes son y dónde están ubicados.
De esa forma se podrá tomar decisiones correctas y adecuadas para resolver la problemática de la minería ilegal existente.
OPERATIVOS
El derrumbe de un socavón minero artesanal que causó la muerte de cinco mineros en la provincia de Pataz ha motivado la alerta de diferentes autoridades. Lamentablemente, esto sucede después de producida una desgracia, y antes no se toman las acciones de prevención.
Sin embargo, el funcionario refirió que se ha aprobado el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Planefa), donde intervienen todas las instituciones relacionadas con el medio ambiente y en donde están estructurados los procesos de fiscalización.
“Ya nos hemos reunido con la Fiscalía de Medio Ambiente. Deberíamos haber iniciado las inspecciones a principios de mes, pero por las malas condiciones climáticas debido a las copiosas lluvias, se han suspendido los operativos hasta fines de abril”, precisó.
Hallaron cuerpos de los dos mineros desaparecidos en Pataz
Las labores de rescate en el socavón minero artesanal que se derrumbó en la provincia de Pataz, concluyeron con el hallazgo de los cuerpos de dos mineros que habían quedado sepultados bajo los escombros: César Peña Romero (30) y Pedro La Rosa Ruiz (34). Con lo cual se elevan a cinco las víctimas mortales.
El trágico suceso tuvo lugar la madrugada del jueves en el anexo La Paccha, perteneciente al distrito de Buldibuyo, en la citada provincia andina. En un primer momento fueron rescatados Francisco Mata Rodríguez (35), Justo Campos Rojas (40) y Asunción Campos Rojas (35).
Uno de sus compañeros de trabajo, Ángel Mata Rodríguez (25), quedó herido y fue trasladado a la posta médica de la minera MARSA.
La Fiscalía Especializada en Prevención de Delito y Materia Ambiental de Tacna investiga los presuntos delitos de minería ilegal en agravio del Estado y tráfico de maquinarias destinadas a la minería ilegal, luego que la ciudadana Antonia Ramos Barrios denunció que personas con maquinarias y volquetes han irrumpido en el terreno que tiene en posesión hace 10 años en el anexo Cerro Blanco del distrito de Calana, a la altura del reservorio de agua de la EPS Tacna, para efectuar trabajos de extracción de material agregado en el cauce del Río Seco (Uchusuma).
LABOR SIGILOSA
Según la denunciante, en marzo pasado, de noche y en horas de la mañana al predio que tiene en posesión ingresaron un cargador frontal y dos volquetes para extraer material no metálico, como piedra, arena gruesa y otros; asimismo, utilizaron zarandas metálicas para separar el material, que por la noche cargaron a los volquetes y los trasladaron con rumbo a la ciudad de Tacna.
Esa actividad sigilosa se efectuó en varios días. El 11 de marzo, al notar nuevamente el movimiento de vehículos, decidió tomar fotografías y filmar la escena; luego comunicó a la Policía Ecológica para una inspección ocular.
Al respecto, el abogado Jaime Gallardo Mora, asesor legal de la agricultora Antonia Ramos, señaló que ante el Ministerio Público (MP) también han presentado denuncias por usurpación agravada y daño agravado, ya que las personas dedicadas a la minería ilegal han destruido cercos perimétricos y plantaciones del fundo para habilitar vías carrozables para sus vehículos, como constató el 26 de febrero la PNP de la comisaría de Calana.
BUEN NEGOCIO
Encargados de empresas extractoras que laboran en las canteras del Arunta, en el distrito Gregorio Albarracín, señalaron que a mediados de febrero tuvieron problemas con las autoridades y les inmovilizaron maquinarias por presunta minería ilegal, lo que fue aprovechado por unos pseudo empresarios para llevar sus maquinarias a los distritos de Calana y Pachía y extraer material no mineral que luego vendían a precios altos.
EJEMPLOS
Si antes de la paralización de los extractores del Arunta una “volquetada” de hormigón costaba S/.140, a mediados de febrero y marzo dicho material recogido del Río Seco en Calana era vendido a S/.320 o S/.340.
“Esos que extraían agregados en Calana y Pachía elevaron los precios del material de construcción, aparte que no hicieron pagos a la Sunat ni comunas de esos distritos”, señaló un empresario.
El Ministerio Público estará citando a representantes de instituciones inmersas en el problema.
El Primer Despacho de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio (FISLAAPD) incautó 12 lingotes de oro, cuyo peso total asciende a 13.39 kilos de los almacenes de la empresa Talma Servicios Aeroportuarios del Callao.
La intervención se produjo a mérito de la resolución judicial emitida por el Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, la misma que atendía la solicitud del fiscal provincial Ernesto Chávez Rodríguez.
El magistrado se encuentra a cargo de la investigación, por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, seguida contra el ciudadano Miguel Farro Pérez, informó el Ministerio Público a INFOREGIÓN.
El personal fiscal, a fin de ejecutar la medida de incautación, ingresó a los almacenes de Talma, encontrando el mineral aurífero en una caja debidamente precintada.
Participaron en esta diligencia la Procuraduría de Lavado de Activos, la División de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú y la Comisión Nacional de Bienes Incautados. Esta última institución sometió a una prueba de reacción química al material aurífero a fin de verificar su autenticidad. Al término de la incautación el oro fue internado en la bóveda del Banco de la Nación.
La FISLAAPD, continuará con las acciones de control para cautelar el cumplimiento de la normativa vigente, contribuyendo a prevenir la comisión de infracciones y delitos vinculados al lavado de activos.
