Por Antonio Rossi

Mientras se demora el pago del subsidio a los hogares más pobres, el precio del gas envasado saltó de $16 hasta $180 en el interior.

A contramano de “relato” presidencial que lo había planteado como un “cambio sustancial” en el manejo de los recursos fiscales, el nuevo programa HOGAR para los usuarios de gas en garrafas no elimina los subsidios a las empresas productoras, mantiene a YPF como una de las principales beneficiarias y promete convertirse en un serio dolor de cabeza para los municipios y gobiernos provinciales.

Tal como suele suceder con buena parte de los anuncios oficiales, la “letra chica” de la reglamentación del nuevo programa HOGAR -que apunta a subsidiar en forma directa a las familias de menores recursos que se abastecen de gas en garrafas- dejó varias sorpresas y dudas focalizadas en los tiempos reales de instrumentación.

Junto con la ayuda directa a los usuarios de bajos ingresos que no están conectados a la red de gas natural, las nuevas reglas de juego -que fueron diseñadas por ministro de Economía, Axel Kicillof y la secretaria de Energía, la camporista Mariana Matranga- dejaron en pie las compensaciones económicas que vienen cobrando desde 2008 las productoras de GLP (gas licuado de petróleo).

La principal beneficiaria de esos “subsidios” es la restatizada YPF que comanda Miguel Galuccio, el ex empleador de Matranga. Además, la resolución 49 de la Secretaría de Energía abrió la puerta para que el Gobierno suscriba con YPF GAS todos “los acuerdos complementarios que fueran necesarios a los efectos de coadyuvar a la eficacia del Programa HOGAR”.

De hecho, también fue clave en el diseño de esta decisión el vicepresidente de YPF, Nicolás Arceo, un hombre de Kicillof y jefe real en el día a día de Matranga.

Ganadores y perdedores

De acuerdo con los primeros cálculos que efectuaron analistas del sector, la nueva compensación por GLP podría representar para YPF, por su participación mayoritaria en el mercado, un ingreso anual no inferior a los $ 5.000 millones. En tanto para el resto de las productoras, los números indican que el total de los subsidios estimado con los precios actuales podría trepar hasta los $ 4.000 millones anuales.

Por el lado de los subsidios directos a los hogares de menores recursos que no cuentan con el suministro de gas por red, el principal problema que se ha registrado con el programa HOGAR es el desfase temporal entre la acreditación de la ayuda económica y la entrada en vigencia de los nuevos precios de las garrafas.

El nuevo mecanismo establece que los hogares más pobres van a recibir a partir del 1 de abril una suma de $ 77 por cada garrafa que tengan que comprar.

La idea de los funcionarios era comenzar a implementar el pago de ese subsidio en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin que los comercios y distribuidores suban el valor de las garrafas sociales que era de $16 para los envases de 10 kg. Pero no bien se conocieron los detalles del nuevo programa, los precios de las garrafas al público se multiplicaron por cinco y hasta por siete veces en todas las provincias y los barrios del Conurbano donde aún no ha llegado la red de gas natural.

Según el esquema oficial, el nuevo precio máximo de la garrafa de 10 kg. debería ser de $97. Pero prácticamente en ningún lugar se respeta ese valor. Los precios que rigen tras la remarcación de los últimos días oscilan entre los $ 120 y $ 180.

Las áreas sociales de varias intendencias del Conurbano y del interior del país han comenzado a recibir las quejas de los usuarios de escasos recursos que ya tienen que pagar las garrafas con aumentos sin haber recibido los subsidios prometidos por la Nación.

Ante las consultas efectuadas a Energía, los funcionarios municipales recibieron como respuesta que la acreditación de los subsidios en las cuentas de los usuarios podría demorar entre 3 y 4 semanas hasta que la ANSES complete la puesta en marcha del programa.

Frente a esta tardanza y los inevitables inconvenientes que se avizoran con el padrón de beneficiarios que debe confeccionar la ANSES, las provincias se muestran reticentes a suscribir el “convenio de adhesión al programa HOGAR” que impulsa la Secretaría de Energía.

Por medio de ese acuerdo, la dupla Kicillof-Matranga pretende que las autoridades provinciales se incorporen a un “comité asesor” y eximan del pago de Ingresos Brutos y otros tributos locales a las empresas que forman parte de la “cadena industrial y comercial” del GLP.

En medio de esa incipiente pulseada, el reglamento del programa prevé un intrincado engranaje de funcionamiento donde intervienen las secretarías de Energía y Comercio, el ministerio de Desarrollo Social, la ANSES, el Banco Nación, el Enargas, el INDEC y organismos provinciales