La sorpresiva habilitación del RUPEM, la herramienta práctica de la ley 8.421 del Compre Local, de fines de 2013, que obliga a un 75% de contrataciones a empresas de la provincia inscripta en este catastro. Los proveedores sanjuaninos, según la norma, podrán cotizar hasta un 10% más caro que las foráneas y las mineras deberían adjudicarle la prestación de bienes y servicios.

Una vez conocida la novedad, la Cámara Minera de San Juan (CMSJ), la Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) de la provincia y la representación local de la Unión Industrial Argentina (UIA) cursaron duras notas al gobierno advirtiendo sobre los perjuicios que acarreará la Ley RUPEM a prestadores pequeños, medianos y grandes.

Según pudo saber Mining Press, las entidades empresarias del sector minero contactaron con el gobernador José Luis Gioja y acordaron una reunión para la próxima semana. Hasta entonces, los empresarios mineros armarán su abanico de propuestas: desde la derogación lisa y llana que hoy todos ven difícil, hasta un menú de excepciones. “La ley es un gruyere jurídico y para dejar en paz a la minería demandará decenas de parches”, graficó a Mining Press un abogado que asesora a la actividad.

La génesis de esta normativa de Compre Minero Sanjuanino, como se la conoció en su momento, es singular. Fue redactada por el equipo del Ministerio de Minería que conduce Felipe Saavedra y debatida y sancionada rápidamente por la Legislatura de amplia mayoría giojista. Pero todo ocurrió en una coyuntura muy especial: cuando el gobernador sanjuanino, tras su accidente aéreo, se debatía entre la vida y la muerte, y en pleno impacto en la minería sanjuanina por la suspensión de Pascua Lama.

“Fue una reacción instintiva, de autoprotección, sin medir las consecuencias. Lo curioso es que el gobierno nunca quiso reconocer el error como le pedíamos y optó por las postergaciones sucesivas por un mes, tres, seis”, dijo ayer a este diario un dirigente de la CMSJ que prefirió el anonimato. En sucesivos encuentros desde entonces, Gioja ha dicho a los mineros que la Ley RUPEM fue concebida cuando él estaba convaleciente y que él garantizará la solución del diferendo.

Un documento de trabajo consensuado por los equipos jurídicos de las mineras enjuició con dureza la ley sanjuanina. El documento al que tuvo acceso Mining Press habla de inconstitucionalidades, restricciones ilegales, violación del principio de igualdad ante la ley, contradicciones, improvisación, arbitrariedad, inequidades tributarias, entre otros aspectos.

Fuentes confiables señalaron que algunos de estos cuestionamientos sustentarán los recursos de amparos que media docena de proveedores foráneos están dispuestos a presentar, entre ellos una conocida empresa de catering de amplio recorrido en la minería mundial.

Por lo pronto, tras conocerse y viralizarse en mails y tuits la novedad de la entrada en vigencia, numerosos empresarios de la provincia se apresuraron desde ayer a inscribirse en el RUPEM. La inscripción es más sencilla que la que requería el Registro Fiscal recientemente implementado por la AFIP, pero el foco de la discusión no está en la complejidad de los trámites sino en qué es, según la ley, un proveedor sanjuanino, y que privilegios obtiene por la localía.

La Cámara de Servicios Mineros (CASEMI) de la provincia en un principio apoyó la iniciativa, pero hoy se muestra distante ante la disconformidad por diversos motivos de muchos de sus asociados. “Los proveedores sanjuaninos queríamos transparentar la contabilidad de las empresas y del sector, algo similar a lo que después hizo la Nación, pero no esto”, dijo ayer a Mining Press una fuente de esa entidad. La Cámara Minera Minera de San Juan ya ha advertido es una señal negativa para el ánimo inversor.

Precisamente, uno de los focos prioritarios del debate global en el reciente foro de la minería mundial PDAC 2015, en Toronto, fue el de los llamados “nacionalismos” y su capítulo referido a lo que las mineras entienden como arbitrariedad en la protección de los proveedores locales. En la Encuesta Fraser sobre clima de negocios en la minería mundial, la Argentina aparece desagregada por provincias. San Juan ha mantenido su buen sitial en cuanto a potencial y estímulo a la minería. Pero el ranking argentino lo lidera Salta, el distrito que se muestra más distante de sumar regulaciones, impuestos, protecciones y empresas estatales mineras.