OAS, que formuló el pedido en un tribunal de San Pablo, está acusada de formar parte de un "club" de empresas que pagaba sobornos a directivos de Petrobras y a políticos a cambio de contratos en la compañía petrolera.
"Desde el inicio de las investigaciones en Petrobras, las instituciones financieras han restringido sistemáticamente el acceso de las empresas [del grupo OAS] a los recursos necesarios para el mantenimiento de las obras. OAS se ve forzada a tomar medidas que le permitan continuar su operación en un proceso saludable de negociación de su deuda", indicó Fabio Yonamine, presidente de OAS Inversiones, en una nota enviada a la agencia de noticias AFP.
La empresa suspendió a finales de 2014 el pago de su deuda con vencimiento en enero, enfocándose en mantener la nómina de empleados y cumplir con sus compromisos tributarios.
Otra gran constructora señalada de integrar el "club", Galvao Engenharia, solicitó protección judicial hace una semana.
El pedido de OAS incluye nueve empresas del grupo, que opera en varios países, además de Brasil.
La compañía tendrá 60 días para renegociar su deuda, pero desde ya adelantó que venderá parte de sus activos, entre ellos su participación en la administración del aeropuerto internacional de Sao Paulo y dos estadios del Mundial de fútbol 2014, que se celebró en Brasil el año pasado: el Arena das Dunas (Natal, noreste) y el Arena Fonte Nova (Salvador, noreste).
La deuda total de la empresa es de 9.200 millones de reales (2.875 millones de dólares), de los cuales 8.000 millones se encuentran dentro del pedido, indicó el diario Folha de Sao Paulo.
La fiscalía pidió a finales de febrero un resarcimiento de más de 1.500 millones de dólares a las empresas involucradas en el "club", entre ellas OAS.
Cuatro ejecutivos de la compañía están presos por el escándalo de Petrobras, incluido su presidente José Adelmário Pinheiro Filho.
Debido a la trama de corrupción, que habría movido unos 4.000 millones de dólares en la última década e involucra también a políticos, Petrobras prohibió hacer nuevos contratos con OAS y otras 22 grandes empresas.
Algunas ya pidieron recuperación contra la bancarrota.
OAS figura, además, entre las constructoras investigadas por el escándalo que fueron contratadas para obras de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016. Los organizadores aseguran, sin embargo, que los trabajos no se verán afectados.
La constructora OAS, una de las mayores de Brasil, solicitó ampararse a la ley de protección de quiebras por la "intensa restricción de crédito" que sufre por ser investigada en el marco del escándalo de corrupción de Petrobras y anunció que venderá numerosos activos.
La medida afecta a nueve empresas del Grupo OAS y permitirá al conglomerado renegociar sus deudas con los acreedores y proveedores con la mediación de la Justicia, para intentar evitar la quiebra definitiva y con el objetivo de "continuar operando y preservando miles de empleos", según un comunicado.
OAS es la segunda gran constructora de Brasil que se acoge a la ley de quiebras por el caso Petrobras, después de que Galvão Engenharia hiciera lo mismo la semana pasada.
En el marco del proceso, OAS realizará una fuerte desinversión y pondrá a la venta numerosos activos en empresas que no están dedicadas a la construcción pesada, el negocio central del grupo.
La petrolera estatal brasileña Petrobras no venderá su división de distribución BR Distribuidora como parte de su plan de deshacerse de activos para obtener liquidez, dijo el martes Silvio Sinedino, miembro de la junta directiva.
Sinedino se refirió también a potenciales conflictos de interés en el próximo directorio de la compañía, citando el nombramiento del presidente ejecutivo de Vale SA, Murilo Ferreira, como presidente, así como la presencia del presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), Luciano Coutinho, que ya es miembro de la junta.
Los accionistas de Petrobras votarán el nombramiento de Ferreira el 29 de abril.
Las cuentas del gobierno central de Brasil registraron en febrero un déficit primario de R$ 7.357 millones -equivalentes a casi u$s 2.300 millones-, lo que constituyó el peor resultado para el mes en 18 años, en momentos en que el gobierno intenta convencer al Congreso de aprobar las leyes para encaminar el ajuste fiscal con el que se propone reactivar la economía.
En las cuentas del gobierno impactó el déficit en la Seguridad Social de R$ 5.875 millones y el rojo en el Tesoro Nacional de R$ 1.504 millones en febrero. El Banco Central, tercer componente en esa cuenta, tuvo un superávit de R$ 22,2 millones.
Una idea de la aceleración del déficit se tiene al constatar que en los últimos doce meses hasta enero representaba el 0,39% del Producto Bruto Interno (PBI) mientras en la misma cuenta hasta febrero alcanzó al 0,48% del PBI.
El déficit se recortó a R$ 2.300 millones en febrero si se consideran las cuentas de todo el sector público, que incluyen además del Estado nacional a los estados (provincias), municipios y empresas estatales, con excepción de Petrobras y Eletrobras. Los gobiernos regionales y municipales consiguieron un superávit de R$ 5.400 millones en febrero.
En esa cuenta el rojo fiscal en doce meses fue de R$ 35.800 millones, equivalente a 0,69% del PBI, contra el 0,61% del PBI analizando la cifra anual hasta enero, otro índice negativo.
El resultado brinda una idea de las dificultades que enfrenta el equipo económico que comanda el ortodoxo Joaquim Levy para llevar adelante el ajuste definido, que busca cumplir un superávit primario consolidado de 1,2% del PBI este año, alrededor de R$ 66.300 millones.
Con déficit en el sector público, en la balanza comercial, inflación en ascenso, estancamiento económico y luces amarillas en el sector del empleo, el gobierno de Dilma Rousseff busca el aval del Congreso a las medidas diseñadas por Levy para reactivar impuestos, recortar gastos de funcionamiento del Ejecutivo e imponer restricciones al seguro desempleo y las pensiones por fallecimiento.
Levy insistió ayer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Senado en la necesidad de respaldar el ajuste para mejorar la competitividad de Brasil y evitar que el país pierda el grado de inversión. "Tenemos que estar atentos al riesgo de evitar (que el país pierda el grado de inversión). El costo será altísimo para el gobierno, con aumento del costo de la deuda, para las empresas y para el trabajador, que vivirá en un país con más dificultades", dijo ante los legisladores. "Para preservar el empleo tenemos que colocar la deuda pública en una trayectoria de sustentable", señaló.
El ministro defendió la ampliación de los mercados externos y defendió el ajuste del cambio, que provocó una devaluación del real en las últimas semanas (cerró ayer a 3,19 por dólar). Afirmó que el gobierno discutió nuevos acuerdos comerciales, a los que definió como instrumentos para que "Brasil tenga presencia en el mercado mundial".
