Cita en Cocachacra fracasó porque los opositores al proyecto minero insistieron en pedir que este se cancele.
Se rompe el diálogo. Los opositores al proyecto minero Tía María y los representantes del Gobierno Central no llegaron a ningún acuerdo ni pudieron firmar actas de compromiso, al finalizar la audiencia de ayer en Cocachacra, provincia de Islay.
El encuentro tenía como objetivo solucionar el conflicto y poner fin al paro indefinido que iniciaron los antimineros el 23 de marzo.
La cita, que duró tres horas, estuvo marcada por momentos tensos. Los radicales, con gritos y hasta con palabras subidas de tono,solo exigían al gobierno que garantizara el retiro definitivo del proyecto cuprífero de Southern Perú, pues insisten en que contaminará las 13 mil hectáreas del valle de Tambo.
NO SE PUEDE
Pese a la insistencia de los antimineros, los viceministros de Desarrollo e Infraestructura Agraria, Jorge Montenegro, y de Minas, Guillermo Shinno, quienes participaron de la cita, dijeron que no podían anunciar la cancelación de Tía María.
La audiencia fue calificada como una “burla” por Jaime de la Cruz, alcalde del distrito de Deán Valdivia, quien sostuvo que no había condiciones para el desarrollo de Tía María porque no tiene licencia social.
Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, en tanto, no descartó que se radicalice el paro indefinido que hoy cumple 12 días y que ha dejado decenas de heridos.
El proyecto minero Tía María supone una inversión de US$ 1,400 millones.
En el octavo día de paro en la provincia de Islay (región Arequipa) contra el proyecto minero Tía María, las protestas mantienen paralizados a tres distritos de dicha jurisdicción.
Se trata de Cocachacra, Deán Valdivia y Punta de Bombón, en donde todos los servicios públicos y privados dejaron de atender, así como la mayoría de los comercios están cerrados debido al paro contra el proyecto Tía María.
Las calles de ingreso hacia Mollendo (capital de la provincia de Islay), permanecen bloqueadas con piedras, botellas y troncos de árboles, que fueron colocados por manifestantes que rechazan la puesta en marcha de Tía María.
AUDIENCIA JUDICIAL
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Turno de la Ciudad Blanca, en tanto, programó para las 4 pm. una audiencia de prisión preventiva contra Juan Galdos y Teófilo Loayza, quienes el último sábado fueron detenidos durante los enfrentamientos entre policías y manifestantes en Cocachacra.
Los agricultores y gremios antimineros exigen la cancelación del proyecto cuprífero Tía María, de Southern Perú, cuya inversión se estima en US$1,400 millones.
A un día de que se inicie la mesa de desarrollo de la provincia de Islay, la gobernadora regional, Yamila Osorio Delgado, pidió a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) enviar a un equipo especializado para que dialoguen con los alcaldes del Valle de Tambo sobre el proyecto cuprífero Tía María de la empresa Southern Perú.
"Pedimos que por lo menos un ministro llegue con una comisión antes de que inicie la mesa, pero la moción de censura contra la premier Ana Jara impidió que sea posible. Mañana (hoy) a más tardar debe estar una delegación de Lima para hablar aquí e invitarlos a la mesa de desarrollo personalmente", dijo Osorio.
Aunque no aseguró de qué sector sería la comisión, Osorio dejó entrever que sería un grupo multisectorial el que llegue a la ciudad para evitar más enfrentamientos en Tambo en donde los agricultores cumplieron su octavo día de paralización indefinida. "De todas maneras el inicio del proceso de diálogo se inicia el miércoles. Ya se cursaron las invitaciones a los actores sociales", dijo.
Las idas y venidas con respecto al proyecto Tía María en Arequipa, fueron tomadas como “otro golpe para la confianza empresarial” por la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).
Para el gremio empresarial, la inactividad del Estado para proteger y garantizar sus inversiones y los contratos firmados es muy preocupante. “Esta es la señal que el Estado le está enviando hace ya buen tiempo a los inversionistas nacionales y extranjeros”, afirmó.
Más aún, porque el denominado “terrorismo antiminero” deja mucho que pensar sobre quiénes fueron los actores detrás de estas movilizaciones y sus verdaderas intenciones.
“Con lo anterior, queda más que demostrado que la solución a los conflictos sociales en nuestro país no es el diálogo, o al menos no como se ha venido dando”, afirmó Comex.
El gremio recordó que están en juego US$ 1,400 millones en inversiones y 3,000 puestos de trabajo y esto sin contar los puestos de trabajo indirectos que Tía María genera. D
“De efectivamente cancelarse el proyecto, Arequipa habría perdido la oportunidad de llevar mayor bienestar, desarrollo y crecimiento a su región, y con ello perdemos todos”, refirió.
EDITORIAL
El viernes pasado, se produjo un momento de zozobra en torno al proyecto minero Tía María, valorado en US$1.400 millones. Por la mañana, el director de Relaciones Institucionales de Southern Perú, Julio Morriberón, anunció su cancelación y el retiro total de la inversión de esa empresa en la región Arequipa. Horas más tarde, sin embargo, la misma empresa emitió un comunicado en el que rectificaba el anuncio y señalaba que haría todos los esfuerzos necesarios para sacar el proyecto adelante.
La explicación precisa de lo que ocasionó tal contradicción todavía está pendiente, pero las reacciones que la presunta cancelación produjo merecen una reflexión porque expresan un modo bastante difundido de entender la resistencia a los emprendimientos mineros .
El argumento que el viernes afloró inmediatamente en boca de los opositores al proyecto fue, una vez más, el de la ausencia de una ‘licencia social’ para su desarrollo. Lo dijo, por ejemplo, el congresista de Dignidad y Democracia Justiniano Apaza. Y lo recordó también el movimiento Tierra y Libertad, que lidera el ex sacerdote Marco Arana.
“El proyecto minero Tía María carece de licencia social. Ha sido rechazado ya por la ciudadanía de la provincia de Islay que se manifestó masivamente por el NO en un referéndum sobre la viabilidad del proyecto convocado por las autoridades municipales, a lo cual se han sumado tres años de masivas movilizaciones, paros, acciones legales realizadas por las organizaciones de productores agrarios y defensores ambientales del valle del Tambo”, sentenció
Y en realidad, como anotábamos anteriormente, el argumento en cuestión ha aparecido antes en los conflictos suscitados alrededor de los proyectos de Espinar, Cañaris y Conga –por mencionar solo los más conocidos–, por lo que resulta pertinente preguntarse por el sentido exacto de la expresión.
Una ‘licencia’, según el diccionario de la Real Academia Española es un “permiso para hacer algo” o el documento en el que este consta. Se obtienen así licencias para conducir o para el ejercicio de determinadas profesiones, que suponen el cumplimiento de requisitos muy específicos y acotados.
Cuando se habla de ‘licencia social’, sin embargo, el terreno de lo exigible se torna vasto e impreciso. En el contexto específico de los proyectos mineros, la expresión parecería aludir a una conformidad de la sociedad que vive alrededor del lugar en el que estos piensan desarrollarse, y cuyos límites nunca son definidos. No queda claro, para empezar, quiénes tienen derecho a opinar y quiénes no. ¿Se debe manifestar solo el distrito concernido, o tal vez deba tener voz toda la provincia? ¿Y por qué no la región completa?
Por otra parte, no se sabe tampoco en qué materias tal opinión resulta relevante. ¿Lo será únicamente en asuntos de medio ambiente o quizás haya que incluir también consideraciones relativas al empleo o las obras que los inversionistas del proyecto puedan ofrecer a los lugareños?
Es precisamente para evitar, entre otras cosas, todas esas ambigüedades y arbitrariedades que existe una ‘licencia’ a secas, que se tramita frente a la autoridad elegida por quienes componen la comunidad a la que el proyecto afectará directa e indirectamente –esto es, la provincia, la región, el país– y que plantea una serie de exigencias, extensa pero finita.
La ‘licencia social’, en cambio, es aquello que los que la invocan deseen. ¿Por qué se consideran, por ejemplo, ciertas asonadas locales como una negación de la misma y se desdeñan las manifestaciones de otro signo como una concesión del permiso requerido?
Concretamente, ¿por qué no constituyó el otorgamiento de ‘licencia social’ el voto, en el 2012, de la comunidad campesina San Juan de Cañaris a favor del proyecto Cañarico, en Lambayeque? ¿O la aprobación del estudio de impacto ambiental por parte de las 32 comunidades del área de influencia del proyecto Conga? ¿O la marcha pacífica de enero de este año emprendida por los pobladores de Islay en apoyo del proyecto Tía María y otras inversiones?
Y los ejemplos podrían seguir, pero la respuesta es solo una: sencillamente, porque los enemigos ideológicos del desarrollo minero en el país han tomado el concepto de ‘licencia social’ –ni más ni menos que como toman una carretera o el local de una entidad estatal– para imponer su voluntad al resto de los peruanos y avanzar su ficha política gracias a la preservación de su bolsón electoral de pobreza.
No hay tregua en la provincia de Islay. En el octavo día de paralización contra el proyecto minero Tía María, opositores volvieron a enfrentarse con la Policía. El choque se produjo en Santa María, una suerte de cruce para ingresar a los distritos de Cocachacra, Deán Valdivia y La Punta de Bombón.
Provistos de palos y piedras cientos de huelguistas se enfrentaron a un contingente de 500 efectivos. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde.
Según fuentes policiales, los revoltosos atacaron un convoy de policías que tenía como destino Cocachacra, el distrito desde donde se articulan las protestas contra el proyecto minero de Southern Perú que pretende explotar dos tajos de cobre en el área desértica de esa provincia. Los opositores advierten una presunta contaminación.
Los radicales acusaron a la Policía de impedirles el tránsito.
La violencia se prolongó pasadas las 19.00 horas. Los efectivos lanzaron bombas lacrimógenas para disuadirlos y los revoltosos se defendían lanzando piedras con hondas.
Alonso Quispe Paco fue uno de los heridos. Lo trasladaron a Arequipa para descartar una fractura en la pierna. Mientras que el menor de 17 años de iniciales L.Q.M. y Pedro Paricahua Chambi (64) fueron detenidos. Los familiares de ambos negaron que ellos participaban de la huelga.
Solución
Para el sociólogo José Lombardi Indacochea, existe una posición radical bien marcada que no permite llegar a un entendimiento pese a que ya se establecieron los canales de diálogo.
"El punto de diálogo no debe ser si la minería va o no va. Opositores y autoridades se deben sentarse en la mesa -que ya está creada- para definir qué le conviene al valle de Tambo", dijo.
Agregó además que los opositores deben dar otro tipo de alternativas de desarrollo y no cerrarse en una idea vaga de no a la minería.
"Deben señalar qué opciones hay en agricultura, turismo e inclusive minería", dijo.
Consideró además que la empresa Southern Perú debe comprender que es un vecino más del Valle de Tambo, por lo que debe cambiar de actitud.
"Ellos deben apostar por el desarrollo del lugar donde van a trabajar y cumplir las condiciones que ya están establecidas", relató.
Por su parte, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, manifestó que los opositores deben deponer sus medidas de protesta, pues ya hay una propuesta de diálogo.
"La mesa ya está instalada y todos deben asistir para expresar su posición. Si quieren el retiro de Southern deben sustentarlo técnicamente", dijo. Osorio también en una reunión con editores de medios mostró una abultada documentación despachada desde el Gobierno Regional para buscar una salida negociada al conflicto. La gobernadora desmintió con oficios de que ningún representante fue excluido a participar de la mesa.
Marcha
Por su parte los alcaldes del Valle de Tambo continuaron con su marcha de sacrificio a Arequipa que iniciaron el último domingo. Al promediar las 19.00 horas llegaron al distrito de La Joya, en donde cientos de manifestantes los recibieron y les dieron su respaldo. El alcalde de Islay, Richard Ale Cruz, manifestó que continuarán su camino hasta Uchumayo, donde pernoctarán y hoy deben reunirse con la gobernadora.
Juzgado rechaza pedido de prisión para manifestantes de Tambo
El juez penal de Islay, Juan Carlos Churata, denegó el pedido de prisión preventiva de nueve meses formulado por el fiscal penal de Islay, Álvaro Torres, en contra de los pobladores de Cocachacra Juan Galdós Quispe y Teófilo Coyla Quispe. Ambos fueron detenidos el pasado 28 de marzo, cuando se enfrentaron a la Policía por el conflicto Tía María. El magistrado fundamentó su decisión en que no existen elementos de convicción que acrediten que los procesados fueron quienes lanzaron piedras. El juez acotó en su resolución que deben pagar la caución. En el caso de Galdos, este deberá abonar 20 mil soles, mientras que Coyla pagará 10 mil soles.
claves
Mañana los pobladores del distrito de La Joya acatarán una paralización de 24 horas en respaldo a los agricultores del Valle de Tambo. No descartan que la protesta sea indefinida.
Los alcaldes de Cocachacra, Helard Valencia, y de Punta de Bombón, José Ramos Carrera, acompañan al burgomaestre provincial Richard Ale Cruz en la marcha de sacrificio.
