Era uno de los proyectos estrella de la cartera de inversión chilena para los próximos años. Cerro Casale no sólo sería uno de los desarrollos más caros -US$6.000 millones según la última estimación- sino que también dispararía la producción de oro del país, ayudando a diversificar la base minera chilena.

Todo eso por ahora quedó en nada. La empresa Barrick tomó la decisión de retirar el proyecto aurífero de su cartera de obras más inmediatas, luego de recibir los resultados de un estudio sobre la rentabilidad de la iniciativa encargada el año pasado.

Así lo comentó la compañía en su último reporte anual, en el que explicó que lo que se buscaba era generar alternativas para identificar un modelo de desarrollo alternativo que permitiera mejorar los fundamentos de la iniciativa de la que Barrick, que tiene el 75%, es socia de Kinross (25%).

“En noviembre de 2014, completamos un estudio de optimización de la estrategia para nuestro proyecto Cerro Casale, con el objetivo de identificar un modelo de desarrollo que mejore la economía y el riesgo de los proyectos mediante la reducción de los requisitos de capital inicial con el fin de generar un mayor retorno de nuestra inversión. El estudio no pudo identificar una alternativa que proporciona una tasa de rendimiento global por encima de nuestra tasa de corte para un proyecto de este tamaño y complejidad. Como resultado, el presupuesto de 2015 para el proyecto se ha reducido significativamente”, informó la empresa en su reporte anual.

En el documento se añade que el presupuesto 2015 -y con seguridad, también los próximos- estará centrado en preservar la opción futura de desarrollar el proyecto: “Vamos a continuar con las actividades para proteger el activo y evaluar formas alternativas para desarrollar el proyecto de una manera más económica; sin embargo las expectativas de la gerencia de alcanzar una tasa adecuada de retorno en el entorno de precios de metales actual ha disminuido”.

Licencia ambiental

No es el único problema que enfrenta Barrick con este proyecto. La empresa también relató que uno de los permisos con que contaba requería iniciar las obras el 26 de enero de 2015, situación que no ocurrió y que por tanto, pone en riesgo la obtención de este permiso.

Se trata de una autorización para operar a cielo abierto y que es uno de los pocos que tiene fecha de caducidad, pues según explica la compañía, “los permisos necesarios para la mayoría de las operaciones propuestas por el proyecto han sido obtenidos bajo una nueva legislación ambiental y no están sujetos a la fecha límite de la construcción de 26 de enero de 2015”.

El otro frente es el que está relacionado con el estudio de evaluación ambiental (EIA), que está siendo objeto de litigios por parte de comunidades locales e indígenas en un procedimiento administrativo, en el que los reclamos se relacionan con la información de base respecto de la calidad del agua y el proceso de consulta indígena. La minera advierte que una cancelación del permiso ambiental podría resultar en un cargo a resultados por deterioro de activos.