En la próxima junta de accionistas de SQM, del 24 de abril habrá varias caras nuevas, y faltarán otras tantas que eran habituales.

Esto porque luego de que durante marzo las AFP Habitat y Provida redujeran su inversión en la compañía liderada por Julio Ponce Lerou a su mínima expresión, el resto de las administradoras les siguió aunque en menor proporción.

De hecho, a fines de la semana pasada los institucionales frenaron las ventas de estos papeles, quedando en niveles mínimos históricos.

La razón detrás de esta desinversión se encuentra en el controvertido gobierno corporativo de la compañía, lo que generaba una tensa relación con las administradoras.

¿Quiénes compraron las acciones de las AFP? Principalmente clientes retail de corredoras de bolsa, quedando así aún más dispersa la propiedad de los títulos serie B.

Y en este "agitado" contexto, uno de los movimientos que llamó la atención fue que el jueves pasado, cuando se dio a conocer la carta del fondo Sailingstone -el mayor inversionista extranjero en esta serie- en la que pedía la renuncia de Julio Ponce Lerou y Patricio Contesse Fica al directorio de la compañía, el vehículo de inversión aumentó su participación en ésta, sumando a su cartera 1,8 millones de títulos.

Quiénes son
Sailingstone Capital Partners es una firma enfocada exclusivamente en inversiones basadas en recursos naturales en distintos países del mundo.

Es este factor el que justamente explica que en lo que va del año haya registrado pérdidas, con una caída de US$ 400 millones aproximadamente del patrimonio administrado.

Entre sus principales clientes se encuentran inversionistas institucionales a nivel global.

El fondo en el que está incorporada SQM tiene un tamaño de US$ 5.300 millones, con posición en 34 empresas.

Las SQM-B representan 6,4% de la cartera y es la tercera mayor inversión del vehículo, seguidas por los ADR de la misma compañía, donde mantienen 17,9 millones de acciones.

El fondo envió la semana pasada una carta a la compañía y a la Security and Exchange Commission (SEC) en la que abordó la delicada coyuntura por la que pasa SQM, pidiendo además la salida de Patricio Contesse Fica y del mismísimo Julio Ponce Lerou.

El fondo de inversión apuntó específicamente al conflicto de interés del controlador de la empresa con otros accionistas, "así como su fracaso como presidente para crear y reforzar prácticas de gobierno corporativo razonables". En esa línea, exige un presidente independiente.

"Es inapropiado para cualquier director que ha sido encontrado culpable de uso de información privilegiada el sentarse en la mesa de una compañía que se transa en bolsa", afirmó el fondo. Sobre Contesse Fica, SailingStone Capital Partners dijo que debía salir de inmediato por el conflicto de interés que supone el hecho de que su padre, Patricio Contesse González, haya sido desvinculado de la compañía.

"No es conveniente que Patricio Contesse Fica vote sobre cualquier cuestión en este momento debido a los evidentes conflictos que existen entre él, la empresa, y el directorio. Sin su participación, creemos que el directorio ya no tendría un quórum con el que tomar decisiones hasta que los nuevos nominados fueran elegidos por los accionistas en la próxima junta de accionistas en abril".

Ya son 14 los estudios de abogados estadounidenses que están llamando a los inversionistas en ADR de SQM para que se sumen a una demanda colectiva en busca de recuperar parte de las pérdidas sufridas por la caída en el precio de la acción, a raíz de la investigación por financiamiento irregular de campañas políticas.

Ocho de ellos iniciaron los procedimientos ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y seis más están concluyendo sus investigaciones y recopilación de antecedentes para presentarse al tribunal. 

Los dos primeros, Pomerantz y The Rosen Law, ingresaron sus escritos el 20 de marzo. Desde entonces, se han sumado Glancy, Binkow & Goldberg; Brower Piven; Rigrodsky & Long; Levi & Korzinsky; Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz y Law Offices of Howard Smith. En paralelo, Kahn Swick & Foti; Hagens Berman; Faruqi & Faruqi; Pfeiffer Rosca; Bronstein, Gewirtz & Grossman y Kirby, McInerney, también han comunicado que están investigando lo que ocurrió con SQM y llamando a los inversionistas a solicitar asesoría.

Según el abogado Gonzalo Delaveau, socio de Honorato y Delaveau, el gran número de estudios promoviendo la acción legal contra SQM en Estados Unidos se explica porque, en general, se trata de oficinas pequeñas, especializadas en litigios de este tipo. Para ellos “es un negocio, salen a buscar clientes con publicidad, y en general cobran según los resultados obtenidos”, dice.

Añade que para que un tribunal estadounidense acoja a tramitación una demanda y la califique de colectiva, debe cumplir una serie de requisitos, entre otros, tener un número relevante de afectados. “Es por eso que hacen tanta publicidad, porque se necesita un alto número de demandantes”, señala. 

Lo habitual es que las demandas terminen en una sola y las oficinas aúnen esfuerzos en la tramitación y litigio.

En palabras simples, una persona (o más), llamada “lead plaintiff” (o demandante principal), recurre a un tribunal civil reclamando por un perjuicio y pide a la corte que certifique el caso como una demanda colectiva. Para que esa certificación ocurra, el lead plaintiff y sus abogados deben demostrar que hay una queja legal contra el demandado y que hay un grupo significativo de personas (la clase) que han sido perjudicadas de la misma forma que el lead plaintiff (por ejemplo, se puede negar la certificación de clase si los demandantes sufren distintos tipos de efectos secundarios de un mismo medicamento).

Además, el lead plaintiff debe ser representativo de los miembros de la clase, no tener conflictos con ellos, y tener un plan razonable y la capacidad de representar adecuadamente a la clase, porque es responsable de contratar al abogado, responder a las consultas del caso y llegar a un acuerdo sobre posibles reparaciones en nombre de todo el grupo. 

Si la demanda es aceptada como colectiva, todos los miembros de la clase son notificados y la membresía es automática, excepto que los afectados elijan no ser parte de ella.

En el caso de SQM, los estudios que promueven las demandas han dicho que el plazo para encontrar un lead plaintiff, que debe haber sufrido pérdidas por US$ 100 mil o más, expira el 18 de mayo. Delaveau dice que en Estados Unidos los plazos son bastante cortos, para evitar demandas frívolas. “Las oficinas tienen un período para armar un caso”, explica, y si no lo logran, el procedimiento termina.

Tercera clasificación

En Chile, en tanto, la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR), entidad que vela por las inversiones de las AFP, le solicitó ayer a SQM una tercera clasificación de riesgo respecto de sus instrumentos de deuda.