El grupo Repsol cuenta con activos petroleros valorados en 2.500 millones de euros en Venezuela. Es una de las 110 empresas españolas presentes en el país, con un valor conjunto estimado por el Gobierno que rondaría los 9.000 millones de euros.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha elevado el nivel de tensión a tan altas cotas con España que desde Moncloa se teme que el líder chavista ponga en marcha laexpropiación de activos de alguna de las grandes entidades allí presentes (Telefónica, BBVA, Repsol, Mapfre, Meliá, Zara…).

En este contexto, se ha cruzado por el camino una inesperada noticia. El ex presidente español, Felipe González, ha aceptado asumir la defensa de los dos principales presospolíticos del régimen chavista a petición de sus familias: el líder opositor, Leopoldo Lópezy el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

La noticia ha generado gran nerviosismo en la sede central de Repsol en Madrid y, por ende, en la de su participada catalana, Gas Natural Fenosa (GNF), según confirman fuentes cercanas a sus accionistas.

Los servicios de información de Maduro no sólo saben que Repsol opera en Venezuela y tiene por socio a la petrolera estatal Pdvsa, sino que además, su participada en España con un 30% del capital, Gas Natural, tiene en su consejo al mismísimo Felipe González.

n estos momentos, Repsol tiene como consejero de su principal participada, donde comparte accionariado de control con La Caixa (34%), al defensor legal de los dos principales líderes de la oposición a Maduro, encarcelados en la prisión militar de Ramo Verde, a 30 kilómetros de Caracas.

El ex presidente socialista cumplirá en abril cuatro años y medio como consejero de Gas Natural Fenosa, un puesto que él mismo ha calificado de "muy aburrido".

Por aburrirse y no asistir físicamente a un buen número de los consejos que mensualmente celebra la gasista, González percibe 126.500 euros brutos al año, con lo que acumula ya más de medio millón de euros por el puesto al que llegó en diciembre de 2010.

González dijo que se aburría en estas reuniones a principios de 2014 y anunció que dejaría el cargo, pero una triquiñuela legal aceptada por las dos partes le 'obligó' a seguir aburriéndose un año más. Su mandato vencía tres días después de la junta del pasado año, que no pudo aprobar su destitución por estar aún en vigor su mandato.

Este año sí que abandonará Gas Natural Fenosa, pero no lo hará hasta el 14 de mayo, día de la junta. Hasta esa fecha, González compaginará su puesto de consejero de la gasista controlada por Repsol con su papel de protector legal de López y Ledezma.

El grupo catalán presidido por Salvador Gabarró se apresuró el pasado viernes a confirmar sin mencionarlo expresamente la no renovación en el cargo del ex presidente español, que será sustituido por Cristina Garmendia, en el marco de una gran reordenación del consejo de administración del grupo.

La junta de mayo aprobará el nombramiento de cinco nuevos consejeros, entre los que se encuentra el propio Isidro Fainé, presidente de Caixabank.

El ex presidente socialista se ha embolsado más de medio millón de euros por sus cuatro años y medio como consejero de la gasista, puesto en el que se aburría 

Fuentes del entorno de Gas Natural señalan que el hecho de que González defienda a los líderes de la oposición venezolana no ha precipitado su salida del grupo, dado que ya estaba prevista y que era preceptivo que el consejo de marzo (y no el de abril, por no estar en fecha y forma) convocara la junta y aprobara el orden del día, en el que está la salida y entrada de consejeros.

Pero este periodo de casi dos meses en el que el ex líder del PSOE va a navegar entre dos aguas, la de consejero y la de azote 'anti-Maduro', va a ser muy incómodo para la propia Gas Natural y más aún para Repsol, confirman las fuentes consultadas.

González decidió dar un paso al frente ante las reiteradas violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno de Maduro, que ha practicado detenciones arbitrarias de aquellos líderes que le han plantado cara, acusándoles de ser los instigadores y responsables de las protestas del año pasado y sus terribles consecuencias (hubo más de 40 manifestantes muertos).

El expresidente del Gobierno Felipe González termina los cuatro años en su cargo como consejero de Gas Natural Fenosa sin intención de continuar.

Tal como publican en 20 Minutos, el próximo día 14 de mayo se celebrará la junta general de accionistas de Gas Natural Fenosa, que representa la culminación de los cuatro años de mandato de González como vocal de la compañía. El expresidente cobraba un sueldo de 126.500 euros anuales por su labor como consejero.

En la orden del día de dicha junta se encuentran diversos cambios en el consejo de administración, con nuevos nombramientos que defienden como una propuesta "alineada con el compromiso de gobierno corporativo asumido por la compañía y con el desarrollo de sus planes estratégicos".

Se prevé el nombramiento de cinco nuevos consejeros, entre ellos la exministra y presidente de Genetrix, Cristina Garmendia. También entrarán como independientes la excomisaria europea de Asuntos Exteriores y de Comercio Interior, Benita Ferrero Waldner, y el expresidente de Siemens y actual vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil.

Además, se propondrá el nombramiento  como consejeros dominicales de Isidre Fainé, presidente de Caixabank y de Miguel Martínez, director financiero de Repsol. Junto a estos nombramientos se propondrá la reelección de Ramón Adell Ramón, Xabier Añoveros Trias de Bes, Demetrio Carceller Arce, Heribert Padrol Munté, Miguel Valls Maseda y Rafael Villaseca Marco.

Felipe González ya había anunciado en 2014 que dejaría su puesto en el consejo de administración de Gas Natural al terminar el período para el que fue elegido. González hizo esas declaraciones durante la presentación de su libro “En busca de respuestas”, y manifestó que dejaría el cargo “porque es muy aburrido”.

Por Juan Carlos Martínez.

Los bancos acreedores del préstamo sindicado de 5.175 millones de euros, con los que Sacyr adquirió en diciembre de 2006 el 20% de Repsol, acaban de refinanciar los 2.265 millones que restan por amortizar del 8,9% que aún ostenta tras diluciones y ventas. Y lo hacen, no porque la constructora --ahora presidida por Manuel Manrique y, entonces, por Luis del Rivero-- esté en condiciones de devolverlo, sino para evitar males mayores.

En concreto, el "riesgo sistémico significativo", al que alude Santiago Senent, magistrado titular del juzgado de lo Mercantil 7 de Madrid en el auto de homologación del acuerdo de reestructuración de la deuda de la sociedad Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias (SVPM), filial que tiene como único activo la tenencia de la participación en la petrolera, y como únicos ingresos los dividendos que percibe Sacyr por esta participación, que en 2014, entre ordinarios y extraordinarios, se elevaron a 240 millones.

Efectos negativos de no refinanciar

A la vista de la documentación presentada por Sacyr al juzgado, el magistrado se planteó que no cabría tal homologación al limitarse la actividad de esta filial a la mera tenencia de las participaciones, sin realizar actividad profesional o empresarial alguna. Pero lo descartó de plano ante las consecuencias que la no refinanciación hubiera supuesto.

"La viabilidad de la filial pasa necesariamente por la prórroga de la fecha de vencimiento final de la deuda, dado que no tiene liquidez suficiente para hacer frente al crédito sindicado, ni siquiera con la venta de las acciones de Repsol, lo que provocaría su concurso y posterior liquidación, así como la ejecución del resto de garantías otorgadas por Sacyr, lo cual tendría unos efectos extraordinariamente negativos", argumenta el magistrado en el auto de homologación.

Minusvalías

Efectos que el juez Senent llega a calificar de "riesgos sistémicos significativos", no solo para Sacyr, "con el consiguiente riesgo de desempleo para miles trabajadores, sino para la propia Repsol, ya que la ejecución incidiría en la cotización de sus acciones, y de modo reflejo en otras empresas del sector".

Con los 17 euros a los que cotiza actualmente Repsol, el 8,9% de Sacyr registra minusvalías latentes de 260 millones respecto al valor en libros de esta participación y de 465 millones menos respecto a los 2.265 millones del principal del sindicado.

El acuerdo de refinanciación, que aplaza el pago hasta 31 de enero de 2018 sin aporte de cuota alguna hasta entonces --solo intereses-- incluye la novación del préstamo sindicado --con un importe principal de 2.265 millones-- y mantiene las garantías sobre las propias acciones de la petrolera así como de las prendas por Testa y Valoriza, filiales de Sacyr.

Mayor operación de autocartera en 2011

Es la segunda ocasión en que Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias, filial tenedora de las acciones de Repsol, se ha visto en la tesitura de refinanciar su deuda. En diciembre de 2011, ante la negativa de los bancos a revalidar el sindicado del que restaban por amortizar 4.900 millones, al haber solo devuelto 300 millones en cinco años, tuvo que ser la propia Repsol la que abordara una macro operación de autocartera --la mayor de la historia empresarial española-- para recomprar a Sacyr el 10% de sus títulos propios por 2.572 millones.

La operación se llevó a cabo mediante la ejecución, por parte de algunas entidades acreedores, de la prenda de parte de las acciones de Repsol para que después la petrolera adquiriera esos títulos a los bancos.

De esta manera, Sacyr reducía al 10% su participación en la petrolera, y reducía a 2.446 millones la deuda financiera, la que vencía el pasado 31 de enero, y que ahora se ha refinanciado para ser devuelta dentro de tres años. O antes, de manera parcial, si los títulos de Repsol superan los 20 euros de cotización.

Operación inviable

Como ahora, aquel capote de Repsol evitó lo peor para Sacyr, y puso en evidencia el sinsentido de una operación realizada en plena borrachera, en diciembre de 2006, en el punto más álgido del paso ciclo económico expansionista, cuando la acción de la petrolera rozaba los 27 euros.

La operación llevó a Sacyr a pagar más de 6.500 millones, 1.300 con recursos propios y, el resto, con un préstamo sindicado de casi 5.200 millones, de los que el propio Estado aportó, vía Instituto de Crédito Oficial (ICO), 350 millones.