Por Alberto Enrique Devoto*.
El servicio eléctrico en la región metropolitana tiene ciclos bien definidos. Cuando aumenta la temperatura, hay cortes. Cuando hay cortes, el Gobierno acusa a las concesionarias y amenaza con terribles sanciones. Las empresas argumentan que no tienen recursos suficientes para invertir porque no aumentan las tarifas. Y trimestralmente presentan balances en rojo que las dejan al borde de caer en situación de "patrimonio neto negativo" y a un paso de perder las concesiones.
Como al Gobierno no le conviene que se caigan las distribuidoras privadas, a las cuales les traslada las culpas por su pésima política energética, cada vez que se está por llegar al límite los funcionarios nacionales instrumentan algún tipo de rescate económico y financiero para auxiliarlas.
Esta vez la ayuda vino por medio de la resolución 32/2015 de la Secretaría de Energía, que aprobó un aumento transitorio de ingresos para Edenor y Edesur a partir del 1° de febrero a cuenta de la demorada RTI (Revisión Tarifaria Integral). La resolución establece un procedimiento para atender las necesidades de caja de las empresas que les permitan seguir operando y manteniendo el servicio hasta las elecciones de octubre.
Con el nuevo cuadro tarifario -que contiene valores hasta tres veces superiores a los que están pagando los usuarios con y sin subsidios-, el Gobierno está reconociendo que los ingresos de las distribuidoras son insuficientes.
La novedad es que la diferencia entre lo que seguirán pagando los usuarios y las nuevas tarifas teóricas que recibirán las empresas será cubierta con más subsidios del Estado. Es decir que, por cada peso que abonen los usuarios, las empresas podrán recibir hasta tres pesos del Estado. Para los clientes residenciales no cambia nada, si bien en este caso aquellos sectores que ya no recibían subsidios, como los countries, barrios cerrados, Puerto Madero y Recoleta, ahora volverán a tener una ayuda de la Tesorería, que se hará cargo de pagar la diferencia generada por la actualización tarifaria con más subsidios que se sumarán a la fiesta del gasto público.
La norma dispone que las concesionarias eléctricas sólo podrán utilizar los mayores ingresos para cancelar las deudas pendientes con Cammesa, la liquidación de salarios y el pago a contratistas y proveedores. No cubre las obligaciones correspondientes a las obras del "Plan de Inversiones Extraordinarias" que vienen realizando desde el año pasado y que siguen a cargo del Estado.
Más allá de la suba de subsidios que implica, el nuevo salvavidas oficial para las distribuidoras plantea varias paradojas. En primer lugar, si las empresas no recibían esta ayuda iban a tener que proceder a la reducción del capital por efecto del patrimonio neto negativo, con una autorización del ENRE, que es, curiosamente, el responsable que debe proveerles los recursos tarifarios suficientes para que no lleguen a esa situación.
En segundo lugar, llama la atención que estando vigente un programa de uso racional de la energía eléctrica como el Puree, destinado a administrar la escasez, se haya dictado una resolución que lejos de impulsar el "ahorro" termina alentando un mayor consumo y derroche energético. Se vuelve a subsidiar la oferta, que no discrimina entre ricos y pobres.
Y en tercer lugar, está el hecho de que parte de los mayores ingresos otorgados a las empresas se van a destinar a pagar los aumentos de salarios acordados en la última paritaria. Esto abre la puerta para que cualquier otro gremio pida que el Estado pague el salario de sus afiliados.
Y en un sistema impositivo regresivo como el que viene aplicando el Gobierno "nacional y popular", esta medida significa que los trabajadores de áreas postergadas del interior del país van a contribuir no sólo al pago de los salarios de los empleados de Edesur y Edenor, sino también al mantenimiento del bajo costo de las facturas que abonan los consumidores de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
*El autor fue secretario de Energía de la Nación
