Entrevista a JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ. ALTO COMISIONADO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA MINERÍA.

En operativos de interdicción desplegados en un año se destruyó maquinaria utilizada para la minería ilegal valorizada en más de 200 millones de dólares, informó el funcionario de la PCM, quien recalcó que dichas acciones serán permanentes.

¿El proceso de saneamiento para la formalización de la minería informal está brindando los resultados esperados?

–Avanzamos de manera progresiva, mejorando en ritmo. Estamos en la última etapa del proceso de formalización de la minería informal y en el último año, después de la aprobación de la estrategia para erradicar la minería ilegal, se ha incorporado un número significativo de mineros informales.

–¿Cuántos mineros están en la etapa de saneamiento?

–En la etapa de saneamiento hay 72,000 mineros informales, de los cuales más de 32,000 dieron un paso importante y sacaron su RUC, que les permitirá tributar a favor del Estado. El resto (40,000), que tienen una declaración de compromiso para formalizarse, aún no lo hacen, pese a que es muy sencillo y no cuesta, solo es cuestión de ir a la Sunat.

–¿Qué sigue?

–Los dos pasos siguientes para terminar el proceso de formalización están referidos al saneamiento de la concesión; es decir, obtener la autorización del dueño de la concesión para trabajar la tierra, que puede ser de un privado, comunidad o Estado. Por último, ejecutar un instrumento de gestión ambiental en el que el minero se compromete a operar con tecnología adecuada para minimizar daños al ecosistema y hacer trabajos de remediación ambiental.

–Se informó que 600 mineros han concluido el proceso de formalización. ¿De dónde provienen?

–El 95% de este primer grupo es natural del distrito de Ananea, Puno, una zona bastante conflictiva. Ellos han apostado por el proceso de formalización y están exportando su oro de alta calidad a Suiza, sin generar pasivos ambientales.

–¿Qué otras regiones muestran avances en la formalización?

–Arequipa encabeza la lista con 16,000 mineros informales que han pasado a la etapa de saneamiento. Le sigue Ayacucho con 11,000, Puno con 7,000 –de los cuales 600 ya concluyeron la etapa de formalización–. Después está La Libertad con 6,000 y Madre de Dios, ícono de la minería ilegal, con cerca de 5,000.

–¿Desde que se implementó la estrategia para formalizar a los mineros informales se ha avanzado lo esperado?

–Es un proceso nuevo que quiere remediar una problemática que lleva más de cinco décadas en el país. Producto de la minería ilegal se han depredado más de 55,000 hectáreas y quien le puso un alto a esa situación fue este Gobierno. El marco normativo se generó en 2012 y la estrategia se aprobó en enero de 2014. Estamos a un año de ello y se ha avanzado mucho.

–¿Cuánto ha perdido el país por la minería ilegal?

–En los últimos años, según el Banco Central de Reserva (BCR), el país ha perdido más de 9 millones de nuevos soles anuales producto de la evasión tributaria, sin considerar que existen delitos conexos como trata, explotación sexual, narcotráfico, etcétera.

–¿Cuántos operativos de interdicción se realizarán?

–Este año realizaremos tres operativos por mes, aproximadamente. Nuestra prioridad es proteger las zonas con población vulnerable.

–¿Se ha retrocedido?

–Para nada, seguimos actuando y todos los operativos cuentan con representantes del Ministerio Público. Somos muy cuidados, nuestras acciones son de acuerdo con la ley.

–¿Cuánta maquinaria usada por la minería ilegal se ha destruido?

–Hasta 2014 se destruyó maquinaria valorizada en cerca de 200 millones de dólares.

–¿La actuación de la Fiscalía y del Poder Judicial en la materia resulta efectiva?

–En los últimos cuatro años, la Fiscalía asumió el reto de generar un subsistema de protección de flora y fauna y eso permitió que en el país existan unos 150 fiscales involucrados en la protección ambiental. Esto es un buen referente en América Latina y hace un año en el Poder Judicial se crearon dos juzgados especializados en materia ambiental en Piura y Cusco. También tenemos el apoyo de la Policía Nacional.

–Mejoró la articulación.

–Tenemos un subsistema fiscal, judicial y policial dedicado a esta lucha. Hemos avanzado mucho más que cualquier país en la historia.

–¿Seguimos siendo un ejemplo para la región?

–Somos un referente de alta calidad de especialización en todos los sectores involucrados en la materia. Países como Colombia han felicitado al Perú por la estrategia emprendida y quieren seguir nuestro ejemplo. Otras naciones nos han invitado a dictar conferencias, cursos de dirección, estamos avanzando.

–¿Este Gobierno derrotará a la minería ilegal?

–Hemos avanzado mucho a un año de implementada la estrategia. La labor es ardua y compleja. Espero que en estos 14 meses que aún quedan de gobierno dejemos un estándar de trabajo en minería ilegal controlada.

Formalización con beneficios

El alto comisionado para la formalización de la minería de la PCM ratificó que el proceso de formalización ofrece beneficios concretos a los mineros informales y que los cuestionamientos a dicha estrategia provienen de sectores que pretenden mantener el statu quo de su actividad ilegal y de personas que nunca han viajado a las zonas más pobres del país afectadas por este flagelo. Además, reiteró que no es cierto que existan 350,000 mineros informales ni que el costo por formalización llegue a los 80,000 dólares. Precisó que de acuerdo a la Dirección General de Formalización del Ministerio de Energía y Minas, el costo de formalización por persona podría llegar a los 10,000 dólares, “y es un monto cuya inversión es recuperable con facilidad debido a la alta rentabilidad en el precio de los minerales”.

Por otro lado, indicó que su despacho inició una nueva etapa de trabajo con los gobiernos regionales. Dijo esperar un real compromiso de parte de las autoridades del interior del país, al recordar que en el pasado “dejó mucho que desear”.

Datos

José Fernández fue designado alto comisionado para la formalización de la minería, en febrero último, por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Se desempeñó hasta junio de 2014 como fiscal coordinador de las fiscalías especializadas en Materia Ambiental de la Fiscalía de la Nación.

La lucha contra este flagelo forma parte de las políticas del Acuerdo Nacional.