Emilio Pastore suele pasar el fin de semana de visita en los de sus padres mayores o dando un tranquilo paseo en bicicleta por la zona rural en los alrededores de Sao Paulo. Pero el domingo pasado el analista en sistemas de 50 años de edad imprimió una pancarta con el lema "no más mentiras" y salió a la calle a participar en una protesta por primera vez en su vida.

El escándalo multimillonario de corrupción que involucra a la petrolera estatal Petrobras y la coalición gobernante de la presidenta Dilma Rousseff era demasiado difícil de soportar, declara.

"La corrupción ha pasado de tratarse de casos aleatorios a ser una estrategia de Estado... ahora parece ser la fuente oficial de financiación de los partidos, desde el alcalde de una pequeña ciudad hasta el presidente de la nación", afirma. "Ya tuvimos suficiente".

En el millón de manifestantes que se unieron a él en la Avenida Paulista de Sao Paulo, una mujer de unos ochenta años agitaba un cartel en el que pedía a la presidente que se fuera, mientras la muchedumbre gritaba envuelta en banderas brasileñas y consumiendo cerveza y pochoclos. Así lucen los brasileños, aunque a su manera festiva y sin ánimo de confrontación, cuando llegan a su punto límite. "Una cosa es que los brasileños voten en una elección; otra cosa es que salgan a las calles", sostiene Fernando Schüler, politólogo de Insper, una escuela de negocios de Brasil.

Frente a un momento de recesión, una década de inflación alta, servicios públicos deficientes, crisis fiscal, escasez de agua y un posible racionamiento de energía, hasta al brasileño más tolerante le cuesta asimilar las acusaciones de que se robaron hasta u$s 10.000 millones a Petrobras para pagar sobornos y financiar campañas políticas mientras Rousseff se desempeñaba como presidente del directorio de la compañía.

Cientos de miles se sumaron a las protestas deldomingo en toda Brasilia, la capital brasileña, y otros 25 estados, lo que convirtió a las manifestaciones en las más grandes desde las que precedieron a la destitución del presidente Fernando Collor de Mello por cargos de corrupción en 1992. "Vemos un cambio en la naturaleza del riesgo político en torno a Brasil", sostiene Rafael Cortez, politólogo de la consultora Tendências. Rousseff se enfrenta a la posibilidad de convertirse en una "presidente sin futuro" a sólo tres meses de su segundo mandato, dice.

Dados los pedidos de juicio político de Rousseff y una encuesta de Datafolha que esta semana ubicaba a la líder de izquierda como la presidente más impopular desde Collor de Mello, puede parecer que la historia se repite. Sin embargo, si bien el índice de aprobación de Rousseff probablemente caiga por debajo del actual 13% a medida que la economía se sigue deteriorando, el segundo mercado emergente más grande del mundo ha llegado demasiado lejos para volver a los días oscuros del pasado, afirma João Augusto de Castro Neves de Eurasia Group.

Se espera que las medidas de austeridad implementadas por Joaquim Levy, el nuevo ministro de Finanzas de Brasil, afín al mercado, vuelvan a colocar a la economía -que se prevé que se contraerá 0,8% este año- en un sendero de crecimiento en 2016. Entretanto, la irrupción del escándalo de Petrobras en marzo del año pasado es en sí misma una muestra de la creciente independencia de la función judicial y el ministerio público de Brasil.

"Han habido avances innegables... a pesar de la sensación de que volvimos al punto de partida", sostiene Castro Neves. Elevado por encima del centro histórico de Río de Janeiro, el edificio de hormigón de estilo jenga que alberga la sede de Petrobras ha cobrado un estatus casi mítico en el último año. Después de todo, lo que suceda dentro de sus sucias paredes de listones durante los próximos dos meses podría decidir el futuro inmediato de Brasil.

Si Petrobras no puede calcular las pérdidas de la empresa por corrupción y convencer a sus auditores de PwC de que firmen sus estados financieros anuales a fines de mayo, la gran petrolera más endeudada del mundo entra en default técnico. Después de que la compañía incumpliera los plazos de presentación de informes cuatrimestrales, Moody sostiene que "todavía no tiene ninguna seguridad de que los estados financieros auditados vayan a estar disponibles para una fecha determinada". El incumplimiento de la fecha límite en mayo violaría los acuerdos sobre sus u$s 137.000 millones de deuda, lo que desencadenaría un posible rescate y más deterioro fiscal, declara Nymia Cortes de Almeida de la agencia de calificación, que rebajó la empresa a categoría basura (junk) en febrero.

Durante gran parte de la última década, se presume que algunos ex-ejecutivos de la compañía que cotiza en las bolsas de Nueva York y Sao Paulo se complotaron con altos funcionarios políticos y empresas constructoras del país para quedarse con hasta el 3% de los contratos de Petrobras. Los fiscales alegan que ese dinero, a menudo desviado mediante cuentas bancarias en Suiza, se utilizó para pagar sobornos y financiar campañas políticas. Contratistas extranjeros, incluyendo Rolls-Royce, también fueron acusados de pagos ilícitos.

Si bien los fiscales habían identificado u$s 800 millones en sobornos en enero, el importe final robado podría ascender a unos u$s 10.000 millones, dada la supuesta cifra del 3%, los plazos involucrados y el tamaño de Petrobras, que representa el 10% de todas las inversiones en Brasil, afirma André Gordon de la asociación Amec, accionista y fundadora de la administradora de activos GTI.

Es un caso que tiene a los brasileños horrorizados y fascinados a la vez, al igual que los guiones improbables de las telenovelas nacionales. Muchos se han alegrado de la batalla de las autoridades contra la impunidad y devorado informes de los medios sobre los jefes de la construcción que permanecen detenidos en celdas policiales. Pero la fascinación a menudo ha dado paso a la desesperanza, tal como sucedió esta semana tras las acusaciones de que Collor de Mello también recibió dinero en efectivo en el esquema. Este negó las acusaciones.

"Hay una sensación de que el aparato político le roba sistemáticamente al país", sostiene Schüler, y agrega que la investigación llega apenas un año después de que los políticos fueran encarcelados por el escándalo Mensalão de compra de votos. Si bien ese esquema presuntamente operó entre 2003 y 2005 a manos de los asesores del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mentor de Rousseff, este negó todo conocimiento del mismo y jamás enfrentó cargos formales. 

Según los analistas, si las sumas de dinero involucradas en el escándalo de Petrobras resultan asombrosas, ello se debe al menos en parte a la enorme cantidad de dinero que se desparramó por Brasil durante el auge de los commodities. En el año transcurrido desde que los fiscales arrestaron a Paulo Roberto Costa, su primer informante devenido directivo de Petrobras, 103 personas fueron acusadas y 33 miembros del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff y los aliados de la coalición, objeto de investigación por la Corte Suprema.

Si bien la presidente ha negado cualquier implicación en el esquema y el PT sostiene que todas las donaciones fueron lícitas, los partidos de la oposición han pedido que se investigue a Rousseff, dado que los críticos afirman que ella fue cómplice o bien incompetente. 

Pero llevar a una presidente a juicio político no es fácil, afirma Diego Werneck, profesor de derecho en FGV, una institución académica. "No alcanza con perder la confianza del pueblo", sostiene. Debería haber pruebas de que ella cometió un delito, preferentemente durante su actual mandato, que haya dado lugar a su enriquecimiento personal, agrega.

Por muchos errores que haya cometido, la presidente jamás se mostró muy interesada en las trampas de la riqueza. En un viaje a Uruguay este mes, se fotografió a Rousseff en un supermercado local mientras compraba leche y alimentos luego de cancelar, según se dice, una cena con ministros. 

Como guerrillera marxista de la década de 1960, Rousseff probablemente nunca imaginó que su supervivencia iba a depender de un ex-banquero formado en Chicago. Durante las elecciones de octubre pasado, su partido demonizó los bancos. Sin embargo, su ministro de Finanzas, Levy, es ahora considerado la mayor esperanza para la recuperación de Brasil y de la propia carrera de Rousseff.

Después de ganar la reelección por uno de los márgenes más estrechos en la historia de Brasil, Rousseff dio un sorpresivo vuelco político al contratar a Levy y proponer una serie de recortes de beneficios y aumentos de impuestos. Luego de que Brasil registrara su primer déficit presupuestario primario en más de una década en el año 2014, Levy prometió un superávit del 1,2% del PBI este año en un intento por restaurar la credibilidad y atraer inversiones.

Tales esfuerzos son necesarios desde hace tiempo. Al igual que otros mercados emergentes, Brasil ha sufrido a causa del fin del súper ciclo de los commodities, pero los años de gastos en exceso y el intervencionismo estatal son también culpables de los signos de estanflación. El escándalo de Petrobras, que ya ha causado pérdidas de empleo y paralizado la industria, probablemente siga perjudicando a la economía.

Convencer a los votantes de la necesidad de reducir el gasto en un momento en que los servicios públicos de Brasil están sufriendo será una propuesta difícil, según los analistas. Abundan las historias de horror sobre los servicios de salud del país. Esta semana odontólogos de Brasilia publicaron un video que se viralizó, en el que se los muestra quitando 15 gusanos de las encías de una niña.

Castro Neves de Eurasia afirma que la agenda fiscal sigue siendo viable dados los recientes esfuerzos conciliatorios de Rousseff para traer ministros de otros partidos a su círculo íntimo. El desafío más grande será la reforma política, es decir, buscar la manera de eliminar los incentivos estructurales para la corrupción y restaurar la fe de los brasileños en sus líderes, sostienen los analistas.

Durante la acalorada sesión del miércoles en el Congreso, el ministro de Educación Cid Gomes tildó a los aliados del PT de oportunistas gritando que prefería que lo considerasen maleducado a "extorsionador". Fue un raro momento de honestidad que tocó la fibra sensible de los desilusionados brasileños que salieron a las calles el domingo.

Pero en señal del largo camino que Brasil todavía tiene que recorrer para recuperar la confianza del pueblo, Gomes fue despedido de inmediato.

En una conversación privada, el ministro de Economía, Joaquim Levy, cuestionó la efectividad de la propia presidenta en la toma de decisiones, pero al hacerse públicos sus comentarios provocaron fuertes cimbronazos en la arena política.

"Creo que hay un deseo genuino de la presidenta de arreglar las cosas, a veces no de la manera más fácil, no de la manera más efectiva, pero existe un deseo genuino", fue la frase pronunciada por Levy en un encuentro a puertas cerradas, el martes pasado, con ex alumnos de su alma máter estadounidense, la Universidad de Chicago, y cuyo audio fue revelado anteanoche por el diario Folha de S. Paulo en su edición online.

La repercusión de las palabras del ministro fue inmediata; todos los medios se hicieron eco de la "crítica" a la mandataria, que enfrenta un complicado escenario político, en medio de enfrentamientos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) con su principal socio en la alianza de gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y con una crisis de popularidad debido a la negativa coyuntura económica y al escándalo de corrupción en Petrobras, que han llevado su respaldo popular a apenas el 13%, según las últimas encuestas. El mismo Levy emitió al final de la noche un comunicado lamentando la "interpretación" que se le dio a su declaración.

"Aquellos que tienen la honra de ser ministros saben que la orientación política del gobierno es genuina, reconocen que el cumplimiento de sus deberes exigen acciones difíciles, incluso la presidenta, Dilma Rousseff, y ellos tiene la humildad de reconocer que no todas las medidas tomadas tienen la efectividad esperada", señaló el funcionario.

Aclaró que sus comentarios fueron sacados de contexto, que no pretendía criticar a Dilma, y que el objetivo de su conversación había sido destacar la "importancia de ejecutar rápidamente" las medidas de ajuste fiscal que él propuso para que Brasil retome un camino de crecimiento económico.

Levy, un ex banquero de perfil neoliberal, fue nombrado ministro de Economía en enero, con la misión de llevar adelante un ambicioso programa de recortes en las cuestas públicas para garantizar este año un superávit primario del 1,2% del PIB. El plan de ajuste ha sido muy resistido tanto por sectores del PT como por el PMDB, partido que ha hecho de la iniciativa uno de los principales frentes de oposición al gobierno en el Congreso. El propio Levy -apodado "Manos de tijera"- ha dedicado las últimas semanas a intentar convencer a los legisladores de la base aliada de la necesidad del paquete de recortes.

Levy ya había protagonizado otras pequeñas polémicas con la conducción del gobierno, cuando el mes pasado criticó las exoneraciones de las nóminas salariales y las reglas de seguro de desempleo establecidas por su antecesor en el Ministerio de Economía, Guido Mantega. En ese entonces, Rousseff calificó de "infelices" los comentarios de Levy y dio una vuelta de página al asunto.

Ahora, la presidenta prefirió sencillamente no responder, y ordenó a sus asesores más cercanos tampoco referirse al tema.