“Somos personas que luchan (…). Julio es más luchador. Esa es la escuela de trabajar con él. Uno defiende lo suyo, como dicen los huasos”, afirmaba Patricio Contesse González en 1999 en una de las escasas entrevistas en la que esbozó algo sobre su relación con Julio Ponce. Contesse y Ponce trabajaban juntos, de modo intermitente, desde 1978, cuando el segundo, al mando de Corfo, y bajo el gobierno de su entonces suegro, Augusto Pinochet, buscaba un ingeniero forestal que hablara inglés, para que ayudara en la privatización de Inforsa. Desde entonces, Contesse y Ponce no se separaron más. En 1981, Ponce lo puso al mando de la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, ahora rebautizada como SQM. Estuvo hasta 1982. Se volvieron a encontrar en 1988, en la misma empresa. Pero su convivencia más extensa comenzó en marzo de 1990, cuando Contesse asumió por tercera vez la gerencia general de la minera no metálica más grande del país. Duró exactos 25 años haciendo dupla con Ponce. Hasta el lunes 16 de marzo de 2015, cuando fue removido por el directorio de ocho miembros. Desde ese momento, los caminos de Ponce y Contesse parecen haberse distanciado. Pero ese es un espejismo.

SQM EN LA CARPETA

La empresa que Contesse dirigió por más de dos décadas apareció por primera vez en el expediente del caso Penta en octubre de 2014, con la recepción de boletas y facturas presumiblemente falsas emitidas por dos empresas que participaron en la campaña de 2013 de Pablo Zalaquett: Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL y Reactor Spa. Esos documentos sustentaron la querella que, a inicios de semana, presentó el SII contra Contesse y otros ejecutivos de SQM.

Pero fue otra mención la que gatilló la primera ofensiva judicial contra la minera: una boleta de 2009 de la cuñada de Pablo Wagner, María Carolina de la Cerda, cuyos fondos habrían ido a parar a la campaña senatorial de Joaquín Lavín. Por este documento, el SII pidió a la fiscalía incautar la contabilidad de la empresa desde 2009 a 2014. Tres días después, sin embargo, acotó su petición a sólo un mes: julio de 2009. La fiscalía incautó documentación de ese mes, pero quería más. Ya con Sabas Chahuán al mando, la PDI llegó el 9 de marzo a Los Militares 4290 y por orden del fiscal nacional requirieron la entrega voluntaria de la contabilidad de los últimos seis años. El informe de la Bridec precisa que los recibió el fiscal de SQM, Matías Astaburuaga, quien accedió a hacer entrega de la información, “comprometiéndose la disposición de la misma para el 11.03.2015, en formato digital”. Pero ese día, Astaburuaga llamó por teléfono y anunció que la entrega no se haría, porque el tema sería resuelto por un directorio que ya estaba dividido. Ese mismo día comenzó la carrera contra el tiempo de Contesse para impedir la incautación. Seis días después, esa carrera terminó con su destitución.

EL PLAN CONTESSE

El 12 de enero, dos meses antes de su salida, Patricio Contesse fichó al abogado Samuel Donoso para representarlo ante el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público y los juzgados orales. El entonces gerente general fue citado a declarar a la fiscalía como imputado, pero habría guardado silencio en su comparecencia, el 9 de febrero. Contesse y Donoso activaron al menos dos acciones para impedir la incautación de la contabilidad de SQM, argumentando que el SII tiene el monopolio legal de la persecución de delitos tributarios, que jamás había instruido esa diligencia y que la fiscalía se había excedido en sus atribuciones. Una cautela de garantías fundamentales fue rechazada por el Octavo Juzgado de Garantía y otra presentación ante el Tribunal Constitucional -que contuvo al Ministerio Público una semana- fue denegada recién este miércoles 25. Al día siguiente, la fiscalía volvió a las oficinas de SQM.

En el intertanto, Contesse fue removido por la mesa directiva. El 16 de marzo, los ocho directores de SQM aprobaron su destitución tras 25 años en el cargo. En su reemplazo fue designado Patricio de Solminihac. En la reunión hubo aplausos, dice un testigo. En esa misma jornada, el directorio de SQM decidió negarse a entregar la información a la fiscalía y optó por el camino del SII. El martes 17, en la noche, los tres directores de PCS, José María Eyzaguirre, Alejandro Montero y Wayne Brownlee, renunciaron a la mesa.

La salida de Contesse no fue una decisión fácil para Ponce, dicen cercanos al empresario. Pero su permanencia era imposible de sostener. El gerente actuó judicialmente sin el respaldo del directorio, aunque sí lo habría hecho con la anuencia del controlador. Hay otro antecedente: el ingeniero se habría negado a entregar la información solicitada por un comité ad hoc creado por el directorio para analizar las irregularidades, integrado por Eyzaguirre -luego reemplazado por Hernán Büchi-, Wolf von Appen y Juan Antonio Guzmán. El mismo mutismo fue repetido por Contesse en otras instancias. Fue citado por el SII para el 18 de marzo a testificar al Departamento de Delitos Tributarios, pero no llegó, “incumpliendo injustificadamente el requerimiento”, dice la querella del SII.

EL REEMPLAZANTE ¿DISPARA?

Contesse fue apuntado indirectamente este martes por su sucesor, Patricio de Solminihac. En un conference call con inversionistas, el nuevo gerente leyó lo siguiente: “El 20 de marzo de 2015 informamos al SII de pagos por unos US$ 11 millones que se originaron desde la oficina de nuestro ex CEO  durante seis años, desde 2009 y hasta 2014, que podrían no cumplir los requisitos para ser considerados gastos bajo el Código Tributario chileno, debido a que la documentación de respaldo es insuficiente”.

Dos días después, De Solminihac ahondó en la materia ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS): “La falta de explicación por parte del señor Patricio Contesse G. para justificar dichos servicios y pagos, y la ausencia de los respectivos documentos de respaldo incidieron en el término del contrato de trabajo que existía entre él y la sociedad. El señor P. Contesse G. justificó lo anterior amparándose en su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse”.

Alguien pensó esos días que las relaciones entre Ponce y Contesse se habían trizado, ya que el gerente defenestrado una semana antes será sindicado ahora desde la empresa como el culpable exclusivo de cualquier irregularidad que se detecte. En su círculo aclaran que las relaciones entre ambos siguen intactas, que Contesse jamás declarará contra su eterno aliado y que, pese a sus intentos, la fiscalía no producirá grietas en esa histórica relación. “Contesse no será el Hugo Bravo de SQM”, cree un espectador cercano del caso. “Probablemente, Contesse esté dispuesto a autoinmolarse”, agrega otro que supone que la estrategia busca evitar que los cuestionamientos suban hasta Ponce y el dique sea Contesse.

Para todos los involucrados, la tesis de las cuerdas separadas aquí no corre. Las defensas están coordinadas y el círculo de hierro de SQM, formado por un reducido grupo de ejecutivos que acompañan a Ponce desde hace más de dos décadas, no se quebrará (ver nota secundaria). Ello, aunque otra fuente dice que no habrá defensas uniformes, porque hay intereses distintos. Pero tampoco serán contradictoria.

Los accionistas de SQM no ven muchos cambios: esta semana el fondo Sailing Stone, dueño del 14,9% de SQM B, pidió la salida de Ponce y dijo que su relación con Contesse “parece haber evitado que el directorio iniciara una evaluación de verdad, independiente de las acusaciones de financiamiento ilegal de campañas”.

Uno de los antecedentes que complican al ex gerente está contenido en la querella del SII. El 5 de diciembre, SQM intentó justificar los pagos a Reactor Spa y Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL: envió al SII dos contratos de servicio de cuatro páginas cada uno, con ambas empresas. Los convenios estaban firmados por Contesse. “No existió ningún contrato de prestación de servicios con Soquimich”, respondió el socio de Reactor Spa, Iván Correa, al SII.

LA ESTRATEGIA DE CHOQUE

El lunes, Julio Ponce se sentó frente a los fiscales. Entró con el abogado Ignacio Ananías, del estudio de Jorge Bofill, quien lo representó en el caso cascadas. Contesse trabaja con Donoso; Roberto Guzmán ha sido asesorado por Gabriel Zaliasnik y al staff se agregaron otros abogados representando a la administración que lidera De Solminihac. 

Ponce estuvo tres horas en la fiscalía, pero su declaración -declarada secreta por 40 días- no tendría más de cinco páginas. Ante los fiscales, las negativas de Ponce fueron constantes. Según quienes conocieron lo que dijo, el empresario negó saber las irregularidad y afirmó que en SQM, como muchas otras empresas, su directorio decide hacer aportes legales a campañas políticas, pero es la administración la que ejecuta esas contribuciones. La estrategia sigue apuntando así a Contesse. Lo mismo probablemente sostendrán otros ejecutivos: no sabían nada y Contesse era el ejecutor. Esta semana también fueron a la fiscalía Roberto Guzmán y otro gerente de SQM, Enrique Olivares. Ambos guardaron silencio.

La estrategia del grupo, así, será muy distinta de la seguida por los controladores de Penta, cuyos abogados allanaron a sus clientes a reconocer los ilícitos y entregar información disponible a la espera de una benevolencia de la fiscalía que no llegó. La vía aquí será menos colaborativa. La posición confrontacional de Contesse en el juzgado y el TC buscaba no sólo impedir que la fiscalía llegara a la contabilidad; también para construir precedentes jurídicos. Probablemente, los abogados del grupo insistirán más adelante en que el allanamiento de la fiscalía fue ilegal y que las pruebas reunidas por esa vía sean anuladas. Y a ello colaboró Contesse.

LA ESTRATEGIA DEFENSIVA

“Ponce se levanta, come y respira por SQM”, dice alguien que trabajó con el timonel de SQM. “Su único objetivo es mantener el control de la firma”, complementa.

Por ello, su apuesta, arriesgada, será la siguiente: nada ilícito se le podrá demostrar a Ponce y todo llegará, máximo, a Contesse. También apuntará a una distinción básica: quizás haya financiamiento político irregular, pero en ningún caso cohecho o soborno.

Lo que está en duda ahora es la propiedad de la firma. PCS está callada, pero no inactiva. Abogados creen que la canadiense, dueña del 32%, demandará indemnizaciones de perjuicios a los ejecutivos y directores de la firma. En Estados Unidos ya se han anunciado demandas colectivas de tenedores de ADR descontentos con la pérdida de valor de SQM. En marzo, con el escándalo en titulares, la firma ha caído 30% y su valor bursátil bajó a US$ 5.900 millones. Para defenderse, y ya que su control es frágil y se sustenta, además, en el apoyo de otros minoritarios, Ponce ha comprado más acciones. La AFP Cuprum pidió a la SVS que investigara esas operaciones. Y las declaraciones contra Contesse también tienen ese objetivo: son señales duras destinadas a calmar las iras de los inversionistas con el gobierno corporativo.

Falta, además, dilucidar qué ocurrirá el 24 de abril. Ese día se realizará la junta de accionistas y se renovará el directorio. Si Ponce logra elegir más de cuatro representantes, su control no estará en duda. Pero si PCS vuelve al directorio con tres miembros y los minoritarios le arrebatan un representante en la mesa, su presidencia podría ponerse en riesgo. En el directorio de ocho integrantes los empates son dirimidos por el presidente. Un cargo que Ponce ostenta desde hace 27 años.