El anuncio de los cambios en el sistema de subsidios para el gas en garrafas que la semana pasada hizo la presidenta Cristina Kirchner hizo subir hasta diez veces los precios de los envases de 10 kilos (los más utilizados por los hogares más humildes) en Misiones, donde la llamada "garrafa social" pasó de costar en algunos casos de 16 a 170 pesos.
El fuerte aumento de precios se registró entre el jueves, día del anuncio presidencial, y ayer en Posadas y las localidades más importantes de esta provincia que, con Chaco, Corrientes y Formosa, son las únicas que no cuentan con provisión de gas natural por redes de distribución. Según relevamientos de la prensa misionera, citados por la agencia DyN, el precio de la denominada "garrafa social" sufrió importantes aumentos a raíz de los cambios en el sistema de subsidios que comenzará a regir el miércoles próximo.
Hasta ahora, aunque con dificultades en el cumplimiento, los usuarios podían acceder a la garrafa de 10 kilos a un costo de 16 pesos. El precio corriente era de 40 pesos a domicilio, diferencia que era absorbida por el Gobierno nacional mediante un acuerdo con envasadores y distribuidores.
Al anunciar los cambios en el sistema de subsidios, el ministro de Economía, Axel Kicillof, denunció "distorsiones" en el plan vigente por la creación "mercados negros" y la detección de "beneficiarios a los que no corresponde" el subsidio.
Ante la incertidumbre inicial que provocó la decisión, miles de usuarios se volcaron a las bocas de expendio de la "garrafa social", tanto en Posadas como en Oberá, Eldorado, San Vicente y Puerto Iguazú, según reportaron distintos medios de la provincia.
La sorpresiva evolución de precios se tradujo en desabastecimiento y hasta cese de ventas a la espera de mayores precisiones en la medida. De acuerdo con el plan, el subsidio será depositado directamente en las cuentas de unos 2,5 millones de beneficiarios, que deberán registrarse en la Anses (muchos de ellos ya lo están). El nuevo plan, denominado "Hogar", beneficiará a los hogares que registren ingresos inferiores a los $ 9450 mensuales, con un precio de referencia de 97 pesos para el gas en garrafas de 10 kilos.
Frente a los aumentos desmedidos, ayer el Ministerio de Economía emitió un comunicado en el que informó que hasta la entrada en vigencia del nuevo plan, prevista para el próximo miércoles, rige el actual programa Garrafas para Todos, "por lo que todo acto de desabastecimiento o incumplimiento de precios, responde a una acción meramente especulativa y por fuera de la normativa vigente". Y advirtió que ello podría derivar en "severas sanciones", que incluye la clausura del comercio.
Además, el Ministerio recordó que para acceder al nuevo beneficio ya se confeccionó un padrón de usuarios, a partir de datos aportados por la Anses.
El gobierno nacional sorprendió esta semana con una modificación en el plan "Garrafas para todos". A partir de ahora se subsidiará la demanda, no la oferta, lo que implicará en la práctica un sinceramiento de precios en el mercado del GLP y de algunos de sus componentes como el butano o el propano.
Hasta aquí alrededor de 2.500 millones de pesos se destinaban directamente a la cadena de producción y comercialización, desde las operadoras, pasando por los fraccionadores y distribuidores. Ahora, el dinero se volcará directamente a las cuentas de 2,5 millones de familias que según el gobierno nacional realmente necesitan el subsidio. Es decir que el precio de venta de las garrafas de 10 kilos, aunque regulado por la Secretaría de Energía, estará más cerca del valor del mercado: unos 90 pesos, de los cuales el gobierno aportará 70. Antes era de 16 pesos.
La explicación del ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre el cambio de esquema obedece al más elemental sentido común. Subsidiando la oferta, cualquiera podía acceder a la garrafa de 16 pesos, aun sin necesitarla. Por otro lado, se creó todo un mercado paralelo que le aplicaba recargos a cada envase, a menudo triplicando su valor.
A las propias limitaciones del modelo se les suma la enorme dificultad de comercializar las garrafas, ya que, salvo algunos locales de YPF Gas, no existen prácticamente lugares que se dediquen exclusivamente a su venta. Entonces, sólo se conseguían pocas unidades a precio subsidiado en los mercados de barrio.
Lo que ocurría en la práctica es que las familias más vulnerables, a las que estaba destinado el subsidio, no se apropiaban de él, o bien porque les cobraban más cara la garrafa o bien porque no la conseguían.
El cambio de esquema busca entonces una mejor aplicación del aporte. Si el cruce de datos con las bases de Anses y el diagnóstico inicial del gobierno es correcto, colaborará a una mejor distribución. Habrá que esperar para ver cómo funcionará en la zonas rurales, poco bancarizadas, aunque aquí no suelen usar garrafas sino bombonas o directamente leña.
Desde el sector privado vieron con buenos ojos la medida y secretamente esperan que el gobierno tome una medida similar para el gas natural o para la electricidad, algo que llevaría a sincerar la tarifa y por lo tanto favorecer a los productores y generadores. Es que el esquema de subsidios suele traer inconvenientes en el cobro y en el caso del gas afecta la facturación porque el precio que se convalida en invierno, cuando la mayoría del fluido se dirige a los hogares, es muy bajo.
IMPACTO EN LA REGIÓN
En Neuquén y Río Negro, una de cada cinco familias no tiene gas natural. La necesidad de garrafas se hace patente, especialmente en los asentamientos irregulares de las grandes ciudades, donde se usa para cocinar y también para calefaccionar en invierno.
El nuevo plan prevé que, para la Patagonia, las familias de cinco miembros tendrán un depósito anual de 1.540 pesos para unas 20 garrafas, mientras que las familias más numerosas cobrarán 1.848 pesos, equivalentes a unas 24 garrafas.
“Hasta el próximo el 31 de marzo rige el actual Programa “Garrafas para Todos” por lo que todo acto de desabastecimiento o incumplimiento de precios, responde a una acción meramente especulativa y por fuera de la normativa vigente. Con el objetivo de garantizar su cumplimiento, el Estado Nacional transfiere los montos correspondientes para que productores, fraccionadores y distribuidores cumplan con los precios establecidos”, afirmaron las secretarías de Comercio y de Energía, a través de un comunicado conjunto.
En el mismo sentido, recordaron que el Programa HOGAR entrará en vigencia el 1 de abril y consiste en una transferencia directa que se depositará mensualmente en la cuenta bancaria de los beneficiarios a partir del próximo mes.
Según el comunicado de prensa, el Estado Nacional depositará a cada beneficiario 77 pesos por garrafa de 10 kilogramos, dependiendo la cantidad de garrafas reconocidas a cada familia en base al tamaño del hogar y de la zona geográfica en que se encuentre.
El Gobierno nacional señaló que con el objeto de garantizar una inscripción masiva de todos aquellos hogares que cumplen con los requisitos establecidos por el Programa, se confeccionó un padrón automático de beneficiarios, a partir de la base de datos de beneficiarios de la Seguridad Social (ANSES).
En tal sentido precisaron que “quienes no hayan sido incluidos de manera automática, con solo presentar un formulario en las oficinas de ANSES podrán pasar a percibir el beneficio de manera inmediata”.
Adelantaron que mañana, lunes 30 de marzo, autoridades de la Secretaría de Energía conjuntamente con la Secretaria de Comercio se reunirán con los diferentes actores de la industria para dar a conocer el funcionamiento del nuevo programa HOGAR, así como, para informar de las sanciones impuestas a los productores, fraccionadores y distribuidores que no cumplan la normativa vigente del plan Garrafa para Todos.
Las autoridades recordaron que Garrafas para Todos subsidia a la cadena de producción de GLP garantizando un precio fijo de 16 pesos a las garrafas de 10 kg y que “el Gobierno nacional aplicará severas sanciones, incluyendo clausuras, a quienes no cumplan con los precios establecidos”.
Pidieron aquellos consumidores que detecten incumplimiento a la normativa vigente, pueden realizar la denuncia correspondiente al 0800-666-1518.
Comercio y Energía subrayaron que “es obligación del Estado Nacional velar por el acceso al gas para todos los ciudadanos, por lo tanto, tal como lo establece la Ley 26.020, no se permitirán abusos e incumplimientos por parte de ningún actor de la cadena de producción”.