Por Marcelo Bonelli

Daniel Scioli, el precandidato presidencial del oficialismo, fue claro en un encuentro con sus colaboradores íntimos: “Yo estoy dispuesto a conversar con La Cámpora y discutir la integración de la fórmula.” Después de un silencio, aclaró: “Hay que buscar una figura competitiva porque yo quiero ganar”. Y remató: “Kicillof es piantavotos, por eso no puede integrar un binomio presidencial.”

Esto lo expresó en un encuentro en La Ñata, hace unas semanas, analizando en panorama electoral. Florencio Randazzo, su enemigo en la interna presidencial, opina como Scioli: en la intimidad califica a Kicillof como un ahuyenta votantes.

La cuestión apareció porque el propio Kicillof volvió a lanzar su deseo de ser candidato. Pero ayer el ministro les dio la razón a ambos presidenciables, cuando hizo otro papelón público al afirmar: “No sé cuantos pobres hay en el país”. Así intenta tapar el deterioro social que genera su propia gestión. Oculta los datos de pobreza, porque la inflación ha aumentado la cantidad de población con necesidades básicas insatisfechas.

Kicillof emuló a Hernán Lorenzino, cuando el ex ministro declaró a la TV griega que desconocía a cuanto ascendía la inflación en la Argentina.

Pero el traspié del actual ministro no tapó el severo fracaso en el conflicto con los fondos buitre: el acuerdo entre MNL y el Citibank dejó al desnudo la ausencia de estrategias y las impericias en la conducción del frente externo.

La Casa Rosada solo estuvo entretenida en construir un relato contestatario al Citibank, mientras los banqueros acordaban en sigilo una salida del conflicto perjudicando la posición de Argentina y dejando en offside a Kicillof y a Cristina. Economía –hace una semana – lanzó una bravuconada y designó para fortalecer su relato a un “veedor” en el Citibank. Pero ignoraba lo elemental y profesional: que al mismo tiempo en Manhattan se cerraba el pacto que excluyó al país. El ministro tardó varios días en reaccionar, por la sorpresa que sufrió. También volvieron a fallar los abogados en Nueva York: Carmine Boccuzzi y Jonathan Blackman no alertaron y nada hicieron para frenar el arreglo.

El banquero Gabriel Ribisich festejó la movida. El titular del Citibank en Buenos Aires le dijo a sus colaboradores: “Sacamos de rehén al Citibank”. La euforia de Ribisich obedece a la interpretación legal que la entidad tiene sobre el convenio. Para el banquero, el acuerdo con Paul Singer excluye en forma definitiva al banco estadounidense del conflicto de los buitres. Ribisich está convencido que ahora la Casa Rosada no podrá aplicar sanciones al Citibank. Su optimismo surge de un informe judicial.

El trabajo está hecho por un buffet de abogados internacional que opera en Buenos Aires y fue contratado por el Citibank. El dictamen sostiene que el arreglo con MNL deja a Kicillof sin la posibilidad de ejecutar la amenaza política de revocarle al Citibank la autorización para operar en Argentina.

La conclusión del informe legal que manejan en el banco sostiene que, si cumple con los pagos a los bonistas, no hay argumentos legales de peso para desplazarlo de su tradicional funcionamiento en el territorio nacional. Solo puede haber sanciones menores.

Igual, La Cámpora y Carlos Zannini auspician atacar al Citibank con la intención de rearmar el relato contra los fondos buitre y los Estados Unidos. Cristina cree que sus problemas no obedecen a su mal gobierno sino a un complot de la Casa Blanca. Por eso, en la Quinta de Olivos existe fastidio por el descuido de Kicillof. Porque frente a un embate político contra el banco de EE. UU., la Justicia podría frenar – con cautelares – la decisión de sacar al Citibank de la Argentina. En otras palabras: hasta podría perder sustentación legal el relato contra el banco ícono del capitalismo estadounidense. El “paper” de los abogados sostiene lo siguiente: “Tras el acuerdo serían nulas las acciones legales contra el Citibank.” El convenio con MNL también provoca otros impactos negativos para el Gobierno :

– Garantiza que Citibank deposita el dinero, pero no que Euroclear pague a los bonistas.

– Traba la emisión de nueva deuda para cubrir desajustes macroeconómicos. Una colocación internacional ya está descartada.

– Posibilita al juez Thomas Griesa a extender el default a otros bonos argentinos y complica la salida del default.

En Wall Street, el propio JP Morgan, ahora el banco más cercano y de mayor diálogo con Kicillof, emitió un informe a sus clientes advirtiendo que Griesa podría extender sus fallos sobre bonos que no ingresaron en el canje, como el Boden 15 y los Bonar. Así Kicillof logró ampliar el conflicto con los buitres y le dejaría al próximo gobierno una crisis mucho más grande que la que encontró en los tribunales de Manhattan al comenzar su gestión. Esto forma parte sustancial del llamado “Plan Bomba”, que incluye la decisión política de Cristina de obligar a la siguiente gestión a adoptar medidas impopulares.

En la Unión Industrial Argentina se elaboró un informe, cuyas conclusiones obligaron a que Héctor Mendez sincerara la existencia del “Plan Bomba”. El trabajo tiene 22 carillas, fue elaborado por Diego Coatz y Martín Echegoyen; allí se analiza el deterioro que acusan todas las variables económicas y la tensión que puede generar la decisión de Cristina de no resolver ninguno de los problemas. También se advierte sobre retraso cambiario y el perjuicio financiero que provoca la falta de un acuerdo con los holdouts. Habla de la recesión y expresa un temor: el rojo que tienen las cuentas externas y el deterioro en la composición real de las reservas.

Por Marcelo Zlotogwiazda.

Tiene razón Axel Kicillof cuando afirma “no me parece que el principal problema que tiene el movimiento obrero sea el impuesto a las Ganancias”, que constituye el eje del reclamo que alimenta el paro que la CGT Azopardo realizará el martes próximo. Su argumento es que el gravamen sólo alcanza a alrededor de un millón de trabajadores, que son algo más del 10% de los trabajadores registrados que más gana; o apenas el 6% del total si se incluyen los que no están registrados.

El argumento sigue siendo sólido si, como contradice la dirigencia sindical, los que pagan no fueran un millón sino dos millones. Es sensato, justo y equitativo que en un país como la Argentina que, tras ‘una década ganada’, aún tiene cerca de 20% de pobres y, según datos que difundió el Indec el miércoles pasado, la mitad de sus trabajadores con salarios inferiores a los
$ 5.500, un salario promedio de $ 6.464 y el 40% de los hogares con ingresos menores a los $ 7.000, la quinta parte de los empleados que más ganan contribuyan con parte de su sueldo al financiamiento público.

Más aún si se tiene en cuenta que lo que ese grupo tributa es una pequeña parte de lo que cobra. Según cálculos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), un empleado casado con dos hijos que tiene un sueldo de $ 23.100 tributa de Ganancias el 7,7%, que sube al 10,5% para un sueldo de $ 26.400.
Pero la razón del ministro de Economía se debilita cuando se observa que ha venido ocurriendo con la presión tributaria de Ganancias sobre los trabajadores.

Según el último informe de la secretaría de Hacienda de su ministerio, la recaudación de Ganancias a las personas físicas pasó de $ 9.930 millones en 2006 a 111.220 millones en 2014, es decir que se multiplicó por once. En esos ocho años, la recaudación de Ganancias a las empresas se multiplicó por 6,7, y la recaudación total de impuestos nacionales se multiplicó por 7,7. Esa disparidad causó que el impuesto a las Ganancias de las personas físicas pasara de representar el 1,23% del PBI en 2006 al 2,59% el año pasado; y que incrementara su participación en la recaudación total del 5,5 al 7,8%.

El punto débil de Kicillof no radica en que las personas paguen más que antes, porque, en definitiva, lo que aportan no es exagerado, y porque esa mayor tributación recae sobre un segmento social que gana mucho más que el promedio, lo que tiene un claro efecto progresivo sobre la distribución del ingreso.

El punto débil de Kicillof está en el mecanismo por el cual los trabajadores están pagando más. No fue, como hubiese correspondido, porque hubo una decisión política de modificar por ley el régimen tributario, sino porque el mínimo imponible y la escala de ingresos sobre las que se aplican las alícuotas quedaron retrasados o directamente congelados, mientras que la actualización salarial fue acompañando a la alta inflación.

En el debate por Ganancias, Kicillof gana si se mira el comienzo y el final de la película. Pero pierde al analizar cuál fue el guión de la historia.

El que claramente explicó esa ambivalencia fue Thomas Piketty, famoso autor de ‘El Capital en el Siglo XXI’ y ferviente promotor de reformas tributarias progresivas que aumenten la carga sobre los que más ganan. En su paso por la Argentina, el economista francés sostuvo: “No se puede dejar que la decisión sobre cuánta gente debe contribuir pagando Ganancias dependa de la inflación. No es transparente. Creo que es mejor que el gobierno admita que hay inflación y que decida qué hacer con los mínimos imponibles. Si quiere que más gente pague, debería explicarlo, y no dejar que sencillamente sea la inflación la que lo provoque”.

A esa crítica, Kicillof responde con cinismo, diciendo que las escalas y las alícuotas son atribución del Congreso, como si no se supiera que el Congreso está controlado por el oficialismo, y que el mínimo imponible puede ser modificado por el Poder Ejecutivo.

Mientras la dirigencia sindical reclama para su ombligo y Kicillof gana y pierde en la discusión, desde la oposición dan rienda suelta a la demagogia.
Confusamente, Mauricio Macri declara “en mi gobierno se va a acabar la inflación y no va a haber más impuesto a las Ganancias. Ese tributo lo va a tener que pagar la gente que más plata gana”.

Sergio Massa es inequívoco cuando promete que “a partir de diciembre ningún trabajador pagará Ganancias”, y lo justifica con la tontería semántica de que “el salario no es Ganancia”. Explica que la recaudación que se perdería sería compensada gravando a la renta financiera.

Una medida muy necesaria, pero que ni remotamente podría recaudar los 111.220 millones que ingresan por Ganancias de las personas físicas.