Los organizadores de la protesta contra el proyecto Tía María plantearon un desafío. Llegar a Mollendo, la capital provincial de Islay, que mayoritariamente apoya la inversión de Southern. La movilización fue pacífica. Tampoco hubo provocaciones. Los más de cuatro mil agricultores y pobladores de Tambo desfilaron por las calles del balneario costero gritando consignas contra el proyecto minero.
Este hecho cerró la tercera jornada de huelga indefinida que se había iniciado con unclima tenso por la muerte de Carlos Enrique Rondón Rodríguez. El cuerpo de este poblador fue hallado en horas de la madrugada, en el sector conocido como Buenos Aires, a 20 minutos de Cocachacra, distrito desde donde parten las protestas antimineras. Los manifestantes atribuyeron el deceso a la Policía. Eso exacerbó los ánimos, pese a que el jefe de la Región Policial, Enrique Blanco, negó esta hipótesis. Sin embargo, los “antimineros” se han cerrado en la idea que es el primer difunto de las protestas y el cuarto de la oposición contra el proyecto minero desde 2011.
SUSPICACIA
El martes pasado Rondón Rodríguez participó en la movilización que intentó tomar El Fiscal, tramo de la Panamericana Sur. Los efectivos repelieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas y perdigones. Según la expareja de Rondón y madre de su hijo, Teresa Condori, éste permanecía desaparecido desde ese momento. Aunque aceptó que a Rondón le gustaba beber constantemente “y pudo estar mareado y sufrir un accidente”.
La necropsia oficial señala que Rondón falleció producto de un atropello, pero la hermana, Carmen Rondón, asegura que testigos vieron que la Policía lo detuvo e internó en el cuartel de Chucarapi, donde lo golpearon y causaron la muerte. El cuerpo posee un corte en el cuello.
El general Enrique Blanco, tras el resultado de la necropsia y poniendo como testigos al alcalde de Islay, Richard Ale, y el representante del Defensor del Pueblo, Wilber Aranzamendi, aseguró que la Policía no tenía responsabilidad alguna. “Descarto por completo ello. Es un accidente de tránsito (lo que provocó la muerte). El reconocimiento médico revela que fue por accidente de tránsito. Yo descarto que la Policía haya tenido que ver con este hecho”, dijo.
Cuando el cuerpo era conducido a Mollendo para la pericia respectiva, paró en la plaza San Francisco de Cocachacra, pasadas las 10.00 horas. Al ver el cuerpo inerte, la población juró venganza contra la Policía.
MARCHA
Los ánimos fueron exacerbados por el alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz. “Ya nos veremos las caras”, le advirtió al jefe policial en alusión a la muerte de Rondón, en medio de un mitin. “Ollanta aquí está tu alcaldía, si quieres te la metes al c…”, dijo desafiante y consciente de que su participación en la huelga podría costarle el cargo. Este fue más allá y pidió a la población “atacar” si los atacan.
Quien también prestó un discurso incendiario fue el congresista por Cajamarca, Jorge Rimarachín, quien llegó a Cocachacra para respaldar a los protestantes y calificó la mesa de diálogo que el gobierno promueve para resolver el conflicto como “cojudeo”.
Este fue quien hizo la gestión frente a la gobernación de Mollendo y al general Enrique Blanco para que la caravana en contra de Tía María pueda ingresar a esta ciudad.
La marcha fue pacífica. En esta se paseó el cuerpo de Rondón y los familiares de este exigieron justicia. Al final los protestantes guardaron un minuto de silencio en honor al difunto en el “Obelisco” de Mollendo.
La clave
La caravana de manifestantes, con dirección a Mollendo, quedó varada cerca del distrito de Mejía, a la espera que el representante del Gobierno y el alcalde de este distrito, les otorguen un permiso para marchar en Mollendo. El congresista de Cajamarca, Jorge Rimarachín, fue el que emprendió el trámite.
Policía los dejó movilizarse
La marcha a Mollendo tuvo el consentimiento del general Enrique Blanco. Este aseguró que accedió a la medida para garantizar “el libre tránsito”. “Si hubiese impedido la marcha, hubiese habido uno o más heridos, no queremos eso”, dijo.
Al ser interrogado sobre si tras esta autorización, la Policía permitiría movilizaciones hacia la Panamericana Sur- Sector El Fiscal, fue claro. “Lo que tiene que contemplarse es que las marchas tienen que ser autorizadas”, refirió.
Blanco, la mañana de ayer, se reunió con el alcalde provincial de Islay, Richard Ale, con el objetivo de hacer conocer que la seguridad de los manifestantes en el paro estará garantizada por la fuerzas del orden. A su turno, el Defensor del Pueblo, Wilber Aranzamendi, ratificó este acuerdo entre la autoridad y el jefe policial.
El congresista Jorge Rimacharín llegó hasta el distrito de Cocachacra, en Arequipa, para reunirse con los agricultores y pobladores que hoy cumplen su tercer día de protesta en contra del proyecto minero Tía María.
Allí el parlamentario invocó al presidente de la República, Ollanta Humala, a eliminar todas las concesiones que ha hecho el Gobierno, que se revise la viabilidad del referido proyecto, y que se analice si es conveniente “cambiar la agricultura por la actividad minera”.
Asimismo, enfatizó que en el Legislativo se necesitan más ‘rimarachines’ y acusó a los medios de comunicación por estar “a favor de las grandes empresas” y “ocultar la marcha de los agricultores del Tambo”.
