Galvao Engenharia, una de las 23 constructoras investigadas por supuestamente haberse beneficiado de la corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras, anunció hoy que solicitó acogerse a la ley de protección de quiebras.
En un comunicado, la constructora afirmó que el pedido se debe a sus problemas financieros, los cuales se vieron agravados por la falta de pagos de algunos de sus principales clientes, entre ellos Petrobras.
La Recuperación Judicial es como denomina la legislación brasileña el mecanismo que permite que empresas que perdieron la capacidad para pagar sus deudas puedan continuar operando mientras negocian con sus acreedores, con la mediación de la Justicia, para intentar evitar la quiebra definitiva.
De acuerdo con la empresa, desde finales de 2013 hubo retrasos en algunos de los pagos debidos por Petrobras en diversos contratos, a lo que se suma la retracción de créditos en el sector de infraestructura, "fuertemente impactado por la operación Lava-Jato", que desde hace un año investiga la corrupción en el seno de la petrolera.
Sobre su supuesta implicación en el escándalo de corrupción de Petrobras, la constructora subrayó que "jamás participó de cualquier tipo de supuesto cartel en perjuicio de los intereses de sus clientes".
La Policía ha encontrado indicios de que las constructoras llegaron a un acuerdo para elevar el precio de los contratos que firmaban con la petrolera, para repartir esos fondos entre ejecutivos de Petrobras y decenas de políticos.
"Todos los contratos fueron obtenidos dentro de la legislación vigente y con significativas ventajas para Petrobras", subraya la nota.
De acuerdo con el Grupo Galvao, los desvíos en la gestión de Petrobras hicieron que la constructora fuera "víctima de extorsión".
A lo largo de las investigaciones, han sido detenidos decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco exaltos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y han delatado a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena.
Por Anthony Boadle.
El Gobierno de Brasil negó el miércoles que esté buscando otorgar un "gran perdón" a las compañías de construcción e ingeniería involucradas en un escándalo de sobornos en la estatal Petrobras.
Ante la posibilidad de una recesión, el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff busca limitar las consecuencias económicas mediante acuerdos de clemencia con algunas de las 24 compañías bajo investigación que han frenado proyectos y despidieron trabajadores después de que Petrobras dejó de pagarles.
Reuters reportó el mes pasado que algunas de esas compañías, que incluyen a las principales constructoras del país, estaban presionando al Gobierno y al Poder Judicial para que otorguen un "gran perdón" para minimizar las consecuencias legales.
Pero los fiscales dicen que tales acuerdos de clemencia obstaculizarán las investigaciones para castigar a ejecutivos corruptos, que presuntamente pagaron miles de millones de dólares en sobornos con fondos que fueron obtenidos mediante contratos sobrevaluados con Petroleo Brasileiro SA, como es conocida formalmente la compañía.
"No existe tal gran acuerdo", dijo el fiscal general de Brasil, Luís Inácio Adams, en una audiencia en el Congreso.
El Contralor General de Brasil, Valdir Simão, dijo que cuatro de las 24 compañías han propuesto negociar acuerdos con su oficina, conocida como la Contraloría General de la Unión (CGU). Ellas son OAS, Galvão Engenharia, Engevix y SOG Óleo e Gás.
Una de ellas, Galvao Engenharia, presentó el miércoles una solicitud de protección por bancarrota. "Desde fines del 2013 hubo reiterados retrasos en los pagos que debía Petrobras por varios contratos. Esto se combinó con el menor acceso a los mercados de crédito para el sector de construcción ", dijo Grupo Galvao, matriz de Galvao Engenharia, en un comunicado.
Una empresa internacional involucrada en el escándalo de los sobornos, la firma holandesa de arriendo de plataformas petroleras SBM Offshore NV, dijo la semana pasada que logró un acuerdo marco con la CGU.
Al igual que las firmas brasileñas, SBM no puede presentarse a contratos con Petrobras mientras esté bajo investigación.
Para alcanzar un acuerdo con la CGU, las compañías deben admitir que participaron en ilícitos, entregar información a las investigaciones en curso, pagar los daños y establecer programas para cumplir con la nueva ley anticorrupción de Brasil.
El fiscal Adams dijo a periodistas que los acuerdos no obstruirían las investigaciones criminales y que, en cambio, brindarían nueva información a los fiscales.
El Gobierno defiende los acuerdos como la mejor forma para lograr que la compañía regresen los fondos a Petrobras o a las arcas estatales.
Adams dijo que el Gobierno está esperando que Petrobras reporte sus resultados auditados del cuarto trimestre del 2014 para fijar un piso a las restituciones de fondos que se buscarán a través de los acuerdos de clemencia.
Petrobras, que tiene problemas para estimar en cuánto se redujo el valor de sus activos debido al escándalo de corrupción, dijo que planea entregar los resultados a fines de abril.
La estatal entregó resultados no auditados en enero que apuntaron a una posible amortización neta derivada de las pérdidas por el escándalo de corrupción de unos 61.400 millones de reales (19.200 millones de dólares).
(1 dólar = 3,2002 reales)
(Reporte adicional de Maria Carolina Marcello; editado en español por Ricardo Figueroa)
Una de las empresas constructoras brasileñas con ejecutivos liados al escándalo de corrupción en Petrobras solicitó hoy el resguardo de la ley de protección de quiebras, debido a la imposibilidad de pagar sus deudas.
Se trata de una acción legal presentada en un tribunal de Río de Janeiro de parte de la Galvao Engenharia, importante constructora de este país, para evitar declararse en bancarrota, revela un comunicado de esa compañía.
La entidad enfrenta problemas financieros, agravados por la falta de pagos de sus principales clientes, entre los cuales aparece Petrobras, indica la nota.
El pedido para acogerse a esta legislación permite a Galvao Engenharia continuar sus operaciones mientras negocia con sus acreedores, con la mediación de la justicia, con el propósito de evitar la quiebra.
Desde finales de 2013 la empresa sufrió retrasos en varios de los pagos por parte de Petrobras, a lo cual se añade la contracción de créditos en el sector de infraestructura, afectados por el esquema de desvío de fondo de la petrolera estatal.
La entidad niega su participación en un cartel de compañías que cerraban contratos inflados con Petróleos y después se distribuían los fondos obtenidos de manera irregular.
Sin embargo, la fiscalía señala que ejecutivos de ese ente formaron parte de un grupo de una treintena de empresarios implicados en este escándalo, que favoreció la obtención de fondos por valor de 10 mil millones de reales (unos cuatro mil millones de dólares) entre 2004 y 2014.
Una comisión legislativa que investiga las irregularidades en la petrolera estatal Petrobras acordó convocar a Joao Vaccari para que declare por su supuesta vinculación con la causa.
La fecha de la comparecencia de Vaccari ante la comisión todavía no fue definida, y el tesorero del PT está obligado a asistir, informó el Congreso.
El juez Sergio Moro, de Curitiba, en el sureño estado Paraná, aceptó esta semana la denuncia de la Fiscalía contra Vaccari y otras 26 personas por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.
Según sostiene la acusación de la Fiscalía aceptada por el juez, Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con quienes negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban, y recibía el dinero "disfrazado" en forma de donaciones legales para la campaña de su partido.
En las últimas semanas, el PT de la presidenta Dilma Rousseff defendió la inocencia de Vaccari y negó haber recibido donaciones por fuera del sistema legal.
A lo largo de las investigaciones, la Policía arrestó a decenas de ejecutivos de importantes empresas y a cinco ex altos cargos de Petrobras, dos de los cuales se confesaron culpables y delataron a otros presuntos implicados a cambio de una reducción de condena.
Además, el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, abrió investigaciones a 50 políticos, entre ellos los jefes de las dos cámaras legislativas.
