Con una presentación de todos los antecedentes que avalan que el tiempo de traslado entre la casa de cambio y las faenas así como su posterior regreso constituyen jornada laboral, los trabajadores contratistas de las Divisiones El Salvador, Ventana, Los Andes, El Teniente y Calama este lunes llegaron hasta la Oficina Internacional del Trabajo, OIT, en Santiago para poner de manifiesto que Codelco y las empresas contratistas hasta la fecha no han respetado lo que la legislación les ordena, por lo que llaman a los trabajadores contratistas a estar atentos ante una inminente paralización de faenas. 

Así lo informó el Presidente Confederación Obrera de Chile, Luis Núñez: “Hicimos una presentación en la OIT, donde se señaló que hoy no creemos en la legislación que está vigente, porque Codelco y las empresas contratistas no lo están respetando. Por esto, nos acogemos al convenio 87 que señala que para hacer una paralización de carácter legal debe haber tres circunstancias: la vulneración del derecho de trabajador, que va a ser pacífica y ayer (lunes) se votó la paralización total de las Divisiones de Codelco a nivel nacional, así que a contar de hoy (martes) se decreta que la paralización nacional va a venir, por lo que se llama a los trabajadores contratistas a estar atentos porque hoy día estamos en alerta roja. En cualquier momento se van a paralizar todas las mineras de Codelco”.

El dirigente agregó “Es lamentable tener a un mandante como las empresas y Codelco que no escuchan, ni ven la documentación que se presentó del tema de la jornada que no la respetan. Por eso fuimos a la OIT, a ser claros, a hablar fuerte, que la paralización que vamos a hacer es contra el Estado chileno y contra Codelco, porque el Estado debe dar las facilidades y hacer respetar las normas y el Código del Trabajo y Codelco es una empresa estatal que hoy día no lo está haciendo”, subrayó Núñez.

El Presidente Confederación Obrera de Chile, fue enfático en explicar “No estamos exigiendo un bono, que quede claro, estamos exigiendo que se pague el tiempo de traslado y de sala de cambio que es jornada de trabajo y se le adeuda a cada trabajador dos años hacia atrás y debe ser cancelado mensualmente a cada trabajador contratista. Es más, también debiera ser cancelado a los trabajadores de planta, porque esto es para todos. Esto es cumplir la ley, hoy tenemos toda la documentación, todos los respaldos que lo acreditan y lo avalan y es por eso que decimos con la voz bien fuerte que el paro nacional va.  Puede ser cosa de horas, días o minutos que se paralicen todas las mineras, estamos esperando el llamado de presidente nacional de la coordinadora para dar el vamos”, expuso Núñez.

El Grupo Penta está penando hoy en Codelco, especialmente a nivel de sindicatos. Un convenio suscrito por Banmédica y la estatal está crispando los ánimos al interior de la firma, al punto que el martes por la noche la cuprera realizó una declaración pública en la que dio a conocer un proceso de auditoría y la elaboración de un informe en derecho frente a uno de los contratos.

Se trata del convenio firmado con la filial de Penta, Banmédica en febrero de 2012, que generó suspicacias en la administración, liderada por el presidente Ejecutivo, Nelson Pizarro.

La isapre efectuó un informe con los resultados de siniestralidad para el período enero 2013 - junio 2014, que fue considerado insuficiente por Codelco para efectos de cursar el correspondiente pago, que fuentes cifran en unos US$ 7 millones.

En su declaración, Codelco detalló que el convenio fue sellado tras un proceso de licitación que tuvo un primer intento desierto, siendo adjudicado en el segundo llamado.

La estatal también explicó que la idea de buscar un prestador externo surgió tras un análisis del directorio de la época, que veía necesario reducir los costos para la empresa vinculados a los programas de salud de los trabajadores. Eso, considerando que los funcionarios estaban afiliados a las isapres propias de Codelco: Chuquicamata, Río Blanco y Fusat, lo que según un director de la época implicaba desembolsar unos US$ 10 mil anuales por trabajador por parte de la empresa.

En la actualidad no es posible conocer la evolución de los costos de la estatal tras la operación, ya que el contrato suscrito con la isapre establece cláusulas de confidencialidad y sólo se sabe que a la fecha unos 600 trabajadores han firmado con Banmédica.

Fuentes al interior de la cuprera reconocieron que si bien el puntapié inicial a la auditoría realizada por Codelco a dicho contrato tuvo que ver con los resultados de siniestralidad, comentan que también se generó en el marco del plan de reducción de costos por US$ 1.000 millones que la estatal desarrolla.

Añaden que en vista de una primera auditoría “gruesa”, Pizarro tendría la convicción de que el acuerdo con Banmédica no tuvo el desenlace esperado, ya que implicaría grandes sumas de dinero y no aportaría a lograr el plan original: el reducir costos.

El problema, precisaron, radica en que los supuestos con que se elaboró el contrato distan de la realidad. En otras palabras, las estadísticas de uso proyectadas, por ejemplo, en el caso de trabajadores siniestrados, fueron mucho mayores a las que se dieron generando pagos por servicios que no se prestaron, ya que el contrato, además, sería a todo evento.

Lo anterior habría impulsado las conversaciones con la isapre para revisar y renegociar el convenio, lo que también fue anunciado por la cuprera en su declaración.

Si bien, la auditoria “gruesa” realizada por la cuprera no arrojó la existencia de irregularidades en la firma del contrato ni un vínculo cuestionable con Penta, en abril se iniciará una segunda fase de la auditoría que estará a cargo del nuevo auditor de la estatal, César Correa.

Para los sindicatos el tema no es fácil y el descontento manifestado en la época que se generó el acuerdo sigue presente. Eso, porque además de cuestionar el contrato con una de las firmas de Penta, se pone en tela de juicio un incentivo que consistió en un bono de $ 4,5 millones pagados con fondos de la estatal a alrededor de 500 personas, rol a y b, que se cambiaron desde las isapres de Codelco a Banmédica, lo que implicó un desembolso de unos $ 2.250 millones en total.

Los sindicatos añaden que los beneficios de salud eran mayores con las isapres de Codelco. Asimismo, ven con suspicacia el hecho de que el contrato fuera firmado cuando Pablo Wagner, imputado en el caso Penta, era subsecretario de Minería. A ello suman eventuales vínculos del ex director de Codelco, Andrés Tagle con Penta y con la UDI, ya que hasta 2004 fue vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Isapres y tuvo puestos ejecutivos en algunas de ellas. También ha sido experto electoral del partido político.