Por Martín Kanenguiser.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, denunció ayer que el acuerdo firmado entre el Citibank y los fondos buitre en Nueva York, que le permitirá a la entidad pagarles a sus clientes en el país a fines de mes, "viola las leyes argentinas".

Kicillof dijo que les solicitó al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores y a la Inspección General de Justicia que analicen las sanciones que pueden caberle a la filial local del banco norteamericano. En una conferencia de prensa, el ministro señaló: "Lo que firmó el Citibank con los buitres es violatorio de las leyes argentinas porque se hizo a espaldas de sus autoridades". La segunda acusación fue que "el acuerdo entre los fondos buitre y el Citibank está encuadrándose en un principio de estafa para los tenedores de bonos que confiaron en ese banco". En realidad, el ministro está enojado porque el Citi busca abandonar el negocio de custodia de los bonos en la Argentina tras alcanzar este acuerdo con los fondos buitre -a cambio de no apelar contra ellos ante la Corte de Apelaciones de Nueva York- y le deja el problema del default al Gobierno.

Pero, a la vez, el tono utilizado por el funcionario y la falta de precisión en sus definiciones reflejan que Kicillof transformó la disputa con el Citi en uno de los ejes de la campaña electoral presidencial, con la ayuda del silencio absoluto del banco.

Cuatro días después de conocerse este acuerdo que le permite al Citi pagar en el país -no así en el extranjero (ver aparte)- por un acuerdo con los fondos buitre, a partir del aval del juez Thomas Griesa, Kicillof conversó por la mañana con la presidenta Cristina Kirchner y luego hizo su anuncio frente a los periodistas, rodeado por empleados que aplaudieron cada una de sus palabras. "Por más que se trata de una empresa extranjera, debe someterse a las leyes argentinas, tanto como agente financiero como bancario", dijo el ministro, quien luego se corrigió y dijo que el Citi "es una empresa argentina, como quedó demostrado en el corralito de 2001".

Pese a toda la catarata de acusaciones, aclaró que no podía sancionar al Citi, "por no ser [Economía] el órgano de aplicación", por lo que pidió actuar al BCRA, la IGJ y la CNV.

Sin embargo, anoche el presidente del Central, Alejandro Vanoli, dijo que la situación del Citibank en tanto agente de pago de la deuda argentina depende de "funciones y responsabilidades que pertenecen al Ministerio de Economía".

Cuando LA NACIÓN quiso saber cuál es el delito que se le puede imputar al Citi, fuentes del Palacio de Hacienda no lo pudieron precisar. "Es algo que están estudiando los abogados", indicaron las fuentes del equipo económico, que aclararon que no hay un plazo concreto.

Sin embargo, en el mercado financiero no se descarta que, tras haber designado un veedor de la CNV en el Citi, los próximos pasos sean la designación de un interventor y la aplicación de una multa. La posibilidad de revocarle la licencia parece más difícil, aseguraron.

Más allá de estas cuestiones, el ministro ayer estaba furioso: "Lo que tendría que hacer el Citi es garantizar que los tenedores de los bonos cobren los bonos. Tiene que cumplir la ley local, sino es pasible de ser sancionado".

Pero justamente eso es lo que llamó la atención de los abogados consultados por LA NACIÓN, que, aunque admitieron que seguramente el Citi sería sancionado por razones políticas, opinaron que no hay fundamentos para una demanda. "Para que haya delito debe haber intención criminal, por ejemplo, una estafa es alterar los índices estadísticos para estafar a los inversores", dijo el penalista Juan Pablo Vigliero. El abogado dijo que es difícil encuadrar en este caso la idea de una estafa "porque tendría que haber un engaño para que la víctima -o sea el bonista- sufra un perjuicio y se beneficie el banco." En este sentido, un abogado que representa al sector financiero indicó que "no queda claro a quién habría estafado al Citi según el ministro", aunque admitió que "seguro habrá una sanción".

Otro abogado, participante de las negociaciones, dijo que "está claro que el Citi prefiere enfrentarse con un regulador argentino que con Griesa o con los fondos buitre".

El juez de Nueva York Thomas Griesa ordenó a la firma fiduciaria Euroclear no procesar los pagos de intereses y capital correspondientes a títulos de deuda de la Argentina, incluidas las operaciones provenientes de las firmas argentinas Nación Fideicomisos y Caja de Valores.

La resolución del juez norteamericano responde a varios pedidos de apercibimiento contra Euroclear, solicitados por los llamados fondos buitre. "A falta de nueva orden de este tribunal o la confirmación de que un pago a prorrata ha sido o esté siendo realizado, Euroclear no procesará los pagos recibidos de cualquier fuente, incluyendo, pero no limitado, a Nación Fideicomisos y Caja de Valores", precisó el texto de Griesa.

"En el caso de que Euroclear viole los términos de esta orden, los demandantes [holdouts] tendrán libertad para obligar el cumplimiento de las medidas solicitadas y buscar cualquier otra justa medida de alivio adecuado contra Euroclear", agregó la resolución.

La decisión se produjo días después de que Griesa autorizara al Citibank Argentina a efectivizar los pagos de los bonos bajo ley nacional que vencen el próximo martes 31 y el 30 de junio, con la condición de que el banco ejecute un plan de salida del negocio de custodia de títulos públicos en la Argentina, algo que previamente el banco había acordado con los fondos buitre.

De esta forma, el Citibank se convirtió en la única entidad autorizada a realizar los pagos de los próximos dos vencimientos de bonos bajo ley argentina. A cambio, el banco norteamericano renunció a todos los derechos de apelar las decisiones previas del tribunal, así como de presentar futuras medidas cautelares..

Por NATALIA DONATO.

El juez de Nueva York, Thomas Griesa, redobló ayer la apuesta contra la Argentina y profundizó el escenario de default. Aunque le había autorizado al Citibank pagarle a los bonistas que tienen títulos reestructurados, en las últimas horas emitió una nueva orden que inhabilita a la agencia de clearing Euroclear –que es quien recibe los fondos del Citi y los transfiere a los inversores– procesar los pagos. De esta manera, el magistrado finalmente volvió a perjudicar al Gobierno, quien resiste el cumplimiento de la sentencia en favor de los fondos buitre por unos u$s 1300 millones.

Horas antes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, había convocado a una conferencia de prensa para cuestionar duramente al banco norteamericano por el acuerdo alcanzado días atrás con los fondos buitre y Griesa (ver aparte) y adelantar que, aún en un contexto de dificultad para emitir deuda en dólares por el conflicto latente con los holdouts, avanzarían con la colocación de bonos en pesos. Más tarde, Economía dio los detalles mediante un comunicado de prensa. La licitación se realizará mañana y se busca captar unos $ 3000 millones, monto que está sujeto a ampliación.

La resolución de Griesa para impedir que los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 cobren los intereses por sus títulos responde a varios pedidos de apercibimiento contra Euroclear, solicitados por varios holdouts. "En el caso que Euroclear viole los términos de esta orden, los demandantes (holdouts) tendrán libertad para obligar el cumplimiento de los apercibimientos solicitados y buscar cualquier otra justa medida adecuada, contra Euroclear, como a las que puedan tener derecho y contra todos los derechos o defensas que Euroclear puede tener", expresa la resolución del magistrado. Apunta directamente a que los fondos buitre podrán hacerle juicio a la agencia de clearing para hacer valer sus derechos.

Economía anunció que habrá dos series del nuevo bono del Tesoro Bonac, con plazos de 12 meses y 18 meses. La tasa será variable y la amortización, íntegra al vencimiento.

"Saben que todas las semanas hay una licitación de Lebac. Algunas veces el Tesoro ha participado también emitiendo títulos", había adelantado Kicillof ante la prensa. Se trata de un mecanismo alternativo a la colocación de letras del Banco Central, por medio del cual el Tesoro obtendrá financiamiento de forma más directa que por la vía de la emisión monetaria y los adelantos transitorios.

La operatoria más frecuente de ayuda al Tesoro se da mediante estos adelantos y las ganancias del BCRA. Para ello, la entidad monetaria emite dinero que luego reabsorbe mediante la emisión de Lebac. De esta forma, contiene el crecimiento de la base monetaria y, de esa manera, la inflación. Que el Tesoro emita bonos de forma directa se puede explicar no sólo en que existe un límite en los adelantos que puede recibir el fisco sino también en que mientras que las Lebac vencen a los 90 días, los Bonac lo harán a los 120 y 180 días, explicó el economista Daniel Marx. "La decisión sirve, ya que el BCRA se está financiando a muy corto plazo y se está haciendo una bola de nieve", aseguró el analista.

Por su parte, su colega Gabriel Rubinstein, destacó que si bien es un mecanismo más genuino para fondearse, "ante una necesidad de financiamiento como la que tiene hoy el Gobierno, $ 3000 millones es poca plata". "Tienen que juntar fondos para tapar los agujeros fiscales. O emiten y después absorben con Lebac o hacen esto", remarcó el economista.