El ente energético posee actualmente el 45% de las acciones de Conecta y había anunciado en 2013 un preacuerdo para la compra de la mitad del paquete accionario de Montevideo Gas por unos US$ 7,5 millones, para incorporarse a la distribución de gas por cañería en la capital, pero hasta ahora la operación no se efectivizó.
El interés de Ancap por aumentar su participación en el negocio del gas cobró fuerza con el proyecto de la planta regasificadora que se prevé opere desde el 2016. El País se comunicó ayer con autoridades de Ancap para consultar respecto al estado de las negociaciones pero no obtuvo respuesta.
Montevideo Gas tiene la concesión de la distribución en la capital hasta el año 2025 y es en su totalidad propiedad de la multinacional brasileña Petrobras. El sindicato afirma que se necesita la gestión estatal porque la multinacional brasileña "no tiene interés" en invertir para desarrollar el servicio público de gas natural en el país.
Según el sindicato, la gestión de Petrobras no beneficia ni a los trabajadores ni a los usuarios. "Ya no da para más. No invierten. Tiene las empresas en un categoría financiera 3 (deudores con capacidad de pago comprometida). No toma personal. Petrobras lo único que está haciendo es manteniendo la empresa en determinados canones que no son los que se ajustan a un servicio publico de gas natural. Llegó el momento que se vayan", afirmó a El País, el dirigente sindical Alejandro Acosta explicó a El País.
A modo de ejemplo, el sindicato sostiene que por la falta de personal hay unos 16.000 usuarios de un total de 43.000 que en febrero pagaron un consumo estimado sobre el promedio del año anterior. "Están pagando por el consumo montos muy por encima de lo que venían pagando. (…) Hay seis toma-consumos para toda la red. Se necesita el doble", explicó el dirigente sindical.
El País intentó comunicarse con autoridades de Petrobras Uruguay, pero no respondieron.
Si bien las diferencias entre los trabajadores y la empresa vienen desde hace tiempo, la relación se volvió a complicar esta semana, luego que Petrobras no aceptara incluir en la extensión del convenio salarial un ajuste real de 3,5%.
Acosta sostuvo que el convenio salarial venció el 31 de diciembre y que luego de negociaciones en el Ministerio de Trabajo (MTSS) se firmó un preacuerdo para extenderlo por el plazo de un año.
Sin embargo, horas antes de la reunión, la empresa comunicó que el acuerdo no puede contener incremento salarial.
"Cuando hablamos de una prorroga es sobre el mismo convenio que teníamos. Eso implica un incremento de salario. Petrobras propuso hacer un convenio sobre esa base y ahora dice que no", afirmó Acosta. La asamblea de Uaoegas se declaró en conflicto y además dispuso el corte de horas extras. Esto determina que los trabajadores no realicen tareas de medición de consumo más allá de la jornada laboral de 8 horas.
Además, se dispuso realizar un paro general parcial el próximo viernes para concurrir a la negociación tripartita en el MTSS La medida se repetirá luego de Semana de Turismo con una movilización hacia la Embajada de Brasil, donde se solicitará ser recibidos por el embajador a efectos de que el gobierno norteño "se haga responsable de la actitud de la empresa", según el sindicato.
La firma brasileña está inmersa en un escándalo de corrupción en su país. A eso se suma que este año su presidente Aldemir Bendine anunció su intensión de vender activos y recortar inversiones, por ejemplo, las vinculadas al negocio petrolero en el área de Vaca Muerta en Argentina.
Hoy en una reunión en el MTSS, el consorcio GNLS informara sobre los avances con otras constructoras internacionales para que se hagan cargo de la continuación de las obras del muelle y las escolleras de la regasificadora, luego de haberle rescindido el contrato a la constructora brasileña. Eso motivó el envío por parte de OAS de 700 obreros al seguro de paro que trabajaban en las obras.
