Por Roberto Aguirre.

Una guerra por el agua podría desatarse en el río Neuquén. La empresa Duke Energy, concesionaria del complejo Cerros Colorados, se quejó informalmente ante el gobierno nacional porque la construcción de Chihuido impactará en la generación de energía de sus turbinas y por lo tanto en su facturación. Así lo confirmó a "Río Negro Energía" una alta fuente del Ejecutivo neuquino.

La raíz del problema está en el embalse que generará la gigantesca presa, cuya obra ya está licitada y podría empezar a construirse a partir de julio. Se trata de un lago que tendrá una capacidad de 5.000 hectómetros cúbicos, lo que equivale a cinco billones (es decir un "5" seguido de 12 "ceros") de litros.

Si bien el caudal no se interrumpirá completamente, la firma estadounidense está sacando cuentas de que esa agua no va a pasar por las turbinas de Planicie Banderita y por lo tanto no generará electricidad.

Esto podría afectar su facturación. Si se considera que por Planicie Banderita pasan en promedio 260 metros cúbicos por segundo, esos 5.000 hectómetros equivaldrían a unos 220 días de generación.

En la Provincia creen que Duke intenta utilizar este tema como carta de negociación para una eventual extensión de la concesión del complejo, que vence en el 2023. También aseguran que buscan mejorar el precio que se cobra por la generación.

"Río Negro Energía" se contactó con representantes de la empresa, pero éstos señalaron que no harán declaraciones sobre el tema.

Además de la consecuencia más evidente de este diferendo que es el embalse de agua, la empresa podría también sufrir variantes en la tarifa que le paga Cammesa por la energía, a merced del complejo esquema que aplica el ente administrador.

Fuentes cercanas al gobernador Jorge Sapag se quejaron del manejo de la empresa. Si bien destacaron que existe una relación institucional correcta, señalaron que la empresa nunca hizo la inversión para generación en el dique compensador de El Chañar, una obra relativamente chica.

Además de las razones económicas, existen cuestiones de seguridad que alientan la construcción de Chihuido. Cerros Colorados se diseñó para soportar una crecida máxima de 11.500 metros cúbicos por segundo. Pero recientes estudios hidrológicos estiman que el Neuquén, en condiciones extraordinarias, podría movilizar el doble de agua, lo que colapsaría Portezuelo. Ese escenario estuvo cerca de ocurrir en la crecida histórica del 2006.

El proyecto de expropiación para la zona que quedará inundada con el lago artificial que se formará por la presa Chihuido I incluye también el área de costas para que el Estado pueda destinarlas a futuros emprendimientos urbanos. 

La iniciativa para declarar las tierras de utilidad pública y sujetas a expropiación se enviará a la Legislatura en los próximos días y según informó el presidente de Emprendimientos Hidroeléctricos, Elías Sapag, abarcará unas 20.000 hectáreas de las 50.000 -incluyendo las zonas de canteras- que requerirá la megaobra.

El proyecto también propone la eximición de impuestos y/o tasas provinciales por el plazo que dure la construcción de la represa que se estima en un periodo de cinco años.

Entre las tierras que serán expropiadas se encuentran los ejidos urbanos de Quili Malal y un sector rural de Bajada del Agrio. Ambos poblados serán relocalizados durante la construcción de la presa.

Según informó ayer el gobierno neuquino, el proyecto, en su artículo 1º, plantea la ratificación legislativa del convenio suscrito el 2 de diciembre del 2013 por la Provincia de Neuquén y el Estado nacional, para el desarrollo de las acciones necesarias para la ejecución de la obra.

El segundo artículo declara de utilidad pública sujeta a expropiación a las tierras comprendidas en la poligonal definida como zona afectada, que incluye no solo el área de las obras del aprovechamiento y del futuro embalse Chihuido I, sino también las tierras a utilizar para el reasentamiento de las poblaciones, los yacimientos de materiales granulares para la construcción de las obras, las obras complementarias y las obras transitorias. 

Las indemnizaciones que se originen podrán realizarse en dinero para aquellos propietarios que no opten por reasentarse y para aquellas propiedades que por su extensión y características resulte imposible su compensación en el plan de reasentamiento o en bienes inmuebles incorporados en el plan de reubicación y en el plan de desarrollo productivo, cuyos costos están incorporados en el valor de la obra contratada.

Los fondos necesarios para afrontar indemnizaciones por las expropiaciones que se resuelvan estarán a cargo del erario de la Provincia, tal lo expresa el artículo 3º del proyecto.

El gobernador Jorge Sapag había informado que se prevé que en junio la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firme el convenio financiero con Rusia.