Por Martín Kanenguiser.

Un informe de la Cepal revela que la Argentina alcanzó en 2013 un nivel de presión tributaria de 31,2%, cuatro puntos por debajo del 35,7% de Brasil y por encima del resto de los países de América latina.

Este porcentaje en realidad era bastante superior con la anterior base de cálculo del PBI -se modificó en 2013-, ya que con el PBI base 1993 el nivel de presión tributaria en 2013 hubiera alcanzado el 40,1%. En cambio, los países desarrollados, reunidos en la OCDE, tienen un promedio de 34,1%, aunque con importantes diferencias entre ellos (van del 19,7% de México al 48,6% de Dinamarca).

El 12 de este mes, durante un discurso, la presidenta Cristina Kirchner afirmó que la presión fiscal está "por debajo del nivel promedio de los países desarrollados". Si bien la Argentina, efectivamente, no llega al promedio de la OCDE, está sólo a tres puntos y con un nivel de prestación de servicios (por ejemplo, en educación, salud, seguridad e infraestructura) muy inferior al de la mayoría de los países de esa organización.

El reporte de la Cepal explica que América latina, a diferencia de Europa en particular y de la OCDE en general, tiene un perfil tributario más regresivo por el predominio de impuestos indirectos (como el IVA) por encima de los dedicados a la renta, como Ganancias.

Desde 1990 creció en la región el peso del IVA y levemente el de Ganancias, pero sigue siendo mayoritaria la importancia de los impuestos al consumo, que recaen en forma indiscriminada sobre toda la población.

La evolución de la presión tributaria en la Argentina, según la nueva base de cálculo del PBI, pasó de 12,4% en 1990 a 31,2% en 2013. Y, contra las afirmaciones de la Presidenta, tuvo el segundo crecimiento de la región en este rubro.

Esta alza fue de casi 19 puntos porcentuales, ubicada apenas un punto por debajo de la de Bolivia, con 20 puntos porcentuales.

Los especialistas consultados por LA NACION ratificaron el creciente peso de los impuestos sobre el producto bruto interno (PBI).

Maximiliano Castillo, director de ACM, sentenció: "Para la calidad y cantidad de los bienes públicos que proveen los estados nacional, provincial y municipal, la presión tributaria es claramente excesiva".

El presidente del Instituto Tributario, César Litvin, explicó que "la Argentina tiene un sistema tributario regresivo, porque el impuesto que más recauda es el IVA", mientras que el socio de impuestos de PWC Andrés Edelstein ratificó este diagnóstico: "Los impuestos que gravan las capacidades contributivas de rentas y patrimonio (Ganancias, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales) tienen una participación menor en la recaudación, por lo que, en conjunto, la estructura impositiva argentina es regresiva", detalló el especialista.

Por su parte, el economista de Econométrica Adrián Ramos afirmó que "es cierto que la protección social que existe hoy en la Argentina no es acorde con los niveles de recaudación e incorpora bolsones de ineficiencia".

Dado su aumento de los últimos años, "sin dudas la presión tributaria alcanzó un límite difícil de superar en los próximos años y, a la vez, es difícil imaginar una reducción muy significativa; más aún en un contexto de rigidez en la naturaleza de buena parte del gasto público", advirtió Ramos.

Por su parte, Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), sostuvo que "en la Argentina han ido ganando importancia en la estructura de recaudación tributos sumamente distorsivos e ineficientes, como el impuesto provincial sobre los ingresos brutos, claramente regresivo, o el llamado impuesto al cheque" [el tributo que grava los débitos y créditos bancarios].

REFORMAS NECESARIAS

Para lograr un sistema más justo y eficiente, Ramos propuso la reducción de la alícuota del impuesto al cheque; la eliminación o disminución de los derechos de exportación; la desgravación, en el impuesto a las Ganancias, de las utilidades reinvertidas; una alícuota extraordinaria de Ganancias para el juego y las altas rentas, entre otros cambios.

Por su parte, Litvin dijo que "el próximo gobierno debería poner como tema de agenda prioritaria una reforma que elimine los impuestos distorsivos como las retenciones, el impuesto al cheque y el impuesto a la ganancia mínima presunta y que contemple el efecto inflacionario en el impuesto a las ganancias".

En tanto, Castillo agregó que "una reforma debe considerar las cuestiones del federalismo fiscal, la sostenibilidad del sistema previsional y las prioridades del gasto público".

En el mismo sentido, Argañaraz dijo que "la reforma debe ser integral, en el sentido de que incluya el gasto público, los impuestos y la distribución de los impuestos entre los tres niveles de gobierno [nacional, provincial y municipal]; de lo contrario, el esfuerzo que se haga en un frente puede ser neutralizado por el dispendio que se haga en otro".

CRECE EL IMPACTO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

La falta de actualización de Ganancias provocará este año un nuevo salto en la presión impositiva que sufren los más de 1,1 millones de trabajadores en relación de dependencia con sueldos superiores a los $ 15.000 mensuales.
De acuerdo con un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que parte de un escenario de inflación de 30% este año, para evitar la pérdida de su poder adquisitivo un asalariado que hoy paga Ganancias deberá obtener un aumento de hasta 46% en su salario. "Si no se modifican los parámetros de cálculo del impuesto a las ganancias para 2015, y suponiendo un incremento nominal de sueldos de 30%, entre 29% y 33% de la remuneración bruta de un empleado casado con dos hijos será apropiado por el fisco a través de los regímenes previsionales e impositivos", advirtió el Iaraf.

El estudio precisó que los trabajadores en relación de dependencia afrontan otros impuestos directos -como el inmobiliario, patentes y bienes personales- e indirectos -IVA e Ingresos Brutos-, con lo cual terminan sufriendo "una presión tributaria total muy superior al 50% de sus ingresos".

El Iaraf también advirtió que el decreto de 2013 que exceptuó del pago del impuesto a los trabajadores que en ese momento ganaban menos de $ 15.000 "ha creado una profunda, nociva y creciente segmentación entre los trabajadores".

“Se está conformando un paro general y nacional”, reseñó el jefe de La Fraternidad, Omar Maturano, sobre la huelga del martes 31, a la que convocan los gremios del Transporte contra la quita salarial por Ganancias. El ferroviario resumió así a este diario su impresión tras las adhesiones de la Asociación Bancaria y la CTA de Pablo Micheli, considerando que “se sumarán otros gremios” al paro. Respecto de la intención del Gobierno para llegar a algún acuerdo y desactivar la medida Maturano expresó: “conmigo no habló nadie” y acotó que “todavía hay algo de tiempo si es que existe voluntad de diálogo”.

El denominado “impuesto al sueldo” es el eje central del reclamo, si bien el titular de Dragado y Balizamiento, Juan Schmid, refrendó que los aumentos de precios y los sueldos de los jubilados son parte de la queja contra el Gobierno. Tanto en la órbita sindical como en allegados a la Casa Rosada consideran que alguna comunicación “discreta” con los jefes gremiales se realizó desde el Gobierno, pero admiten que con lo que cuenta el Ejecutivo para ofrecer está en la carpeta “a futuro” y no en la de “aquí y ahora”. La cúpula sindical transportista fue tajante antes y después de la reunión con el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, exigen la “eliminación total” del descuento que recauda la Afip. La variante de una “modificación en la cuarta categoría” no les cambia la ecuación.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) brindará una conferencia de prensa hoy a las 19 en su sede de Bartolome Mitre 1906.

Judiciales

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro en las 18 departamentales de la provincia para mañana exigiendo que se concrete su paritaria. También se realizarán asambleas en todas las sedes de los tribunales sobre la pauta salarial 2015. Desde la AJB señalaron que “no hubo convocatoria el gobierno de Scioli (Daniel) y mucho menos alguna señal sobre propuestas superadoras”.

El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) de la ciudad de Córdoba anunció que se sumará el paro nacional previsto para el próximo 31 de este mes porque el Impuesto a las Ganancias les parece "regresivo e injusto".

El sindicato dijo en un comunicado enviado a La Voz que "adhiere plenamente a los reclamos por el cobro del Impuesto a las Ganancias a los trabajadores". 

Los sindicatos del transporte confirmarán hoy la realización del paro nacional de la actividad previsto para el martes que viene en contra del Impuesto a las Ganancias, lo que habilitará la inmediata adhesión de las centrales obreras opositoras. Con menos margen de tiempo para una negociación de parte del Gobierno, el gremialismo contrario a la Casa Rosada prepara una medida de fuerza contundente para despedir a las actuales autoridades y, sobre todo, enviar una señal a los presidenciables. 

Los convocantes originales de la medida de fuerza se reunirán por la tarde en la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), en Bartolomé Mitre al 1900, y a las 19 darán a conocer la ratificación de la protesta. Son 22 gremios del transporte terrestre, ferroviario, fluvial y aéreo que están en condiciones de garantizar una huelga casi total. 

Como espejo de esa decisión, la CGT opositora de Hugo Moyano tiene pautada para este mediodía una reunión de su Consejo Directivo para comunicar su adhesión. Sus principales dirigentes dan por hecho esa postura, aunque se mantiene la desconfianza sobre todo hacia el líder del gremio de los colectiveros (UTA), Roberto Fernández, que en otras ocasiones desairó a sus colegas al levantar protestas a instancias de negociaciones reservadas con el Ejecutivo.

Es que como informó este diario, los funcionarios designados por Cristina de Kirchner para negociar con el sector, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, planean nuevos encuentros previos al paro. El principal argumento para disuadir a los gremialistas es la distribución de subsidios imprescindible para el pago de salarios, sobre todo en el transporte de micros de larga distancia y en el área ferroviaria.

Mientras la CTA del estatal Pablo Micheli tiene resuelto desde hace semanas sumarse a la protesta, incluso con su propia agenda de reclamos, que excede la lista de los gremialistas del transporte, la CGT Azul y Blanca, de Luis Barrionuevo, es la más recelosa de la postura final de los organizadores. Sin embargo, sus dirigentes también prevén adherir en caso de concretarse el paro. Otro gremio afectado por Ganancias y que a pesar de no integrar ninguna central opositora hará huelga ese día es la Asociación Bancaria.

Entre los sindicatos de la CGT oficialista, a excepción de la UTA y los maquinistas de La Fraternidad, no hubo otras adhesiones. Sin embargo, también en ese espacio se espera una definición del Gobierno sobre Ganancias para adecuar el planteo en la actual ronda de paritarias.

Por Ariel Maciel.

Empresarios prometieron detener la sangría de pérdida de empleo y suspensiones en los distintos sectores de la industria argentina producto de la caída general de la actividad fabril durante 2014. Si bien las proyecciones privadas para este año muestran un amesetamiento de la producción, los dueños de empresas buscarán evitar la pérdida de mano de obra calificada y, al mismo tiempo, reducir al mínimo la conflictividad gremial.

La decisión sobrevuela en los industriales desde el año pasado, aunque comenzó a ser parte de las negociaciones con los gremios de cada sector. A cambio, pretenden conformar un espacio conjunto para reducir problemas que afectan a las empresas en su competitividad: los altos costos producto de la conflictividad gremial y el ausentismo.

Recibieron el guiño de parte de los sindicatos, desde donde admitieron a hombres de negocios que la alta tasa de ausencia a puestos de trabajo en la franja de empleados jóvenes es una preocupación también para los gremialistas y dijeron que un espacio de debate sobre condiciones de trabajo puede disminuir al mínimo la conflictividad dentro de las empresas.

“Es necesario que se conforme un lugar de debate para evitar tensiones en medio de un año de transición, especialmente porque se espera que, gane quien gane en octubre, el 2016 será de recuperación de la actividad”, sostuvo un jefe industrial.

Según un informe de la UIA, el año pasado las horas trabajadas cayeron 3% con respecto a 2013 y así se acentuó la tendencia en baja que se había iniciado en el último trimestre de ese período. Ese ritmo profundizó la contracción iniciada en el segundo semestre de 2013, en donde el nivel de obreros ocupados cerró el año con una contracción de 2,2 por ciento.

La idea de los industriales es sostener el escenario actual aunque sin posibilidades de retomar el camino de la creación de empleo, especialmente entre las pymes, que tienen un promedio de 600.000 puestos formales bajo su órbita. “La situación actual de estancamiento tenderá a acentuarse más en las pymes de no mediar una recuperación del nivel de actividad industrial”, destacó el informe del CEU de la UIA.

“En el medio de un año con problemas para la producción lo primero que se hace es cortar la incorporación de empleados, cosas que sucedió a inicios del año pasado; luego se adelantan vacaciones; si es necesario se producen suspensiones y, por último, van los despidos”, explicó un integrante de la mesa chica de la central fabril a este diario.

Sin embargo, el despido es el camino menos deseado para explorar por los industriales por la conflictividad gremial que genera, que puede afectar al resto de la producción; por el costo económico en indemnizaciones y por la pérdida de un empleado que “fue formado para ese puesto y es difícil de reemplazar”.

Según las perspectivas industriales, el efecto Brasil -con baja actividad económica y devaluación del real- y el bajo flujo de inversiones internacionales en el país producto de la falta de acuerdo con los holdouts generará una baja producción local, lo que impedirá la recuperación del empleo. De acuerdo con las perspectivas de la UIA, la industria argentina oscilará en un rango de -0,5% a 0,5% durante 2015.

“Estas perspectivas influyen negativamente en un conjunto cada vez mayor de sectores que están condicionados por la menor competitividad, factor que ocasiona dificultades para exportar, lo que sumado a un contexto aún incierto de evolución futura de precios y salarios compromete las expectativas de ingreso y rentabilidad de cara al 2015”, señaló el informe del cual se nutren los análisis de los industriales.