Una completa separación de responsabilidades producto de la investigación por el financiamiento irregular de campañas políticas que sigue el Ministerio Público, hizo el nuevo gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, al interior de la empresa.
Según confirmaron altos miembros de la compañía, De Solminihac mantuvo una reunión con ejecutivos de la empresa el viernes pasado donde endosó responsabilidad de este caso en Patricio Contesse, quien fuera el máximo ejecutivo de la minera entre marzo de 1990 y el 16 de marzo de este año, según reveló durante la mañana de ayer Radio Duna.
El punto central planteado por De Solminihac es que Contesse no tenía respaldo para explicar pagos por US$ 10 millones en un período de seis años, entre 2009 y 2014.
Un deslinde que no sólo ha aplicado la nueva administración de la empresa, que busca dar una señal de tranquilidad a los distintos ejecutivos, por el fuerte cuestionamiento que existe hacia la minera, sino que también se aplica en el directorio.
Algunos integrantes de la mesa han argumentado en privado que, por los montos de las facturas y boletas involucradas en esta arista del caso Penta, la mayoría no fue conocida por la mesa, por ser cantidades bajas en comparación con las grandes cifras que se mueven en la minería.
De hecho, según reveló Radio Duna, al hacer un primer análisis de facturas pagadas por SQM entre 2012 y 2013, de la cuenta de la gerencia general, las más cuantiosas y reconocibles son hacia Fundación Chile 21, por cerca de $ 90 millones en total, o a un Consejero Regional de Renovación Nacional en el Biobío, por más de $ 100 millones. Según explicaron en la radioemisora, en este listado no había registro de Fundación Dialoga, relacionada a la presidenta Michelle Bachelet, que era uno de los rumores que circulaba.
Consultada la empresa, señalaron que no se referirían a estas versiones.
Estrategia legal
En paralelo, el equipo jurídico ligado a SQM ha comenzado a delinear la estrategia de la empresa para afrontar este duro momento.
Uno de los más activos ha sido el abogado Gabriel Zaliasnik, quien entregó un informe al directorio de la compañía cuestionando fuertemente al actuar de los fiscales en este caso, lo que refrendó públicamente ayer en una entrevista radial.
Conocedores de la estrategia judicial explican que desde el equipo jurídico está la idea de sacar al pizarrón al Ministerio Público por ciertas fragilidades que se ven en su estrategia, en especial por el cuestionamiento que hay respecto a si puede o no iniciar investigaciones tributarias de oficio, algo que explicaría el hecho de que la Fiscalía nunca allanó a la empresa, pese a la demora de ésta en decidir si entregaba información.
Por estos días se estaría analizando además, si el Servicio de Impuestos Internos (SII) violó algunos deberes de reserva que establece el Código Tributario respecto de la información que SQM hizo llegar al servicio el pasado 16 de marzo, lo que incluía lo solicitado por la Fiscalía, es decir la contabilidad, libro de compras y de boletas, entre 2009 y 2014.
Para esto, es importante determinar qué entregó el SII a la Fiscalía y qué cosas no, algo que varios asesores de la minera han estado intentando averiguar en los últimos días.
El punto central de si esta violación se configura -algo que se analiza con calma-, es que puede transformar la prueba en ilícita. Así como esa, se buscan otras debilidades.
"El fiscal va a tener que tener un estándar de rigurosidad mucho mayor. Cualquier cosa que no la haga bien, se peleará", comenta una fuente conocedora del proceso.
La defensa de lyd y chile 21
Entre los nombres de instituciones que figuran entregando boletas o facturas a SQM, relacionadas con el mundo político, algunas han comenzado a aclarar la relación que tienen con la empresa.
Desde Libertad y Desarrollo, por ejemplo, explicaron que no reciben aporte del gobierno o parlamentarios, sino que tienen aproximadamente 650 suscripciones de empresas y personas, donde ningún pago representa más del 8% del presupuesto. Esto les da acceso a publicaciones, seminarios y otros productos. Una de las empresas que está suscrita es SQM.
La Fundación Chile 21 -donde está Carlos Ominami y el senador Guido Guirardi- emitió una declaración donde dice que también se financia mediante suscripciones y que "no participa como institución de campañas políticas y no ejerce ninguna actividad de lobby".
Otro personero que ha salido mencionado es el ex vicepresidente de Renovación Nacional, Claudio Eguiluz, quien ayer señaló que los pagos hechos por la empresa corresponden a asesorías y no tuvieron como destino financiar su campaña a diputado de 2009.
Luego de que se diera a conocer la renuncia de los tres representantes de PCS en la mesa de SQM, los ADR de la compañía en Nueva York cayeron en picada, más de 15% durante la semana pasada.
Y esto, de paso, implica un efecto colateral para PCS, canadiense que mantiene 32% de las acciones de la empresa encabezada por Julio Ponce Lerou.
Según un informe de Bank of America Merril Lynch, la renuncia de Wayne Bronwlee (CFO de PCS), José María Eyzaguirre y Alejandro Montero, tendrá dos consecuencias para la canadiense.
La primera, una baja en las acciones de PCS por la presión que involucra el conflicto con el controlador indirecto de la minera no metálica.
por otro, que la renuncia da la señal que PCS podría tomar una acción estratégica, que aún no se ha dado a conocer.
Sin embargo, los analistas del banco de inversión se mantienen escépticos sobre la posibilidad de que PCS se deshaga de su posición en SQM.
Las razones
Son varias las razones que se esgrimen para esto. Primero, que las SQM-A son bastante ilíquidas, lo que podría hacer que una desinversión demore un tiempo.
A esto se suma que los títulos han tenido un mal desempeño, por lo que vender ahora, con un mercado local que tiene poco movimiento, y más encima sin ganancias, podría implicar una presión para ellos.
Para hacerlo peor aún, la estructura de SQM es compleja, lo que podría desincentivar aún más que Potash cierre sus posiciones.
A pesar de esto, en todo caso, en Merril Lynch están abiertos a la posibilidad de que quieran aumentar su participación en determinados escenarios, como que por ejemplo desinvierta en las otras compañías donde mantienen un porcentaje relevante de acciones, como Arab Potash Company, Israel Chemicals y Sinofert.
Soquimich enfrenta sus primeras tres demandas judiciales a nivel internacional. Esto porque tres entidades financieras norteamericanas acusan que SQM durante un año emitió información falsa o engañosa, u omitieron datos relevantes para “inflar artificialmente” el precio de los títulos de la minera no metálica que está en poder del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Particularmente, los abogados de las empresas denunciantes dicen que el “dinero de SQM era canalizado ilícitamente a campañas electorales para la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido conservador más grande de Chile” y como resultado de esto “las declaraciones financieras fueron materialmente falsas y engañosas”.
Este nuevo escenario jurídico que enfrenta la minera no metálica, y las consecuencias que implica, fue explicado por el Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Joaquín Morales.
“Tenedores de esos instrumentos (AVR) han tomado conocimiento de una situación compleja que estaría teniendo lugar en Chile, que es el financiamiento o situaciones de financiamiento de actividades o de acciones políticas, que está bueno, está en discusión judicial en Chile y que en el mercado norteamericano producen un ruido y un efecto de pérdida de valor de ese instrumento. Una situación compleja porque, aparentemente, esos financiamientos serían contrarios a la legalidad chilena y por lo tanto de esa empresa, baja”.
Estas denuncias, como otras que eventualmente llegarán, indicaron fuentes cercanas a la empresa, podrían descender el valor de la empresa entre un 30 o un 50 por ciento, lo que permitiría a la parte canadiense que es propietaria del 32 por ciento, comprar la empresa que administra Ponce Lerou.
Por su parte, la UDI le restó importancia a la denuncia y a que tres empresas norteamericanas los estén mencionando como receptores de sobornos hechos desde SQM, como indicó el secretario general de ese partido, Pablo Terrazas.
“Lo que sí sorprende es que en Chile hemos conocido que en Soquimich hay gente de la Concertación involucrada, ha salido Fulvio Rossi senador (PS) de la Nueva Mayoría, ha salido (Diputado DC Roberto) León un parlamentario también de la Nueva Mayoría, y por lo tanto sesgarlo o querer usarlo para atacar a la UDI, de nuevo, lo encuentro un poco sesgada la visión”.
Recordemos que en Estados Unidos las empresas pueden presentar denuncias de clases, que son acusaciones grupales que persiguen en primer lugar penas de carácter pecuniario.
Además la Comisión de Seguridad para las Inversiones Extranjeras, (SEC por sus siglas en inglés) analiza si se violaron otras normas de la ley de corrupción, como la utilización de prácticas en el extranjero para mejorar sus resultados financieros.
Con esto, los valores de oferta pública (AVR) que se transan en la bolsa norteamericana podrían ser interrumpidos o suspenderse, según las atribuciones que tiene la SEC.
Por segundo día consecutivo, el Servicio de Impuestos Internos (SII) lanzó acciones legales contra SQM, por financiamiento irregular de campañas políticas de parte de la minera no metálica, en el marco del caso Penta.
Ayer, y tal como se anticipaba durante el fin de semana, el SII presentó una denuncia criminal contra once personas -incluidos los representantes legales de SQM- por su responsabilidad en calidad de autores de delitos tributarios, por la emisión de 73 boletas de honorarios ideológicamente falsas, por un monto superior a $ 1.360 millones.
Dichos documentos fueron ingresados como gasto en la contabilidad de la minera, para rebajar fraudulentamente la renta líquida imponible, denunció el servicio liderado por Michel Jorratt.
Si bien el comunicado del SII no precisó contra quiénes apuntaba el recurso, altas fuentes del servicio señalan que involucra al actual gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, además de su renunciado antecesor, Patricio Contesse González.
El SII señaló en un comunicado que la acción también apunta a los contribuyentes que facilitaron la documentación tributaria falsa que permitió el ilícito, entre los que, según trascendió, estarían el ex embajador de Chile en Repúlica Checa, el DC Marcelo Rozas, además de su cónyuge Michelle Reimond y su hijo Daniel Rozas; el hijo del diputado DC Roberto León -del mismo nombre-; y a la asesora del senador PS Fulvio Rossi, Mariela Molina.
Todos estos contribuyentes habrían emitido boletas a SQM por servicios no prestados, para el período 2006-2014, denuncia el fiscalizador tributario.
Entre los antecedentes incluidos en la denuncia, estaría una boleta ligada al actual subsecretario general de gobierno, Rodolfo Baier, emitida en enero de 2013 por $ 6 millones. La actual autoridad de Palacio se defendió de las acusaciones.
Luz verde a los fiscales
A diferencia de la querella presentada el lunes, con la denuncia de ayer el SII autoriza al Ministerio Público para investigar a los contribuyentes denunciados y los antecedentes contables incorporados a la investigación, lo que amplía el perímetro de movimiento para la Fiscalía, anteriormente acotado sólo al mes de julio de 2009.
Asimismo, el recurso amenaza con abrir una verdadera "caja de pandora" en términos de la investigación por financiamiento irregular de campañas políticas ligada a SQM, materia que investiga la Fiscalía y en la que Impuestos Internos ha manifestado no tener competencia, ya que su expertise radica en la persecución penal de delitos tributarios, y no en el correcto cumplimiento de la Ley Electoral.
La querella interpuesta el lunes y la denuncia presentada ayer, se dan luego de que la semana pasada aumentara la presión contra el SII para que tomara acciones legales contra SQM.
En ese contexto, en los párrafos finales del comunicado, el SII reiteró que es un organismo "técnico" que toma sus decisiones en base a criterios "legales y objetivos", cuyas actuaciones que "no tienen un sesgo político ni anti empresarial", en respuesta a las fuertes críticas que recibió de todo el espectro político la semana pasada.
Altas fuentes del SII señalan que aún están revisando antecedentes contables de SQM y otros contribuyentes -entre ellos, empresas- para analizar nuevas acciones penales.
Baier: "quien nada hace, nada teme"
Aunque el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Baier (PR), no figura en la querella que interpuso el SII, su nombre fue vinculado al polémico caso SQM, tras haberse encontrado una boleta que emitió en 2013 a la minera por $6 millones. Y ante el gran revuelo que causó que La Moneda pudiera estar directamente involucrada con el polémico caso, Baier salió a explicar que la factura fue por un trabajo que efectivamente habría realizado "en el contexto de periodista independiente", en el norte. Así también, ante las especulaciones de una eventual renuncia, procuró asegurar que seguirá en el cargo que se desempeña:
"Quien nada hace, nada teme. ¿Por qué debería renunciar cuando soy un profesional de las comunicaciones, cuando hice un trabajo en un tema que era mío? (...) Estoy absolutamente ratificado, pase lo que pase estoy tranquilo con mis actos", manifestó.
La Fundación Ciudadano Inteligente solicitó ayer al fiscal nacional Sabas Chahuán que sean interrogadas a diversas personas que estarían vinculadas a la facilitación de facturas o boletas de servicios supuestamente prestados a la Sociedad Química y Minería de Chile (SQM) entre 2009 y 2014.
Según el documento, enviado ayer cerca de las 15.30 al Ministerio Público por los abogados querellantes Mauricio Daza, Pedro Orthusteguy y Carlos Hidalgo, estarían involucrados en la emisión de estos documentos tributarios actuales funcionarios de gobierno y personas vinculadas a un think tank ligado a la Democracia Cristiana (DC).
Se trata del Centro de Estudios y Gestión Ambiental para el Desarrollo (Cegades), del que Carolina Leitao Alvarez-Salamanca, alcaldesa de Peñalolén y segunda vicepresidenta de la mesa nacional de la DC, es la directora ejecutiva. En el escrito, requirieron que se identifique y cite a declarar a los representantes del centro y que se les pregunte sobre existencia de boletas o facturas de servicios supuestamente prestado a SQM entre 2009 a 2014, los montos involucrados, los detalles de los servicios prestados y el destino de los dineros recibidos.
Desde el Cegades indicaron a La Tercera que “nuestra Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro creada el año 1991, ha realizado y patrocinado diversos seminarios nacionales e internacionales, desarrollado distintos proyectos en temáticas de medio ambiente y descentralización con instituciones públicas, internacionales y privadas, ha publicado variados libros sobre estos temas y ha realizado múltiples asesorías. Entre otras labores, desde el año 2002 edita en forma ininterrumpida una publicación mensual, sobre materias de interés en estudios (..) la cual se financia y distribuye sólo por medio de suscripciones”.
Agregaron que “por cada suscripción se emite la factura correspondiente en la fecha respectiva y mensualmente se remite la publicación suscrita. La relación entre las partes se limita exactamente a lo ya expresado”.
También pidieron a la fiscalía que se le tome declaración a actuales funcionarios a contrata hasta diciembre de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji). Esto, por la supuesta existencia de boletas y facturas vinculadas a ellos. Se trata de Christian Eduardo Fuentes Castillo, María Pilar Torres Machuca y Luisa del Carmen Figueroa Rebolledo.
Los abogados requirieron a Chahuán que interrogue a Sofía Daniela Jaña Cabezas, actual secretaria ejecutiva de la Juventud UDI y al subsecretario General de Gobierno, Rodolfo Baier, “tanto como persona natural o vinculado a la empresa Pecado Kapital”, dice el documento.
