A través de ocho pantallas, que tiene en una sala junto a su despacho, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, cumple una de sus principales funciones dentro del gobierno: garantizar el orden público.
Aunque, en realidad, este militante socialista ha estado monitoreando problemas de toda índole, desde conflictos sociales con proyectos de inversión, hasta el momento político a raíz del caso Penta, y especialmente la arista SQM, que ha despertado una serie de críticas desde la Nueva Mayoría por el rol que ha desempeñado el Servicio de Impuestos Internos (SII).
-¿El caso Caval fue un punto de inflexión para que el gobierno otorgara prioridad al tema de probidad?
-No, desde hace bastante tiempo que se ha venido instalando en Chile la dinámica de que hay un problema en la relación entre política y dinero. Se produjeron ahora sucesivos hechos que asentaron esa idea definitivamente. Por lo tanto, todo gobierno tiene la obligación de implementar soluciones.
-Pero si se hubiera seguido sólo con el Caso Penta, ¿se habría creado también una comisión asesora?
-Sí, porque cuando los gobiernos detectan un problema que afecta al conjunto del país, tienen que buscar una solución. Me suena una interpretación mal intencionada decir que por un problema X, que afectó a tal o cual persona, el gobierno se preocupó de esto.
-¿Hay molestia en la Nueva Mayoría por no haber sido incluidos en el Consejo Asesor que propondrá reformas en temas de probidad?
-Es una sensación errónea. Cuando se vive en democracia, todos los actores tienen el derecho de opinar sobre las decisiones. Uno en política no se puede poner nervioso porque alguien discrepe en un aspecto. Si se arman siete mil comisiones para decirle al Consejo Asesor tal o cual cosa, me parece estupendo.
-Con esta coyuntura, ¿está en juego el futuro de las instituciones?
-Los países dependen de sus instituciones. Son su patrimonio y todos tienen la obligación de cuidarlas. Sembrar la duda, por una contingencia A, B, o C, o por intentar sacar una ventaja, es una tremenda irresponsabilidad.
Los países no funcionan sin institucionalidad. Cuando se instalan las desconfianzas en las instituciones, recomponerlas es muy difícil.
-Algunos han pedido la renuncia del director del SII y han cuestionado la transparencia del organismo a raíz de la arista SQM...
-Es un grave error, porque si alguien tiene un dato específico, debe ir a un organismo estatal como es la Fiscalía, la Contraloría, el Poder Judicial o Carabineros. Puede ir donde estime pertinente para denunciar. Eso es lo responsable. Esto requiere coraje, las democracias resuelven sus problemas con gente con coraje.
-¿Cómo califica la actitud del empresariado y en particular de SQM?
-Lo que me interesa es la relación institucional, no de actores individuales. Tenemos que evaluar cómo han actuado las instituciones empresariales, la CPC y la Sofofa, entre otras. Mi impresión es que se han comportado de la mejor manera cuando una sociedad está en problemas. Nos han apoyado, han dicho que están dispuestos a hacer contribuciones en este proceso.
-¿Es necesario un acuerdo político para aprobar los proyectos que salgan del Consejo Asesor?
-Me imagino que sí. Que haya una adecuada relación entre la política y el dinero es un problema de todos. No me imagino que alguien se vaya a restar a esa votación o ese diálogo.
-¿Cómo está el clima social de cara a los proyectos de inversión?
-Hay un conjunto de dificultades en un país que tiene un nuevo estándar desde el punto de vista empresarial, social e institucional. Para que Chile no vuelva a ser un país de desarrollo frustrado, se requiere abordar los problemas en conjunto. Nuestra tesis es que estos problemas deben ser solucionados en el territorio. Por esa razón fui al Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo y me reuní con el Consejo Minero, porque el empresariado grande y pequeño, la gente que vive ahí, y las instituciones, tienen que abordar en conjunto este tema.
-¿Qué se necesita hacer para eso?
-Tres cosas: primero, tener un diagnóstico común; luego tienen que juntarse todos para ver cómo lo solucionan y, tercero, todos deben ayudar. El año pasado armamos 19 mesas con distintos sectores productivos y sociales, para que todos los actores que influyen en una región, una provincia o comuna, puedan resolver los problemas.
-¿Ve un alza en los conflictos socio-ambientales?
-Hasta ahora no. En Pelambres pasó esto que describo, una parte de la comunidad tenía una visión del problema del agua. Otras partes de esa misma comunidad, tenían otra. El alcalde tenía su propia visión. Lamentablemente, se produjo el conflicto, pero se juntaron las partes y viabilizamos el acuerdo de todos.
Esta "tecnología" requiere que todo el mundo entienda que la democracia no puede imponer soluciones, que hay que conversar. Lo básico es que se imponga el diálogo y la sensatez para resolver temas como el del agua.
-¿Está el ánimo de las comunidades para llegar a estos acuerdos?
-Este proceso está en construcción. Muchas entidades, sean comunidades, municipios o empresas, tienen que aprender a construir este proceso y nosotros los ayudaremos porque esto lo abordamos entre todos o no tendrá solución.
-Hay muchos proyectos ERNC que está levantando pequeños focos...
-Sí, pero la información que tengo desde el Ministerio de Energía, es que el diálogo que se ha establecido con las comunidades, políticos locales y empresas, hasta el momento ha sido fructífero. Esto es igual que una familia, los problemas se arreglan conversando y no agarrando a patadas a todo el mundo.
-¿Cree que están todos los actores por solucionar o hay algunos interesados en crear problemas?
-Siempre hay leones sordos, pero en Chile es una minoría.
-Se ha visto una industria en torno a la oposición de proyectos...
-Eso me han dicho...
-¿Comparte esa visión?
-No me dedico a investigar determinados tipos de profesionales en esa área, pero eso me han dicho.
-Usted ha tendido puentes con la CPC, el Consejo Minero, con el sector privado en general...
-Con todos, porque el origen de esto fue enfrentar el terremoto de Iquique. Instalamos mesas con el sector productivo para enfrentar los desastres, tenemos una eléctrica, una sanitaria, etc, porque en un desastre todos tenemos que ayudar. Lo que sirve para enfrentar eso, esa misma "tecnología", la hemos aplicado a conflictos sociales.
-Estos problemas están afectando a las inversiones...
-Tengo la impresión que no, porque si uno mira la información del Comité de Inversión Extranjera, ésta ha aumentado mucho, pero aún estamos a medio camino para que la resolución integral se produzca. Es legítimo que no todos opinen lo mismo, pero lo importante es instalar una lógica de que para que Chile se desarrolle en el siglo XXI, no es posible imponer soluciones.
-El año pasado, los gremios mineros hicieron ver que cuando algunos trabajadores se tomaban faenas, no había auxilio de la fuerza pública...
-El problema entre una empresa y sus trabajadores, es un problema que tienen que solucionar entre ellos.
-¿Incluso si hay tomas ilegales?
-Tenemos una política súper definida para esto y se la he explicado a las empresas. Todo el mundo tiene derecho a expresarse de la manera que le parezca más pertinente, con una condición: no afectar al resto. Si los trabajadores tienen un problema con una empresa y me cortan un camino o una calle e impiden que el resto circule, yo me voy encima de ellos.
Si mantienen la mitad de la calzada libre para la circulación, no tengo ningún problema. No me corresponde abrir los accesos a las empresas porque hay un problema entre trabajadores y ellos.
-Aunque las tomas sean ilegales...
-Pero eso lo decide la ley, no me corresponde decir si son legales o ilegales. Yo tengo que asegurar el orden público.
-¿El sector privado ha entendido esta diferencia?
-La está entendiendo progresivamente.
En menos de 24 horas, el presidente del directorio de SQM, Julio Ponce respondió al oficio que envió la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) tras conocer la renuncia de tres directores de la mesa (José María Eyzaguirre, Wayne Brownlee y Alejandro Montero), y en el cual el regulador solicitaba aclarar la forma en que se abordaría esta situación, además de las medidas para garantizar el correcto funcionamiento del gobierno corporativo.
En su respuesta, enviada durante la tarde de ayer, trascendió que Ponce explicó, entre otros temas, que la dimisión de los representantes de PCS en el directorio no dificultará la normal operación de la mesa, menos si éstos no integraban el Comité de Auditoría. Además, aclaró que considerando la proximidad de la junta de accionistas no se van a llenar esos cupos hasta el encuentro anual, donde por efecto de lo anterior se procederá a la renovación de completa del directorio.
Asimismo, menciona el documento que el Comité ad hoc, creado para recabar todos los antecedentes derivados de la investigación que actualmente está realizando el Ministerio Público por el pago de facturas ideológicamente falsas, continúa sus funciones. Así, en reemplazo de Eyzaguirre se nombró a Hernán Büchi como el tercer integrante de la instancia, junto a Juan Antonio Guzmán y Wolf Von Appen.
En su respuesta, además, especificó que el mencionado comité está próximo a emitir un informe, el que se dará a conocer, previo a la junta de accionistas. Para ello, la firma contrató asesoría profesional independiente en temas legales dentro y fuera de Chile, además de una asesoría especializada en temas tributarios dentro del país.
