Un segundo fiscal federal en Argentina le ha pedido a una corte de apelaciones que investigue las acusaciones de que la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, conspiró con Irán para encubrir la supuesta participación de este país en un letal atentado terrorista en 1994.

La cámara federal, que el jueves realizó una audiencia sobre las acusaciones, ahora debe decidir si debería abrir una investigación sobre las mismas o simplemente desestimar el caso contra la presidenta Kirchner. La decisión de la corte podría demorarse varias semanas.

El pedido de investigación realizado por el fiscal, Germán Moldes, se produce luego de que un juez federal desestimara el mes pasado las acusaciones sin abrir una investigación al respecto. El juez Daniel Rafecas indicó que no había “una sola prueba” que indicara que Fernández de Kirchner era culpable de algo. El juez falló que no sólo no había evidencia de delito sino que las pruebas presentadas contra la mandataria de hecho la reivindicaban.

El jueves, sin embargo, Moldes sostuvo en una declaración jurada de siete páginas que la decisión del juez fue “inusualmente presurosa”. El juez Rafecas sacó una “fatal conclusión —sin mediar materialización de prueba alguna— de la ausencia del delito”, escribió Moldes.

El mes pasado, otro fiscal, Gerardo Pollicita, le había pedido al juez Rafecas que investigara acusaciones de que Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timmerman y otros habían intentado sabotear una investigación que llevaba años sobre el atentado terrorista de 1994, que dejó 85 muertos en la AMIA, una asociación comunitaria judía de Buenos Aires.

Pollicita dijo que sólo una investigación completa sobre las acusaciones y la evidencia relacionada permitirían que la corte determinara si se había cometido un crimen. El jueves, Moldes se manifestó de acuerdo.

“Es necesario investigar, poner en movimiento el proceso y desentrañar el acontecimiento”, escribió Moldes. “Lo contrario importa la renuncia consciente a la verdad y como tal al principio de justicia”.

A mediados de enero, Alberto Nisman, un fiscal que había pasado más de una década investigando el atentado contra la AMIA, presentó una denuncia penal acusando a Fernández de Kirchner de intentar sabotear su pesquisa.

Nisman sostuvo que mientras investigaba el atentado descubrió evidencia de que la mandataria intentaba encubrir el rol de Irán en el ataque. El fiscal basó sus acusaciones principalmente en más de dos años de escuchas telefónicas que implicaban a allegados de la presidenta.

Funcionarios argentinos, incluida Fernández de Kirchner, han negado las acusaciones y las calificaron de absurdas. La mandataria ha sugerido que Nisman fue manipulado por agentes de inteligencia locales e internacionales que tenían interés en dejar mal parados a Irán y al gobierno argentino.

Irán ha negado cualquier participación en el ataque

El 18 de enero, Nisman fue encontrado muerto con una bala en la cabeza en el baño de su apartamento, un día antes de comparecer ante el Congreso para testificar sobre sus acusaciones.

Los investigadores no han determinado si fue asesinado o si se suicidó, aunque las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos cree que fue asesinado. Un equipo de expertos forenses contratado por la ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado, concluyó que probablemente fue asesinado, al recibir un disparo en la cabeza desde atrás por parte de un agresor no identificado.

Las acusaciones del fiscal y su subsiguiente muerte han arrastrado a Argentina a su peor crisis política en años y han aumentado las tensiones entre los poderes ejecutivo y judicial. Fernández de Kirchner acusa a fiscales y jueces de intentar socavar a su gobierno antes de que termine su mandato en diciembre.