Rómulo Mucho, gerente general de Pevoex Contratistas y ex presidente del IIMP advirtió ayer  que “la el Aporte Por Regulación- APR tiene un buen fin, pero las instituciones fiscalizadoras  tienen que estar constituidas por especialistas en minería”.

“En muchos casos sucede que cuando aplican una sanción no se demuestra el porqué, la empresa apela y se crea un círculo que no favorece ni al OEFA ni a la empresa,  y genera carga para el Poder Judicial. Esperemos que los resultados de Indecopi sean lo más técnicos posibles. Que no prime el desconocimiento,  eso hace daño al país”, añadió.

En el tradicional Jueves Minero del IIMP, Mucho disertó sobre Innovaciones tecnológicas y la minería del futuro. Además, de los retos tecnológicos en minería, aprovechó para expresar su posición sobre el APR y la aprobación del cronograma para la subasta internacional de los activos de Doe Run Perú.

Sobre la aprobación del cronograma de la subasta internacional de los activos de Doe Run, Mucho expresó su alegría y destacó que reactivaría la minería del centro que ha estado en recesión. Explicó que, “la Oroya debe funcionar con una modernización, sobre todo en el reactor del cobre, y que, el tema ambiental, aunque caro, es manejable”. 

Por otra parte, Mucho sostuvo que, “el Estado  tiene que comprarse el pleito sobre los yacimientos de baja ley y todos los proyectos. Hoy no lo hace. Si el Estado quiere caja, necesita generar inversión. Un proyecto minero pequeño puede crear 1.000 empleos, con ello está resolviendo el problema de 1.000 familias, por lo que debe mirar a futuro”.  

LA CONFERENCIA

 “El actual ciclo minero presenta enormes oportunidades para el crecimiento y beneficio del sector. Es el momento oportuno para que abrace el avance tecnológico e inicie acciones direccionadas hacia un cambio transformador que construya una ventaja competitiva”, opinó Mucho en su disertación.

“En ese contexto, la tecnología es fundamental para alcanzar la mina del futuro, ya que esta asume un rol de suma importancia debido a que ofrece agilidad y flexibilidad en la cadena de valor, aumenta la producción y la productividad, mejorar el conocimiento del cuerpo mineral y aumenta la solidez de los negocios, la competencia y la inteligencia de la industria”, agregó.

“Debemos diseñar e implementar un enfoque de innovación, mirar afuera de la industria minera para obtener una nueva perspectiva y puntos de vista de otras industrias y fomentar una cultura de creación de valor para reemplazar el enfoque de reducción de costos para que las decisiones tomadas se hagan en relación con la producción y el gasto a largo plazo”, resaltó el conocido dirigente empresarial minero.

Mucho reclamó un enfoque de desarrollo sostenible, ya que permite operar con seguridad, defender y respetar los derechos humanos. “Comprometerse de manera abierta y transparente con los grupos de interés internos y externos, manteniendo nuestro compromiso con el fin de generar confianza; y evaluar continuamente los aspectos medioambientales a lo largo del ciclo de vida de un proyecto minero para reducir al mínimo los impactos adversos, son aspectos claves que conducen a la mejora continua”.

Finalmente, reconoció que si bien la innovación tecnológica ha transformado integralmente muchas industrias, en el caso de la minería existe un déficit de innovación. También concluyó que las innovaciones tecnológicas en la minería del futuro no tendrán sentido si solo se orientan a la elevación de la productividad operativa.

“La minería del futuro deberá tener una profunda convicción de cambio social, será altamente tecnificada y sobre todo, mucho más segura de lo que es hoy”, dijo Mucho.

Contrapunto de opiniones y acciones ha suscitado un Aporte por Regulación (APR) en empresas mineras al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ya que esas firmas se niegan a aceptar dicho cobro. Delia Morales, directora de Supervisión del OEFA , dijo que ello podría significar un riesgo de debilidad en lafiscalización ambiental al sector minero.

La empresa Sociedad Minera Corona alega que dicho cobro es ilegal porque se ha creado un nuevo tributo, y representa una barrera burocrática. Ante ello, Morales recordó que ese cargo fue creado en el año 2000 por la ley 27332. Luego, se extendió hacia el 2007 al sector minero, cuando en ese entonces Osinergmin fiscalizaba el sector.

Recién en julio del 2010, el Osinergmin le transfirió las competencias de fiscalización ambiental al OEFA, y a fines del 2012 e inicios del 2013, la ley 29951 estableció que las funciones de fiscalización ambiental serían financiadas con cargo al aporte al OEFA, es decir, no se está creando un nuevo tributo, sentenció Morales.

De esa manera, -agregó- en el 2013 se fijó una alícuota del 0.15%, que se ha mantenido hasta la fecha. Las bases legales certifican que el OEFA está en condiciones de financiar la fiscalización con dicho cargo (APR), pero lo que se cuestiona es la manera en que se cobra, afirmó José Miguel Morales, miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( SNMPE).

Según Morales, el OEFA ha impuesto una tasa que no va acorde con las operaciones que realiza. “El fondo del asunto es que se está pretendiendo cobrar cantidades confiscatorias. No hay relación entre el servicio y el pago que se realiza”, acotó Morales.

El aporte o impuesto ha generado en el 2014 un total de S/. 109 millones 605 mil 747. De ese total, S/. 17 millones 686 mil 593 son de empresas de electricidad, S/. 33 millones 019 mil 733 son de hidrocarburos y S/. 58 millones 899 mil 418 provienen de empresas mineras, refirió Morales. “Suena poquito, pero la tasa del 0.15% involucra las ventas brutas de las empresas mineras”, resaltó.

Así también en los dos primeros meses del 2015 se han recaudado más de S/. 20 millones, según Morales. En ese contexto, recomendó que el OEFA ejecute sus fiscalizaciones a través del TUPA, es decir, cada cobro debería estar acorde a la actividad que se va a realizar.

Cobro excesivo o necesario, la directora de Supervisión del OEFA recordó que la fiscalización se da por unidades productivas. Por ejemplo, Sociedad Minera Corona tiene dos unidades, una en Cajamarca y otra en Lima. Existen 151 empresas obligadas del sector minero a realizar dicho aporte, afirmó.

“La fiscalización ambiental es más que revisar unidades de producción, es hacer estudios sistemáticos de calidad ambiental en zonas aledañas, es decir, se analiza el impacto de las actividades mineras, de manera progresiva y sistemática”, agregó la directora.

Así, precisó que el OEFA preveía cinco planes de evaluación ambiental y monitoreo en áreas de influencia para ver las condiciones de la zona en cuanto a la calidad de agua, ríos, y lagunas. “Habíamos previsto ocho monitoreos programados, sin contar con los 19 en evaluación, además de 730 supervisiones directas”, agregó.

¿Qué pasará con estas supervisiones de concretarse un fallo a favor de la Sociedad Minera Corona? Se pregunta Morales, ya que esa decisión podría influir en las acciones de las demás empresas. Recordemos que hasta la fecha, además de Sociedad Minera Corona, tres empresas han presentado su rechazo al pago del aporte, entre ellas: Compañía Minera Villaycocha, Pampa de Cobre y Minera Caudalosa.

“Estamos en 32 meses de diálogo vinculados a las competencias mineras, y ello está en riesgo, confiamos en que mañana Indecopi analice el caso con suma cautela, ya que dicho cobro contribuye al 80% de los recursos con que OEFA había programado sus actividades este año”, reveló.