El gobierno de la presidente Dilma Rousseff anunció el miércoles un conjunto de medidaspara combatir la impunidad y la corrupción en Brasil, en medio del escándalo de la petrolera estatal Petrobras.

"Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de combatir la impunidad y la corrupción", manifestó la mandataria en Brasilia, pocos días después de una serie de masivas protestas callejeras en su contra.

La jefe de Estado adelantó que su gobierno está "implementando mecanismos de combate contra la corrupción", pero aclaró que esa "guerra" debe ser "una tarea simultánea con todas las instituciones".

"La corrupción es un fenómeno complejo que tiene que ser prevenido y controlado", agregó.

La procuraduría de la república tiene bajo la lupa a 13 senadores, 22 diputados y 2 gobernadores, señalados por algunos de los acusados, que confesaron haber sobornado a directivos de la petrolera para manipular licitaciones de obras y poder cobrar sobreprecios.

Según esas declaraciones ante la justicia, que aún están siendo investigadas, el dinero generado por ese sistema delictivo era destinado al enriquecimiento personal de los miembros de la red y para financiar organizaciones políticas, incluido el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

El episodio ha cobrado un precio muy alto a la popularidad de Rousseff, quien asumió su segundo mandato en enero y cuya aprobación actual se desplomó a 13% según una encuesta divulgada por Datafolha este miércoles.

El paquete de medidas anunciadas por el gobierno en la forma de proyectos de ley, permitirácalificar como crimen a los fondos para financiar campañas electorales que no sean contabilizados, confiscar bienes de funcionarios que no puedan justificar su origen, vender los activos incautados y dejar ese dinero en custodia judicial hasta tanto se defina el caso investigado.

Otra de las iniciativas busca que quienes estén ligados al poder público tengan una "ficha limpia" de antecedentes judiciales.

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, anunció este miércoles un conjunto de medidas para endurecer el combate a la corrupción y la impunidad, acuciada por masivas protestas y un escándalo de desvío de fondos públicos que involcra a la estatal Petrobras, y en medio de una estrepitosa caída de su popularidad.

“Mi compromiso contra la corrupción es coherente con mi vida personal, mi práctica política y mi actuación como presidenta”, dijo Rousseff, a la vez que recalcó que el Estado está en el deber de "investigar y castigar la corrupción de una forma rápida y efectiva" y de "garantizar la protección de los inocentes".
Por las corruptelas en Petrobras están bajo investigación unos 50 políticos, entre quienes figura el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, señalado de estar envuelto en supuestas maniobras dirigidas a obtener dinero de Petrobras para financiar campañas de su tolda política. El escándalo también salpica a 18 empresas privadas.
El episodio ha cobrado un precio muy alto a la popularidad de Rousseff, quien asumió su segundo mandato en enero pasado tras ganar las elecciones con un 51,6% de los votos. Según una encuesta divulgada por Datafolha este miércoles, la aprobación de su gestión se desplomó a 13%, un mínimo histórico para una gestión que aún no ha llegado a sus primeros tres meses.
Las medidas anunciadas por el gobierno brasilero forman parte de un conjunto de proyectos de ley, que deberán ser aprobados por el Congreso, y en los que se tipifica como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas, una práctica que hoy sólo es considerada como infracción de tipo electoral y castigada con meras sanciones administrativas.
Otras medidas proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de los bienes obtenidos a través de la corrupción y facilitar su subasta, a fin de recuperar el dinero robado al Estado mediante esas prácticas. También se propone extender a todos los empleados públicos del país una ley que hasta ahora rige sólo para los políticos e impide que postulen a cargos oficiales si responden a algún proceso ante los tribunales o han sido declarados culpables de delitos contra el patrimonio público o de tipo penal.
El Ejecutivo también propone revisar las leyes contra el enriquecimiento ilícito en el sentido de que se abran investigaciones judiciales en todos los casos en que los bienes declarados a las autoridades por los empleados públicos no sean acordes a sus niveles de ingreso. Además, plantea sancionar un reglamento basado en una ley contra la corrupción ya aprobada en las cámaras, la cual endurece las penas para los empresarios que se involucren en delitos contra el erario público.
"Vamos a enfrentar esa cuestión de forma bien abierta, pues así se atenderá una demanda de la población, que quiere elecciones más transparentes y limpias", declaró Rousseff. Esto ocurre tres días después de que su Gobierno fuese blanco de multitudinarias protestas contra la corrupción y contra la delicada situación económica del país.
Una vez más, Rousseff declaró que "todos los brasileños", incluso aquellos que no la respaldan, "saben que la corrupción no fue inventada recientemente". Esa última frase pareció aludir a confesiones de exdirectivos de Petrobras implicados en las corruptelas, que han asegurado que las prácticas ilícitas en la empresa se remontan a 1997, cuando el país era gobernado por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Las medidas contra la corrupción fueron presentadas al mismo tiempo que activistas del movimiento Sin Techo protestaban en varias ciudades del país contra un ajuste fiscal adoptado por el Gobierno para atajar una crítica situación económica. Según los manifestantes, esta reforma ha afectado planes de viviendas populares prometidos por la mandataria.

Autoridades de Suiza bloquearon hasta ahora unos 403 millones de dólares en el marco de las investigaciones que se realizan en Brasil sobre el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, informó el Ministerio Público del país europeo.

"Desde el punto de vista de los activos bloqueados, este caso es muy importante", expresó el jefe de la Fiscalía suiza, Michel Lauber, en una entrevista realizada durante su visita a Brasilia.

Y agregó que, de este total, ya se ha autorizado la devolución a Brasil de unos 121 millones de dólares, tras reunirse en Brasilia con su homólogo local, Rodrigo Janot.

"Lo que se destaca en este caso es el buen nivel de cooperación y la rapidez en la liberación del dinero. Estamos seguros de que podremos seguir cooperando", agregó el fiscal.

El Ministerio Público suizo investigó 300 cuentas bancarias vinculadas a 30 bancos del país, pero Lauber declinó revelar los nombres de las personas involucradas, alegando que el proceso se desarrolla en secreto.

Las investigaciones están dirigidas a empresas, altos ejecutivos de Petrobras y suministradores de la petrolera que están bajo sospecha de tener nexos con el esquema de desvío de dinero de la empresa para pagar sobornos y financiar partidos políticos.

Además, el jefe del Ministerio Público obtuvo este mes de la Corte Suprema permiso para investigar a 50 políticos sospechosos de estar vinculados con el escándalo que generó un "seísmo" en el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y en agrupaciones aliadas.

Entre los investigados están 34 legisladores -incluso los presidentes de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros- y varios ex ministros de la presidenta Dilma Rousseff y de su antecesor, Lula da Silva.

La comisión del Congreso brasileño interrogará mañana al exdirector de Petrobras, Renato Duque, uno de los implicados en las corruptelas descubiertas en esa estatal, que salpican a 50 políticos y a 18 grandes empresas privadas del país.

Duque está detenido en una prisión de Curitiba, en el sur del país, y será trasladado a Brasilia para declarar ante una comisión parlamentaria que investiga las irregularidades en la petrolera, según confirmó hoy la propia Cámara de Diputados.

El sospechoso era director del departamento de Servicios de la empresa estatal y está acusado de haber desviado hacia Mónaco unos 70 millones de reales (23 millones de dólares) obtenidos a través de la red de corrupción que operaba en la compañía.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, las empresas privadas investigadas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban luego los precios y se repartían parte de esa diferencia con directivos de la estatal, al tiempo que otra parte era entregada a los políticos que amparaban esas maniobras.

Entre los 50 políticos bajo investigación está el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, quien ya ha sido acusado formalmente por los cargos de corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita.

El PT, al que pertenece la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, defendió a su tesorero y afirmó que "nunca trató de finanzas o donaciones" con funcionarios de Petrobras.

No obstante, según sostiene la acusación de la Fiscalía, Vaccari tenía contactos con directores de Petrobras, con los que negociaba comisiones provenientes de los contratos, cuyos precios se inflaban, y recibía el dinero "disfrazado" en forma de donaciones legales para sus campañas.

Duque, de quien se sospecha, era uno de los contactos entre la red de corrupción y el PT, fue arrestado en diciembre pasado, pero recuperó la libertad unos días después gracias a un hábeas corpus obtenido por su defensa.

Sin embargo, volvió a ser detenido esta semana debido a que las autoridades detectaron que tenía una cuenta secreta en un banco de Suiza y que en las últimas semanas había ordenado transferencias hacia una entidad de Mónaco, al parecer para ocultar unos 23 millones de dólares supuestamente obtenidos con la corrupción.

En el allanamiento a su residencia esta semana, la Policía Federal se incautó de una colección de cerca de 130 pinturas, incluyendo un Miró.

Por Alberto Armendariz

El escándalo de sobornos en Petrobras ya genera severos estragos en la imagen de Dilma Rousseff. El apoyo a la presidenta se derrumbó a un escaso 13%, según una encuesta de Datafolha revelada ayer, cuando el gobierno presentó un paquete de medidas anticorrupción para intentar recuperar popularidad.

"Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de enfrentar la impunidad que alimenta la corrupción. Estas medidas fortalecen la lucha contra la impunidad. Esta impunidad es el mayor factor que garantiza la reproducción de la corrupción", destacó Dilma al anunciar las medidas, tres días después de que más de un millón y medio de personas desbordaron las calles del país en reclamo de la destitución de la presidenta por su presunta responsabilidad en el caso de Petrobras y la mala gestión económica.

Iniciado su segundo mandato hace apenas dos meses y medio, el gobierno de Dilma se ha visto asediado por los problemas. Según el nuevo relevamiento de Datafolha, un 62% de los encuestados califica su administración como mala o muy mala; se trata del nivel más alto desde septiembre de 1992, semanas antes de que el entonces presidente Fernando Collor de Mello, con 68% de rechazo, fuera separado del cargo por el Congreso para enfrentar un juicio político por corrupción. Finalmente Collor renunció dos meses después y evitó el impeachment.

Desde el anterior sondeo de Datafolha, el 5 de febrero, la popularidad de Dilma perdió diez puntos; el porcentaje de personas que consideran su gobierno como bueno o muy bueno pasó de 23% a 13%.

"Con excepción de los simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT) y de sus propios electores, todos los demás segmentos socioeconómicos, políticos o demográficos reprueban mayoritariamente el desempeño de Dilma Rousseff. Incluso en los estratos más beneficiados por las políticas sociales del gobierno, el rechazo se disparó", explicó Mauro Paulino, director general de Datafolha.

Es que desde el mes pasado el escándalo de corrupción de Petrobras adquirió una dimensión política muy negativa para el gobierno. El Supremo Tribunal Federal (STF) aceptó el pedido de la Procuraduría General de la República para abrir investigaciones sobre 47 políticos que se habrían favorecido del cobro de coimas a empresas constructoras interesadas en obtener contratos con la petrolera estatal; de ellos, salvo uno, el resto pertenecen al PT o a sus principales partidos aliados. Incluso el tesorero del partido oficialista, João Vaccari Neto, fue acusado por el Ministerio Público de ser uno de los nexos clave del esquema de corrupción por el que se habrían financiado campañas petistas.

En este mes, además, el estado de la economía ya de por sí estancada ha seguido en firme deterioro: la inflación trepó a un 7,7%, el real se devaluó un 30%, y las previsiones indican que este año el PBI se contraerá un 0,7%.

Ante este panorama negativo, y buscando aprovechar al máximo el clima popular en contra de Dilma, ayer las principales fuerzas políticas de la oposición, encabezadas por el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), elevaron al STF un pedido para que también se investigue a la presidenta dentro del marco del esquema de sobornos de Petrobras, pese a que la Procuraduría General de la República había desistido de esa movida. Por "errores técnicos" en la documentación, el STF rechazó la solicitud de los opositores, pero es muy probable que reiteren su pedido pronto.

Mientras tanto, Dilma procuró ayer ganar terreno de cara a la sociedad y presentó el paquete legislativo anticorrupción que ya había anunciado que realizará el domingo. Las medidas, que dependen de la aprobación del Congreso, son básicamente un refrito de propuestas ya hechas en 2013, tras la ola de protestas que sacudió al país en contra de los gastos por el Mundial de fútbol de 2014 y en reclamo de mejores servicios públicos.

Las iniciativas apuntan a tipificar como delito penal el ocultamiento de dinero obtenido por los partidos para sus campañas electorales; pretenden extender a todos los funcionarios públicos la ley que no permite que personas con procesos penales aspiren a un cargo electivo; endurecen las penas por enriquecimiento ilícito tanto en el ámbito público como en el privado, y proponen reglamentar y agilizar los trámites para la confiscación de bienes obtenidos por actividades de corrupción..