Por: Silvia Peco
Las actuaciones de la Justicia federal en relación con el presunto pago de sobornos por la extensión del contrato del yacimiento Cerro Dragón en 2007 a Pan American Energy (PAE) son seguidas con atención por el resto de las empresas petroleras. En primer lugar porque se trata del área más importante de la Argentina, de donde se extrae el 16% de la producción nacional. En diciembre de 2014 se extrajeron 13.500 metros cúbicos por día en ese bloque, sobre un total de 85.000 metros cúbicos diarios, según datos del Instituto Argentino del Petróleo y Gas.
La importancia del área concesionada a PAE es tal que para igualar su producción YPF necesita sumar lo extraído en cuatro áreas, aunque también es cierto que el crudo de Cerro Dragón no es el más apto para las refinerías locales, por lo cual se exporta más del 40% de lo que se obtiene.
Entre las compañías petroleras surgen interrogantes sobre el futuro del área, en caso de que prospere la causa judicial. No obstante, la sensación en esas empresas es que la investigación local "está floja de papeles" y que la sorpresa sólo podría darla la SEC (Securities and Exchange Commission) si avanza en la investigación sobre presuntas autodenuncias de BP (principal accionista de PAE con el 60%) y de Hernán Arbizu, exagente del JP Morgan que a su vez tiene el 30% de las acciones de BP.
Hay quienes no descartan que el titular de YPF, Miguel Galuccio, tenga también interés en el tema, por lo menos en principio para confirmar su opinión de que los gobiernos provinciales deben ser limitados en sus atribuciones para que los procesos de adjudicación y control de las concesiones a empresas privadas sean más transparentes. En ese sentido, se comenta que el titular de YPF hubiera querido una ley más dura de la que finalmente salió el año pasado, para acotar las facultades de las provincias productoras.
En principio, parece haber un vacío legal que permitió la extensión del contrato de Cerro Dragón, así como la prórroga de la concesión de Loma de La Lata a Repsol-YPF, que se realizó a fines de 2000, todavía encabezada por el Gobierno nacional porque recién a partir de 2007 las provincias empiezan a actuar como autoridad concedente.
Una petrolera necesita saber con cierta anticipación si el contrato será extendido porque hay inversiones que terminan de dar resultados en tres o hasta cinco años. Pero la legislación no fija lo que debería ser el plazo más adecuado para acordar la prórroga de un contrato o para empezar a negociar. Así, el exministro José Luis Machinea negoció la extensión de la concesión de Loma de Lata 17 años antes de su vencimiento, prorrogándola para el período 2017-2027 porque necesitaba los U$S 300 millones que Repsol pagó por esa medida.
En el caso de Cerro Dragón, la concesión vencía en 2017 pero fue prorrogada en 2007 por 20 años a los que pueden sumarse 20 años más, lo que cubriría toda la vida útil del bloque. La extensión la realizó el ex gobernador Mario Das Neves y fue aprobada por la legislatura de Chubut, con el voto en contra de sólo tres legisladores de origen radical.
Uno de los mayores argumentos contra este tipo de prórrogas anticipadas es que la autoridad concedente no puede evaluar tantos años antes si se cumplieron las inversiones comprometidas y si se está realizando la reparación medio-ambiental a medida que se desarrolla el yacimiento. Por eso, las extensiones con mucha antelación dan lugar a suspicacias.
Según informó ayer El Patagónico de Comodoro Rivadavia, el fiscal federal, Guillermo Marijuan, solicitó diversas medidas para avanzar en la investigación por el supuesto pago de sobornos en la extensión de Cerro Dragón. Entre lo solicitado, que debe ser autorizado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, se incluyen declaraciones testimoniales de ex funcionarios las que a su vez fueron pedidas al fiscal por el ex procurador provincial Eduardo Samamé. Este último pidió que se investigue el supuesto enriquecimiento patrimonial de Das Neves y su ministro de Coordinación, Norberto Yauhar, y también a los diputados del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y el PACh que aprobaron el contrato en la Legislatura, así como la actuación en el momento de la prórroga del dirigente sindical Mario Mansilla.
El ex convencional constituyente Gustavo Menna aseguró ayer que el convenio de extensión contractual entre Chubut y Pan American Energy, por la concesión del yacimiento de Cerro Dragón hasta 2047 es de “nulidad absoluta” por las causas que en su momento denunció y que ahora están siendo investigadas, tanto por la Justicia penal como por el Contencioso Administrativo Federal.
Junto con Raúl Heredia, Gustavo Menna fue el abogado patrocinante del recurso de amparo que David Patricio Romero e Hipólito Solari Yrigoyen presentaron hace ocho años para frenar el tratamiento del convenio en la Legislatura, algo que no fue posible porque, por causas técnicas, la justicia provincial desconoció el planteo.
"Lo que en aquel escrito decían Hipólito Solari Yrigoyen y David Patricio Romero es lo que ahora está siendo investigado por el Contencioso Administrativo Federal ante la presentación efectuada por la Asociación de Consumidores. El contrato, sosteníamos y sostengo, es nulo de nulidad absoluta", expresó ayer Menna.
VICIOS QUE LO HACEN NULO
En diálogo con Diario Patagónico, el ex diputado provincial de la UCR aclaró que su convencimiento de nulidad no está sustentado en el supuesto pago de coimas para la firma y la aprobación del convenio, sino "por el contrato en sí, que tiene muchos vicios y faltas”.
Menna fue tajante y aseguró que "los años demostraron lo que denunciamos en su momento, y no es otra cosa que el contenido del contrato, y no la forma en que se aprobó. Este convenio de extensión, por ejemplo, tiene desproporción de prestaciones, siempre a favor de la operadora. No se confeccionó a partir de un proceso licitatorio, violentaba los límites de concesión, y se eximió a la operadora del pago de impuestos".
El ex secretario de Gobierno durante la gestión de Jorge Aubía también recordó que el contrato "tampoco consideró algunas cuestiones ambientales y le faltó transparencia. Todas estas cosas que denunciamos, se terminaron demostrando con el correr del tiempo".
Al respecto, Menna trajó a colación "lo que está sucediendo por estas horas" ante la baja del precio internacional del crudo. "Nos dijeron que esta extención era la panacea, que era histórico, y ahora resulta que le dimos el yacimiento a Pan American por 40 años y apenas hay un problema, en lugar de sostenerse la inversión y la ocupación, Provincia tiene que salir a subsidiar a la operadora", apuntó.
Sobre la otra investigación, la que por el supuesto pago de coimas lleva adelante el fiscal federal Guillermo Marijuan, el abogado comodorense señaló estar expectante y dijo que "sería bueno que se avance a fondo", pero insistió en que, al margen de la forma o las razones por las que el contrato se firmó y aprobó, "el mismo es nulo de nulidad absoluta, por las razones citadas".
Menna consideró que la eventual utilización de sobornos para firmar y aprobar el convenio es "algo difícil de probar”, pero reiteró su expectativa en la investigación, tanto la que lleva adelante Marijuan como la que inició la SEC de Estados Unidos ante la autodenuncia de la British Petroleum
“Todos estamos esperando la respuesta del exhorto, que puede ser la punta del ovillo para poder avanzar sobre otros medios probatorios. Vamos a ver qué es lo que sucede pero, por lo pronto, las nulidades del contrato están a la vista, desde el mismo momento que se firmó y aprobó", concluyó.
