El Grupo Pescarmona ofreció renunciar al control de su unidad brasileña Wind Power Energia como parte de la reestructuración propuesta de la deuda de u$s 1.100 millones. Según la agencia Bloomberg, la compañía pidió a sus asesores buscar un comprador para parte o todas las acciones de WPE y que los acreedores acepten una quita de hasta un 85% para evitar la bancarrota en un tribunal brasileño, y así lo explicó ayer David Seltzer, vocero de Impsa. "El plan de recuperación que se ofreció a los acreedores pretende reactivar las operaciones que están paralizadas en Brasil desde noviembre", dijo Seltzer, quién agregó que "todas las opciones están abiertas a consideración, incluyendo desinversiones, encontrar un nuevo accionista y seguir con una participación minoritaria para proporcionar conocimientos de gestión". 

La filial del holding argentino, Venti, quedó sin liquidez por retrasos de cobros en Brasil y Venezuela. 

Los acreedores acordaron que por la quita también recibirán una opción de deuda en capital cuando entre un nuevo accionista, dijo Seltzer y dio detalles de un plan denominado recuperación judicial presentado ante una corte del estado de Pernambuco el viernes después de que juez Roberto Vasconcelos concedió un período de 180 días de protección contra los acreedores que buscan aprovechar los activos. La oferta debe ser aprobada por la mayoría de los acreedores.

Por Gastón Bustelo.

Luego de distintas instancias y procesos, Impsa informó el viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que el juez que lleva adelante el concurso de Wind Power Energía (WPE) aprobó en Brasil el plan de reestructuración de deuda con acreedores presentado por la firma, que responde a Venti, empresa del grupo Pescarmona.

El comunicado presentado indica que el juez Roberto Jordão Vasconcelos, a cargo del proceso, "aprobó un Plan de Recuperación Judicial (en Argentina sería concurso) que consiste en una propuesta de acuerdo a los acreedores de WPE Brasil que forman parte de dicho proceso. Esta presentación representa un avance de significativa importancia en la reestructuración de los pasivos de WPE".

Recordemos que 8 de diciembre de 2014, la Sociedad informó que Wind Power Energía SA, una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Federativa del Brasil, controlada por Venti SA (sociedad controlante de Impsa), había realizado una presentación ante el 4to. Juzgado Civil del Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, Brasil, solicitando la apertura de un proceso de recuperación judicial bajo la Ley No. 11.101".

Se destaca también que 16 de diciembre de 2014, Roberto Jordão de Vasconcelos, juez a cargo del proceso, había aceptado la solicitud presentada por WPE Brasil, habiendo encontrado satisfechos los requisitos legales necesarios para la apertura del referido procedimiento.
Importancia

Luego de recordar estos puntos del concurso judicial informan que "según lo contemplado en la Ley No. 11.101, nos ha informado WPE Brasil que en el día de la fecha procedió a presentar ante el juez a cargo, un Plan de Recuperación Judicial que consiste en una propuesta de acuerdo con los acreedores de WPE Brasil que forman parte de dicho proceso. Esta presentación representa un avance de significativa importancia en la r estructuración de los pasivos de WPE".

Finalizan destacando que "la presentación se enmarca en el contexto de la estrategia que está ejecutando en forma paralela Impsa para completar un plan que tenga en cuenta sus posibilidades financieras, brinde sustentabilidad a su negocio y resulte satisfactoria para sus acreedores. Asimismo, el cumplimiento de esta etapa permitirá a Impsa, en lo inmediato, concentrar energías y esfuerzos en acelerar las negociaciones con sus acreedores para elaborar una propuesta de reestructuración de sus pasivos a la mayor brevedad posible".

Por Miguel Flores Isuani.

Del arranque de la construcción del dique Los Blancos, en la que participará como subcontratista, además de que prospere la promesa de compra de sus acciones en la represa Potrerillos por parte de la Provincia, depende que Impsa encare o no un plan de ajuste que incluye recortar más puestos de trabajo durante 2015. Por lo pronto, la empresa y la Unión Obrera Metalúrgica negocian la reincorporación de 37 trabajadores despedidos a comienzos de año, y el pago de ítems salariales suspendidos desde octubre.

Así quedó expuesto al cabo de una nueva audiencia de conciliación celebrada en la Subsecretaría de Trabajo, la tercera en el último mes. En un gesto para descomprimir la situación a la espera de buenas nuevas, Impsa se comprometió a volver a pagar antigüedad y presentismo, y analizar la forma en que regularizará lo adeudado por 4 meses.

De todos modos, tanto desde la UOM como de la Subsecretaría de Trabajo coincidieron en destacar que la empresa blanqueó los factores de los que depende salir de la crisis en la que está inmersa y asegurar estabilidad laboral a más de 1.000 trabajadores hasta diciembre. Con el foco puesto en la falta de actividad, desde Impsa admiten avances en el cobro de los U$S 250 millones que le debe Venezuela por la represa Tocoma, y que el contrato con Cartellone para hacer Los Blancos, además de la venta de Potrerillos, son el esperado salvavidas.

Si bien las partes reconocieron un canal abierto de diálogo, según el secretario general de la UOM, Luis Márquez, “la empresa ha asegurado que si está todo bien y prosperan esas tres alternativas, no habrá más despidos durante el resto del año”.

Respecto a la necesidad de obras que esgrime Impsa para sostener su estructura de costos, para el director de Relaciones Laborales de la Provincia, Osvaldo Marín “si bien garantiza el trabajo, Impsa ha ratificado que depende de esos factores pero hay que comprobar falta de actividad: la carga de la prueba incumbe a quien la invoca”.

Antes de la reunión, que terminó en la firma de la “paz social”, algunos trascendidos apuntaban a un plan gradual de reducción del personal en al menos 150 personas, que Impsa niega.

“Quien haya dado esa cifra deberá hacerse cargo. Con el sindicato hay ánimo conciliador y el avance es positivo; existe posibilidad de reincorporar a los despedidos, pero no arribamos a una conclusión”, señaló Guillermo Santamaría, representante legal de Impsa, luego del encuentro que terminó al mediodía.

Respecto al pago de salarios post-subsidio que el Ministerio de Trabajo dispuso a través de los Repro (Recuperación Productiva, por $ 2.000) hasta el 31 de enero, y los adicionales que habían dejado de computarse, para Santamaría “lo que corresponda se pagará. Terminado el acuerdo por los Repro todo es como era; no dejaremos de liquidar los salarios”.

Menos activos y más trabajo

Al menos U$S 25 millones ofertó en noviembre pasado el gobernador Pérez a Enrique Pescarmona para que la Provincia (o la Nación) se quede con 30% de acciones que posee en Cemppsa, el consorcio que administra el dique Potrerillos junto a Cartellone. Luego, el progreso fue casi nulo. Por eso, Impsa pateó la pelota al Gobierno y se aboca al día a día.

Prácticamente se acordó con el sindicato restituir la liquidación de antigüedad y presentismo, eliminados en octubre, aunque resta definir la forma de regularización del retroactivo, que sería en cuotas. Entonces, la Subsecretaría de Trabajo había aplicado el Procedimiento de Crisis de Empresa, para permitirle acceder a los Repro, un horario reducido de trabajo, suspensiones y hasta el cierre de su planta de Godoy Cruz, los viernes.

El próximo encuentro entre gremio y empresa, que tiene en carpeta sólo una ampliación del parque eólico Arauco, en La Rioja (le reportaría $ 900 millones a 2018) y poco más, está previsto para la semana próxima, fuera del ámbito de la Subsecretaría. Será al regreso del director general de la compañía, de viaje por Venezuela y Colombia.

“El problema de fondo sigue siendo la falta de trabajo. Tiene que salir la venta que anunció en su momento el gobernador, o Los Blancos. Hemos hecho gestiones a nivel nacional, pero si eso no resulta, tendremos problemas con la fuente de trabajo este año”, insistió Márquez.

Recordemos que, el viernes, Impsa comunicó a la Comisión Nacional de Valores que la Justicia brasileña aprobó un plan de reestructuración de deuda con acreedores presentado por Wind Power Energía (WPE) -empresa que responde a Venti, otra firma del grupo Pescarmona- en el marco del concurso judicial que enfrenta WPE.