“Brasil no será una nueva Cuba”. El cartel, enarbolado en la gran protesta de ayer en la avenida Paulista, ilustró el pensamiento dominante entre los miles que participaron en la manifestación. Por su masividad en San Pablo, la oposición, que fue el motor de estas marchas, obtuvo un triunfo rotundo. Con todo, es difícil mensurar cuánta gente se llegó a congregar tras la consigna: “Fuera Dilma”. Las cifras que circularon fueron de lo más diversas: en el mismo espacio: donde el viernes último, los movimientos sociales en apoyo de Dilma llevaron 12.000 militantes, ayer según la Policía Militar se habían encontrado 9.000 a las 13 horas. Pero a las tres de la tarde el número trepó hasta 580.000 y a las 16 ya eran 1 millón. Este fue el cálculo de la PM, órgano de seguridad del gobierno opositor de Geraldo Alckmin.

La fecha de la protesta, 15 de marzo, no fue elegida al azar por la oposición Socialdemócrata que lidera el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Hace exactos 30 años, el 15 de marzo de 1985, José Sarney asumía como primer presidente civil desde 1964. Tres décadas después, sugiere que el proceso democrático se agotó. Tal vez no entre la mayoría de los manifestantes, pero sí en buena parte del liderazgo. No por acaso se vieron pancartas con las siguientes leyendas: “SOS Fuerzas Armadas”; “Contra el comunismo y por la intervención militar constitucional”; “El PT es comunista y el comunismo es ateo”; “Abajo las urnas”. 

La marcha tuvo, en la capital paulista, el apoyo decidido de los tres partidos clave en el arco opositor: PSDB (socialdemócrata); Demócratas (conservador) y Solidaridad, una agrupación nacida del gremialismo. Esta última vertiente, dirigida por el líder de Fuerza Sindical Paulo Pereira da Silva o Paulinho, también diputado federal, cumplió un papel especial en la movilización. Fue el único que aportó gran número de manifestantes que no son ni blancos ni ricos. 

Es más, por su tradición en mover masas obreras estuvo en la organización más pesada y puso gran cantidad de vehículos con parlantes, desde donde se vociferaba: “Fuera Dilma”. Paulinho había declarado un día antes su convicción de la imposibilidad de permanencia de Rousseff en el poder: “La presidenta Dilma Rousseff no tiene más condiciones de dirigir Brasil”, sentenció. Este político, ducho en atraer trabajadores a sus actos con rifas multimillonarias, había presentado el viernes último un pedido de juicio político contra la presidenta brasileña. Ayer, se vio a sus huestes en el centro paulistano pedir firmas en apoyo a esa iniciativa que deben ser entregadas al presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, el mismo que está investigado por la justicia por ser uno de los sospechosos del escándalo de Petrobras. 

Con todo, Paulinho no se salvó de una violenta silbatina entre los manifestante anti-Dilma que toleran a medias la capa social trabajadora representada por este político. El ulular de la multitud subió de nivel en su contra cuando discurseaba desde un camión junto a la cantante Wanessa Camargo y a un funcionario del gobierno provincial de San Pablo. Allí se vio también al jugador de fútbol Ronaldo, un ex crack que apoyó directamente al ex candidata presidencial Aécio Neves. Hacia el final de la marcha, un grupo de punks se hizo presente con sus características peladas. 

En Río de Janeiro los actos tuvieron una participación menor; en gran medida porque a diferencia de los paulistas, los cariocas prefirieron votar en Rousseff antes que en su oponente Aécio Neves. Temprano, en la orla marítima de Copacabana, desfilaron unos 20.000 brasileños. En la segunda parte, mucho menos deportiva ya que se hizo en el centro de la ciudad, se juntaron unas 2.000 personas. Solo que en este caso, la acción se mostró más radical: además de cantar el himno brasileño reivindicaron la “intervención militar ya”. Este grupo anti-Dilma eligió como lugar para su protesta el panteón del Duque de Caxias, el militar que participó de la tristemente célebre Guerra de la Triple Alianza y que murió en 1880, cuando todavía Brasil era imperio.

En Brasilia, la protesta fue muy numerosa. Se habla que hubo allí unas 50.000 personas. Y se puede entender el por qué. La capital brasileña, sede del Congreso, asiste hoy a un festival de denuncias de corrupción que involucran a los principales dirigentes parlamentarios. No en vano se realizó en la Plaza de los Dos Congresos. En Minas Gerais donde la oposición reinó hasta el año pasado, cuando desgastada debió pasar el mando al pietista Fernando Pimentel, hubo también desfiles adversos a la presidenta brasileña. Solo que la manifestación, que llevó unas dos mil personas, se dividió entre los defensores del juicio político y quienes se oponen a eso.

Por Eleonora Gosman.

La joven Elizete Gomes, de 25 años, vive en la zona este de la capital paulista, una región de clase media baja que ahora cuenta con un monumento propio: el estadio mundialista Itaquerao. Con su inauguración, en la Copa, los vecinos creyeron que habían entrado en la modernidad. Pero la muchacha, ayudante de peluquería, afirma que poco fue lo que cambió.

Ella teme ahora por la permanencia de su empleo: “En enero y febrero estuvo todo parado. Pero creo que todavía no vino lo peor”. Le preocupa que desaparezca la clientela a medida que avanza la crisis: “Puede suceder que no sea posible mantener este salón”. Para ella, la culpa recae en forma directa sobre la presidenta Dilma Rousseff, a quien acusa de “llevar el país al desastre”.

En el estamento superior de la clase media, con título universitario y situación holgada, el ingeniero Marco Sionek no se muestra optimista: “Este año va a ser muy duro y no sabemos si habrá alguna mejora en 2016”. Su área es la venta de equipos de alta tecnología médica, un ámbito sensible al tijeretazo de los gastos del fisco. Aun así no vacila en defender a Rousseff: “Prefiero a Dilma. Con ella es difícil pero con Aécio Neves (ex candidato opositor del PSDB) sería imposible”.

Los temores movilizan a los brasileños, incluidos aquellos que endorsan la continuidad presidencial. Las 40.000 personas que el viernes desfilaron por la avenida Paulista, corazón financiero del país, quieren ver a Rousseff en el poder. Pero también expresaron su rechazo al plan de ajuste vigente, negociado por el Partido de los Trabajadores con los grandes bancos del país. En épocas de vacas flacas, los recortes de gastos no hacen más que corroer la capacidad adquisitiva de amplias capas sociales, en especial la de las clases medias más bajas.

En una investigación minuciosa, el profesor Waldir Quadros, de la Universidad de Campinas (en el estado paulista), advirtió sobre la inversión de la curva positiva iniciada en 2003 cuando asumió Luis Inacio Lula da Silva. Su estudio, en base a datos de la Pesquisa Nacional de Muestras por Domicilio (PNAD), lo llevó a concluir: “La movilidad social avanzó en los dos primeros años del gobierno de Dilma, a pesar de los bajos índices de crecimiento económico. En cambio, a partir de 2013, se revela un escenario totalmente distinto y preocupante: se interrumpe un ciclo de mejoras iniciadas en 2004 para empeorar en forma significativa”.

El experto, doctor en ciencias económicas, aporta gráficos reveladores:

* Hubo una reducción de 4% de las clases medias altas.

* Una baja todavía mayor, de 8%, en la clase media-media.

* Aumenta, en cambio, la clase media baja; obedece en gran medida a quienes salieron del segmento superior para “caer varios pisos”.

* El grueso de la población brasileña (casi 59%), que se ubica precisamente en las capas medias, es la que sufre el mayor deterioro.

Al renunciar a la calidad de vida conquistada en los años anteriores, como por ejemplo los planes de salud prepagos, se genera una inevitable desilusión sobre su futuro, con Dilma o sin ella. A pesar de ser reciente, el análisis de Quadros aporta una nueva luz para entender el origen de la ola manifestaciones ocurridas en Brasil en junio y julio de 2013, y que continuó en menor escala en mayo de 2014, en vísperas del Mundial de Fútbol.

Marcio Pochmann, un gaúcho doctorado también en ciencias económicas en la Unicamp (Universidad de Campinas), tiene un análisis diferente. Parte de 1994, cuando el ex presidente Itamar Franco impuso el Plan Real, que fue la antesala de la victoria del también ex presidente Fernando Henrique Cardoso en 1995. Para este economista, “se advierten dos períodos distintos, en términos de acomodación social”. Hasta 2003 considerados los ingresos “la mayor parte de los sectores sociales perdían”. En cambio, desde 2004 en adelante “prácticamente todos los sectores registraron una mejora simultánea, por disminución del desempleo y la elevación del poder adquisitivo”. Agrega, también con datos del IBGE, “entre 1995 y 2002 solo 50% de la población conseguía mantener su rendimiento por encima de la inflación”.

Esos años de gobierno de Lula y de Rousseff implicaron subir de escala al 50% más pobre de la población (5,8%), con beneficios también para las capas medias y los ricos. Por eso, sostiene el economista, no habría tal polarización social, argumento que según dice pretendería justificar las movilizaciones de la oposición contra Dilma. Hoy domingo después de las de centro izquierda del viernes que cuestionaron el ajuste pero defendieron a Rousseff, habrá nuevas marchas convocadas por la oposición al gobierno y esas clases medias críticas que incluyen sectores extremistas pero minoritarios que piden “Afuera Dilma ya”, es decir un impeachment que saque a la presidente debido a la corrupción y la desilusión de la economía.

Por VERÓNICA GOYZUETA.

Este  martes se cumple un año del estallido del escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras, que está haciendo tambalearse al Gobierno deDilma Rousseff en Brasil. La Operación «Lava Jato» (Lavacoches) es la mayor investigación realizada sobre desvíos de fondos y fraudes de la compañía estatal, una de las mayores petroleras del mundo. Este caso surgió como desarrollo del escándalo «Mensalão» (Mensualidades), que llevó a prisión a los principales hombres del gobierno del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a finales de 2013.

El escándalo le costó el puesto en febrero a la presidenta de Petrobras, Graça Foster, y ha dejado a la empresa debilitada en la Bolsa y a merced de las agencias de calificación de riesgo. Al tratarse de la principal empresa y el mayor inversor en Brasil, la crisis de Petrobras ha debilitado la percepción de la economía del país y ha hundido la reputación de la presidenta Rousseff.

A partir de las investigaciones, que comenzaron en 2005, la Policía Federal identificó en 2009 al empresario Alberto Yousseff, involucrado en ambos escándalos. Yousseff era uno de los principales operadores financieros de un cartel formado por dieciséis grandes constructoras que se repartían los negocios de Petrobras. Él ha sido el principal delator de este escándalo, en el que mencionó como uno de los principales implicados a João Vaccari Neto, tesorero del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), el personaje que más complica la situación de Rousseff y del partido que gobierna en Brasil desde hace doce años. Vaccari y el PT niegan las acusaciones.
Las constructoras se infiltraron en áreas estratégicas de Petrobras, según el testimonio de Yousseff, a saber: los servicios de Abastecimiento, Internacional y Servicios, dirigidos por Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró y Renato Duque. Tras ser investigados, los tres han confesado varios detalles sobre el funcionamiento de la trama a cambio de la reducción de sus penas. Duque es el único de los tres que se encuentra en libertad, pero podría ser acusado formalmente de corrupción pasiva. Su antiguo hombre de confianza, Pedro Barusco, se libró de la prisión tras devolver más de cien millones de euros que ganó en sobornos. También se encuentran en prisión más de diez ejecutivos de empresas constructoras.

Políticos implicados
Las declaraciones de Costa y Yousseff revelaron los detalles más importantes de la trama, que involucra a más de cincuenta políticos clave como varios exgobernadores; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros; más de cuarenta congresistas, la mayoría aliados del Gobierno, y cuatro exministros de Rousseff: Edison Lobão (Energía y Minas), Antonio Pallocci (jefe de gabinete), Gleisi Hoffmann (jefe de gabinete) y Mário Negromonte (Urbanismo). Estos políticos habrían recibido comisiones de entre 10.000 y 40.000 euros para mantener a los directivos de Petrobras en sus cargos.

La lista presentada por el fiscal de la República, Rodrigo Janot, señala que Pallocci, exhombre fuerte del PT, habría usado fondos desviados de Petrobras en la campaña de Rousseff en 2010, por lo que la presidenta fue inicialmente incluida en la lista y luego retirada por falta de pruebas directas.

Algunos presidentes tienen que lidiar con protestas masivas en las calles, otros con escándalos de corrupción, dificultades económicas o aliados rebeldes. Pero la brasileña Dilma Rousseff enfrenta todo eso a la vez y la pregunta es cómo va a superarlo.

Los cientos de miles de personas que manifestaron este domingo en su contra en varias ciudades brasileñas son apenas la última señal de lo sombrío que se volvió el panorama para Rousseff, que en octubre logró una ajustada reelección.

Sólo en el centro de São Paulo hubo un millón de personas según la policía y 210.000 según la encuestadora Datafolha. Buena parte de los manifestantes reclamó la destitución de la mandataria por el escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras.

"Tienen que salir Dilma y el PT (Partido de los Trabajadores) entero", dijo Ricardo Langer, un ingeniero de 42 años que fue a la protesta de Río de Janeiro. "Está apareciendo cada vez más corrupción y la economía empeoró mucho".

Aunque varios juristas y opositores niegan que existan elementos para un impeachment de Rousseff, la magnitud de las protestas del domingo parece haber sorprendido al gobierno, que por la noche buscó responder a las demandas y recibió un "cacerolazo" en respuesta.

Analistas como Marcus Melo, profesor de ciencia política en la Universidad federal de Pernambuco, creen que Rousseff enfrenta una "tormenta perfecta" donde los problemas políticos y económicos se combinan con el creciente descontento social.

La tempestad "ya comenzó", dijo Melo a BBC Mundo.

Situación "grave"

Las señales de alerta no han parado de acumularse en el tablero de control del gobierno de Rousseff durante los últimos meses.

En el "caso Petrobras”, la justicia habilitó investigaciones contra 47 políticos por presuntas vinculaciones a los sobornos pagados por firmas constructoras para obtener contratos con la petrolera estatal.

La lista de indagados incluye a varios aliados clave del gobierno, como los presidentes de ambas cámaras del Congreso, así como exministros de Rousseff y miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

La Procuraduría descartó investigar a la propia presidenta, que encabezó el consejo de administración de Petrobras mientras ocurrían los supuestos sobornos. Algunos delatores sostienen que parte del dinero financió la campaña electoral de Rousseff en 2010.

A su vez, el escándalo aumentó el malestar de muchos aliados del gobierno en el Congreso (donde hay 22 diputados y 12 senadores bajo investigación), lo que generó más dudas sobre el respaldo legislativo real que tiene Rousseff.
Melo sostuvo que esto coloca en cuestión "la capacidad de la presidenta para dictar efectivamente la agenda de la política pública".
Esto ocurre mientras el gobierno prepara un ajuste fiscal que necesita aprobación del Congreso, y los inversionistas están tomando recaudos ante los riesgos que perciben.

El dólar subió 22% frente al real en lo que va de 2015, mientras hay previsiones de recesión económica este año y la inflación a 12 meses en febrero llegó a su mayor nivel en una década (7,7%).

"Lo que transforma la situación de Brasil (en algo) mucho más grave es que en este ciclo de crisis o dificultades económicas hay también una crisis política", explicó Carlos Antonio Luque, profesor de economía en la Universidad de São Paulo.

"Es muy difícil que los inversionistas recuperen la credibilidad en el país en medio de ese cuadro de incertidumbres políticas", agregó en diálogo con BBC Mundo.

"Estado democrático"
Brasil ya tuvo protestas masivas bajo el primer mandato de Rousseff, pero aquellas de 2013 contra la corrupción y los gastos del Mundial de Fútbol iban menos dirigidas al gobierno en particular y más a la clase política en general.
Lo que ocurrió este domingo fue claramente contra la presidenta y su partido.

"Apoyo el impeachment a Dilma. Quiero a Dilma fuera del gobierno brasileño", dijo Marcela Machado, una carioca que trabaja en la producción estética y asistió a la manifestación en el barrio turístico de Copacabana.
Otros fueron más lejos: varios manifestantes en diferentes puntos del país llevaban carteles pidiendo una "intervención militar", justo el mismo día en que Brasil conmemoraba los 30 años del restablecimiento de la democracia.
Estas protestas convocadas por redes sociales fueron significativamente mayores que los actos sindicales a favor de Rousseff y en defensa de Petrobras del viernes, que reunieron 33.000 personas según la policía y 175.000 según los organizadores.

Algunos asistieron a ambas manifestaciones, como Hermes Alves de Moura, un carioca de 63 años que dijo haber votado al PT y llegó a la protesta de Copacabana con un cartel de "defensa de Petrobras y la soberanía nacional".

"Defiendo al pobre. Ellos defienden a los ricos", dijo señalando a los manifestantes. "La corrupción tiene que caer, pero ellos estuvieron 500 años saqueando al país. No comenzó ahora la corrupción", dijo a BBC Mundo.
Minutos después, varios manifestantes comenzaron a insultarlo y Moura tuvo que retirarse de la protesta custodiado por policías. Hubo otras escaramuzas en diferentes protestas, pero la jornada transcurrió pacíficamente.

Con encuestas que marcan un derrumbe en el índice de aprobación de Rousseff (pasó de 42% en diciembre a 23% en febrero, según Datafolha), el gobierno parece reaccionar con cautela frente a las protestas.
La propia Rousseff indicó días atrás que apoya el derecho a la libre manifestación en las calles, sin violencia.

Y su ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dijo tras las protestas de este domingo (y de reunirse con Rousseff) que "Brasil vive un estado democrático que admite la disidencia" y "está muy lejos de cualquier alternativa golpista".

Mientras Cardozo hablaba y anunciaba el envío de propuestas anticorrupción al Congreso, se escucharon golpes de cacerolas y gritos de "fuera Dilma" en barrios de Río y São Paulo.

Pese a todo, el politólogo Melo evaluó que con varios ejecutivos presos y políticos investigados por el "caso Petrobras", muchos brasileños perciben que "las instituciones hasta ahora están funcionando".
"Eso no genera un sentimiento de desesperanza generalizado", agregó, "porque ahí sería muy malo para la gobernabilidad".