La presidenta Dilma Rousseff ya no podrá contar más con un aliado clave en su coalición de gobierno, lo que complicará sus esfuerzos para evitar el que podría ser el periodo más escabroso de la economía brasileña en 25 años. Líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mayor dentro de la coalición de Rousseff, culpan a la mandataria por su inclusión en una investigación de dirigentes políticos involucrados en un enorme esquema de corrupción en la compañía estatal Petrobras. Legisladores del PMDB dijeron que esperan que la disputa se vuelva más sucia en las próximas semanas, lo que haría menos probable que apoyen los esfuerzos de Rousseff para recortar el déficit presupuestario de Brasil y restaurar la confianza de los inversores en una economía con problemas.
“Su aprobación será dura. Son medidas muy polémicas que afectan los derechos de los trabajadores”, aseguró Leonardo Picciani, líder del PMDB en la Cámara de Diputados, sobre las dos iniciativas que le ahorrarían al Gobierno unos 18.000 millones de reales (U$S 5.740 millones) al año al restringir el acceso a pensiones y beneficios por desempleo. “El Gobierno tendrá que convencernos de que son realmente necesarias”, insistió.
La Justicia brasileña dio a conocer una nómina de 47 políticos -casi todos oficialistas- que serán investigados por nexos con el escándalo de desvío de fondos de Petrobras. En la lista están 22 de los 513 diputados federales y 12 de los 81 senadores, entre ellos los presidentes de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, y del Senado Federal, Renan Calheiros -segundo y tercero respectivamente en la línea de sucesión presidencial-, ambos del PMDB. Si bien pocos esperan que el PMDB rompa formalmente con el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff en los próximos meses, la abierta resistencia a sus propuestas legislativas se suma a la larga lista de problemas políticos y económicos que enfrenta la mandataria.
La economía se contraería al menos un 0,6 % este año, la inflación ya supera el 7 %, una extendida sequía ha elevado la posibilidad de un racionamiento del agua y la energía, y crece la indignación pública por el escándalo de corrupción en la petrolera que administra el Estado y se conoce como Petrobras.
El PMDB, que tiene sus orígenes en el regreso de la democracia en Brasil en la década de 1980 pero no una ideología clara, tiene más escaños en el Congreso que cualquier otro partido, incluido una cuarta parte del Senado. El vicepresidente de Rousseff, Michel Temer, también es miembro del PMDB. La reputación del partido de aliarse con el Gobierno de turno para obtener poder y beneficios está tan asumida que una revista satírica bromeó durante la reñida campaña electoral del año pasado que el PMDB apoyaría tanto a Rousseff como a Aécio Neves, el candidato opositor con el que disputó el balotaje.
Funcionarios del Gobierno han negado haber presionado al fiscal del caso Petrobras para incluir a líderes del PMDB en la lista de políticos bajo investigación por el escándalo de Petrobras. Sin embargo, desde que la lista fue divulgada, los líderes del partido han expresado su molestia con Rousseff y efectivamente bloquearon un aumento del impuesto a las remuneraciones que era clave en sus planes de austeridad. Los políticos investigados podrían enfrentar cargos y un juicio en los próximos meses y años, algo que posiblemente desate más conflictos.
Desde que se conoció, el escándalo de corrupción actual más grave de Brasil, el que hoy inunda Petrobras, sigue creciendo y alcanzando a más personajes encumbrados de la política brasileña. Los remezones de ese lamentable terremoto son tan intensos y significativos que hasta podrían afectar a la presidenta Dilma Rousseff. Por ahora su popularidad está cayendo, en una suerte de vertiginosa picada. El martes pasado -dos días después de que su discurso por el Día Internacional de la Mujer fuera opacado por "cacerolazos" en distintas ciudades- fue recibida directamente con abucheos a su llegada al Salón de la Construcción en San Pablo. Empresarios y sindicatos han criticado su programa de ajuste económico, y para el próximo domingo grupos ciudadanos organizados a través de las redes sociales convocaron a manifestaciones en todo el país en contra de la presidenta. La imagen positiva de Rousseff cayó 19 puntos entre diciembre y enero, y ahora es de apenas un 23 por ciento, con una negativa muy alta, cercana al 44% de los encuestados, según la empresa Datafolha.
Lo que sucede en Petrobras es extremadamente serio y ha afectado la imagen de una empresa que es realmente pionera en lo que tecnológicamente tiene que ver con la exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera. Por esa razón, Petrobras ha sido ciertamente respetada y reconocida en todo el mundo. Pero ocurre que hoy la empresa parecería tener dos caras: la que representa la excelencia en el tema técnico y otra, hasta hace muy poco oculta, invadida por la corrupción, tan profunda como extendida dentro y fuera del gigante petrolero brasileño, que ha sido terriblemente infectado por la política local.
Además, Petrobras está también sumamente debilitada por haber sido forzada, durante los cuatro años del primer mandato de Dilma Rousseff, a tener que operar a pérdida, subsidiando a los compradores de sus productos para tratar de combatir la inflación; vendiendo combustibles a pérdida, y sacrificando o engañando a los accionistas extranjeros que, por lo antedicho, no percibieron las utilidades que creyeron iba a generar su inversión.
A todo esto desgraciadamente se suma el haber sido groseramente utilizada por el partido oficialista, el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inacio Lula da Silva, para financiar ilegalmente sus actividades políticas y así mantenerse en el poder. Justamente, un arrepentido que participó en la red de sobornos de Petrobras acaba de involucrar directamente al tesorero del PT.
Paradójicamente, tanto Dilma Rousseff como la ahora ex presidenta de Petrobras María das Graças Fortes por las circunstancias, se vio obligada a renunciar a ese cargo con todo su directorio sostienen no haber tenido conocimiento alguno de lo que efectivamente sucedía. Lo que, por la profundidad y dimensión de la corrupción no parece demasiado creíble. Por esa razón fue que la Corte Suprema de Brasil dio vía libre al fiscal general para investigar a 49 políticos, incluidos los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, Eduardo Cunha y Renan Calheiros, respectivamente. La mayoría de los investigados rechazó las denuncias con diversos argumentos, y Cunha, por su parte, acusó a la fiscalía de politizar su trabajo.
Una tormenta compleja se cierne sobre todos, incluidas algunas importantes empresas proveedoras de Petrobras que intervinieron en los esquemas con los que se había intentado ocultar operaciones ilícitas por valor de casi 4000 millones de dólares entre 2004 y 2012. Mientras tanto, Petrobras ha perdido por ahora el acceso al mercado internacional de crédito y no tiene un balance trimestral certificado por sus auditores que aún están empeñados en la tarea de develar y cuantificar lo sucedido. Actualmente, Petrobras está siendo conducida por dos ex directivos del Banco de Brasil, cercanos ambos al PT: Aldemir Bendine e Iván de Souza Monteiro, que no tienen gran experiencia en el complejo mundo de los hidrocarburos.
Paralelamente, el nuevo ministro de economía brasileño, Joaquim Levy, está apuntando a cortar subsidios y reducir el gasto público dedicado a financiar los distintos programas sociales, con exclusión del llamado Bolsa Familia, que por ahora sigue siendo intocable. Su planteo es de austeridad, con medidas que podrían afectar el ritmo de desarrollo de Brasil, por lo menos por un tiempo, hasta que las cosas se puedan ordenar y equilibrar. Los brasileños, conscientes de la inestabilidad que los afecta en su propia casa, comienzan a invertir fuerte en el exterior, particularmente en México y los Estados Unidos.
Para Dilma Rousseff, el romance con su pueblo habría concluido. Hoy ella lucha por sobrevivir, lo que supone capear temporales cuya magnitud e intensidad aún no conoce acabadamente. La fragilidad entonces se ha apoderado del ambiente brasileño y presumiblemente su impacto adverso en el nivel de actividad económica de nuestro vecino podría tardar un buen rato en disiparse.
El ex presidente de Petrobras Sergio Gabrielli afirmó este jueves que, dado el "gigantesco" volumen de negocios de la empresa, era "imposible" detectar mediante mecanismos internos las corruptelas en la petrolera estatal brasileña.
"Esto es un caso de Policía y sólo la Policía podía descubrirlo", declaró Gabrielli ante una comisión parlamentaria que investiga una vasta red de corrupción que desde fines de la década de 1990 habría desviado miles de millones de dólares de la mayor empresa de Brasil.
Gabrielli explicó que para una empresa con unos 90.000 empleados y un volumen multimillonario de negocios es "imposible" detectar la actividad ilícita de unos "pocos directores".
Según el ex presidente de la compañía, "no hay ninguna corrupción sistemática en Petrobras", sino operaciones ilícitas practicadas por "algunos" de los directivos que han sido descubiertas y están en manos de la Justicia.
Las afirmaciones de Gabrielli, dirigente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), caldearon los ánimos de los diputados de opositores, que se afincaron en declaraciones de un ex gerente de la empresa que, en esa misma comisión, declaró que la corrupción en Petrobras se acentuó cuando esa formación llegó al poder.
Pedro Barusco, ex gerente de Servicios de Petrobras, detenido por el caso y quien se comprometió a devolver a los cofres públicos 100 millones de dólares producto de esas maniobras, aseguró que la corrupción "se institucionalizó" desde 2003, cuando el PT asumió el poder con Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor de la presidenta Dilma Rousseff.
El diputado Onyx Lorenzoni, del opositor partido Demócratas (DEM), respondió exaltado y tildó a Gabrielli de "cínico" y "cómplice" del "robo" en la empresa que presidió entre 2003 y 2012.
"Usted es cómplice de un asalto de proporciones gigantescas" y "responsable" de "la banda infiltrada por el PT en Petrobras", dijo Lorenzoni.
Gabrielli, por su parte, se limitó a precisar que no figura entre las personas investigadas por la Justicia, entre las que están 49 políticos, en su gran mayoría de la base de apoyo a Rousseff, así como ex directores de la compañía y decenas de empresarios.
Según la Policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios de las obras y luego parte de esa diferencia era repartida entre los directores de la petrolera y los políticos que encubrían las corruptelas.
El ex presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli afirmó hoy que, dado el "gigantesco" volumen de negocios de la empresa, era "imposible" detectar mediante mecanismos internos las corruptelas en la petrolera estatal brasileña.
"Esto es un caso de policía y sólo la policía podía descubrirlo", declaró Gabrielli ante una comisión parlamentaria que investiga una vasta red de corrupción que desde fines de la década de 1990 habría desviado miles de millones de dólares de la mayor empresa de Brasil.
Gabrielli explicó que para una empresa con unos 90 mil empleados y un volumen multimillonario de negocios es "imposible" detectar la actividad ilícita de unos "pocos directores".
Según el ex presidente de la compañía, "no hay ninguna corrupción sistemática en Petrobras", sinooperaciones ilícitas practicadas por "algunos" de los directivos que han sido descubiertas y están en manos de la Justicia.
Las afirmaciones de Gabrielli, dirigente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), caldearon los ánimos de los diputados de opositores, que se afincaron en declaraciones de un ex gerente de la empresa que, en esa misma comisión, declaró que la corrupción en Petrobras se acentuó cuando esa formación llegó al poder.
Pedro Barusco, ex gerente de Servicios de Petrobras, detenido por el caso y quien se comprometió a devolver a los cofres públicos 100 millones de dólares producto de esas maniobras, aseguró que la corrupción "se institucionalizó" desde 2003, cuando el PT asumió el poder con Luiz Inácio Lula da Silva, antecesor de la presidenta Dilma Rousseff.
El diputado Onyx Lorenzoni, del opositor partido Demócratas (DEM), respondió exaltado y tildó a Gabrielli de "cínico" y "cómplice" del "robo" en la empresa que presidió entre 2003 y 2012.
"Usted es cómplice de un asalto de proporciones gigantescas" y "responsable" de "la banda infiltrada por el PT en Petrobras", dijo Lorenzoni.
Gabrielli, por su parte, se limitó a precisar que no figura entre las personas investigadas por la Justicia, entre las que están 49 políticos, en su gran mayoría de la base de apoyo a Rousseff, así como exdirectores de la compañía y decenas de empresarios.
Según la policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios de las obras y luego parte de esa diferencia era repartida entre los directores de la petrolera y los políticos que encubrían las corruptelas.
La justicia brasileña aprobó ayer extender las investigaciones por sobornos en Petrobras al actual gobernador de Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezao, y su antecesor en el cargo, Sergio Cabral, y al mandatario del estado de Acre, Tiao Viana, los tres de la coalición gobernante.
La Fiscalía informó que detectó indicios de los crímenes de corrupción pasiva y lavado de activos en los testimonios de otros acusados, que brindaron información a cambio de una mejora en sus condenas, y que involucraron a los tres políticos con el desvío de recursos para campañas electorales.
La luz verde a las nuevas investigaciones la dio un tribunal superior con poderes para juzgar gobernadores y se sumarán al proceso por el escándalo de sobornos y desvío de dinero por unos u$s 4.000 millones en la última década, que ya había puesto bajo la lupa a 34 diputados de cinco partidos, en su gran mayoría oficialistas.
El presidente de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los investigados, acusó ayer al Fiscal General de haberlo puesto en esa lista por razones políticas, en su declaración ante una comisión de investigación en el Congreso.
Las nuevas revelaciones ocurren cuando la oposición prepara movilizaciones contra el gobierno de Dilma Rousseff en todo el país para el domingo.
