Por Gabriela Origlia.
El megacaso de corrupción de Petrobras alcanzó a la red de gasoductos troncales en Córdoba, proyecto que se cayó esta semana cuando el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) -que financiaba US$ 275 millones- dio de baja la operatoria porque, luego de seis años de trámites, la Nación no avaló el crédito que usaba como garantía la coparticipación.
La obra cordobesa aparece en la lista de 750 contratos que el cambista arrepentido Alberto Youssef entregó al juez del estado de Paraná, Sergio Moro; todas están sospechadas de sobreprecios y sobornos. En esa nómina (en las páginas 32 y 33) figura la empresa OAS, que salió segunda en la licitación asociada con Electroingeniería, una empresa cercana al kirchnerismo.
La UTE ganadora de la obra licitada en 2008 -durante el gobierno de Juan Schiaretti- estaba integrada por Andrade Gutierres, Iecsa y Britos, empresas que propusieron el crédito del Bndes. La compañía cordobesa (Britos) finalmente se bajó. En los últimos meses la firma apareció involucrada en un video presentado en un programa de televisión local -ahora en manos de la Justicia- en el que el empresario Hermann Karsten, dueño de Kolektor (cobradora de las deudas impositivas y las multas de la Caminera de Córdoba), planteaba a un periodista un acuerdo económico para no generar informes que complicaran a Britos.
El propietario del 60% de esa empresa es Horacio Miró (consuegro del jefe del Ejército, César Milani), que llegó a Córdoba en 1999, durante el primer gobierno de José Manuel de la Sota. Ocupó siempre cargos clave, pero de muy bajo perfil público. El senador Luis Juez lo califica como el "Lázaro Báez del gobernador".
Aunque la constructora negó "tener licitación pública ni privada" ni haber celebrado ningún "convenio como contratista de obra pública" en Córdoba, en diciembre, en su web institucional aparecían como "trabajos recientes" el Camino del Cuadrado, el del cerro Los Linderos y la ampliación del Camino de las Altas Cumbres.
Ayer, seis legisladores de la oposición liderados por Aurelio García Elorrio (bloque Encuentro Vecinal) presentaron ante la justicia cordobesa un pedido de exhorto para que el juez Moro informe "si pudo haber también un pago de coima vinculado a la obra de los gasoductos de Córdoba" y, en ese caso, que remita copia de todos los datos.
En diálogo con LA NACION, García Elorrio explicó que en una de las últimas fases del operativo Lava Jato habían sido detenidos 27 directivos de diez empresas, entre ellos ejecutivos de Andrade Gutierres, integrante de la UTE ganadora de la licitación de los gasoductos. Están sospechados de pagar coimas a cambio de cerrar contratos. "Youssef entrega la lista de las coimas en las que él intervino como mediador a cambio de una reducción de su pena", dice el legislador.
En ese listado, el contacto para OAS en la Argentina está identificado como Luis Leandro, mencionado en tres oportunidades; en una se indica que la "propuesta" es equivalente a 60 millones de reales, unos US$ 28 millones. Las fechas consignadas en el documento son octubre y diciembre de 2008 y siempre se menciona la red troncal para Córdoba como referencia. El llamado a licitación por los gasoductos se publicó en el Boletín Oficial provincial el 5 de setiembre de ese año, mientras que el 1 de junio de 2009 el Ejecutivo autoriza a adjudicar la obra a la UTE encabezada por Andrade Gutierres.
El listado de Youssef incluye 747 obras y menciona 170 empresas, la mayoría constructoras. Los trabajos suman unos US$ 4600 millones. "Todas actuaban de manera cartelizada -agrega García Elorrio-. Así, no debemos perder de vista, por ejemplo, que Miró es socio desde hace años de Osvaldo Cámara, quien en su empresa Fundo San Juan cita domicilio donde funciona Electroingeniería en la Córdoba. El otro integrante de Fundo es Osvaldo Acosta, propietario de esa empresa. Todo esto indica que el grupo económico que controlaba Miró también está vinculado con gente allegada al kirchnerismo".
Los legisladores que hicieron la presentación en la Justicia afirman que quieren saber si, "como consta en la lista, a Youssef le pidieron que hiciera llegar la oferta de coima, él activó el trámite y quién la cobró"..
¿Por qué la obra de gasoductos cordobeses aparece mencionada tres veces en la mega investigación por lavado de dinero y corrupción –denominada Lava Jato– que lleva adelante la Policía Federal brasileña?
Con el objetivo de conocer esa respuesta, un grupo de legisladores de la oposición parlamentaria presentó ayer documentación del tema ante la Fiscalía Anticorrupción de Marcelo Hidalgo y le pidió, mediante un escrito, que tramite un exhorto ante la Justicia del vecino país para poder acceder a detalles de esa investigación que ayuden a determinar si se pagaron coimas.
Sucede que en esa pesquisa, que trata de establecer si se lavaron activos a través de empresas vinculadas a la petrolera estatal Petrobras, aparece la adjudicación de obras en Córdoba que, inicialmente, iban a ser realizadas por las empresas brasileñas Oas y Andrade Gutierrez asociadas, en tándem, a las locales Electroingeniería y Britos SA, esta última propiedad del exfuncionario delasotista Horacio Miró.
Esta semana se terminó de caer la financiación internacional, a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para la concreción de esa obra vital para distribuir gas natural a más de 300 mil cordobeses.
Oas, Andrade Gutiérrez y los gasoductos figuran en un extenso listado que uno de los máximos implicados en el caso, Alberto Youssef, hoy detenido, entregó a la Justicia a cambio de atenuar la pena futura.
En ese entramado de corrupción, Youssef aparentemente se dedicaba a pagar coimas a funcionarios, políticos y directivos de Petrobras a cambio de la adjudicación de obras a empresas constructoras brasileñas que trabajaban cartelizadas.
En la nómina que aportó Youssef, la obra de los gasoductos aparece con una supuesta coima vinculada a algo más de 60 millones de reales, unos 28 millones de dólares. Y la “propuesta” (así figura) tiene fecha de diciembre de 2008. La Provincia adjudicó esa obra meses después, en 2009, durante el gobierno de Juan Schiaretti.
Para el legislador Aurelio García Elorrio, quien encabezó el requerimiento ante Hidalgo, estas fechas son “clave”. Y se preguntó cómo la administración de entonces adjudicó esos trabajos a estas empresas que “funcionan cartelizadas desde los 90” en Brasil. Los legisladores Rodrigo de Loredo, Liliana Montero, Ricardo Fonseca, Roberto Birri y Javier Pretto acompañaron el pedido.
Una obra sospechada
La obra que no fue. Se trataba de la construcción de los ductos de los sistemas Regionales “Centro, Sur y Ruta 2” y “Norte y Este”, en el marco del Programa de Gasificación de Localidades del Interior de la Provincia de Córdoba. La obra fue licitada
por un monto de 267 millones de dólares. Los trabajos iban a beneficiar a 100 pueblos, es decir unos 300 mil habitantes.
Sospechas. Estas obras figuran en un listado que uno de los detenido por la Justicia brasileña, Alberto Youssef, entregó a las autoridades para atenuar la pena en el marco de la investigación por corrupción “Java lato”. Allí se menciona una supuesta coima por el monto de 60 millones de reales (28 millones de pesos) adjudicada a los gasoductos cordobeses.
