Tras varios meses de trabajo, finalmente el gobierno concretó el ingreso de la indicación sustitutiva al proyecto de ley que busca dar protección especial a los glaciares.
Entre los puntos primordiales que se desprenden del articulado está que la Dirección General de Aguas (DGA) será el organismo que tendrá mayor importancia a la hora de evaluar distintas acciones frente a estos cuerpos de hielo.
Un tema especialmente sensible para la industria será la revisión de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) que hará la autoridad una vez promulgada la normativa.
El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó que le llama la atención la preocupación en torno a este tema, porque la normativa vigente hoy permite revisar una RCA cuando se materializa un impacto ambiental no previsto.
"Lo que hemos incorporado en la ley son plazos para que el titular que eventualmente esté interviniendo un glaciar que pueda estar afecto a alguna categoría de protección especial, le informe al ministerio para establecer medidas de monitoreo especial y, eventualmente, medidas de mitigación", explicó.
Badenier se mostró satisfecho con el articulado, porque "permite materializar el acuerdo con los diputados, lo que a su vez permite explicitar que los glaciares son bienes nacionales de uso público y que no se pueden constituir derechos de agua sobre ellos".
Además, dijo que los 23.414 glaciares que hay en el país tendrán una mejor protección que antes, para lo cual se está reforzado la legislación vigente.
Aunque el proyecto no tiene urgencia, se espera que la tramitación no sea trabada, producto que surge de un acuerdo previo en el Congreso.
“El proyecto que presentó el gobierno para reemplazar la iniciativa en tramitación en la Cámara de Diputados deja en la desprotección absoluta la mayoría de los glaciares de Chile”. Esa fue la drástica conclusión a la que llegaron varias organizaciones ambientales del país tras conocer el texto que este martes ingresó el Ejecutivo al Congreso Nacional.
Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable, explicó que la iniciativa de la actual administración “protege sólo los glaciares existentes en parques nacionales (que ya están salvaguardados), condenando a todos los demás a ser sujetos de evaluación de impacto ambiental y posibles de ser intervenidos. Esto constituye un saludo a la bandera, pues el proyecto del gobierno ingresó sin financiamiento y sin informe financiero”.
Matías Asún, director nacional de Greenpeace, puntualizó que “en conclusión, esta iniciativa que revisará la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados le entrega los glaciares a las corporaciones mineras para que puedan ser intervenidos y destruidos en las zonas con mayor crisis hídrica del país. Derechamente declara sacrificables nuestras reservas de agua”.
A partir de las 15 horas de esta tarde el ministro Pablo Badenier presentará la propuesta ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
Cambios del gobierno a la moción parlamentaria
El proyecto del Ejecutivo solo prohíbe obras, programas o actividades comerciales en glaciares que se encuentren en parques nacionales o reservas de regiones vírgenes, excluyendo los más importantes de la zona norte y centro del país, que son precisamente las reservas de agua fundamentales en las áreas de mayor estrechez hídrica. Y podría salvaguardar algunos fuera de áreas protegidas solo si el Comité de Ministros para la Sustentabilidad los considerara reservas relevantes de agua, sin proponer instrumentos ni fondos públicos que permitan su identificación.
“Dejar a merced de empresas y consultoras del SEIA la información sobre la importancia de cada glaciar, implicaría perpetuar el criterio casuístico sujeto a estudios privados, es decir, perpetuar la misma amenaza que sufren actualmente” explicó Sara Larraín.
Todos los que no entren en dicha categoría, que sería la mayoría, serán evaluados en el marco del SEIA caso a caso y condicionados a un permiso sectorial de la Dirección General de Aguas (DGA) que determinaría si pueden o no ser intervenidos. Mismo organismo que ha permitido su destrucción a través de proyectos como Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Los Pelambres. “Es como si permitir o no la violación de los derechos humanos fuera evaluado por un organismo técnico”, expresó Flavia Liberona directora de Fundación Terram.
Por último Matías Asún puntualizó que “la Presidenta no cumplió. Esta no es una ley de glaciares, es un traje a la medida para las mineras que hoy nos tienen como país record en destrucción de glaciares”.
