Durante este mes deberá estar lista la carta gant que permitirá planificar la aplicación de los ocho puntos del acuerdo que logró la comunidad de Salamanca, la minera Los Pelambres y el Gobierno, después de una extensa reunión entre las partes.
Así lo detalló uno de los voceros de las comunidades movilizadas, Ismael Maldonado, quien proyectó que la construcción de la planta desalinizadora, la mayor petición de la comunidad, podría estar en marcha en un periodo de tres años.
Se trata de un acuerdo que se logró tras 15 días de movilizaciones y que cuenta de ocho puntos que incluye: la creación de una alianza público-privada para realizar el proyecto de la planta desalinizadora, utilizando el sistema de concesión, y quedando a manos de la minera el estudio del proyecto.
Además, que ante la posible expansión de Los Pelambres, la empresa utilice agua de mar. Que en el plazo de un año la minera financie el estudio del embalse de cabecera, y que en alianza público-privada también se haga una planificación territorial para el manejo integral de la cuenca del Choapa.
Mientras que otro de los puntos, es financiar un sistema de revestimiento de canales y reservas interprediales para asegurar el recurso hídrico a los agricultores de la zona.
El gerente de asuntos externos y sustentabilidad de minera Los Pelambres, Juan Araneda, valoró el acuerdo y manifestó la intención de mantener el camino logrado con éste.
Pero en Caimanes la situación es diametralmente distinta. El vocero del movimiento del lugar, Cristian Flores, explicó que esperan que este viernes Los Pelambres detenga el depósito de relaves. Si bien dijo que están conscientes que la demolición del tranque puede demorarse muchos años, para ellos lo importante es poder recuperar en algún momento el valle.
Desde la Sociedad Nacional de Minería, su presidente, Alberto Salas, sostuvo que éste es un fallo imposible de cumplir.
Este mediodía, diversas organizaciones por la defensa del agua se manifestaron a las afuera de La Moneda, donde entregaron una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, a quien exigieron la salida del subecretario del Interior, Mahmud Aleuy, a quien acusan de la violencia en la zona durante las manifestaciones sociales en el lugar.
A pesar de que ayer se llegó a un acuerdo con las comunidades de Choapa, que destraba una de las dos aristas del caso, la situación judicial que enfrenta Minera Los Pelambres sigue siendo delicada para el grupo Luksic.
La orden emanada desde el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Los Vilos que ordenó la demolición del tranque de relaves El Mauro, pone en riesgo la continuidad de la mina, la de mayor producción de Antofagasta Minerals y, tal como lo expresó hace dos días el presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Diego Hernández, también de todos los contratos vigentes con proveedores y colaboradores.
A pesar de que el caso lleva casi siete años, la situación actual forzó al grupo a tomar algunas medidas. La primera de ellas, según trascendió, fue la de relevar el rol de los abogados Nicolás Luco y José María Eyzaguirre García de la Huerta, de Claro & Cia., quienes actúan como asesores legales de Antofagasta Minerals.
Ambos ya se habían hecho parte del caso, junto con el equipo legal de la compañía.
Por el lado de Minera Los Pelambres, quien lleva el caso es el jefe del área legal, abogado Renzo Stagno, junto con el vicepresidente de Asuntos Legales de AMSA y presidente del directorio de Minera Los Pelambres, Francisco Veloso.
Apelación
El plazo que tiene la compañía para presentar su apelación al fallo del tribunal de Los Vilos vence este viernes y la compañía ya anunció que iba a recurrir a la sentencia.
La firma buscará que se le autorice un nuevo plan de obras, dada la disconformidad manifestada por la Justicia a la propuesta anterior. Esto es crítico porque para la compañía no es posible demoler el tranque de relaves no sólo por que a AMSA le interesa seguir operando Los Pelambres, cuestión que no podría ocurrir sin esa instalación, sino que por el efecto ambiental y sanitario que se produciría si se da curso a la medida dictada por el Tribunal.
“Demoler la pared del tranque El Mauro, que fue autorizado de acuerdo a nuestra legislación ambiental y cumple todas las normas para su correcta operación, provocaría grandes daños a la comunidad de Caimanes y al medio ambiente”, señaló la empresa en un comunicado el día lunes.
En la otra arista de la pugna judicial, la compañía alcanzó ayer un acuerdo con las comunidades de Salamanca y Choapa, para “abordar de manera conjunta” la problemática de la falta de agua.
El pacto considera la creación de “una alianza público-privada con Minera Los Pelambres para desarrollar el proyecto correspondiente a una planta desalinizadora cuyos usos del recurso hídrico serán definidos por la comisión de trabajo, que reunirá a los actores sociales y productivos de la zona. Utilizando el sistema de concesión, asumiendo Minera Los Pelambres el estudio de este diseño”, señala el documento firmado por las comunidades, el Estado de Chile y la compañía. En este acuerdo macro no se condiciona la construcción de la desalinizadora al proyecto de expansión, que fue lo que originó la molestia de las comunidades.
Con un cierre de las puertas de locales del comercio, entre las 13:00 y las 15:00 horas, y con una marcha por las calles de Salamanca, vecinos, comerciantes, contratistas y personas que prestan directa o indirectamente servicios a Minera Los Pelambres, marcharon en apoyo a la firma.
Los manifestantes tienen la preocupación que, tras la el fallo del juzgado de Los Vilos, que ordena la demolición del Tranque El Mauro, la minera no pueda seguir operando, ya que no tiene ninguna alternativa para funcionar, al menos hasta que se tramite y construya un nuevo tranque de relaves, lo que podría tardar varios años en concretarse.
Esto ha generado preocupación entre los trabajadores directos de indirectos de la Minera, así como a todos quienes les prestan servicios tales como hoteles, comercio, insumos y servicios en general en Choapa, especialmente en Salamanca, que temen perder sus fuentes de trabajo.
Matías González, que mantiene una empresa de servicios a la minería señaló que "estamos haciendo esta manifestación para mostrar nuestro descontento a lo que está pasando en Salamanca, para mostrar nuestro descontento con el fallo del tribunal hacia el cierre del tranque El Mauro. Esto nos afecta a todos los que estamos acá. A los que trabajamos directamente con la Compañía minera Los Pelambres, como también a todo el comercio acá" señaló.
Ana María Cuevas, Dueña Restorán Plaza de Salamanca, señaló que "Salamanca va a morir de a poquitito. Acá las ventas han bajado un montón. Acá todos vivimos de la Minera, todos. La nana que les hace el aseo a los chiquillos allá arriba, el caballero de las papas fritas, nosotros que le damos la comida...si mañana el tranque se cierra y la minera se va, los colegios van a quedar si niños, la gente va a tener que emigrar".
El transportista Ricardo Tapia agregó que "más de 30 personas se verían afectados (con el cierre) en el caso de nosotros, pero como empresa Ensotrasal, son más de 140 trabajadores" señaló.
Tras el acuerdo que puso fin a la discrepancia sobre la instalación de una planta desaladora en Salamanca, ahora el temor entre comerciantes y contratistas de la comuna es que el fallo por Caimanes signifique de todas maneras el cese indefinido de las funciones de Minera Los Pelambres, de no acogerse la apelación de minera.
La marcha se desarrolló de manera pacífica.
La parlamentaria valoró el acuerdo logrado en Salamanca que sustenta una alianza del sector público-privado entre el Estado y la empresa Pelambres, con el propósito de construir una planta desalinizadora que asegure el suministro de agua para la comuna.
Del mismo modo, Muñoz destacó el importante rol asumido por los dirigentes de la localidad nortina ya que “ellos lograron instalar en la agenda política nacional, pese a la fuerte represión a la que fueron sometidos, un tema vital para los habitantes de la zona, que tiene que ver con la búsqueda urgente de agua, mediante la utilización de instrumentos tecnológicos”.
En este sentido la congresista enfatizó que si bien es importante enfrentar la emergencia inmediata, también es urgente coordinar y definir una agenda nacional de búsqueda de #AguaAhora “es ahora que la gente no tiene agua para la bebida humana, ni para la agricultura, ni tampoco para las necesidades básicas, domésticas ni sanitarias”, aseveró.
Por lo tanto la Presidenta de la Comisión Hídrica del Senado subrayó que “las autoridades deben recoger esta decisión de la comunidad de Salamanca de decir- Basta Ya- y comenzar de forma seria a considerar a las plantas desalinizadoras como un método efectivo y que está siendo utilizado en muchos países del mundo para combatir los efectos de la sequía”.
