La Contraloría General de Brasil abrió hoy un proceso administrativo sobre diez empresas, que se suman a otras ocho investigadas desde diciembre pasado, por su vinculación en la trama de corrupción que salpica a la petrolera estatal Petrobras.
Entre las empresas investigadas, que pueden ser excluidas de cualquier licitación pública si son halladas culpables de las irregularidades, se encuentran Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, y dos de sus subsidiarias: Odebrecht Óleo e Gás y Odebrecht Ambiental.
Además se abrió un proceso a Andrade Gutierrez, Alumni Engenharia, GDK, Promon Engenharia, Fidens Engenharia, y dos empresas del sector petrolero, Sanko Sider y SOG Óleo e Gás.
En diciembre la Contraloría abrió procesos contra las constructoras Camargo Correa, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvão y UTC-Constran.
Las investigaciones continúan abiertas y la Contraloría no descarta que se abran procesos administrativos a otras compañías que tenían contratos fraudulentos con Petrobras.
Los procesos de la Contraloría pueden generarles a estas empresas la prohibición de firmar nuevos contratos en licitaciones públicas, además de la aplicación de multas y otras penas.
Esto podría dejar fuera del mercado a las cinco mayores constructoras de Brasil -Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvão-, que se suelen repartir la mayoría de las obras públicas del país.
Las investigaciones de la Policía se desarrollan desde hace cerca de un año y han encontrado indicios de que las constructoras llegaron a un acuerdo para elevar el precio de los contratos que firmaban con la petrolera, para repartir esos fondos entre ejecutivos de Petrobras y decenas de políticos.
Hasta ahora la Policía ha detenido a tres ex directivos de la petrolera y a un grupo de ejecutivos de estas grandes empresas.
El Tribunal Supremo también ordenó el viernes pasado abrir investigaciones a 49 políticos entre ellos 12 senadores, 22 diputados y 12 ex parlamentarios de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista.
La red de corrupción está enquistada en la petrolera desde hace más de una década y, según las investigaciones, se puede haber apropiado de decenas de millones de dólares.
Entre las empresas investigadas, que pueden ser excluidas de cualquier licitación pública si son halladas culpables de las irregularidades, se encuentran Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, y dos de sus subsidiarias: Odebrecht Óleo e Gás y Odebrecht Ambiental. Además se abrió un proceso a Andrade Gutierrez, Alumni Engenharia, GDK, Promon Engenharia, Fidens Engenharia, y dos empresas del sector petrolero, Sanko Sider y SOG Óleo e Gás.
El pasado diciembre la Contraloría abrió procesos administrativos contra las constructoras Camargo Correa, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvão y UTC-Constran.
Las investigaciones continúan abiertas y la Contraloría no descarta que se abran procesos administrativos a otras compañías que tenían contratos fraudulentos con Petrobras.
Consecuencias.
Los procesos de la Contraloría pueden acarrearles a estas empresas la prohibición de firmar nuevos contratos en licitaciones públicas, además de la aplicación de multas y otras penas.
Esto podría dejar fuera del mercado a las cinco mayores constructoras de Brasil —Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa, OAS y Queiroz Galvão—, que se suelen repartir la mayoría de las obras públicas del país.
Las investigaciones de la Policía Federal se desarrollan desde hace cerca de un año y han encontrado indicios de que las constructoras llegaron a un acuerdo para elevar el precio de los contratos que firmaban con la petrolera, para repartir esos fondos entre ejecutivos de Petrobras y decenas de políticos.
Hasta ahora la Policía ha detenido a tres exdirectivos de la petrolera y a un grupo de ejecutivos de estas grandes empresas. El Tribunal Supremo también ha ordenado abrir investigaciones a 49 políticos con foro privilegiado, entre ellos 12 senadores, 22 diputados y 12 exparlamentarios de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista. La vasta red de corrupción está enquistada en la petrolera estatal desde hace más de una década y, según las investigaciones, se puede haber apropiado de varias decenas de millones de dólares.
PROTESTAS.
En este contexto, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la mayor fuerza opositora, ratificó ayer su apoyo a las protestas convocadas para el próximo domingo contra el Gobierno de Dilma Rousseff, al que acusó de promover "una degradación moral" y un "desastre económico-social". En una nota oficial, el PSDB expresó su "solidaridad" con las "manifestaciones de indignación" que muchos sectores del país han mostrado en los últimos días contra el Gobierno, expresadas mediante algunos cacerolazos o abucheos directos a Rousseff, como ocurrió la víspera durante un acto al que asistió la mandataria en San Pablo.
El comunicado dice que "el PSDB defiende la libre manifestación de la opinión y el derecho a la expresión de los ciudadanos y, por tanto, apoya los actos pacíficos y democráticos convocados para el día 15 de marzo en todo el país".
Rousseff, reelegida el año pasado, asumió su segundo mandato el 1º de enero y desde entonces su popularidad se ha derrumbado hasta casi un 20%, lo que los analistas atribuyen a una delicada situación económica y corruptelas en la estatal Petrobras, que alcanza directamente al partido de gobierno. Las protestas han sido convocadas por diferentes grupos opositores que tienen, sin embargo, sus fuertes diferencias.
Crisis: analistas ven las peores señales
La inestabilidad política generada en Brasil a raíz del "caso Petrobras" y las consecuencias que dicha fragmentación pueda tener sobre la economía pusieron en jaque esta semana el mercado local y reforzaron la depreciación del real, que ha perdido 15% de su valor en lo que va del año. La tormenta perfecta que sobrevuela el gigante latinoamericano, generada por un gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal y una economía cada vez más debilitada, ha llevado a los inversores brasileños a mantener un clima de cautela ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en los próximos meses, tanto en clave política como económica. "El deterioro del escenario político que ha tenido lugar esta semana ha aumentado el riesgo de que el Gobierno no consiga implementar las medidas de ajuste fiscal", dijo el analista Rafael Ohmachi, de la corredora de valores SLW.
Según las últimas proyecciones de los analistas de los bancos privados, el producto interno bruto (PIB) de la mayor economía de América Latina se retraerá un 0,66% este año y la inflación será del 7,77%, por encima del techo fijado por el Gobierno (6,50%)
Además de la crisis política y económica a nivel interno, el real brasileño se ha visto afectado por la coyuntura internacional, especialmente por la mejora de los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos que dejan entrever que la Reserva Federal Estadounidenses (FED) subirá los tipos de interés "más pronto que tarde".
La Contraloría General de la Unión (CGU) de Brasil informó este miércoles que abrió un pesquisa sobre otras 10 firmas de construcción que tienen contratos con la petrolera estatal Petrobras, involucrada en un enorme escándalo de corrupción.
El caso fue presentado contra Alumni Engenharia, GDK, Promon Engenharia, Andrade Gutierrez, Fidens Engenharia, Sanko Sider, Odebrecht, Odebrecht Óleo e Gás, Odebrecht Ambiental y SOG Óleo e Gás, según la autoridad.
El proceso podría impedirle a las empresas que firmen nuevos contratos, además de generar multas y otras penas.
En diciembre, la CGU abrió un pesquisa contra ocho firmas de construcción que tenían vínculos con Petrobras, sumida en una investigación sobre una red de corrupción al interior la petrolera, en un caso conocido como "Lavado de Autos".
Como parte del esquema, varias firmas de ingeniería han sido acusadas de formar un cartel que canalizó fondos desde los contratos de Petrobras hacia políticos brasileños.
Por JOE LEAHY.
Por como han sido los primeros dos meses de su segundo mandato, a la presidenta de Brasil Dilma Rousseff se le vienen cuatro años brutales hasta 2018, año en que terminará su presidencia.
La líder de centroizquierda no sólo se tambalea con el inmenso escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, sino que enfrenta a una clase media que se muestra mucho más enojada en las grandes ciudades del país.
Los brasileños tienen razón en estar enfadados. Más allá del affair de corrupción, en el que están implicados políticos de la coalición que gobierna el país, a muchos les indigna la manera en que Dilma está manejando la economía, que solía ser próspera. Durante su primer mandato, su gobierno aplastó los precios de la energía y de los combustibles y se embarcó en un prolongado plan de estímulo fiscal y generosos préstamos otorgados por bancos estatales. Eso condujo a una alza de la inflación pero alentó poco las inversiones en el sector privado.
Y ahora está tomando duras medidas para ordenar las finanzas públicas y volver a tener superávit.
Aunque los votantes brasileños sientan una gran desilusión, el escándalo de corrupción dejó un resultado positivo. Demostró la creciente independencia de la instituciones de Brasil, en particular la policía federal, la oficina de la procuración general y los tribunales, que bien podrían haber tapado el caso.
Rousseff nunca buscó públicamente dominar las investigaciones. Pero probablemente no habría podido hacerlo aunque hubiese querido.
Los brasileños, que en general son conservadores desde el punto de vista político, no se deciden si pedir el juicio político de Rousseff por miedo a la inestabilidad.
Si se viera forzada a renunciar y su vicepresidente, Michel Temer, no pudiera reemplazarla en el cargo su partido también está implicado en el escándalo los siguientes en la línea para ocupar el cargo podrían ser los presidentes de las cámaras baja y alta del Congreso, Renan Calheiros y Eduardo Cunha. Sin embargo, ambos hombres también están acusados de haber participado del caso Petrobras. Si nadie del Congreso pudiera actuar como presidente del país, el sillón pasaría a ser ocupado por el presidente de la Corte Suprema
Sin embargo, Brasil probablemente evite enfrentar esa clase de confusión.
Un presidente permanente sólo puede ser sometido a juicio político por hechos cometidos durante el actual mandato, aseguran los abogados.
Como Rousseff lleva sólo dos meses de su segunda presidencia, es poco probable que ya haya tenido tiempo para quedar involucrada en cualquier delito procesable.
El principal índice de acciones de Brasil subió el miércoles tras cinco sesiones a la baja, apoyado principalmente por los papeles de los bancos privados y de Petrobras.
* El Bovespa avanzó un 1,27 por ciento a 48.905 puntos tras perder casi un 6 por ciento en las cinco sesiones previas. El volumen financiero de la jornada fue de 7.000 millones de reales.
* Operadores consultados por Reuters dijeron que el movimiento de la bolsa fue un ajuste amparado en la situación relativamente calmada de los mercados externos.
* El resultado de la negociación fiscal repercutió sobre el mercado. El martes, el Gobierno accedió a una exención tributaria mayor que la planificada para los trabajadores de menor sueldo, evitando una vergonzosa derrota en el Congreso.
* Los papeles de Braskem se desplomaron casi un 20 por ciento, después que la empresa fuera citada en investigaciones por corrupción en el país, mientras que los de la aerolínea Gol se dispararon un 9 por ciento.
* Las acciones de Itaú Unibanco y Bradesco avanzaron un 3,39 y un 3 por ciento, respectivamente, tras las fuertes caídas del martes, mientras que las de Ambev ganaron un 2,32 por ciento.
* Las acciones preferentes de Petrobras subieron un 2,81 por ciento tras la fuerte caída del martes, pese a la volatilidad de los precios del petróleo.
* BTG Pactual rebajó su recomendación para las acciones de Brasil a "desempeño inferior al del mercado" en su estrategia de acciones para América Latina de marzo, diciendo que las variables macroeconómicas del país se siguen deteriorando, en un ambiente político afectado además por el escándalo de corrupción en Petrobras.
* Los papeles de Braskem se desplomaron casi un 20 por ciento para cerrar en 11,03 reales, su valor mínimo desde el 25 de julio de 2012. Un reporte de Folha de S.Paulo sostuvo que la firma habría pagado sobornos para comprar materia prima más barata de Petrobras entre 2006 y 2012, lo que fue negado por la compañía.
* En tanto, el real cayó un 0,77 por ciento a 3,1278 unidades por dólar. En la víspera, la moneda interrumpió una racha de seis bajas seguidas y subió un 0,82 por ciento, a 3,1040 unidades.
(Editado en español por Javier Leira)
El Ministerio Público Federal de Brasil anunció ayer que logró recuperar 139,66 millones de reales (unos 46,55 millones de dólares) que habían sido depositados en cuentas bancarias de Suiza por un exgerente de Petrobras involucrado en un gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera.
Según el comunicado, el dinero fue depositado en la cuenta de la Justicia Federal de la sureña ciudad brasileña de Curitiba, donde se desarrollan las investigaciones sobre el desvío de fondos de Petrobras para pagar sobornos a funcionarios y para financiar partidos políticos, y se sumó a cerca de 800 millones de reales (266 millones de dólares), recuperados hasta el momento.
El dinero repatriado pertenecía a Pedro Barusco, exgerente de la empresa que confesó a la Justicia que logró acumular en cuentas suizas unos 97 millones de dólares resultantes de sobornos que recibió de constructoras que tenían contratos con la petrolera.
Barusco firmó con la Fiscalía un acuerdo de delación premiada, mediante el cual aceptó devolver el dinero desviado y suministrar informaciones sobre el esquema de corrupción a cambio de una disminución de su condena. El martes ante una comisión del Congreso que también investiga la trama de corrupción, confirmó que recibió sobornos de la empresa holandesa SBM Offshore que habrían sido utilizados para financiar la campaña presidencial de Dilma Rousseff en 2010.
La Fiscalía también busca recuperar unos 26 millones de dólares depositados en bancos suizos por otro integrante de la red ilegal, el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa.
En tanto, la Contraloría General de Brasil abrió ayer un proceso administrativo sobre diez empresas, que se suman a otras ocho investigadas desde diciembre pasado, por su vinculación en el llamado "Petrolão".
Entre las compañías investigadas, que pueden ser excluidas de cualquier licitación pública si son halladas culpables, se encuentran Odebrecht, la mayor constructora de Brasil, y dos de sus subsidiarias: Odebrecht Óleo e Gás y Odebrecht Ambiental.
Además se abrió un proceso a Andrade Gutiérrez, Alumni Engenharia, GDK, Promon Engenharia, Fidens Engenharia, y dos empresas del sector petrolero, Sanko Sider y SOG Óleo e Gás.
Las investigaciones continúan abiertas y la Contraloría no descarta que se abran procesos administrativos a otras compañías que tenían contratos fraudulentos con Petrobras. Hasta ahora la Policía detuvo a tres exdirectivos de la petrolera y a un grupo de ejecutivos de estas grandes empresas.
El Tribunal Supremo Federal (STF) también ordenó el viernes pasado abrir investigaciones a 49 políticos entre ellos 12 senadores, 22 diputados y 12 exparlamentarios de cinco partidos, en su gran mayoría de la base oficialista.
