Por Gabriela Origlia.
Por la falta de respuesta del Ministerio de Economía de la Nación, el gobernador José Manuel de la Sota resolvió rescindir los contratos de obra suscriptos con una Unión Transitoria de Empresas (UTE) para ejecutar los gasoductos troncales financiados por el brasileño Banco Nacional de Desarrollo (Bndes). Se trataba del proyecto más ambicioso de la gestión del ex gobernador Juan Schiaretti, que apuntaba a llevar gas natural a 400.000 cordobeses en 130 localidades del interior provincial, además de servir a unas 1000 industrias.
El préstamo del Bndes -por US$ 257 millones- se acordó en 2009 a una tasa del 4,05% anual y 10 años de plazo con dos de gracia. La garantía era la coparticipación. Aunque en un primer momento se consiguió la venia de la Casa Rosada, los avales no se concretaron. El crédito cubría el 75% de la obra y el resto de los fondos -la inversión total estimada era de $ 1400 millones- los aportaría la provincia. Ahora el Bndes notificó que la operatoria caducó y De la Sota optó por dar de baja también el contrato con la UTE.
Los dólares del préstamo no iban a ingresar en el Banco Central -un factor siempre atractivo para la Nación en época de sequía de divisas-, ya que el desembolso se haría en Brasil, donde se compraba el material para la construcción. El crédito siguió en pie incluso con el reclamo de losholdouts dirimiéndose en Nueva York; el Bndes sí reclamó que, en caso de litigio, intervinieran los tribunales brasileños.
La obra fue licitada en 2008, estableciéndose que los oferentes debían proveer el financiamiento de por lo menos el 75 por ciento. Ganó la licitación una UTE integrada por Andrade Gutierres (Brasil), Iecsa (Buenos Aires) y Britos (Córdoba), que propusieron el crédito del Bndes. La cordobesa, finalmente, se bajó. En 2009 se firmaron los contratos y empezaron los trámites ante Economía de la Nación y el Banco Central para hacer operativa la línea.
Schiaretti -quien como gobernador firmó el acuerdo del gasoducto- está convencido de que cuando cambie la administración nacional llegará la autorización para acceder a los créditos necesarios. "Volveremos a llamar a licitación; hay muchas posibilidades en el mundo para llevar adelante este tipo de obras estructurales", dijo ayer.
En 2010 la obra empezó con la instalación de estaciones reductoras y la colocación de caños del gasoducto del Sudoeste. Los trabajos se paralizaron por la falta de aprobación del financiamiento. A fines del año pasado, incluso, la compañía brasileña levantó su campamento de Córdoba porque daba por descontado que no habría reinicio a corto plazo de las tareas.
A mediados de 2011, Córdoba diligenció ante el Banco Nación la apertura de las cartas de crédito a las importaciones para poner en marcha el contrato; las autoridades de la entidad no las dieron y giraron nuevamente el expediente a Economía, de donde no hubo respuesta.
Aunque la provincia ya daba por caído el crédito, en septiembre último el entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, prometió a los diputados nacionales cordobeses de los distintos partidos y al ministro de Agua y Energía, Fabián López, que la Nación avalaría la operatoria. Antes de fin de año, Schiaretti presentó un proyecto de resolución en el Congreso en el que solicitaba que Economía autorizara el crédito.
Todos los obstáculos al préstamo se vinculan con la mala relación entre Córdoba y el kirchnerismo. De la Sota presentó dos demandas contra el Estado nacional en la Corte Suprema. En una reclama una deuda de $ 1039 millones por un acuerdo firmado en 2009 para financiar la Caja de Jubilaciones y, en la otra, exige que se deje de hacer la retención del 15% de la coparticipación desde 2012 (es lo que aportan las provincias a la Anses).
Hasta el momento, las causas no avanzaron y, en el caso del financiamiento al sistema previsional, la Nación no giró más dinero y De la Sota entiende que la deuda sigue abultándose. Si hoy se cumpliera el acuerdo firmado en 2009 por la Caja, el giro anual rondaría los $ 2600 millones. Para paliar la situación, la provincia sancionó una ley por la que posterga el traslado a los pasivos de las subas de los activos; así, el año pasado se ahorró unos $ 1800 millones anuales.
De hecho, la decisión de mantener las demandas determinó que Córdoba quede fuera de los planes de refinanciación de deuda que la Nación viene suscribiendo con las provincias y que representa un alivio financiero para las jurisdicciones. Desde comienzos de 2014, la provincia paga cuotas de $ 60 millones mensuales.
UN PROYECTO FRUSTRADO
Axel Kicillof. Ninistro de economía
Su cartera recibió los trámites iniciales y debía despejar el camino para que el crédito del Banco de Desarrollo de Brasil se concretara
José de la Sota. Gobernador de Córdoba
Al anunciar el Bndes que su préstamo quedaba sin efecto, el mandatario canceló los contratos de los gasoductos que se habían firmado con una UTE
NO VA MÁS
6 Años
Lo que duró el trámite de la provincia de Córdoba ante el gobierno nacional.
130 Localidades
Iban a recibir gas de red y unas 1000 industrias, según el proyecto
257 Millones de dólares
El monto del préstamo del Bndes para la construcción de gasoductos troncales.
75 Por ciento
Del financiamiento lo aportaba el Bndes. La provincia ponía el resto.
Por: Florencia Arbeleche.
Sobre llovido, mojado. Cuando todavía no había terminado de dimensionar la inversión que será necesaria para reconstruir la zona arrasada por el feroz temporal, el Gobierno de José Manuel de la Sota tuvo que desandar el camino hacia la concreción de dos gasoductos troncales para el interior provincial.
En medio de la profundización de la crisis política y económica del Gobierno de Dilma Rousseff y de los sucesivos desencuentros entre el gobernador y la Casa Rosada, la provincia rescindió los contratos de obra suscriptos debido a la caída de un crédito del Banco Nacional de Desarrollo y Comercio Exterior (BNDS) de Brasil por cerca de u$s 193 M.
La decisión responde a una sumatoria de obstáculos. Por un lado, la administración cordobesa responsabiliza al Gobierno nacional por la dilación de los avales necesarios para la llegada de los fondos. Por otro lado, el forzado ajuste de la banca brasileña terminó de darle el tiro de gracia a la expectativa de financiamiento externo de los cordobeses.
En rigor, el BNDS pasó de prestar u$s 802 millones en 2011 a sólo u$s 22 millones en 2014. Esa magra evolución forzó la búsqueda del Gobierno de nuevas fuentes de financiamiento, como por ejemplo China.
La caída de un megaproyecto atado a fondos brasileños no es una sorpresa. En 2013, la provincia de Mendoza debió resignar el plan para extraer potasio en Río Colorado de la minera Vale, que prometía una inversión de u$s 3.000 M.
Esta semana, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento activó la orden de De la Sota de poner fin a los acuerdos suscriptos con la UTE integrada por Andrade Gutierres SA, IECSA SA, para la ejecución del proyecto, provisión de materiales y construcción de las obras para los ductos Centro, Sur y Ruta 2, y Norte y Este.
En 2008, el Gobierno de Juan Schiaretti llamó a licitación internacional para la construcción de los gasoductos troncales de Córdoba, estableciéndose que los oferentes debían proveer el financiamiento de al menos el 75% del precio de la obra. Allí surgió la propuesta de acercar financiamiento del BNDS para cubrir los u$s 257 millones presupuestados inicialmente.
Un año después, los contratos se suscribieron y se inició la etapa de tramitación ante el Ministerio de Economía de la Nación y el Central para tornar operativo el crédito. Allí arrancó una maraña de gestiones y dilaciones que se extendió hasta diciembre pasado, cuando el ahora ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich garantizó las gestiones al Gobierno de De la Sota. Pero esos avales nunca llegaron, lo que facilitó, de alguna manera, el plan de ajuste de la banca brasileña que comunicó al Gobierno de Córdoba que se había vencido el plazo para el financiamiento.
