El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó un pedido para anular la causa por el supuesto pago de sobornos a funcionarios argentinos para la ampliación de la explotación del yacimiento Cerro Dragón por 40 años.
La continuidad de la investigación fue resuelta por el magistrado federal al rechazar un pedido de nulidad de los abogados Carlos Arslanian y Germán González Campaña, defensores de Carlos Alberto Bulgheroni.
Los letrados habían planteado la nulidad de todo lo actuado, a excepción de lo vinculado a la traducción de un exhorto librado en la causa, por tratarse de actuaciones que se realizaron en enero sin la correspondiente habilitación de la feria ni notificación a las partes, según la defensa.
Entre las medidas cuestionadas y ahora validadas por el juez figura un procedimiento en Chubut para recolectar pruebas del supuesto pago indebido a funcionarios del área por parte de la empresa Pan American Energy, operadora del área de Cerro Dragón, durante el gobierno de Mario Das Neves
Los defensores cuestionaron al fiscal de la causa porque ante la recepción de un correo electrónico del exprocurador de Chubut Eduardo Samamé, que le indicaba tener información útil para la investigación, en lugar de remitir la información a la Justicia inició una investigación preliminar mientras transcurría la feria.
El juez Canicoba Corral, en su resolución consideró en cambio, que la investigación preliminar se dispuso"con sustento en la normativa que ampara las funciones del Ministerio Público Fiscal".
"De esta manera, sin ninguna violación a las garantías que rigen en el proceso penal, sin actuaciones ocultas o paralelas, como maliciosamente sostiene el incendentista (los defensores), la Fiscalía cumplió con el compromiso y la manda legal de la sociedad a los fiscales", dice uno de los párrafos que contiene el fallo.
El juez ratificó la validez de todas las medidas ordenadas. "Era un deber para este magistrado la adopción de las medidas sugeridas por el fiscal en forma inmediata, sin perjuicio de estar transcurriendo la feria judicial", explicó el magistrado.
Con ello, validó las medidas llevadas a cabo por el fiscal Guillermo Marijuán, a las que calificó como actos"absolutamente válidos", ya que se ordenó su incorporación al proceso.
El Patagónico
Hace seis días, Diario Patagónico adelantó que Pan American Energy (PAE) había presentado un pedido de nulidad de diversas medidas, ejecutadas en torno a la causa que investiga el pago de sobornos en la extensión del contrato de Cerro Dragón, suscripta en 2007 con el gobierno de Mario Das Neves. Ese jueves también se adelantó que la solicitud sería analizada por el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, quien la desestimaría.
Finalmente ayer se conoció la respuesta a los abogados Carlos Arslanian y Germán González Campaña, quienes representan a Carlos Bulgheroni, uno de los propietarios de Pan American Energy (PAE). De este modo, se confirmó lo adelantado por este medio.
Según se supo, los abogados habían solicitado anular todo lo realizado en la causa, excepto la traducción de un exhorto. Su argumento se basaba en el hecho de que las actuaciones se habían realizado en enero, período de feria judicial, sin la correspondiente habilitación de la feria ni notificación a las partes.
Además, se denunciaba que el fiscal Guillermo Marijuan había iniciado una investigación preliminar luego de recibir información mediante un e mail del ex procurador general de Chubut, Eduardo Samamé, quien aseguraba tener datos útiles para la causa: precisamente el camino que indicaría la ruta que se siguió para el pago de las coimas que posibilitaron la concesión del mayor yacimiento de hidrocarburos hasta 2047.
Para los letrados, el fiscal tendría que haber remitido la información a la justicia. De esta forma, se pidió anular el procedimiento realizado en Rawson el martes 24 de febrero, donde el fiscal ejecutó un exhorto en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Chubut. Allí, solicitó información de las áreas Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios, las cuales serían el nexo para el pago de sobornos en forma indirecta, según la denuncia de Samamé.
LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ
En su dictamen de ayer, Canicoba Corral defendió lo realizado por el fiscal federal, teniendo en cuenta que la investigación preliminar se dispuso "con sustento en la normativa que ampara las funciones del Ministerio Público Fiscal".
"De esta manera, sin ninguna violación a las garantías que rigen en el proceso penal, sin actuaciones ocultas o paralelas, como maliciosamente sostiene el incendentista (los defensores), la Fiscalía cumplió con el compromiso y la manda legal de la sociedad a los fiscales", aseguró en el fallo y agregó: “era un deber para este magistrado la adopción de las medidas sugeridas por el fiscal en forma inmediata, sin perjuicio de estar transcurriendo la feria judicial".
De esta forma, se da continuidad a la investigación que involucra a la operadora, al Grupo Vila–Manzano y a la gestión de Mario Das Neves, luego de una autodenuncia realizada el año pasado en Estados Unidos por British Petroleum (BP), socia mayoritaria de PAE.
Por el momento se espera que se confirme la fecha en que Marijuan viajará a Estados Unidos para ejecutar en persona un exhorto que ese juzgado ha enviado a la Securities and Exchange Commission (SEC) que investiga la presunta autodenuncia.
Ayer trascendió que el mismo deberá ser reenviado, anexando la copia de la denuncia en la justicia federal y otra documentación solicitada por la SEC, lo que produciría un retraso en el viaje, aseguraron fuentes oficiales en Comodoro Py.
El exprocurador de Chubut, Eduardo Samamé, realizó una presentación por presunto pago de sobornos en la extensión del contrato de Cerro Dragón y fue citado por esa razón por el fiscal Guillermo Marijuan el 12 de enero de este año. Un mes después Marijuan se presentó en el Ministerio de Medio Ambiente de Chubut y pidió documentación relativa a tres áreas que Pan American Energy (PAE), la concesionaria de Cerro Dragón, le compró a Cliveden y otras firmas del holding Vila-Manzano por u$s 47 millones . La presunción de Samamé es que "esa adquisición de áreas sin valor geológico fue el puente por el que millones de dólares transitaron desde PAE hacia los nuevos ricos que desde el Gobierno provincial otorgaron una concesión escandalosa".
La documentación solicitada a Chubut es la que está bajo análisis en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral. Samamé relató a este diario que apenas se firmó la renovación del contrato en 2007, Hipólito Solari Yrigoyen y David Romero presentaron un recurso de amparo en la Justicia de Chubut. Pero en todas sus instancias el Poder Judicial de la provincia sostuvo que el amparo no era el mecanismo idóneo para oponerse, y que los querellantes debían recurrir a la vía ordinaria.
"De eso se vale PAE - dijo Samamé- para decir que la Justicia convalidó el contrato, pero no es cierto". Añadió que la vía ordinaria exige pagar tasas en relación con el contrato cuestionado que tiene un valor de $ 50 mil millones, lo que hacía imposible empezar el juicio.
Según el exprocurador, "todo estuvo en estado latente", hasta que hacia fines del año pasado, un portal de Mendoza, basándose en un diario de Puerto Madryn, reveló la situación de las tres áreas -Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios- que "podrían ser el tránsito de la coima". "Ahí recojo la información y se la mando a Marijuan que me convoca a una audiencia el 12 de enero", agregó Samamé.
Afirmó que de entrada la extensión del contrato de Cerro Dragón tuvo "tres irregularidades: se anticiparon en 10 años porque el contrato vencía en 2017, lo extendieron por 40 años, un plazo no previsto en la legislación, y no se convocó a licitación". Samamé acotó que "la provincia negoció sobre la base de un informe de reservas aportado por PAE, según el cual el horizonte de explotación era muy corto".
En su opinión, "todos los elementos indican que la concesión fue extendida mediante sobornos", a lo que se sumó, según afirmó, "el cambio patrimonial del ex- gobernador Mario Das Neves que le permitió financiar su campaña presidencial, y de su ministro de Coordinación, Norberto Yahuar".
La causa que se analiza en el juzgado de Canicoba Corral va en paralelo a la investigación de la SEC (Securities and Exchange Commission) sobre el mismo tema, aunque se estima que el juez podría enviar a Marijuan a Nueva York para conocer si hubo avances en las averiguaciones.
En la primera sesión ordinaria de este año en la Legislatura de Chubut, el diputado radical José Luis Lizurume pidió la reapertura de la discusión en torno al contrato firmado entre la provincia y Pan American Energy (PAE) que ahora es investigado por la justicia por el supuesto pago de sobornos.
"Más allá de lo que se habla, se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, no tengo cuestionamiento, si hay algo que roza la corrupción hay que investigar y si hay algo que afecta los intereses de los chubutenses hay que modificarlo", señaló el legislador.
Asimismo, la legisladora Argentina Martínez, quien preside el bloque del Frente para la Victoria, presentó un pedido de informes y copia de actuaciones al fiscal de Estado de la Provincia del Chubut, en los términos del artículo 134 inciso 3 de la Constitución provincial, sobre la causa que involucra a PAE en un supuesto pago de sobornos por Cerro Dragón, según diario Patagónico.
De esa forma, se requiere que se "informe y remita a este Poder Legislativo en el término de cinco días corridos, lo siguiente: listado de requerimientos a nivel provincial, federal y/o internacional que tiene esa Fiscalía referente a la causa PAE. Y copias certificadas de las actuaciones existentes sobre lo indicado en el punto que antecede".
Martínez mencionó que "no tenemos antecedentes en la Legislatura" y pidió "contar al documentación y estar al tanto" sobre la causa que apunta hacia PAE.
En la sesión de ayer se aprobó un pedido de informes presentado por Argentina Martínez (FPV) dirigido al Fiscal de Estado, Miguel Montoya, para conocer «su intervención en las causas provinciales, federales e internacionales sobre el caso PAE y que las remita los antecedentes a la Legislatura.
Queremos ver en qué ha intervenido el fiscal y que remita las copias certificadas sobre actuaciones precedentes».
En tanto el diputado Roberto Risso (UCR) planteó «hay que debatir el tema minero y no patearlo para después de octubre, eso es una hipocresía y una gran mentira. Qué mejor que discutir ahora y convocar un referéndum o plebiscito para octubre y que la gente sepa que representa cada candidato. No estamos de acuerdo en que se silencie por una especulación electoral».Además anticipó «vamos a presentar un proyecto de derogación de la ley de promoción minera de la época de Maestro, que fue más menemista que Menem. Vamos a promover la derogación, porque está vigente la 5001 que prohíbe la minería».
