Una reservada diligencia realizaron ayer los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias. Cerca de las 10.00 llegaron a las oficinas de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM), ubicada en la calle Los Militares, en Las Condes, donde solicitaron la entrega voluntaria de documentación contable de los años comerciales 2009 a 2014.

Esta acción se convirtió, además, en la primera pesquisa ordenada por el Ministerio Público luego que el juez Juan Manuel Escobar decretara la prisión preventiva de seis de  los 10 imputados en el caso Penta y fijara en 120 días el plazo de investigación. 

La acción de ayer es la segunda -en el marco del caso Penta- en que la fiscalía concurre a SQM, luego de que el 16 de enero el fiscal José Antonio Villalobos  y un equipo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI solicitaran documentos que datan de julio de 2009. El Servicio de Impuestos Internos (SII) había pedido inicialmente incautar información contable desde 2009 a 2014, pero días después acotó su petición a solo un mes.

La diligencia se adoptó tras una resolución firmada por el fiscal nacional Sabas Chahuán y en caso de existir una negativa por parte de la firma, el Ministerio Público podría requerir una orden judicial para incautar los documentos, aseguran fuentes del Ministerio Público. Asimismo, esperan que el SII amplíe su querella o presente una nueva denuncia para respaldar la investigación.

Tras analizar la primera información -donde se existen presuntos aportes irregulares a la campaña de Joaquín Lavín-, la fiscalía analiza ahora información sobre otros 19 eventuales implicados en la arista SQM. En este caso se indaga la presunta emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas.

Los fiscales se runieron por cerca de una hora con los abogados de SQM. El fiscal de la empresa es Matías Astaburuaga. Desde la compañía dijeron que estaban analizando la solicitud, pero agregaron que están dispuestos a colaborar con la justicia. En el Ministerio Público confían que SQM entregará esta semana la información contable.

Medidas cautelares

Ayer en Osorno, el fiscal nacional se refirió a la situación de los imputados que están en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, entre los que figuran los dueños de Penta, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano. Chahuán señaló al respecto que “confiamos en que se mantengan las medidas cautelares solicitadas (...) Como lo dijo el juez, el estándar exigido para mantener a una personas en prisión preventiva es distinto del necesario para condenar, por que la medida cautelar busca asegurar los resultados del procedimiento, que la persona comparezca, y esté disponible”, dijo Chahuán. Y agregó: “La justicia se persigue igual para todos y es lo que estamos tratando de hacer, y estoy confiado de que la opinión de la ciudadanía es y seguirá siendo positiva a la fiscalía, en el sentido que es un organismo independiente, y que hace su labor independiente de quien esté involucrado, independiente de las circunstancias externas, y con los medios que tenemos”.

Autoridades opinan 

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, y el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, valoraron la transparencia del Poder Judicial mostrada en la resolución de las medidas cautelares para los imputados del caso Penta. “Lo importante es que el sistema procesal es absolutamente transparente. Esto que vimos el sábado no era la tónica en el sistema antiguo. Se conocieron los argumentos, tanto de la fiscalía, de las defensas y la resolución del juez públicamente”, dijo Gómez. 

Sergio Muñoz dijo que “el Poder Judicial garantiza todos los procedimientos y toda las estructuras para que a todas las personas en igualdad de condiciones puedan hacer uso de los recursos legales”.