El juez del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Escobar, decidió la mañana de este sábado decretar la prisión preventiva a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al ex subsecretario de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Wagner, debido a su participación en los delitos de soborno y tributarios en calidad de reiterados, argumentando que revisten un peligro para la sociedad.
Los controladores del holding fueron formalizados por tres delitos de soborno y cinco delitos tributarios, lo cual se enmarca dentro de la investigación que se lleva a cabo por las irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.
En cuanto a Wagner, el magistrado determinó que el ex funcionario público cometió delito tributario, cohecho y lavado de activos, por lo que también se estableció el trasladado hasta el centro penitenciario Capitán Yáber, lugar donde serán llevados los otros implicados en el caso.
El magistrado también decretó que el ex gerente del conglomerado, Hugo Bravo, así como el ex contador Marcos Castro y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Iván Álvarez, deberán ingresar a un centro penitenciario. Este último ya se encuentra recluido por la causa paralela denominada Fraude al FUT, el cual dio inicio a la arista política.
El juez determinó que los antecedentes que fueron expuestos en esta etapa procesal son suficientes para establecer la ocurrencia de los mismos y la participación de dichas personas en ellos, por tanto, su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad, razón por la cual aceptó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
La Fiscalía había reconocido la colaboración sustancial de Bravo y Castro en la revelación de actos de corrupción que están siendo indagados por el Ministerio Público, pero esto no fue tomado en cuenta por el tribunal, ya que estimó que los hechos son suficientemente graves, por lo que la única medida acorde para ellos era la prisión preventiva.
En cuanto al gerente general de la sociedad de inversiones Penta S.A., Manuel Antonio Tocornal, quien está imputado sólo por delitos tributarios, se le determinó el arresto domiciliario total con custodia de carabineros.
Por su parte, respecto al ex senador de la UDI, Carlos Bombal, quien está encausado por delito tributario, se determinó la firma semanal en la comisaría más cercana de su domicilio, además del arraigo nacional.
En cuanto al suspendido funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Jesús Martínez, formalizado por su presunta participación en actos de cohecho, la prisión preventiva fue rechazada por el juez a cambio de cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.
Los abogados de los imputados por el Caso Penta apelarán hoy para revertir la medida de prisión preventiva dictada por el juez Juan Manuel Escobar, pese a que la normativa estipula que el recurso puede realizarse luego de cinco días.
Por otra parte, los imputados Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner, Iván Álvarez y Marcos Castro pasaron la primera noche en el anexo penitenciario Capitán Yáber, salvo por el ex gerente general de Penta, Hugo Bravo, quien se encuentra internado en el Hospital Penitenciario luego de una descompensación sufrida al ingresar al recinto carcelario.
Hernán Montealegre, abogado conocido por su rol en causas de Derechos Humanos y otros temas, cree que “sin exagerar, la decisión del juez (Juan Manuel) Escobar marca un hito para nuestra justicia penal”.
Esto, en relación a la prisión preventiva que el magistrado ordenó para seis imputados en el Caso Penta, entre ellos, los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín y el ex subsecretario Pablo Wagner.
En conversación con Radio Universidad de Chile, Montealgre asegura que “no habíamos visto una sentencia cómo esta”.
“En este sentido, hay que destacar la decisión que tomó el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, de asumir personalmente la conducción de esta indagación. Sin lugar a dudas que eso influyó en el ánimo del juez Escobar”, añade el jurista.
¿Cómo calificaría la actitud del juez Escobar?
Creo que estuvo a la altura de la misión verdaderamente histórica que tuvo que asumir. No cualquier juez hubiese tenido, como se dice comúnmente, los pantalones para dictar estas resoluciones. Incluso, sin que lo hubiera pedido el Ministerio Público, accedió a la petición del Consejo de Defensa del Estado e incluyó en la prisión preventiva al señor Hugo Bravo. En realidad, por lo que sabemos, era evidente que si se dictaba contra los señores Lavín y Délano, tenía que dictarse para el señor Bravo.
¿Qué evaluación hace del rol de los fiscales?
Los fiscales tienden a cerrar numerosas causas y a castigar solamente a los delincuentes “menores” o de un estrato social inferior. Por eso, creo que el Fiscal Chahuán sabía que introduciéndose en esta causa compromete a toda la Fiscalía a que haya resultados concretos y por fin veamos que también los altos empresarios o altos personajes de nuestra sociedad deben ser igualmente tratados ante la justicia. Afortunadamente, la decisión del Fiscal Chahuán armonizó, concordó perfectamente, con la decisión del juez Escobar de ponerse a la altura de las circunstancias.
Desde su punto de vista, ¿qué actitud tomará la Corte de Apelaciones ante el caso? ¿Cree que acoja los recursos?
Conociendo a la Corte, cualquier cosa puede ocurrir. Sin embargo, no creo que en este momento, en que la justicia va a tener una mejor estimación en las encuestas públicas, la Corte de Apelaciones quiera hacerse responsable de suprimir estas prisiones preventivas, después que el juez las fundamentó en forma muy estricta, pausada, objetiva y muy cierta.
¿Considera que 120 días es un periodo óptimo para la investigación?
Un punto que no me gustó fue que el Ministerio Público, después de pedir dos años, bajara drásticamente a seis meses, de tal manera que el propio Ministerio Público es responsable que ahora estemos en cuatro meses. Pero no son plazos fijos e inamovibles: si el Ministerio Público demuestra que realmente está encima de una situación concreta, para la cual requiere de mayor plazo, el juez lo va a otorgar. Esa no es una novedad.
Me parece que el juez aminoró un poco el impacto tan fuerte de la prisión preventiva de esas personas, porque en verdad es un cambio demasiado fuerte dentro del concepto deficiente que tenemos sobre la justicia.
Así que creo que los cuatro meses obedecen a un error de la Fiscalía y también a un modo de aminorar el impacto que tuvieron las medidas en las familias de los imputados, aunque todas las familias son iguales y este caso ha remecido a todas las familias del país.
La semana pasada, la Fundación Ciudadano Inteligente, por intermedio del abogado Pedro Orthusteguy, se querelló contra figuras de distintos sectores involucradas en la arista política del llamado caso Penta-SQM. Entre ellos se encuentra el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; los parlamentarios UDI Ena Von Baer, Iván Moreira y Ernesto Silva; y legisladores de la Nueva Mayoría, como el socialista Fulvio Rossi y el DC Roberto León.
En ese sentido, Herán Montealegre dijo esperar “que los políticos comprometidos con la petición y recepción de fondos ilegales sean también llevados a la justicia”.
“El señor Chahuán ha adoptado una posición previsora y sabe lo que viene en el futuro, que es enfrentarse a un estamento político que hasta ahora ha sido inmune frente a la justicia. Aunque no están comprometidos al nivel de ilícito de los controladores y del señor Wagner, si son sancionados va a significar un golpe muy fuerte para la política y para políticos que en verdad nos tienen absolutamente asqueados con sus permanentes promesas, su permanente retórica vacía respecto a cuestiones que no cumplen”, analizó el abogado.
En ese marco, ¿cómo califica la decisión de la UDI de apelar a la presunción de inocencia de sus involucrados?
Hemos vistos cómo la UDI ha tomado una posición completamente absurda de aplicar lo que ellos llaman la presunción de inocencia. En realidad, es una cuestión que raya en lo ridículo, porque la presunción de inocencia es un principio que se aplica en el ámbito jurídico y no en el político. Es ridículo decir que a un político lo favorece, en su actuación política, la presunción de inocencia. Desgraciadamente, lo que nosotros conocemos de los políticos y de su actuación, en general, es que más bien están afectados por una presunción de culpabilidad y que tienen que probar que son inocentes; al revés de como se hace en los tribunales y en el Derecho donde lo que hay probar es lo contrario, la culpabilidad.
En general, ¿qué le parecen las reacciones de políticos nombrados en este caso? ¿Deberían renunciar?
Iván Moreira reconoció que hizo un ilícito, pero luego dijo ¿para qué voy a renunciar si dije la verdad? Si reconoció que cometió un ilícito, es obvio que tiene que renunciar, pero eso muestra esa retórica vacía y contradictoria de los políticos, que son capaces de decir que porque confesaron algo, no tienen por qué renunciar. Entonces no se sabe cuándo tiene que renunciar un político. Si no es cunado reconoce que ha cometido algo contrario a la ley, ¿cuándo?
En el caso de esta dama, Ena Von Baer, ha adoptado una actitud de prepotencia, de soberbia, desde su primer silencio hasta su primera declaración, que llamó la atención por la actitud desafiante frente a estas instrucciones judiciales. Yo creo que estos políticos, debido a la declaración de la prisión, seguramente han pasado un muy mal fin de semana. Y así lo espero.
En los últimos días, la Nueva Mayoría y el gobierno han mantenido una discreta postura ante la arremetida protagonizada el viernes por el fiscal Carlos Gajardo, cuando informó, en la audiencia de formalización del caso Penta, sobre un contrato forward de 2009 entre CB y un fondo relacionado a Bancard, sociedad ligada a Sebastián Piñera.
Ese día, el persecutor no mencionó el nombre del ex mandatario. Y el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aclaró después que el ex presidente no es imputado en la causa ni está siendo investigado. Sin embargo, en la Alianza ha llamado la atención que el oficialismo no haya utilizado ese antecedente para criticar al ex mandatario, a diferencia de la postura que ese sector ha asumido ante la UDI.
Pero en medio de este escenario, quien sí salió ayer a enfrentar a Piñera fue el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. Esto, no sólo por el mencionado contrato, sino que, en general, por el silencio que ha mantenido en medio del desarrollo del caso Penta, en el que uno de los principales involucrados es uno de sus mejores amigos: el ex controlador de Penta Carlos Alberto Délano. Lo anterior, además de la situación que enfrenta Pablo Wagner, subsecretario de Minería durante su administración.
“No es correcto que Piñera no hable de Penta ni de sus amigos ni del forward. Debe pronunciarse, también, sobre la conducta de Wagner. Hablaron los acusados, los parlamentarios, los jueces, el fiscal, y no ha hablado Sebastián Piñera”, dijo el líder del PRO a La Tercera. A juicio del ex diputado, Piñera debiera definir una posición sobre el caso, sobre todo por la información que se ha dado a conocer en los últimos meses. “Un ex presidente debiera tener una reflexión ética sobre este tema”, señaló.
En todo caso, Piñera se ha referido al tema, de manera general, en un par de ocasiones. “Creo en las amistades en las duras y en las maduras, y para mí la amistad y la lealtad es un valor muy grande. Una cosa es la amistad y el cariño, y otra cosa es que si se han cometido ilícitos, no los comparto, los rechazo”, dijo en diciembre.
A principios de enero, además, el ex mandatario telefoneó a Délano -según trascendió- para manifestarle su molestia por los pagos bimensuales que, de acuerdo a los antecedentes de la investigación, le realizaba Penta a Wagner mientras trabajaba en el gobierno.
Y el sábado recién pasado sostuvo una reunión en su casa con los ex ministros Cecilia Pérez y Andrés Chadwick, cita en la que se analizaron las implicancias del caso.
En tanto, el timonel del PS, Osvaldo Andrade, le quitó presión ayer al ex presidente, al señalar que Gajardo no lo mencionó al comentar el contrato de forward y que no está siendo investigado. “El fiscal Chahuán precisó esto”, dijo.
Sin embargo, ironizó sobre la reunión de Piñera con sus ex colaboradores. “Llama la atención que, a pesar de estar aclarado, se haya producido esa reunión. Cuando uno no tiene problemas, no entiendo por qué hay que hacer comités de crisis”, comentó.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, prometió que va a “tomar todas las medidas” necesarias para garantizar que “el país pueda confiar en sus instituciones”, luego de que en las últimas semanas se conocieran un caso de presunto tráfico de influencias que involucra a su hijo y otro de supuesta financiación ilegal de campañas electorales del partido opositor Unión Demócrata Independiente (UDI).
“Creo que nuestros ciudadanos hoy día exigen un estándar ético mucho más elevado y yo como presidenta me voy a hacer cargo, porque el país conoce mi conducta de vida”, afirmó Bachelet, al día siguiente de que la Justicia ordenara la prisión preventiva de seis altos dirigentes empresariales y ex funcionarios en el caso Penta.
La causa por fraude al fisco involucra a propietarios y ejecutivos del grupo financiero Penta y a políticos de la ultraderechista UDI. Penta es un banco de inversión que maneja activos por más de 20.000 millones de dólares y los imputados están acusados de delitos tributarios, cohecho, sobornos, lavado de activos, mientras una arista política, referida a la financiación ilegal de campañas electorales, comenzó también a ser investigada por la fiscalía.
El juez Juan Escobar realizó el sábado una detallada justificación respecto de las medidas cautelares solicitadas por los acusadores y envió a prisión a Carlos Alberto Delano y Carlos Lavin, los dueños de Penta; a Pablo Wagner, ex viceministro de Minería del gobierno de Sebastián Piñera –que se hizo conocido por el rescate a los mineros–, y a Hugo Bravo, el ahora ex gerente general del grupo, quien destapó la gran estafa. Sin contemplaciones, los procesados debieron ingresar de inmediato a la cárcel Capitán Yaber, situada a unos metros de los tribunales.
La resolución de enviar a prisión a los involucrados del caso Penta generó inmediatas reacciones políticas y del mundo empresarial. El presidente de la Sofofa, agrupación de empresarios, Hermann von Mühlenbrock, señaló que los hechos investigados “revisten la máxima gravedad para el país”.
La mandataria Bachelet afirmó que la determinación del Poder Judicial demuestra que en Chile “las instituciones funcionan y funcionan para todos”. Aunque luego matizó: “No me corresponde pronunciarme, como otro poder del Estado, sobre un dictamen de la Justicia”.
Afectada en las últimas semanas por un caso que involucra a su hijo, la líder socialista agregó que “nosotros vamos a tomar todas las medidas para que, afecte a quien afecte y pase lo que pase, nuestro país pueda tener la confianza de que se van a respetar las prácticas éticas, legales y administrativas correspondientes, para que el país pueda confiar en sus instituciones”.
El hijo mayor de Bachelet, Sebastián Dávalos, renunció en las últimas semanas al cargo que tenía en el gobierno y a su afiliación al Partido Socialista luego de que tomara estado público un polémico negocio inmobiliario que lo involucra junto a su esposa, Natalia Compagnon, dueña de la mitad de Caval, una empresa pequeña.
El 16 de diciembre de 2013, un día después de que Bachelet se consagrara presidenta de Chile en segunda vuelta, Compagnon obtuvo del Banco de Chile (privado) un préstamo por 10,4 millones de dólares para la compra de unos terrenos rurales en el municipio Machalí, próximo a Santiago.
La operación había sido pactada el mes anterior por el dueño y vicepresidente del banco, Andrónico Luksic, y Dávalos, que entonces era gerente de operaciones de Caval. Dado que Caval tenía un capital inferior a 10.000 dólares, que los terrenos adquiridos con el crédito estaban a punto de ser recalificados para uso urbano y que luego fueron vendidos por un precio significativamente mayor al de su compra, se sospecha que hubo uso de información privilegiada y tráfico de influencias.
El caso ha golpeado la popularidad de la mandataria, que pasó de 44 a 39 por ciento. El gobierno anunció la creación de una comisión asesora presidencial que se encargará de diseñar un nuevo marco regulador de las relaciones entre la política y los negocios, cuya conformación y funciones precisas dará a conocer la próxima semana.
