La reliquidación de cuentas eléctricas para clientes regulados, producto de la reciente entrada de 12 decretos tarifarios que llevaban hasta cuatro años pendientes, se transformó en un dolor de cabeza para las distribuidoras y un sector de los industriales.

¿La Razón? La actualización de las tarifas provocó que algunas empresas, principalmente pequeñas y medianas, hayan visto multiplicado por varias veces el valor de sus facturas las que en algunos casos han superado los $ 700 millones, sólo por concepto de las reliquidaciones.

El tema preocupa y ya está siendo tratado a nivel gremial, pues hay firmas que verían amenazada su continuidad por estos cobros, lo que también incluyen los intereses derivados del retraso de los decretos.

La semana pasada, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) instauró una mesa de trabajo con la Asociación de Empresas Eléctricas, gremio que reúne a las distribuidoras y transmisoras, para analizar el problema y buscar una posible solución.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, explicó que el problema surgió a raíz de que sus antecesores en el cargo, durante la administración Piñera, no cursaron los respectivos decretos tarifarios, evitando así que el ajuste de precios se hiciera en tiempo y forma.

Asimismo, agregó que ante esta coyuntura la autoridad ha tratado el tema con los industriales.

"Hemos conversado y les explicamos que durante la administración Piñera no se aplicaron los decretos de alza tarifaria. Cuando asumí como ministro, estaba en mi escritorio el decreto firmado por mi antecesor, y no había sido enviado a la contraloría. Durante dos años y medio se evitó cursar las alzas de tarifas y nosotros, cumpliendo con nuestra obligación legal, tramitamos los decretos. Es una mala noticia, lo sabemos", comentó Pacheco.

Los decretos que no fueron ingresados a trámite para su toma de razón en la Contraloría General de la República y que ahora provocan esta situación inédita son doce y datan de 2011 en adelante.

Los caminos de solución

El tema es complejo, y en el sector eléctrico están conscientes de ello.

Si bien los industriales en un primer momento buscaron alternativas legales que les permitieran impugnar los decretos tarifarios y evitar los millonarios cobros, para lo cual contrataron al abogado Arturo Vergara, este camino habría sido descartado por la poca probabilidad de éxito dado que estos fueron visados por la Contraloría.

El paso siguiente fue formar la mesa de trabajo con las distribuidoras, que se reunió por primera vez el pasado jueves y concitó la asistencia de unas 35 empresas afectadas, dijeron conocedores de la cita.

Aunque reconocen que existe voluntad para buscar una solución al problema, en las distribuidoras señalan que están "de manos atadas", pues los recursos que se cobran a los industriales, y también al resto de los clientes regulados, son a su vez traspasados a las generadoras. "Las distribuidoras no se quedan con ningún peso", aseguró una fuente.

Una de las opciones que se barajan, aunque no concita acuerdo entre los industriales y las eléctricas, es establecer un mayor número de cuotas para el pago, aunque esto implicaría también incrementar los intereses.

Según la normativa vigente, las cuotas asociadas a reliquidaciones no pueden superar el 25% del promedio de las cuentas de un año calendario.

En el gobierno están monitoreando el tema. La autoridad sostuvo que las distribuidoras contarían con elementos legales que les permitirían reducir los intereses que se cobran a las empresas, y que el camino de solución, aunque debe revisarse el tema caso a caso, sería diluir el pago en un mayor número de cuotas, evitando afectar la solvencia de las empresas.

Protestas y recursos ante los tribunales por alzas

No sólo los industriales están complicados con esta situación. Los clientes residenciales, que son parte importante de los poco más 5,7 millones de usuarios regulados de los principales sistemas eléctricos del país, también rechazan los cobros, lo que motivó la realización de protestas en las ciudades más afectadas, recurriendo también a la justicia.

A fines de febrero, y producto de que en Puerto Montt se aplicará un cargo a las tarifas de $ 23.746, se presentó ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad un recurso de protección contra el Estado por las alzas, que que finalmente fue rechazado por la justicia a mediados de la semana pasada.

El cargo, prácticamente del mismo monto, también afectará a las ciudades de Osorno, Valdivia y Castro, atendidas por las distribuidoras Saesa y Luz Osorno. "Las reliquidaciones de las cuentas desde enero de 2011 hasta el último decreto publicado (correspondiente a marzo 2014) tienen impactos significativos que elevan el saldo a pagar hasta niveles sobre el 30% por al menos los 5 a 6 primeros meses en que se aplican las cuotas de reliquidación", señaló la SEC en un oficio enviado a las empresas para determinar las formas de pago.

Asociaciones de consumidores han señalado que, pese al rechazo de la justicia, el reclamo contra el incremento tarifario seguía vigente, por lo que se buscarían nuevas vías de acción.

El descontento también se ha dado en ciudades del norte del país, como Iquique y Tocopilla, donde también deben enfrentar fuertes recargos. En estos casos, se han anunciado movilizaciones, y los ediles de las mencionadas comunas se han comunicado con la autoridad para transmitir su molestia.