Apenas dos días después que la Corte Suprema de Brasil autorizara indagar a 12 senadores y 22 diputados por la trama de corrupción en Petrobras, la presidenta Dilma Rousseff defendió lainvestigación "amplia, libre y rigurosa" del escándalo que ha sacudido a la séptima economía mundial.
"Con coraje y hasta sufrimiento, Brasil aprendió a practicar la justicia social en favor de los más pobres, así como a aplicar duramente la mano de la justicia contra los corruptos", afirmó Rousseff en su mensaje televisivo por el Día Internacional de la Mujer.
"Es eso, por ejemplo, lo que viene ocurriendo en la investigación amplia, libre y rigurosa de los episodios lamentables contra Petrobras", continuó la presidenta de Brasil en su breve referencia al escándalo.
La mayor parte del discurso, sin embargo, lo monopolizó el ajuste fiscal impulsado por el gobierno para reactivar la ralentizada economía brasileña.
"Son medidas para sanear nuestras cuentas y, así, dar continuidad al proceso de crecimiento con distribución de renta de manera más segura, más rápida y más sostenible", afirmó la presidenta.
Rousseff, que puso especial énfasis en resaltar que los avances "sagrados" de los trabajadores no están en peligro, reconoció que Brasil atraviesa por "problemas coyunturales" en su economía derivados del contexto mundial.
"No había cómo prever que la crisis internacional duraría tanto. Y, además, que estaría acompañada de una grave crisis climática", explicó Rousseff en referencia a la sequía histórica que afecta al sudeste brasileño.
Tras cinco años de magro crecimiento, la séptima economía del mundo podría incluso contraerse en 2014, según reconoció hace poco el ministro de Hacienda, Joaquim Levy.
La cifra oficial se conocerá a fines de marzo y, sin dudas, estará lejos del espectacular crecimiento de 7,5% de 2010.
En esta tesitura, el Congreso dirigido por la base aliada echó atrás una de las medidas clave del ajuste fiscal propuesto por el gobierno, que ponía fin a beneficios tributarios a empresarios.
El gesto fue interpretado por analistas como una declaración de guerra del Legislativo al Ejecutivo, justo cuando la prensa local ya filtraba los nombres de los presidentes del Senado y la Cámara como integrantes de la lista de investigados por la trama corrupta en Petrobras.
Con su popularidad en caída libre -perdió 19 puntos hasta el 23% de aprobación según el último sondeo Datafolha de febrero-, Rousseff concluyó su discurso aludiendo a los derechos de las mujeres.
La presidenta recordó que este lunes sancionará la Ley del Feminic
El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso rechazó la posibilidad de que su Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), la principal fuerza de oposición, vaya a “buscar una aproximación” para “salvar” al gobierno de la mandataria Dilma Rousseff frente a la delicada situación política y social que atraviesa.
“El momento no es para buscar una aproximación con el gobierno sino con el pueblo, y éste quiere, antes de cualquier cosa, que se pase en limpio el caso del escándalo de Petrobras”, escribió anoche el líder socialdemócrata en su cuenta de Facebook.
Cardoso, que gobernó Brasil entre 1995 y 2003, sostuvo que cualquier diálogo con el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) en este momento sería interpretado por la población como “una confabulación para salvar algo que no se puede salvar”.
La posibilidad de una “aproximación” de Cardoso al gobierno había sido señalada por medios de prensa locales que, tras la desmentida del ex mandatario, interpretaron que éste desea ver la dimensión de las manifestaciones opositoras convocadas para el domingo próximo antes de pronunciarse sobre un eventual acuerdo para apoyar a Rousseff.
El gobierno atraviesa una delicada situación económica, determinada por el estancamiento de la producción, el fuerte aumento de la inflación y el desempleo, y la devaluación de la moneda nacional.
Paralelamente, sufre las consecuencias del escándalo Petrobras, luego de que se develara que de esa empresa estatal se desviaron fondos multimillonarios para financiar campañas electorales del PT y sobornar legisladores para aprobar proyectos de leyes impulsados por el gobierno.
El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) autorizó el viernes al fiscal general para que investigue la eventual responsabilidad de 54 políticos -entre ellos, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Renan Calheiros y Eduardo Cunha- en el desvío de dinero de Petrobras.
En la lista figuran 22 actuales diputados y 12 senadores -entre éstos el ex presidente Fernando Collor de Mello- y también varios dirigentes que fueron ministros de Rousseff o de su antecesor, Luiz Lula da Silva.
En cambio, no está la mandataria, que durante el mandato de Lula fue ministra de Minas y Energía y presidenta del Consejo de Administración de Petrobras, porque, según el procurador general de la República, Rodrigo Janot, “el presidente, en la vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos extraños al ejercicio de sus funciones”.
La crisis política que sobrevuela al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil sumó tensión el fin de semana con los contrataques de políticos involucrados en la gigantesca trama de corrupción en Petrobras y la posibilidad de que los fiscales pongan la lupa sobre la campaña electoral que llevó a Dilma Rousseff al poder en 2010.
El presidente de la cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acusó a la Fiscalía de politizar su trabajo, luego de que el viernes por la noche la Corte Suprema habilitara la investigación de 49 políticos, en su gran mayoría de la coalición que sostiene al gobierno, por su presunta participación en la red que desvió recursos de la estatal por casi 4.000 millones de dólares entre 2004 y 2012.
No podemos quedarnos callados sin denunciar la politización y la intervención (del gobierno) en la estructura de la Procuraduría, afirmó Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que fue denunciado junto a otros seis dirigentes de esa agrupación, hasta ahora aliada crucial de Dilma en el Parlamento.
Cunha sostuvo que el gobierno quiere al socio en el barro y acusó al Procurador General, Rodrigo Janot, de colocarlo en la lista para poder sumar a Antonio Anastasia, el único representante del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) en la nómina y muy cercano al ex candidato presidencial de la sigla Aécio Neves, que salió en su defensa.
La mayoría de los investigados -entre los cuales 22 diputados, 12 senadores y 12 ex diputados de cinco partidos-rechazó las acusaciones con argumentos variados.
El escándalo de proporciones cuyo impacto aún es difícil de medir dejó a salvo a la presidenta, pero cayó sobre su cerco más próximo. Serán investigados dos de sus ex jefes de Gabinete, la senadora Gleisi Hoffmann y Antonio Palocci, el ex ministro de Economía de Lula da Silva, que tuvo que abandonar ese cargo por otra sospecha de corrupción. También está en la lista Edison Lobao, ex ministro de Minas y Energía de los gobiernos del PT.
El juez de Paraná Sergio Moro, que lleva la causa de Petrobras, deberá decidir en los próximos días si abre una investigación sobre las cuentas de la campaña que llevó a Dilma a la presidencia en 2010. Palocci, que se desempeñó como tesorero, fue acusado por un ex director de Petrobras de haber pedido dos millones de reales para financiarla. Aunque hay dudas sobre la veracidad de ese testimonio, Janot pidió que se indague ese hecho.
Otro punto de debilidad es la investigación en torno del ex tesorero nacional del PT, Joao Vaccari Neto, citado en el mero de un acuerdo de delación premiada por otro alto funcionario de Petrobras, el ex gerente Pedro Barusco, quien afirmó que el partido recibió hasta 200 millones de dólares provenientes de fraudes en Petrobras.
El ex presidente del PSDB Fernando Henrique Cardoso desmintió rumores que indicaban una aproximación al gobierno para evitar que una profundización de la crisis política golpee la debilitada economía. En nota, Cardoso señaló que cualquier diálogo por debajo de la mesa con el gobierno sería interpretado como una confabulación en un intento de salvar lo que no debe ser salvado.
Al menos 34 políticos sospechosos de nexos con la red de corrupción en Petrobras recibieron donaciones para sus campañas electorales de 2014 por parte de empresas acusadas de formar un cartel que cometía fraudes en las licitaciones de la petrolera estatal, aseguró ayer el diario “O Estado de Sao Paulo”.
Se trata de candidatos a gobernador, senador y diputado federal, que en su inmensa mayoría pertenecen a partidos aliados al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Según el informe periodístico, de las 16 empresas contratistas de Petrobras acusadas por la Fiscalía de formar un cartel con el fin de repartirse las licitaciones y sobrevaluar los precios de los contratos, siete realizaron contribuciones directas a las campañas de políticos involucrados en el multimillonario escándalo que sacude al país.
Entre esos políticos, cinco pertenecen al gobernante Partido de los Trabajadores (PT): los candidatos a senadores Gleisi Hoffmann, ex jefa de gabinete de Rousseff, y Lindbergh Farias, además de tres diputados. Todos conquistaron sus respectivos escaños en las elecciones generales de 2014.
El derechista Partido Progresista (PP), la tercera fuerza política del país y el segundo mayor socio del Gobierno en el Congreso, lidera con 12 de sus afiliados la nómina de legisladores investigados que supuestamente recibieron contribuciones por parte de las constructoras que integran el llamado “club de los mil millones”.
Opositor
De acuerdo con la publicación periodística, el principal partido opositor al Gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), tiene un solo legislador financiado por el club: el senadorAntonio Anastasia, ex gobernador de Minas Gerais y mano derecha del presidente del partido y candidato derrotado a la presidencia de Brasil en 2014, Aécio Neves.
Anastasia fue apoyado por cinco de las siete empresas acusadas de cartel, lo que lo pone a la cabeza de la lista como el parlamentario apoyado financieramente por el mayor número de contratistas.
En tanto, la información indica que tres de las siete constructoras citadas responden por dos tercios de las donaciones electorales realizadas a los políticos investigados: UTC Engenharia, Construtora Queiroz Galvão y Galvão Engenharia, en ese orden, seguidas por OAS y UTC.
Los 20 políticos financiados por estas empresas serán investigados junto a otros 27 parlamentarios, ex gobernadores y ex ministros, después de que el magistrado del Supremo Tribunal Federal (SYF) Teori Zavascki atendiera el pedido para realizar el trámite por procurador general, Rodrigo Janot.
Este fiscal encontró indicios de que todos ellos se beneficiaron con los fraudes perpetrados en Petrobras entre 2004 y 2012, periodo en el que, se estima, fueron desviados unos U$S 3.700 millones.
Dilma, no
En tanto, la presidenta Rousseff no será investigada por el caso de corrupción de Petrobras pese a haber sido citada en una de las peticiones enviadas al Supremo Tribunal Federal de Justicia (equivalente a la Corte).
El procurador Janot, señaló que no tiene competencia para investigar a la mandataria.
Muchos de los investigados -entre los que figuran 22 de los 513 diputados federales y 12 de los 81 senadores, rechazaron cualquier vinculación con los fraudes y atacaron al Gobierno de Rousseff y su Partido de los Trabajadores.
La lista elaborada por el Procurador General Rodrigo Janot y divulgada por el magistrado del Supremo brasileño Teor Zavascki ha puesto patas arriba a la política brasileña. Desvela 49 nombres de importantes políticos, entre ellos Renan Calheiros y Eduardo Cunha, vinculados a la trama sistemática de desvío de fondos públicos, amaño de contratos y pago de comisiones ilegales que durante años funcionó alrededor de Petrobras, la gran empresa pública del petróleo brasileño. El juez Sergio Moro se convirtió en un héroe nacional al comandar la investigación que derivó en la detención de empresarios y en la elaboración de esta lista de políticos en el ajo. Pero, ¿quiénes son todos estos hombres y cuál es su implicación con el caso?
El Procurador General de la República elaboró la lista de sospechosos del 'caso Petrobras' y se la entregó al Supremo junto a los documentos relacionados con la trama y basados sobre todo en las declaraciones a la policía del cambista ilegal Alberto Yousseff y el ex director de Petrobras Paulo Roberto Costa. Nacido en Belo Horizonte y propuesto para el cargo por Rousseff en agosto de 2013, Janot ha sido amenazado de muerte en las fechas previas a la entrega de la lista, y muchos lo consideran un héroe por haber incluido en ella a políticos de varios partidos, incluido el del Gobierno.
El magistrado del Tribunal Supremo será el relator del caso y marcará los tiempos de la investigación conjunta con la policía que se llevará a partir de ahora, tomando como base las cinco cajas de documentos recibidas de Janot. La investigación pasa por el Supremo porque los sospechosos son aforados. Nacido en Santa Catarina y nombrado por Rousseff en noviembre de 2012, defendió la suspensión de la pena por formación de grupo criminal, al considerar los castigos exacerbados en el histórico juicio al 'mensalao', último gran escándalo previo a Petrobras.
El ex director del área de abastecimiento de Petrobras fue uno de los primeros nombres en aparecer ligados al 'caso Lava Jato'. Fue detenido en marzo de 2014 por usar su cargo para consolidar la trama junto a otros directores de la empresa, ejecutivos de constructoras y empresas de ingeniería e importantes políticas. Sus declaraciones premiadas a la policía, a cambio de reducción de penas, dieron a los investigadores los nombres y funcionamientos
El otro gran delator de la trama fue preso también en marzo por ser uno de los emisarios que llevaba las comisiones ilegales a los empresarios y políticos en nombre de Petrobras. Vendedor ambulante cuando era un niño en la región de Paraná, fue detenido en la adolescencia por llevar a Brasil mercancías de Paraguay ilegalmente. En 2002, ya estuvo implicado en un escándalo decompra ilegal y envío irregular de dinero al exterior.
Comandó la investigación de la primera fase del 'caso Lava Jato' haciendo honor a su fama de mano dura e independencia: mandó a prisión a 21 de los más importantes empresarios del país (representantes de importantes constructoras y empresas de ingeniería como Camargo Correa, Galvao Engenhearia, OAS, etc) como implicados en el cobro de mordidas procedentes de Petrobras.
Nacido en Río de Janeiro, es licenciado en economía y miembro del PMDB. Pertenece a la iglesia evangélica neopentecostal. La victoria de la votación en la Cámara para que se convirtiera en el nuevo presidente del Congreso desde `principios de año se consideró una gran derrota de Dilma en su necesidad de diálogo con el legislativo. Al aparecer su nombre en la lista, esa ruptura alcanza cotas máximas, pues Cunha dice que la lista fue elaborada "al servicio del ejecutivo". Cunha habría recibido comisiones del directorio internacional de Petrobras desde que se llevó el porcentaje de una contratación de navíos en 2006 y 2007.
Natual del estado de Alagoas y abogado de profesión, Calheiros ya ha sido denunciado en varias ocasiones por corrupción y en 2013 más de un millón y medio de firmas pidieron que saliera de su cargo de presidente del Senado. No obstante, fue reelegido a principios de febrero. Ahora, los documentos compilados por el procurador en manos del Supremo apuntan a que cobró porcentajes de los contratos de la subsidiaria estatal de Petrobras, Transpetro. Él lo niega.
El nombre de la mandataria aparece en las declaraciones de Costa y Yousseff. No obstante, el Supremo asegura que su implicación en el escándalo es "indirecta" y tiene que ver con la captación irregular de fondos que el ex ministro Palocci lideró para la campaña presidencial de 2010. Ministra de Minas y Energía entre 2003 y 2005, también ejerció desde que asumió ese cargo y hasta 2010 como presidenta del Consejo de Administración de Petrobras. Lacorrupción sistemática, por tanto, tenía lugar muy cerca de ella. No obstante, su principal desafío a partir de ahora no es la de limpiar su nombre, sino la de gobernar con el legislativo en su contra y abrazar políticas positivas contra la corrupción que devuelvan la credibilidad a la clase política brasileña.
El sindicalista y ex operario de bancos fue el primer político interrogado por la policía por el 'caso Petrobras' a principios de febrero, acusado de tomar al menos 50 millones de dólares de los 200 desviados por la petrolera para financiar ilegalmente al Partido de los Trabajadores entre 2003 y 2010.
Mano derecha del ex presidenciable Aecio Neves cuando éste era gobernador de Minas Gerais, el ex abogado Anastasia perdió en octubre del pasado año las elecciones estatales para ocupar este mismo cargo. Asumió un asiento como senador tras las elecciones y ahora es el único miembro del principal partido de la oposición que aparece en la lista de sospechosos (el Partido Progresista, con 32 nombres, es el mayor implicado). Niega haber recibido ilegalmente un millón de reales (300.000 euros) de las manos de un emisario de Youssef, según la acusación de este último. El nombre de Aécio Neves, ex candidato al Gobierno el pasado año, aparece en la lista Janot junto a un pedido para archivar el caso.
Unos tres mil obreros que trabajaban para una empresa contratista de Petrobras y que están sin recibir salarios desde finales del año pasado alegan ser las primeras y más frágiles víctimas del gigantesco escándalo de corrupción que tiene a la empresa estatal como protagonista.
Los portavoces de los obreros relataron a Efe que trabajaban para Alusa, una de las empresas contratadas por Petrobras para construir el Complejo Petroquímico de Río de Janeiro (Comperj) en Itaboraí, una ciudad a 50 kilómetros de Río de Janeiro, y que declaró la suspensión de pagos.
La contratista fue una de las empresas afectadas por la decisión de Petrobras de revisar sus inversiones y de posponer algunos proyectos, incluso el de la Comperj, para hacer frente a la crisis generada por el descubrimiento de millonarios desvíos en los contratos de la estatal, mayor empresa de Brasil.
La situación está devolviendo a miles de personas a situaciones de necesidad, e incluso marginalidad, que se creían superadas desde la época de la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva, cuyos programas sociales permitieron que más millones de brasileños salieran de la pobreza.
El anuncio de la construcción de la Comperj en Itaboraí y de la bonanza prometida por los gigantescos yacimientos submarinos descubiertos por Petrobras atrajo a miles de trabajadores, absorbidos inicialmente por las contratistas de la estatal.
Con la paralización de las obras, miles de trabajadores dejaron de cobrar o fueron despedidos durante el último trimestre de 2014 sin indemnización alguna, y sin que se les devolvieran su identidad laboral, lo que les dificulta la búsqueda de un nuevo empleo.
La situación es más grave para los empleados de Alusa, que no reciben desde noviembre, ya que la empresa, ahora llamada Alumini, alega tener una millonaria deuda y ser incapaz de pagar sus obligaciones desde que Petrobras rescindió unilateralmente el contrato.
“Aunque no es posible predecir nada, porque ni Petrobras ni Alumini se han manifestado, el mayor culpable aquí es la presidenta Dilma Rousseff que tomó decisiones equivocadas y ahora son los trabajadores los que pagamos las cuentas de los ladrones de la Petrobras”, dijo a Efe el líder sindical Elivaldo José dos Santos, dirigente del sindicato que representa a los afectados (Sintramon).
Al pequeño empresario Marcos Paulo Pires e Silva, sin embargo, sólo le queda la esperanza de superar la ruina tras invertir lo que tenía en abrir la Pousada do Trabalhador, donde se alojaban cientos de operarios de Alumini.
Hoy las habitaciones están prácticamente vacías y para poder pagar a sus empleados, la luz y el alquiler, Pires e Silva ha tenido que poner a la venta el mobiliario de la posada. “En este momento no tenemos ni un 3 % de ocupación y algunos ni siquiera pagan, por lo que no puedo hacer frente al alquiler del local, ni a los sueldos de mis empleados, aunque tengo esperanza de que la justicia solucione pronto el problema”, comenta.
El empresario ha optado por la solidaridad hasta donde llegue. “Tengo alojados 20 trabajadores que no pueden pagar nada, pero soy incapaz de echarlos a la calle porque sé que no tienen dinero para regresar a sus casas y terminarían como mendigos por las calles: trabajadores cualificados mendigando”.
Pero no sabe cuánto más podrá seguir así. “Voy a ayudarlos mientras pueda, y cuando ya no pueda cada uno tendrá que remar su propio barquito”, dijo a Efe con tristeza.
Uno de ellos es Gessé Dias Lopes, de 62 años, que pretendía completar años para jubilarse cuando Alumini lo echó. Ahora “me busco trabajillos aquí en Itaboraí, uno o dos a la semana, donde me dan de comer, y por la noche en la pensión y me pago la cena”, dijo. A veces, agregó, “si me sobran unos reales, los envío a la familia”.
Cassia Gonçalves y su marido llegaron a Itaboraí para trabajar en las obras de la refinería desde el estado de Espíritu Santo. Ambos cuentan con muchos años de experiencia como soldadores. Ahora intentan ganarse la vida fabricando pastelillos caseros y vendiéndolos por las calles.
“Vendo pastelillos para poder pagar mis cuentas con honradez, lo que no están haciendo conmigo ni Petrobras ni Alumini”, asegura Gonzalves, que se dice una de cientos de trabajadores presos en Itaboraí y sin condiciones de volver a su ciudad de origen.
“La recaudación en Itaboraí ha sufrido una caída considerable, mientras que la demanda social se ha incrementado tremendamente desde finales del año pasado”, dijo a Efe el coordinador municipal de ayuda a los sin techo, Fábio Krespane.
El funcionario aseguró que muchos trabajadores vagan por las calles de Itaboraí o de otras localidades vecinas pidiendo limosna o tratando de vender cualquier cosa en los semáforos, y que el mayor problema es que aún siguen llegando personas que consideran la ciudad como un El dorado del petróleo.
