La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff no será investigada por presunta implicación en escándalo de corrupción en Petrobras que sacude al país desde hace meses. En la lista de 54 presuntos implicados en la trama que el procurador general Rodrigo Janot entregó esta semana al Supremo Tribunal Federal para que se inicien investigaciones, se incluía también un pedido para archivar la investigación sobre la presidenta, citada en algunas de las declaraciones de testigos y acusados.
El motivo que dio Janot para pedir que se archiven las investigaciones, según publica el diario Estado de Sao Paulo, es que a un presidente sólo se le puede investigar por irregularidades cometidas durante su ejercicio en la jefatura de Estado, mientras que las citaciones estarían referidas al periodo entre 2003 y 2010, cuando fue Ministra de la Casa Civil y también presidenta del Consejo de Administración de Petrobras.
La operación, también conocida como "Lava Jato" (lavado rápido), investiga el desvío de entre 10.000 y 20.000 millones de reales (3.000 y 6.000 millones de euros) de Petrobras mediante el amaño sistemático de adjudicaciones de obras públicas con empresas constructoras, cuyos empresarios, como los políticos implicados y los responsables de la petrolera, recibían generosas «mordidas» de los precios acordados en los proyectos.
En cuanto al que fue rival de Rousseff en el segundo turno de las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre, el senador Aécio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), Janot también pidió que se archivara su investigación debido a que las menciones a su persona no son suficientes para considerarle sospechoso.
El magistrado de la Corte Suprema Teori Zavascki se encuentra inmerso en el estudio de cinco cajas de documentos recibidas del procurador además de la lista, que podría dar a conocer hoy rompiendo el sigilo de los documentos.
Comprometidos. Según medios de prensa brasileños, la nómina incluye a numerosos congresistas EM_DASHentre ellos los presidentes de la Cámara baja, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan CalheirosEM_DASH, así como a ex ministros de los gobiernos de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) y de la actual presidenta Rousseff. El pedido de investigación se basa en denuncias hechas por el ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y del cambista Alberto Yousseff, arrestados hace un año en el marco de una investigación de la policía federal sobre evasión de impuestos y lavado de dinero. En un intento de reducir sus condenas, Costa y Yousseff firmaron un acuerdo de delación premiada mediante el cual suministraron al Ministerio Público informaciones sobre una red de corrupción que, entre 2004 y 2012, desvió unos 3.700 millones de dólares de Petrobras para pagar sobornos a funcionarios y financiar partidos políticos.
Gritos e insultos. En tanto, el comienzo de una investigación en el Congreso brasileño sobre la corrupción en la estatal Petroleo Brasileiro SA estalló ayer en un intercambio de gritos, cuando legisladores acusaron a quien encabeza la pesquisa de buscar manipular el resultado. Varios legisladores protestaron contra la decisión del presidente de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la Cámara baja, Hugo Motta EM_DASHdel oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)EM_DASH de designar a encargados de comandar las investigaciones sin consultas previas a sus pares.
La disputa se debió a la decisión de Motta de crear varios subcomités con sus propios relatores, una medida que algunos insinuaron socavaría el poder del relator principal del comité, Luiz Sergio, miembro del Partido de los Trabajadores al que pertenece la presidenta Dilma Rousseff. Los relatores, debido a que controlan la redacción del reporte final del comité, tienen mucho poder sobre las conclusiones oficiales.
Ayer por la mañana, los medios periodísticos brasileños repercutieron por unas horas la mención de la presidenta Dilma Rousseff en el proceso por corrupción en Petrobras, que involucra a partidos, parlamentarios y empresas. La versión afirmaba que la jefa de Estado figuraba en la lista de 54 personas que deberán ser investigadas, elaborada por el procurador Rodrigo Janot. La información añadía que el senador y ex candidato presidencial Aécio Neves se encontraría en la misma situación que la jefa de Estado. Y que el fiscal general había recomendado archivar estos dos casos.
Por la tarde, la información fue enmendada: el nombre de la presidenta brasileña nunca figuró en la lista del medio centenar de supuestos culpables. ¿Sin embargo de dónde salían esas referencias? La mención de Rousseff había sido realizada por los cambistas y ex directores de la estatal Petrobras que están en prisión. Y correspondían a la etapa en que ella se desempeñó como ministra de Minas y Energía, en el primero gobierno del ex presidente Lula da Silva. En el caso de Aécio Neves, las declaraciones de los reos que se acogieron a la “delación premiada” --es decir con menos penalidad a cambio de la confesión--, son más concretas: afirmaron que el senador había recibido dinero ilegal de la empresa estatal Furnas Centrales Eléctricas cuando era diputado federal, hace ya una década. Y estos hechos, no guardarían relación con Petrobras.
La lista de involucrados, que incluye a parlamentarios, empresarios y gobernadores, un escándalo que ha hecho estremecer a Brasil, está en manos de la Corte Suprema hacia donde la direccionó el procurador Janot el martes último.
En ella, por lo que se sabe, están dos importantísimas figuras públicas: el presidente del Senado, Renán Calheiros y el titular de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Ambos negaron cualquier relación con la mafia de ex directores de la compañía que operaba una caja de millones de dólares para financiar campañas de parlamentarios y, sin duda, para consumo propio. Ambos legisladores pertenecen al PMDB, el mayor partido brasileño, aliado del PT y que integra, también, el vicepresidente del país.
El mecanismo, que causó un verdadero estrago en la petrolera estatal, consistía en acordar con las empresas proveedoras de obras e insumos una sobrefacturación de bienes y servicios prestados, a cambio de garantizarles el éxito en las licitaciones. El “club de constructoras privadas” que entraron en esa variante está integrado por los mayores grupos empresariales de Brasil.
La operación, también conocida como ‘Lava Jato’, comprende el desvío de entre 10.000 y 20.000 millones de reales (3.000 y 5.000 millones de dólares) de la empresa mediano esas adjudicaciones de obras públicas. Los empresarios y los políticos implicados recibían importantes sobornos.
Además de los dos prominentes jefes del Congreso, la nómina incluye a 45 legisladores nacionales de varios partidos y cubriría todo el arco ideológico: pertenecerían al oficialismo como también a la oposición. Esos congresistas habrían incurrido en los delitos de corrupción y de lavado de dinero. Los documentos elaborados por la Procuración están ahora en manos del juez de la Corte Teori Zavascki, quién deberá sintetizar las investigaciones realizadas en Curitiba por el Ministerio Público que pasó por las manos del juez del estado de Paraná, Sergio Moro.
La prensa brasileña especulaba ayer con la posibilidad de que el análisis del tribunal supremo concluya este fin de semana. En teoría, el lunes próximo podría divulgarse el “catálogo” de políticos que supuestamente serían culpables de la corrupción que durante años corroyó la mayor petrolera de América Latina y una de las top del mundo.
Entre tanto, el Congreso brasileño protagonizaba un nuevo show: una Comisión Parlamentaria que deberá investigar el caso de Petrobras inició ayer sus deliberaciones con peleas entre sus miembros.
Esta Comisión legislativa fue montada en forma reciente debido al escándalo y, oh casualidad, está presidida por un joven político puesto allí a instancias de Cunha, el presidente de la Cámara Baja que se habría “beneficiado” del mecanismo de coimas imperante en la petrolera. Ayer, los legisladores de esa comisión decidieron convocar a la ex presidenta de Petrobras, Graca Foster; al también ex presidente José Sergio Gabrielli; al ex director Paulo Roberto Costa (en prisión domiciliaria) y al cambista Alberto Youssef.
El escándalo se profundizó en momentos que Rousseff inició este enero su segundo mandato en condiciones muy difíciles por el nulo crecimiento de la economía. Las turbulencia provocan fuerte cambios en el mercado cambiario. El gobierno varió su línea anterior de centroizquierda y se puso en manos de un estricto equipo de economistas ortodoxos dispuestos a una fuerte austeridad y reducción del gasto público.
La comisión parlamentaria que investiga el escándalo de corrupción en la estatal brasileña Petrobras citó a declarar a los ex presidentes de la empresa Sergio Gabrielli y María das Graças Foster. Entretanto, crecía la expectativa en todo el arco político por la publicación de la lista con los 54 funcionarios implicados en el escándalo de corrupción.
Gabrielli, un conocido dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), presidió la empresa entre 2005 y 2012, cuando fue sustituido por Foster, una ingeniera química muy cercana a la presidenta Dilma Rousseff y que dejó el cargo el mes pasado, acorralada por las denuncias de graves irregularidades en la gestión. El presidente de la comisión investigadora, Hugo Motta, se mostró satisfecho con lo realizado ayer. “Mi evaluación es que fue un día importante, empezamos con el pie derecho, juntaremos testimonios y demostraremos que en Brasil hay voluntad para investigar”, dijo.
La sesión del grupo parlamentario, realizada en forma pública, tuvo momentos de tensión entre los diputados de la base oficialista y de la oposición, pero cuando los ánimos se calmaron la comisión acordó citar también a varios ex directivos de Petrobras que permanecen en prisión por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción en el que está envuelta la estatal. Entre ellos se destacan Paulo Roberto Costa, ex director del sector de Abastecimiento, y Nestor Cerveró, antiguo responsable del área internacional de la empresa, quienes firmaron sendos acuerdos de colaboración judicial a cambio de una futura reducción de penas.
No obstante, la prioridad para declarar la tendrá el ex presidente de la empresa Pedro Barusco, ya que tanto el PT como el PSDB están interesados en su declaración, que está prevista para el próximo martes. Barusco dijo a la Policía Federal que comenzó a recibir fondos entre 1997 y 1998, lapso que corresponde a la gestión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. La junta investigadora aprobó también la contratación de la empresa Kroll, la cual proveerá servicios de investigación para rastrear cuentas en el exterior y obtener información de recursos desviados de Petrobras.
Las comparecencias, cuyas fechas serán definidas en los próximos días, fueron acordadas en momentos en que el Congreso vive horas de tensión a la espera de que sean divulgados los nombres de 54 políticos que fueron implicados en el caso por la fiscalía. La lista de políticos está en manos del Tribunal Supremo, que informó de que sólo la divulgará una vez que decida si acepta o no las denuncias formuladas por el fiscal general, Rodrigo Janot. Pese al estricto secreto judicial que encubre la lista, se espera que incluya a los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, así como a decenas de legisladores de partidos de la base oficialista y de la oposición. Cunha se presentó ayer personalmente ante la comisión y volvió a negar su participación en cualquier irregularidad ocurrida con la empresa, pero aun así dijo estar dispuesto a comparecer ante ese grupo cuando se lo solicite. “Este parlamentario está a disposición para prestar todo tipo de esclarecimiento”, declaró Cunha que, al igual que Calheiros, pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer.
Según la investigación, los empresarios obtenían contratos con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto del dinero lo distribuían entre los políticos.
Por VIVIANNE RODRIGUES Y JOE LEAHY.
La decisión de Moodys la semana pasada de bajarle la nota crediticia y quitarle la categoría de investment grade a la petrolera estatal brasileña Petrobras y dejarla en el territorio de bonos basura provocó una fuerte liquidación en los mercados del país y aumentó las posibilidades de que tenga consecuencias para quienes invierten en bonos corporativos latinoamericanos.
El rápido crecimiento en la región durante la década pasada provocó que una nueva ola de compañías, entidades de préstamo e inversores ingresara a los mercados de deuda para satisfacer las mayores necesidades de financiación.
Pero los mercados de bonos locales todavía son pequeños en relación al PBI y el segmento más desarrollado sigue siendo el de los bonos emitidos por gobiernos. Como resultado, el mercado de deuda norteamericano, con su amplia liquidez y su diversificado pool de inversores a largo plazo, se convirtió en el principal destino para las empresas emisoras de bonos más grandes de la región.
Ahora, los inversores se preguntan si la espectacular caída en desgracia de Petrobras provocada por un escándalo de corrupción es un caso aislado o si los problemas también perjudicarán a otras compañías latinoamericanas grandes que buscan financiarse en el mercado de capitales.
"Esta es una situación compleja que atraviesa una compañía muy grande, con bonos en carteras de todo el mundo, y con el potencial de dañar verdaderamente la economía más grande de América latina", aseguró Jason Brady de Thornburg Asset Management.
Las compañías latinoamericanas vendieron bonos por u$s 423.800 millones en Estados Unidos desde 2006 ( a los bonos nominados en dólares y emitidos en Estados Unidos por empresas extranjeras se los llama "yankee bonds"). Petrobras sola ofreció deuda por u$s 42.400 millones. Únicamente la mexicana Pemex vendió más durante el mismo período, unos u$s 43.400 millones, según Dealogic.
Su categoría de investment grade y los rendimientos superiores que ofrecía en relación a sus pares de naciones desarrolladas permitieron que los bonos de la petrolera formaran parte de una gran cantidad de carteras de inversión. Los inversores hacían fila para adquirir deuda en las subastas.
Cuando Petrobras vendió u$s 11.000 millones de bonos en mayo de 2013, la colocación de deuda más grande por parte de una compañía del mercado emergente, la oferta recibió órdenes por u$s 50.000 millones. Un 30% de los títulos se vendieron a inversores de Asia, Europa y Medio Oriente.
Pero desde entonces, algunos de los bonos de referencia de la petrolera cayeron más de 20%.
Petrobras todavía mantiene la nota de grado de inversión que emitieron Fitch y Standard & Poors, pero otra rebaja en su calificación podría derivar en una mayor liquidación porque muchos inversores institucionales no tienen permitido tener deuda calificada como bono basura.
La liquidación debilitó los mercados de bonos latinoamericanos. La compañía representa casi 4% del índice CMBI de deuda corporativa latinoamericana de JPMorgan, que tuvo retornos negativos cercanos a 0,4% desde julio pasado, comparado con la ganancia de 0,5% de la deuda corporativa de mercados emergentes en general en el mismo período.
En Brasil, donde la deuda corporativa local está en manos de bancos y administradoras de fondos locales, los vaivenes de los bonos de Petrobras han sido menos severos que en los mercados extranjeros. La mayoría de los inversores prefería el mercado de bonos del gobierno a corto plazo que es más líquido porque apostaban a que la presidente Dilma Rousseff resolverá los problemas de la compañía y encaminará las finanzas de su administración.
Si el país limpia Petrobras y cumple con sus metas fiscales, el repunte sería considerable, aseguró Clayton Rodrigues de Bradesco Asset Management en San Pablo. Pero el fracaso podría condenar a Brasil a un peor desempeño.
Algunos inversores están en desacuerdo. Aseguran que los temores a una liquidación prolongada en Brasil y en los bonos corporativos de la región no están justificados.
Durante la mayor parte de la década pasada, fueron poco frecuentes los grandes estallidos en el mercado de deuda corporativa latinoamericano como el derrumbe del imperio del multimillonario brasileño Eike Batista y un par de defaults entre constructoras mexicanas. Su impacto es tan localizado que cualquier liquidación amplia ofrece recompensas a los compradores con horizontes de inversión de largo plazo.
"Algunos de los desafíos que enfrentan Petrobrás, Brasil y otras economías latinoamericanas provienen de cuestiones fuera de su control, como los precios del petróleo, la desaceleración de China y el fortalecimiento del dólar", aseguró Paolo Valle de Manulife Asset Management.
Petrobras es la mayor empresa estatal de Brasil y emplea a 87.000 personas en todo el país. Representa uno de los corazones de la economía nacional, por lo que las denuncias y escándalos de corrupción están teniendo una fuerte repercusión.
El origen de la denuncia
El caso llegó a la opinión pública en marzo del año pasado, cuando 24 personas fueron detenidas por estar involucradas en denuncias de lavado de dinero. Sin embargo, el caso había comenzado casi un año antes, en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero de tamaño mediano que operaba desde Brasilia y San Pablo. Luego de varios meses de investigación, la causa los llevó hasta Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero y, viejo conocido de la Policía Federal. El detenido rápidamente llegó a un acuerdo y sus testimonios hicieron estallar el caso.
¿Quiénes son los principales acusados?
Además de Youssef y Costa, en este momento se encuentran detenidas 13 de las 21 personas apresadas el pasado 14 de noviembre. Entre ellos hay algunos de los principales empresarios constructores del país, líderes de un grupo selecto de 16 empresas contratistas que (según diversos testimonios de delatores premiados) se repartían los contratos de la petrolera y pactaban hasta los porcentajes de los sobornos.
¿Cómo funcionaba la red de lavado?
La petrolera licitaba sus obras más importantes a empresas constructoras brasileñas y de allí se desviaba sistemáticamente en sobornos un porcentaje cercano al 3% para empresarios y políticos. Luego, el dinero blanqueado se reintroducía en el sistema mediante negocios de estaciones de servicio, lavanderías u hoteles. Los sospechosos transferían sumas elevadas de dinero al extranjero, a través de una red de más de cien empresas "truchas" y cientos de cuentas bancarias que despachaban millones de dólares hacia China o Hong Kong.
¿Qué partidos políticos fueron los beneficiados?
El principal afectado, hasta el momento, fue el Partido por Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), aliado del gobierno de Dilma. Sin embargo, se cree que la lista afectará a la totalidad del arco parlamentario. La nómina de diputados y senadores denunciados por los diversos delatores y filtrada a la prensa incluye a varias decenas de parlamentarios.
