Prisión preventiva para el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, fue lo que solicitó esta mañana el Ministerio Público, acción que repitió la totalidad de los abogados querellantes, durante la segunda jornada de formalización en el marco del denominado caso Penta, que se realiza desde ayer en el Octavo Juzgado de Garantía, presidido por el magistrado Juan Manuel Escobar.
La solicitud de dicha medida cautelar además se repitió para el funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Martínez, acción que también había quedado pendiente desde ayer.
Durante la extensa jornada además entregaron sus argumentos los querellantes del Consejo de Defensa del Estado (CDE), en voz de su propio presidente Juan Ignacio Piña y la consejera María Inés Horvitz; el SII, a través de Benjamín Ríos; el Partido Socialista (PS) representado por Enrique Aldunate; Ciudadano Inteligente en voz del abogado Pedro Orthusteguy; y Alejandro Peña por SVA.
"ASOCIACIÓN ILÍCITA CRIMINAL"
En tanto, los abogados del PS, Enrique Aldunate y de SVA, Alejandro Peña, solicitaron al tribunal considerar el delito de "asociación ilícita criminal", a la luz de los hechos relatados por el Ministerio Público, el resto de los querellantes, y las pruebas mostradas durante la audiencia, las que según indicó Peña, "todavía no se han mostrado en su totalidad".
El diario británico The Guardian informa que "el principal fiscal de Chile ha presentado el fraude, blanqueo de dinero y cargos de soborno contra ex funcionarios y financistas de un partido político de derecha creado para perpetuar el legado económico de Augusto Pinochet".
"Sabas Chahuán, el fiscal nacional, argumentó que la evidencia de soborno generalizado de altos funcionarios del Ministerio de Minería y millones de dólares en contratos falsos era suficiente para solicitar la detención inmediata de Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín, ambos de los cuales son los controladores del Grupo Penta".
"Lo que tenemos aquí, su honor, es un conglomerado económico con la evasión de impuestos como parte de su cultura", dijo el fiscal Carlos Gajardo en su discurso de clausura. "Desde el más alto ejecutivo hasta el último conserje, todo el mundo ha presentado facturas falsas ... La sociedad Penta ha evolucionado hasta convertirse en una máquina para defraudar al Estado".
"Délano y Lavín, considerados por mucho tiempo como padrinos políticos por la derecha chilena, también fueron acusados de canalizar cientos de miles de dólares a los candidatos políticos de derecha en la última década", sostiene el medio británico.
"La decisión de Chahuán para pedir la prisión preventiva, envió un mensaje poderoso en Chile".
"La presión pública para acabar con la corrupción y el tráfico de influencias se encuentran en su punto más alto en Chile siguiendo no sólo las revelaciones Penta sino también la reciente noticia de que el hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos se beneficiaría de un préstamo de US$10 millones. Dávalos no ha sido acusado de ningún delito, pero ha renunciado al Partido Socialista", finaliza el diario The Guardian.
Desde 2005 que el anexo penitenciario Capitán Yáber funciona en Santiago. Allí llegan imputados y condenados por diferentes delitos, pero que cuyo factor en común es la connotación pública que poseen.
Este lugar -dependiente de la Unidad Especial de Alta Seguridad de Gendarmería- es uno de los centros penitenciarios que recibirá -si el juez así lo decide- a los imputados del caso Penta que se les decrete la prisión preventiva.
Este podría ser el caso de Carlos Alberto Délano, formalizado por el delito de tributario y soborno, mismo delito por el cual fue imputado su socio Carlos Eugenio Lavín.
Para ambos, la fiscalía pidió la prisión preventiva, lo mismo que el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y el ex fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Martínez.
En esta unidad ya cumple prisión preventiva,, el imputado Iván Álvarez, ex fiscalizador del SII, por la arista FUT. El ex funcionario público está preso desde septiembre de 2013.
De acuerdo a la información entregada desde Gendarmería, el anexo cuenta con una capacidad para aproximadamente 30 reclusos y que es un penal tranquilo, donde llegan imputados y condenados por cualquier tipo de delito, pero que cumplen un perfil de alta connotación.
Distribución
Actualmente en Capitán Yáber están presos cerca de siete internos, quienes cumplen con todas las normas habituales de los demás penales del país, aseguraron desde la institución. En el anexo ubicado en calle Pedro Montt, los reclusos tienen la posibilidad de gozar de una salida diaria al patio y también distraerse jugando pool o viendo televisión.
Dentro del penal existen tres piezas grandes y dos salones de uso común para recibir visitas. Además, sus instalaciones cuentan con un espacio habilitado para hacer ejercicio con trotadoras y máquinas de fuerza, con la estricta vigilancia de un gendarme.
En cuanto a la distribución de los internos, Gendarmería deberá disponer de los espacios dependiendo de cuántos imputados estén en el anexo, por lo que, de acuerdo a la capacidad del recinto se van reacomodando las piezas.
Lo mismo ocurre con camas: cuando la capacidad no está cerca del límite, se permite que se ubiquen camas en las piezas, pero en el caso que se llegara a un número cercano a los treinta internos, se instalarían literas.
En cuanto a las visitas, estas son día por medio, según informó un ex recluso del anexo. Además, agregó que se puede pedir permiso para poder invitar a la familia en ocasiones especiales.
Dicha situación se dio, por ejemplo, cuando el ex presidente de La Polar, Pablo Alcalde pasó la Navidad de 2011 en el penal, mientras cumplía la prisión preventiva (ver recuadro).
Desde Gendarmería afirmaron que aún no está definido que sea este el centro penitenciario que albergue a los imputados por el caso Penta, porque si bien es la institución quien dispone de estos espacios, el tribunal es quien determina cuál recinto cumple con las condiciones de seguridad para alojar a los formalizados.
