El senador por Chubut Mario Cimadevilla, de la UCR, confirmó ayer a este diario que la SEC (Securities and Exchange Commission) está realizando una investigación sobre el presunto pago de sobornos por parte de BP (ex British Petroleum) en la Argentina. Según el legislador, Pan American Energy, en la cual BP es el accionista principal, habría pagado hasta 300 millones de dólares para lograr en 2007 la renovación del contrato de Cerro Dragón por 40 años. Dijo que del total, "por lo menos una parte, la que está registrada -47 millones de dólares- se habría triangulado a través de Cliveden, una empresa del grupo Vila-Manzano".

Cimadevilla estuvo en febrero en Nueva York para averiguar sobre el caso y mantuvo una reunión con dos representantes de la SEC, un fiscal y un agente del FBI, porque en EE.UU. se presume que una entidad bancaria de ese país participó en los pagos. La investigación de la SEC se originó en noviembre de 2010, y se basa en observaciones que surgieron sobre algunos asientos contables de los balances, sobre los cuales BP no dio respuestas satisfactorias.

El legislador consideró que la investigación de la SEC "puede incluir una autodenuncia de BP, como hizo Siemens", pero no pudo confirmarlo. Según su sospecha, luego de que el organismo estadounidense detectó incongruencias en los estados contables, para poder seguir cotizando en Bolsa, BP se autoincriminó, por lo que terminaría pagando una multa. 

Según Cimadevilla, las actuaciones no incluyen a PAE ni tampoco a Bridas porque no cotizan en la Bolsa de Nueva York. Reseñó además que una fiscal de Chubut le pregunta a un directivo de BP en diciembre de 2014 sobre estas cuestiones, a lo que el interrogado respondió que BP no se autodenunció, pero llamativamente también dice que la empresa no tiene relación con Cerro Dragón, por lo cual el legislador consideró que hay que investigar qué filiales o subsidiarias de la ex British Petroleum están relacionadas con el tema.

Cimadevilla dijo también que el testimonio del exprocurador de Chubut, Eduardo Samamé, muestra cómo parte de los presuntos sobornos se triangularon a través de empresas del grupo Vila-Manzano (Cliveden, Integra y Kilwer). Relató que Petrominera, la empresa provincial de energía, "licitó áreas sin valor geológico y las adjudicó a esas firmas que fueron las únicas en presentarse". 

Añadió que la maniobra incluyó "resoluciones mellizas": las empresas de Vila-Manzano no pagaron el canon por las áreas y Petrominera se lo condonó a través de la Resolución 9 de 2006 que no fue registrada. En tanto, la resolución 9 que quedó oficializada se refiere a la compra de insumos.

El legislador relató que los derechos sobre tres de las áreas son vendidos a PAE a los pocos días de haberse renovado el contrato de concesión de Cerro Dragón aparentemente por 47 millones de dólares "porque ésa es la cifra que está registrada". Sostuvo, como Samamé, que posteriormente PAE devuelve esos bloques sin efectuar reclamos a la provincia, "lo que demostraría que la venta de las áreas fue una vía para canalizar los sobornos".

A través del abogado León Arslanian, Pan American Energy solicitó al juez Rodolfo Canicoba Corral anular medidas ejecutadas en la causa que investiga el eventual pago de sobornos, incluido el procedimiento que realizó en Rawson el fiscal federal Guillermo Marijuan. El pedido sería rechazado por el magistrado.

Mientras se espera la confirmación de la fecha en que el fiscal federal Guillermo Marijuan viajará a Estados Unidos para ejecutar en persona el exhorto a la Securities and Exchange Commission (SEC), ayer se confirmó que Pan American Energy (PAE) solicitó la nulidad de diversas medidas solicitadas en la causa federal que investiga el presunto pago de coimas para obtener la concesión del yacimiento Cerro Dragón hasta 2047.

Según la información a la que pudo acceder Diario Patagónico, la operadora, socia de British Petroleum (BP) solicitó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral la nulidad de las últimas medidas ejecutadas, entre ellas los procedimientos que encabezó el fiscal federal Guillermo Marijuan el martes 24 de febrero en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Rawson, donde se solicitó información de tres áreas sindicadas por el procurador general, Eduardo Samamé, como el nexo para el pago de sobornos.

El pedido fue ejecutado a través del abogado León Arslanian, quien en 2014 ya había asesorado a la operadora luego de que se conociera que BP se había autodenunciado en la Comisión de Valores de Estados Unidos para investigar posibles pagos irregulares en el marco de la negociación.

El pedido, sin embargo, sería desestimado por Canicoba Corral luego de que el mismo fiscal Marijuan dictamine la nulidad del planteo. De esta forma se daría crédito a las medidas ejecutadas en la causa originada por la firma de aquel convenio en 2007 con el gobernador Mario Das Neves.

Por otro lado, se supo que el juzgado federal recibió el exhorto que había enviado a la SEC, pero sin respuesta, ya que el pedido no cumplía todos los requisitos que exige esa comisión, por lo que fue devuelto desde Estados Unidos.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores le confirmaron al mismo juez las exigencias de este organismo y los requisitos que se deberán cumplir, entre ellos el acompañamiento de la denuncia en la cual el gobierno provincial es querellante, y la acusación realizada por Samamé. Por ello deberá ser ejecutado nuevamente.

 SAMAME DEFENDIO SU DENUNCIA

Mientras se aguarda el avance de la investigación que involucra al ex gobernador y actual diputado nacional Mario Das Neves; a su ex ministro Coordinador, Norberto Yauhar; a los ex presidentes de Petrominera, Néstor Di Pierro y Luis Tarrío, y al ex secretario de Hidrocarburos, Sergio Bohe, el mismo Yauhar salió a defenderse de la denuncia realizada en la Justicia federal (ver recuadro). En este marco, apuntó contra Samamé y confirmó que lo denunció en forma civil y penal.

La respuesta no tardó en llegar y el ex procurador general confirmó que ratificará sus dichos ante la Justicia, asegurando también que Yauhar no tiene forma de justificar su incremento patrimonial desde 2003 a la fecha.

“El incremento patrimonial de Yauhar desde 2003 a la fecha es inocultable. Es algo que ningún vecino de Rawson o del Valle ignora. Era un empleado de la Dirección de Rentas y adscripto durante mucho tiempo a la Legislatura. De ninguna manera podría haber adquirido los bienes que tiene si no hubiera sido por su paso irregular por la función pública, por los negocios que hizo por la función pública”, sostuvo Samamé en diálogo con Radio La Petrolera.

“Él puede sentirse injuriado y yo voy a ratificar todo lo que he expresado hasta ahora”, agregó, asegurando que el contrato de concesión “chorrea escándalos por todos lados”.

Mañana la Fiscalía de Estado de Chubut entregará documentación ante un juzgado nacional en Buenos Aires. Será en el marco de la denuncia realizada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina, patrocinada por el abogado Jorge Vanosi, y que comprende al anterior Gobierno provincial y a la operadora Pan American Energy (PAE), por la extensión del contrato de la explotación de Cerro Dragón, solicitando su nulidad.

Según confirmó a Diario Patagónico el fiscal de Estado, Miguel Montoya, la entrega se hará a través de Carlos Froment, representante legal autorizado por el Gobierno provincial. De esta forma, se entregará la extensión del contrato de concesión firmado en 2007 y el acta de la sesión de la Legislatura provincial en la que se la avaló, con los votos de cada uno de los diputados. Además se incluirá un informe oficial contable; una pericia realizada por un ingeniero en petróleo y el nombre de cinco ex funcionarios “tres de ellos en actividad” que podrían prestar declaración testimonial por los cargos que ocupaban en ese momento.

Se trata del ex gobernador Mario Das Neves (diputado nacional); su ex ministro Coordinador, Norberto Yauhar (asesor del Gobierno nacional); los ex presidentes de Petrominera, Néstor Di Pierro (intendente de Comodoro) y Luis Tarrío, y el ex secretario de Hidrocarburos, Sergio Bohe.

POSTURA PROVINCIAL

La entrega se realizará bajo el amparo del artículo 69, el cual establece que “todos los funcionarios públicos, efectivos o no, y aún el interventor federal, en su caso, son solidariamente responsables con el Estado por los daños y perjuicios a que dé lugar el mal desempeño de sus funciones. En tales supuestos debe accionarse contra el responsable para que indemnice al Estado los daños que con su actuación le haya irrogado”.

“El Estado y los municipios están obligados a hacer citar al juicio en que son demandados a los funcionarios o ex funcionarios que se encuentren en las condiciones precedentes y a ejercitar la pertinente acción de repetición”, cita la ley. Luego el juzgado nacional con sede en Buenos Aires deberá admitir o no estos documentos presentados.

Cabe recordar que en la denuncia presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina se basa en el supuesto pago de coimas que investiga en forma paralela la Justicia federal, así como en una presunta falsificación de un informe de reservas confeccionado por la Universidad de Cuyo, el cual era determinante al momento de realizar la concesión, establecer criterios y valuar el yacimiento. En la causa, el Gobierno provincial defiende la legalidad del contrato, teniendo en cuenta que se considera válido hasta que no se demuestre lo contrario.