La Fiscalía General de Brasil remitió al Tribunal Supremo una lista de 54 políticos implicados en corruptelas detectadas en la petrolera estatal, pero su divulgación quedará en manos de la corte. La prensa, sin embargo, filtró esos nombres.
La prensa local sostiene que los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros, ambos de la base oficialista, figuran en la lista recibida por el Supremo, que según fuentes de ese tribunal contiene 54 nombres. Incluso afirman que Cunha ya convocó al ex Procurador de Brasil
La versión no fue confirmada por el tribunal, pero sí desmentida por ambos parlamentarios. "No tengo ninguna información", declaró Calheiros, en tanto que Cunha aseguró que "eso es mentira"..
Los documentos fueron enviados por el fiscal general, Rodrigo Janot, al despacho del magistrado Teori Zavascki, uno de los diez miembros del Supremo, instructor de este caso y que definirá en los próximos días si los nombres de los políticos son publicados o no.
En caso de que Zavascki considere que aún deben ser ampliadas las investigaciones, pudiera decidir mantener en reserva todos los nombres de los implicados, pues el proceso se desarrolla bajo un estricto secreto judicial.
El caso, que se investiga desde hace casi un año, se refiere a una vasta red de corrupción que se calcula que está enquistada en la empresa desde hace más de una década y que se habría apropiado de sumas no precisadas, pero calculadas en varios millones de dólares.
Hasta ahora, la Policía ha llevado a prisión a ex directivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban en turbios negocios con la estatal.
Muchos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la Justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron que las corruptelas eran favorecidas por políticos, que de acuerdo a las informaciones obtenidas por la prensa local pudieran ser "decenas", en su mayoría de la base que apoya a la presidenta Dilma Rousseff.
Según establecieron las autoridades, los empresarios obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto del dinero lo distribuían entre políticos que amparaban las corruptelas.
Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en que arreciaban las corruptelas, ha reiterado que la Justicia llegará a los culpables de las corruptelas y afirmado que "pagarán por eso".
Petrobras es la mayor empresa del país y responde por casi 12 % del producto interno bruto (PIB) brasileño, por lo que la mayoría de los analistas cree que el escándalo repercutirá hasta en la propia economía del país, que según proyecciones del sector privado está al borde de una recesión.
Por Alberto Armendariz.
El inicio de las investigaciones sobre los políticos presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción de Petrobras ya produjo ayer las primeras fisuras en la coalición gobernante de Brasil y puso en riesgo el programa de ajuste de la presidenta Dilma Rousseff para recuperar la confianza en la alicaída economía del gigante sudamericano.
Luego de que fuentes del gobierno filtraron ayer a la prensa que en la nómina presentada en sigilo por el procurador general de la república, Rodrigo Janot, al Supremo Tribunal Federal (STF) estaban los nombres de los presidentes de ambas cámaras del Congreso, Eduardo Cunha (Diputados) y Renan Calheiros (Senado) -los dos miembros del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del oficialista Partido de los Trabajadores (PT)-, los líderes parlamentarios reaccionaron con fuertes demostraciones de su poder.
Calheiros rechazó el decreto provisional que Rousseff había enviado al Senado para levantar la exención de nómina salarial que ella misma había impulsado en 2011, y cuya anulación hoy es vista como una pieza clave del programa de recortes que busca implementar el equipo del nuevo ministro de Economía, Joaquim Levy, para poner en orden las cuentas públicas.
La mandataria no se quedó atrás y reenvió el mismo texto a la Cámara de Diputados, pero como proyecto de ley con carácter de urgencia.
Sin embargo, allí, Cunha advirtió que los legisladores se tomarán todo el tiempo que sea necesario para estudiar la iniciativa y, en un mensaje directo al Palacio del Planalto por la filtración de los primeros nombres de la "lista maldita", advirtió: "Que se investigue a todo aquel que quieran. Pero espero que no sean investigaciones de naturaleza política".
La pulseada entre Dilma y los líderes congresistas fue interpretada por los mercados como una declaración de guerra entre el PT y el PMDB. Los analistas financieros dudan ahora que el gobierno cuente con el apoyo suficiente para llevar adelante su plan de ajuste. Como consecuencia, el dólar aceleró ayer su apreciación frente al real y, luego de pasar por unas horas el límite psicológico de 3 reales por unidad, la moneda brasileña cerró el día con una devaluación de casi un 2%, a 2,98 reales por dólar, su nivel más bajo desde agosto de 2004. En tanto, la Bolsa de San Pablo sufrió una caída de 1,63%, principalmente empujada por el desplome de las acciones de Petrobras, que se depreciaron más de un 3%.
Si bien entre las filas del PMDB se cree que desde el gobierno se buscó debilitar al partido con la filtración de los nombres de Cunha y Calheiros y quitar la atención del PT en las investigaciones de corrupción dentro de Petrobras, el gobierno intentó aclarar que no estuvo detrás de la jugada política.
"No hay posibilidad de que el gobierno incluya o saque a alguien de la lista. Eso significaría especular con que el Ministerio Público pueda haber sido influenciado y no tendría autonomía e independencia. Y tampoco es verdad que el gobierno quiera la fragilidad del Congreso, todo lo contrario", indicó el ministro de Relaciones Institucionales, Pepe Vargas.
Como sea, para el gobierno no fue un buen día. Además de los efectos financieros negativos que tuvieron estos choques entre el PT y el PMDB, continuaron filtrándose nuevos nombres de la "lista negra de Janot", sobre los políticos que en la última década se habrían beneficiado del esquema de sobornos cobrados en Petrobras a constructoras para garantizarles contratos con la petrolera estatal.
Entre las 54 personas sobre las que el procurador general pidió al STF abrir investigaciones, estarían también los petistas Gleisi Hoffmann, ex jefa de Gabinete de Rousseff y actual senadora, y su marido Paulo Bernardo, ex ministro de Comunicaciones.
Por otra parte, el procurador general habría pedido al STF archivar las denuncias contra el senador Aécio Neves, titular del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y ex candidato presidencial en las elecciones de octubre último. Esto no quiere decir que no haya políticos opositores entre los 54 nombres de la "lista negra", pero el hecho de que no esté en la nómina el presidente del PSDB le da al partido una "ventaja moral" sobre el gobierno.
Se espera que, tras la evaluación del juez relator del caso en el STF, Teori Zavascki, entre hoy y el viernes los nombres de los políticos sospechosos se hagan públicos y comience de una vez la recopilación de pruebas en contra de ellos. Por el escándalo del petrolão ya fueron detenidos tres ex directores de Petrobras y 36 ejecutivos de grandes empresas acusados de haber pagado coimas. Pero será la fase política del escándalo la que mayor impacto tendrá sobre el gobierno de Dilma Rousseff.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, buscaba desactivar el miércoles una rebelión en el Congreso de legisladores molestos con sus planes de austeridad presupuestaria y con su manejo del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Rousseff tenía previsto reunirse con líderes legislativos de su coalición, informó su oficina.
El martes, el Senado rechazó un decreto presidencial que habría aumentado los impuestos sobre las nóminas para las empresas, medida con la que se buscaba reducir el creciente déficit presupuestario de Brasil.
La maniobra en el Congreso fue una de las señales más evidentes hasta ahora de cómo los daños colaterales del escándalo en Petrobras amenazan a la agenda económica de Rousseff y podrían además empeorar la recesión que se prevé para este año en Brasil.
Los mercados brasileños andaban agitados en la mañana del miércoles. El real se debilitaba 1.93% a 2.9853 unidades por dólar, mientras que el índice de acciones Bovespa caía 1.37 por ciento.
La decisión del Congreso "muestra la creciente dificultad para (aplicar) iniciativas que podrían ayudar con los recortes presupuestarios", dijo Alessandra Ribeiro,economista de la consultora Tendencias, con sede en Sao Paulo.
El último revés para Rousseff se originó en dos sucesos casi simultáneos durante la noche del martes.
Primero, el presidente del Senado, Renan Calheiros, miembro formal de la coalición gobernante, rechazó el decreto de austeridad de Rousseff.
Calheiros adujo razones de procedimiento.
Horas después, el principal fiscal de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal que abriera investigaciones sobre 54 personas -la mayoría de los cuales serían políticos-, que presuntamente se beneficiaron de las prácticas de corrupción en Petrobras.
Según la ley brasileña, solo el máximo tribunal puede juzgar casos contra los líderes políticos. Los nombres de la lista no se publicaron.
No obstante, numerosos medios locales afirmaron que Calheiros será uno de los investigados. Folha de Sao Paulo dijo, citando a aliados de Calheiros no identificados, que su rechazo al decreto tributario de Rousseff fue una táctica de presión para manifestar al Gobierno su molestia por su inclusión en la lista.
Un portavoz de Calheiros aseguró desconocer si el político está en la lista y no quiso hacer más comentarios.
Políticos y analistas financieros discutían el miércoles sobre el efecto práctico inmediato de la maniobra de Calheiros.
La oficina de Rousseff dijo que su objetivo de ahorro fiscal no se verá afectado y que enviará un nuevo proyecto al Congreso para subir los impuestos sobre las nóminas para las empresas.
Sin embargo, ante la incertidumbre de cuándo el Congreso aprobará la medida, a algunos asesores y analistas les preocupa que el alza del impuesto tome más tiempo del usual.
El presidente del Senado brasileño, Renan Calheiros, insistió hoy que no está entre los 54 políticos que han sido implicados por la Fiscalía en las corruptelas detectadas en la empresa Petrobras, cuyos nombres permanecen bajo secreto judicial.
"No tengo nada que ver y nadie me ha informado de que estoy en la lista", dijo Calheiros a los periodistas, frente a insistentes versiones de prensa que lo incluyen en la lista de políticos investigados, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien también ha negado su participación en esos hechos.
La lista de los implicados en esas corruptelas que tienen foro privilegiado fue entregada este martes al Tribunal Supremo por el fiscal general, Rodrigo Janot, pero bajo un estricto secreto judicial, que sólo puede ser roto por una decisión de la corte.
El caso está en manos del magistrado Teori Zavascki, uno de los diez miembros del Supremo, que actuará como instructor y que no se propone divulgar los nombres hasta tanto no decida si acepta o no las denuncias de la Fiscalía.
El caso, que se investiga desde hace casi un año, se refiere a una vasta red de corrupción que se calcula que está enquistada en la empresa petrolera estatal desde hace más de una década y que se habría apropiado de sumas calculadas en varios miles de millones de dólares.
Hasta ahora, la policía ha llevado a prisión a exdirectivos de Petrobras y a un grupo de empresarios que participaban en turbios negocios con la estatal.
Muchos de los detenidos aceptaron acuerdos de colaboración con la justicia a cambio de una futura reducción de penas y denunciaron que las corruptelas eran favorecidas por políticos, que de acuerdo a las informaciones obtenidas por la prensa local serían en su mayoría de la base que apoya a la presidenta Dilma Rousseff.
Según estableció la Policía, los empresarios obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los precios, repartían parte de esa diferencia con directores de la estatal y el resto del dinero lo distribuían entre políticos que amparaban esos negocios.
Rousseff, que antes de llegar al poder fue ministra de Minas y Energía y presidió el consejo directivo de Petrobras en la época en que arreciaban las corruptelas, ha reiterado que la justicia llegará a los culpables y que "pagarán por eso".
La petrolera brasileña Petrobras buscará financiamiento por hasta 19.000 millones de dólares este año, pese al escándalo de corrupción que le costó su calificación de grado de inversión, dijo este miércoles a Reuters una fuente con conocimiento directo del asunto.
Petrobras acordó en una reunión de su directorio subir el límite de financiamiento desde 6.000 millones de dólares, pero sigue trabajando en la estructura de la operación de crédito, agregó la fuente, que pidió reserva de su identidad porque no tenía autorización para hablar con los medios. La oficina de prensa de Petrobras no quiso referirse a los reportes sobre un incremento en el financiamiento.
La información fue reportada primero por la revista Veja el martes por la noche y posteriormente en la edición del miércoles del periódico Estado de S. Paulo. Ninguno de los dos medios identificó a sus fuentes.
El intento de conseguir más fondos en el exterior marca un cambio para la petrolera. Hasta hace poco, la empresa decía que no planeaba acudir a los mercados internacionales durante 2015.
La semana pasada, Moody's Investors Service despojó a Petrobras de su grado de inversión y mantuvo a la firma bajo revisión para una posible nueva rebaja, citando preocupaciones sobre una investigación en curso de un escándalo de corrupción y presiones de liquidez.
El panorama negativo sugiere que un creciente escándalo de corrupción posiblemente aumentará los costos de endeudamiento. Esto se da en medio de una caída de los precios del petróleo que ya ha reducido el efectivo necesario para pagar su creciente deuda y para financiar nueva producción de sus vastos descubrimientos costa afuera.
Petrobras, la gigante petrolera más endeudada y menos rentable del mundo, no ha podido reunir liquidez en los mercados de capital internacionales. La empresa todavía no presentó sus resultados financieros de 2014.
Brasilia - La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, intentó ayer desactivar una rebelión en el Congreso de legisladores molestos con su manejo del escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que amenazan con bloquear su agenda económica, en momentos en que su principal socio de Gobierno, el Partido por el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), figura entre los primeros afectados por la imputación de 54 dirigentes en la trama de coimas y sobornos.
Rousseff se reunió con líderes legislativos de su coalición, luego de que inesperadamente rechazaron un decreto presidencial que habría aumentado los impuestos sobre las nóminas de las empresas para reducir el creciente déficit presupuestario de Brasil. La iniciativa fue enviada nuevamente ayer por la mandataria, pero bajo la forma de proyecto de ley urgente.
En el encuentro no estuvo presente el vicepresidente Michel Temer, del PMDB, quien según la prensa brasileña se molestó por la exclusión y exigió un reunión con la gobernante la cual transcurría al cierre de esta edición.
El líder del oficialista Partido de los Trabajadores en la Cámara baja, José Guimarães, informó ayer que las reuniones serán mensuales y que, a partir de ahora, el Gobierno escuchará más a los aliados antes de enviar los materiales al Congreso.
Según los participantes, Rousseff habló con "tranquilidad y humildad" y llamó a la unidad para la aprobación de las medidas de ajuste fiscal. Reconoció, además, la necesidad de estabilizar la relación con sus socios legislativos porque los problemas políticos están afectando a la economía.
La maniobra en el Congreso fue una de las señales más evidentes hasta ahora de cómo los daños colaterales del escándalo en Petrobras amenazan a la agenda económica de la mandataria y podrían además empeorar la recesión que se prevé para este año en Brasil.
El partido PMDB (centro), un aliado clave del Gobierno petista y que tendría a varios de sus miembros en la lista de sospechosos que el fiscal general, Rodrigo Janot, entregó al Supremo Tribunal Federal (STF) para que autorice su imputación, dio así claras señales de rebeldía.
La jugada estuvo liderada por el presidente del Senado, Renan Calheiros, quien devolvió el texto al Planalto (sede de Gobierno). Él y el titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos del PMDB, fueron señalados por la prensa brasileña a la cabeza de los políticos con fueros que serán investigados si el STF lo autoriza.
Ayer, fuentes presidenciales señalaron al diario O Globo que el Gobierno daba por descontado que la decisión de Calheiros no respondió a un intento de debilitar la coalición sino a tapar la revelación de su eventual investigación por participar en la trama de coimas y sobornos en Petrobras, calculada en 3.850 millones de dólares, que ocurrió casi en simultáneo con su rechazo al texto de Rousseff.
Con la presidenta debilitada políticamente -su popularidad cayó 19 puntos, al 23%, según el último sondeo Datafolha de febrero- y en medio de "una crisis económica, hay que ver cómo con ese grupo de 54 nombres, incluyendo los presidentes de la Cámara y el Senado, van a discutir una agenda compleja de ajuste fiscal" prioritaria para el Gobierno, dijo André César, analista político independiente en Brasilia. "El daño está hecho. Cuál será la escala de ese daño, depende del comportamiento del Gobierno. Deberá conversar semana a semana con el PMDB, incluirlos en la formulación de políticas estratégicas", añadió.
El PMDB es la primera fuerza política en el Senado y la segunda en la Cámara baja, apenas detrás del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
La medida legislativa de devolver el texto de ajuste fiscal al Ejecutivo fue aplaudida por la oposición, en momentos en que muchos brasileños llamaron en las redes sociales a protestar en todo el país el 15 de marzo para exigir la destitución de Rousseff. Pese a las ostensibles críticas a la forma en que viene gestionando la crisis, entre los legisladores aún no hay clima para dar ese paso, coincidieron ayer observadores.
