Pocas veces ha habido tanta expectación en el Centro de Justicia. Y es que ayer comenzó uno de los juicios económico-políticos más importantes del último tiempo: la formalización del caso Penta, el que ha puesto en el ojo público el financiamiento irregular de campañas políticas.

El primer piso de la sala 103 estaba repleto. Además de los controladores del holding financiero, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, estaba presente Pablo Wagner (ex subsecretario de Minería), Hugo Bravo (ex gerente del Grupo Penta), Manuel Antonio Tocornal (gerente general Penta), Carlos Bombal (ex senador UDI y asesor del holding), Marcos Castro (ex gerente de Penta), Samuel Irrarázabal (Inversiones Penta III); Iván Álvarez (ex fiscalizador del SII) y, finalmente, Juan Martínez (actual fiscalizador del SII). La mayoría con su respectivo contingente de abogados.

Después de que el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, rechazara suspender la audiencia porque ayer se habían presentado nuevas querellas, partió la formalización, la que fue liderada por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, un asunto inédito en la historia del Ministerio Público, porque hasta ahora nunca un fiscal nacional había litigado en un caso.

Chahuán fue presentando una a una las acusaciones, las que fueron investigadas por el fiscal Carlos Gajardo. De hecho, este último, con el fiscal adjunto Pablo Norambuena, habían preparado el texto inicialmente que tenía unas 30 páginas de extensión: sin embargo, el fiscal nacional lo extendió hasta 57 páginas.

El Ministerio Público fue exhibiendo varios de los emails, boletas y facturas que encontraron en las pesquisas realizadas hasta ahora. Y a estas alturas, que los documentos tributarios habían sido "ideológicamente falsos" era una de las menores preocupaciones de los formalizados.

La fiscalía fue agrupando los hechos en 18 capítulos, y por cada uno de ellos, Chahuán fue acusando a los imputados, de acuerdo con su participación en distintos delitos, los que se resumen en cohecho, soborno, tributación maliciosamente falsa, delitos tributarios de obtención de devoluciones improcedentes, lavado de activos y delito tributario de facilitación.

La pandilla

Luego del receso de almuerzo fue el turno del fiscal Gajardo, quien de entrada golpeó a los asistentes pidiendo prisión preventiva para Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. A pesar de lo que se esperaba, solicitó arresto domiciliario total y arraigo nacional para Marcos Castro y Hugo Bravo.

El fiscal sustentó su petición señalando que "hay peligro para la sociedad con la libertad de estos sujetos. 

Hay pluralidad de delitos, gravedad de éstos, de las penas hubo actuación en grupo o pandilla". Además, señaló que aunque hubo cooperación en algunos temas, hubo otros en que su colaboración no fue sustancial.

Así relató cómo los controladores de Penta fueron a declarar que se enteraron del uso de forwards por la investigación del Ministerio Público, y eran "unos pocos". Después las diligencias probaron que eran más de cien.

Por lo mismo, dijo Gajardo, "hay reiteración de delitos que permite subir la pena hasta en dos grados. (...) Las pena probables superan los cinco años y un día". En tanto, el fiscal Emiliano Arias, expuso la necesidad de cautela referida a los imputados Manuel Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázabal, solicitando arresto domiciliario total y arraigo nacional para el primero, mientras que firma semanal y arraigo nacional para los dos últimos.

En cuanto a los otros imputados, Pablo Wagner y Juan Martínez, recién mañana se pedirán las medidas cautelares.

SII aún no amplía plazo
Uno de los factores que será determinante respecto al número de involucrados en la investigación de financiamiento ilegal de campañas políticas, es si el Servicio de Impuestos Internos (SII) acoge la solicitud de ampliar el plazo que abarcan las indagatorias.
Esto debido a que actualmente se considera únicamente las boletas de 2009. Si se ampliara, como ya pidió la fiscalía, se podrían incluir documentos relacionados con SQM.
Según explicó el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, la decisión del fiscalizador "toma tiempo".
Cabe recordar que en el marco de la incautación de documentos realizadas en enero pasado, se descubrieron antecedentes que relacionaban a otros nombres de políticos a los cuales SQM habría entregado dinero bajo el mismo mecanismo que utilizó el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.

Una política de aguas totalmente divididas estaría aplicando el directorio de SQM mientras se realiza la investigación de los hechos relacionados con el financiamiento de campañas políticas, una de las aristas del caso Penta.

Según una fuente relacionada a la mesa, el tema no fue parte de la extensa reunión de directorio que se realizó el martes en las oficinas centrales de la empresa, cuando se aprobaron los estados financieros de 2014.

"La compañía sigue funcionando", dijo escuetamente un director de la mesa tras el encuentro, al ser consultado sobre los efectos de la investigación.

Conocedores del tema explicaron que la creación del comité especial al interior del directorio, compuesto por Juan Antonio Guzmán, Wolf von Appen y José María Eyzaguirre, responde justamente a la lógica de que el caso no afecte la operación de la empresa y no distraiga de sus funciones a todo el directorio.

La idea fue reforzada en los estados de resultados, donde se reiteró que este comité tiene todas las potestades para contratar asesoría externa independiente que estime necesaria.

Además, en la industria se ha comenzado a generar cierta expectación respecto a lo que sucederá en la junta anual de accionistas de la compañía y los nuevos antecedentes que se puedan entregar a minoritarios en ese contexto, aunque el comité no tiene un plazo definido de acción.

Líneas de negocio

En el marco de su entrega de resultados -que arrojó que las utilidades de la firma llegaron a US$ 296,4 millones, 36,5% menos que 2013-, de sus seis líneas de negocios, cuatro bajaron sus ingresos.

Nutrición vegetal de especialidad y litio y derivados subieron 2,9% y 5,2%, respectivamente.

Por el otro lado, yodo y derivados disminuyó 27,2% (afectado por el precio internacional), químicos industriales retrocedió 33,8%; cloruro y sulfato de potasio 3,6% y otros ingresos bajaron 20,6%.