El principal fiscal de Brasil pidió este martes a la Supremo Tribunal Federal que abra investigaciones sobre políticos que presuntamente se beneficiaron de una trama multimillonaria de sobornos en la estatal Petroleo Brasileiro SA, dijo un funcionario de la corte.

La petición de que se autorice la investigación amplía el mayor escándalo de corrupción del país al escenario político, sacudiendo nuevamente al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff en momentos en que ya lucha por contener las consecuencias económicas del caso.

El funcionario, quien pidió no ser identificado debido a que el caso aún está bajo las normas de secreto, dijo que el fiscal general Rodrigo Janot pidió al tribunal que autorice 28 investigaciones independientes a 54 personas, muchas de las cuales se espera que sean políticos.

La oficina de Janot no entregó los nombres de los políticos que serán investigados, pero testimonios de los acusados que fueron parte de un acuerdo con fiscalía y que se filtraron a los medios locales indican que la mayoría son miembros del Partido de los Trabajadores y aliados de su coalición en el Congreso.

El diario Estado de S. Paulo y otros medios dijeron que la lista incluye al presidente del Senado, Renan Calheiros, y al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ambos miembros del Partido Movimiento Demócratico de Brasil (PMDB), el mayor aliado en la coalición gobernante de Rousseff.

Ninguno de los diarios dijo cómo obtuvo la información.

Bajo la ley brasileña, los políticos y miembros del gabinete solamente pueden ser juzgados por la Corte Suprema. El juez a cargo del caso debe decidir si levanta la provisión de secreto y divulga los nombres y las declaraciones del acuerdo con la fiscalía.

Los políticos fueron identificados por ex ejecutivos de alto rango de Petrobras y un operador de cambios del mercado negro cuyo arresto en marzo pasado inició una investigación sobre el desvío de dinero desde contratos de obras de infraestructura con precios excesivos hacia el bolsillo de políticos y ejecutivos corruptos.

Parte de ese dinero, dicen los fiscales, podría haber ayudado a financiar campañas electorales de partidos políticos, incluido el Partido de los Trabajadores de Rousseff y otros miembros de su coalición de Gobierno.

CUENTAS SUIZAS

La investigación sobre el caso de corrupción, conocida como "Operación Lavado de Autos", ha llevado hasta el momento a 40 acusaciones por cargos de fraude, soborno y lavado de dinero.

Funcionarios han acusado a dos ex ejecutivos de alto rango de Petroleo Brasileiro SA, como se conoce formalmente a la empresa, y 23 ejecutivos de seis de las principales compañías de construcción e ingeniería de Brasil.

El escándalo amenaza con tener repercusiones sobre la ya débil economía de Brasil, llevando a Petrobras a detener o cancelar varios proyectos de inversión.

Compañías de los sectores de petróleo y gas, construcción y energía también están hallando problemas para conseguir créditos debido a que los bancos están realizando ajustes como consecuencia del escándalo.

Los fiscales buscan que las compañías de construcción devuelvan cerca de 1.600 millones de dólares que sustrajeron a través de los contratos con Petrobras y están investigando cuentas bancarias en Suiza a las que fueron transferidos los fondos y en algunos casos lavados mediante compañías ficticias en el extranjero.

La investigación y el posible juicio a los políticos ante el Supremo Tribunal Federal podría tomar años. El mayor caso de corrupción política de Brasil hasta la fecha, que involucra pagos mensuales a legisladores a cambio de su apoyo al Partido de los Trabajadores en el Congreso, tardó siete años antes de que se iniciara su juicio en el 2012.

"La investigación ha comenzado. Nosotros la llevaremos hasta el final", dijo Janot el lunes. "Los responsables pagarán", declaró frente a un grupo de manifestantes que protestaban contra la corrupción afuera de su oficina.

Rousseff fue presidenta del directorio de Petrobras desde el 2003 al 2010, cuando sucedió gran parte de los presuntos hechos de corrupción. Ella negó que supiera sobre la trama durante esos años y ha prometido respetar la independencia de los tribunales.

Un reciente sondeo de opinión, sin embargo, mostró que tres de cada cuatro brasileños creen que Rousseff conocía la trama.

Por Damian WROCLAVSKY.

La Procuraduría de Brasil le pidió este martes a la Corte Suprema que abra investigaciones sobre dirigentes políticos con fueros para determinar si participaron en la monumental trama de corrupción que sacude a la petrolera estatal Petrobras y mantiene en vilo al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

La solicitud incluye 28 procesos que involucran a 54 personas, entre ellos políticos en funciones, e inaugura lo que se espera sea una etapa de fuertes tensiones institucionales.

"Son 28 pedidos de apertura de investigaciones y siete archivos, que involucran a 54 personas", incluyendo a políticos, dijo a la AFP un asesor de prensa de la fiscalía general.

Originalmente, la Procuraduría había informado que las 54 personas implicadas tenían fueros privilegiados, pero luego aclaró que algunos no los tenían aunque estaban conectados a políticos en funciones.

Secreto. Los nombres de quienes serán investigados, si la orte lo aprueba, no fueron divulgados porque las causas están bajo secreto judicial, pero el fiscal general Rodrigo Janot, que presentó la solicitud, pidió el levantamiento de esa reserva.

El paso siguiente es que el Supremo Tribunal conteste el requerimiento de Janot.

La "Operación Lava Jato" (lavadero de autos) consistió en un sofisticado esquema delictivo que asoció a algunas de las mayores empresas del país con directivos de Petrobras, otrora orgullo de los brasileños, para manipular licitaciones y desviar fondos.

La red giró unos 4.000 millones de dólares durante una década, según datos de la Policía Federal.

Coimas para personas y partidos. Según las delaciones que hicieron algunos acusados a cambio de una reducción de sus eventuales condenas, y que fueron filtradas a la prensa, los fondos desviados fueron destinados a cuentas personales o para financiar partidos políticos.

Las especulaciones sobre sus ramificaciones en el Congreso y en distintos niveles de gobierno apuntan a figuras tanto afines al gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados como a algunos opositores.

De acuerdo con las distintas causas, el pago para los directivos de la estatal variaba entre 1% y 3% del total de los contratos multimillonarios.

El escándalo ahoga a la mayor compañía pública de Brasil en una mezcla de sobornos, fraude, manipulación de licitaciones públicas y lavado de dinero, que fue calificada como la mayor investigación de corrupción de la historia del país por la procuraduría general de la República.

Petrobras presentó en enero un balance del tercer trimestre de 2014 sin auditar y sin definir las pérdidas de la corrupción. La firma determinó un sobrecosto de 88.600 millones de reales (USD 30.551 millones al cambio actual), pero no precisó cuánto correspondía a la saga delictiva de la que fue blanco. El balance fue seguido de dos recortes en su nota crediticia y de la salida de su presidenta, Graça Foster, y otros cinco directivos.

La empresa dijo que presentará su balance auditado a fin de mayo y anunció un fuerte recorte de sus inversiones.

El sistema delictivo que se enquistó en la hasta hace poco empresa emblemática de Brasil invadió la agenda política desde el inicio del segundo mandato de la presidenta Dilma Rousseff en enero.

Y la mancha se acercó al gobernante Partido de los Trabajadores, cuando João Vaccari Neto, tesorero de la agrupación fundada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue llevado a declarar por la fuerza, aunque poco después fue liberado.

Los alcances y las consecuencias políticas de las investigaciones podrán empezar a vislumbrarse con mayor claridad si la corte suprema autoriza el avance de la fiscalía y levanta el secreto judicial que protege a los nombres de la lista presentada esta noche.

Una investigación sobre supuesta corrupción en Petrobras generó preocupaciones por los bancos con exposición a las compañías involucradas en el escándalo, dijo la analista de Moody’s Celina Vansetti en un informe.

Los bancos controlados por el Estado, en particular, serían obligados por el Gobierno brasileño a ayudar a Petrobras y a proveedores para enfrentar un acceso restringido a los mercados de crédito debido al escándalo, aseguró Vansetti.

Aparte del banco de desarrollo estatal BNDES, el mayor acreedor de Petrobras, otros prestamistas públicos con exposición a la gigante petrolera incluyen a Banco do Brasil SA y Caixa Econômica Federal.

Bancos privados como Itaú Unibanco Holding han aumentado sus provisiones contra pérdidas sobre créditos y endurecido los estándares para otorgar préstamos y así mitigar los problemas generados por el escándalo en Petrobras.

Los prestamistas temen que algunas compañías podrían ser bloqueadas para realizar ofertas sobre contratos del Gobierno, lo que impide su acceso al financiamiento.

“La investigación sobre Petrobras podría exacerbar la situación para los bancos estatales, debido a que las expectativas para el crecimiento de los préstamos en el 2015 ya son modestas”, agregó Vansetti.

Cualquier incremento en las provisiones relacionado a la entrega de créditos a Petrobras y sus abastecedores, así como a los sectores más amplios del petróleo y la construcción, “dañarían las ganancias y llevarían a una restricción del crédito, lo que repercutiría en la economía de Brasil”, según el reporte.

En febrero, Moody’s le quitó a Petrobras el preciado grado de inversión y advirtió que futuras rebajas en la nota crediticia son posibles.

El procurador general Rodrigo Janot solicitó a la corte suprema de justicia abrir investigaciones públicas sobre 54 personas.

La investigación que busca desarticular el nido de corrupción que se enquistó en la estatal Petrobras en Brasil generó detenciones, procedimientos secretos y hasta delaciones premiadas, de una escala sin precedentes en la historia del país.

Este martes, 3 de marzo del 2015, el procurador general Rodrigo Janot solicitó a la corte suprema de justicia abrir investigaciones públicas sobre 54 personas, incluidos políticos con fueros, en una decisión que profundiza el proceso y que podría condenar a legisladores y funcionarios.

Algunos de los números oficiales de la causa dan cuenta de la magnitud de la red criminal de la llamada 'Operación Lava Jato' (lavadero de autos) . Según las autoridades, directivos de Petrobras, empresas contratistas y especialistas en lavar dinero montaron un sistema para amañar licitaciones, pagar sobreprecios y desviar fondos millonarios -en muchos casos al extranjero- por unos USD 4 000 millones durante 10 años. Estas son las principales cifras hasta el momento: - La Fiscalía registró 279 procedimientos, que involucran investigaciones sobre 150 personas y 232 empresas.

- La justicia y las fuerzas de seguridad realizaron 201 búsquedas y aprehensiones, 55 órdenes de conducción coercitiva de personas a comisarías para declarar y dictaron 64 órdenes de prisión efectiva.

- La operación para desbaratar la organización criminal recurrió a la firma de 12 acuerdos de colaboración entre la procuradoría y personas que están siendo investigadas, a cambio de una reducción de sus eventuales condenas tanto físicas (pérdida de libertad) como económicas (devolución de fondos desviados y pagos indemnizatorios) .

- Hay 18 acusaciones criminales realizadas contra 86 personas por delitos de corrupción, crímenes contra el sistema financiero nacional, tráfico transnacional de drogas, formación de una organización delictiva y lavado de activos, entre otros.

- La investigación, que comenzó en el 2009, agrupa denuncias que contabilizan el desvío de aproximadamente 2 100 millones de reales (unos USD 734 millones) , de los cuales fueron recuperados unos USD 174 millones. Otros USD 69 millones en bienes fueron bloqueados a personas que están siendo investigadas.

- La Fiscalía solicitó un resarcimiento de más de USD 1 500 millones a empresas señaladas en la investigación como beneficiarias de la red ilegal, y esto solo contabilizando los perjuicios ocasionados en uno de los procesos más sonados, que involucra al ex director de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa.

- 28 pedidos de investigación a la corte suprema, que involucran a 54 personas, entre ellas políticos con fueros. En todos los casos, el procurador solicitó el levantamiento del secreto judicial para que trasciendan los nombres a la opinión pública.