El caso de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras, que compromete a las principales constructoras del país, puede atrasar las obras para las concesiones privadas de los aeropuertos de las ciudades de Porto Alegre y Salvador, señaló la prensa.

El diario Folha de Sao Paulo, que citó fuentes próximas al Gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, apuntó que la tercera fase de concesiones de aeropuertos prevista para este año sólo podrá ser realizada a comienzos de 2016.

El caso de corrupción, investigado por la Policía y por una comisión del Congreso, ha resultado en el arresto de varios directivos de Petrobras y de decenas de directores de importantes constructoras que prestaban servicios a la petrolera. 

Según la Policía, estos empresarios inflaban los precios de los contratos con Petrobras, se repartían parte de ese coste extra con directores de la petrolera y el resto del dinero se distribuía entre decenas de políticos que amparaban las corruptelas, por vías ilegales y legales, como la financiación de campañas electorales.

El viernes, precisamente, Dalton Avancini, presidente de la constructora Camargo Correa, y Eduardo Leite, vicepresidente de la misma compañía investigada, quienes están presos desde noviembre pasado en la sureña ciudad de Curitiba, aceptaron un acuerdo de delación premiada a cambio de reducción de pena.

Según el diario, no existe "ambiente" para hacer este año las concesiones que prevén entregar a la administración privada los aeropuertos de Porto Alegre, capital del sureño estado de Río Grande do Sul -fronterizo con Argentina y Uruguay-, y Salvador, en Bahía (nordeste).

En 2012 y 2013, como parte de las obras complementarias para el Mundial de Fútbol de 2014, el Gobierno entregó a consorcios privados la administración de los aeropuertos de Guarulhos y Campinas, ambos en el estado de Sao Paulo; el de la capital Brasilia, el Galeao de Río de Janeiro y el de Confins, que opera para Belo Horizonte.

La administración fue otorgada principalmente a firmas extranjeras, pero todas se presentaron en los consorcios junto a las principales constructoras del país, encargadas de ejecutar las obras civiles obligatorias en los contratos de concesión.

El temor de hacer las concesiones este año -apuntó el periódico- es que constructoras investigadas como UTC, OAS, Engevix y Camargo Correa, entre otras, tienen deudas con bancos públicos y privados por un valor de 130.000 millones de reales (unos 45.518 millones de dólares) y eso puede reducir el número de licitadores.

Además, agregó Folha, la Justicia puede llegar a impedir que las empresas implicadas en el caso firmen contratos con el sector público y que su solidez financiera se vea afectada si son obligadas a resarcir al erario devolviendo dinero o pagando multas.

Aunque evitó asociar el asunto con el escándalo de Petrobras, el ministro de Aviación Civil, Eliseu Padilha, admitió que "tal vez no se consiga hacer la subasta este año. El mercado no está bueno para entrar con expectativas muy altas", aunque advirtió que el mercado sigue en crecimiento y "atractivo" para las inversiones extranjeras.  

Techint perplejo: "¿Y por qué yo no puedo?"

Urgente24

Desde diciembre, Techint está impedida de realizar nuevos contratos con Petrobras junto a otras 22 grandes constructoras. Según el texto de un correo electrónico reproducido por medios locales, Techint ha insistido en que respeta rigurosamente la legislación brasileña y que no hubo irregularidades en las contrataciones de proyectos que ejecutó o ejecuta para Petrobras, la mayor empresa de Brasil. 

Por lo tanto, no entiende que le impidan participar en licitaciones de nuevas obras. La filial brasileña de la constructora ítalo-argentina, criticó a la petrolera estatal Petrobras por prohibirle participar en nuevas licitaciones de obras, asegurando que la decisión viola el principio de presunción de inocencia.

Techint afirmó que la decisión constituye un castigo anticipado y sin pruebas.

"La decisión tomada por Petrobras no posee carácter cautelar, sino que es de efectiva y concreta penalización anticipada y sin pruebas, en flagrante violación al principio de presunción de inocencia. Techint lamenta la postura precipitada y desprovista de cualquier fundamento adoptada por su cliente", sostuvo la empresa.

El bloqueo de nuevos contratos decidido por Petrobras se tomó, según la petrolera, para "resguardar la compañía y sus socias de daños de difícil reparación financiera y de perjuicios a su imagen".

La veda, informada sin plazo de vencimiento y que no alcanzó contratos vigentes, fue decidida por la anterior presidente de la empresa, María das Gracas Foster, quien fue reemplazada por el ejecutivo Aldemir Bendine.

Techint ganó un contrato de Petrobras como parte de un consorcio junto a la constructora Andrade Gutierrez por 2.500 millones de reales para construir una unidad de coque en el Complejo Petroquímico del Estado do Río de Janeiro (Comperj).

La Policía Federal de Brasil investiga desde enero a constructoras bajo sospecha de estar involucradas en fraudes a la petrolera estatal Petrobras.

Las empresas son Andrade Gutierrez, MPE Montagens e Projetos Especiais, Alusa Engenharia, Promon Engenharia, Techint Engenharia e Construção, Skanska Brasil, GDK, Schain Engenharia, Carioca Christiani Nielsen Engenharia y Setal Engenharia Construções e Perfurações.

La información consta en un oficio encaminado a la Justicia Federal el último 23/01 por el comisario Eduardo Mauat, de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba, donde se lleva la causa de la Operación Lava Jato.

En el texto, el comisario resaltó la "necesidad de apertura de nuevas investigaciones policiales a fin de recibir de forma organizada los datos relativos a otras empresas posiblemente involucradas en fraudes ligados a la estatal Petrobras”.

La Operación Lava Jato desmanteló una red de corrupción que sobrefacturaba obras para la petrolera estatal, con la complicidad de ex ejecutivos.

Por Jonathan Wheatley.

Tantas cosas andan mal en Brasil que es difícil estar al tanto de todas. Durante años, los críticos acusaron al gobierno de no ser competente. Ahora sus acciones son catastróficas –tanto que hay buenas razones para pensar que la presidenta Dilma Rousseff que comenzó su segundo mandato de cuatro años hace sólo dos meses, el 1 de enero– podría no durar mucho tiempo.
Esta es nuestra lista de diez temas que amenazan con hacerla caer.

1 Política
Para que un presidente brasileño sea sometido a un juicio político, debe hacer algo terriblemente equivocado. Pero muchos lo hacen y sobreviven. Lo que realmente cuenta es la pérdida del respaldo en el Congreso. Tras las elecciones, se redujo la mayoría parlamentaria de Rousseff, mientras que el número de partidos ocupando escaños se incrementó, lo que dejó a su coalición más dividida y difícil de controlar. Peor aún, grandes sectores de su Partido gobernante de los Trabajadores se le pusieron en contra. Algunos miembros la consideran una intrusa oportunista. Otros de la "derecha" del partido la acusan de estar metiendo la pata. Otros de izquierda están furiosos con la designación del "neoliberal" Joaquim Levy, como ministro de Economía el mes pasado.
El martes Luis Inácio Lula da Silva, su mentor y predecesor en la presidencia, dijo a ella públicamente que "mantenga su cabeza alta". Rousseff debería despegarse del caso Petrobras, aseguró, y recordó que ella había ganando las elecciones. "Dilma no puede y no debería ser molestada [por el escándalo], de lo contrario nos vamos a paralizar", advirtió.

2 Petrobras
También el martes, Moody’s Investors Service se convirtió en la primera de tres grandes calificadoras de crédito en bajarle la nota a Petrobras. Se espera que le sigan Fitch y Standard & Poor’s. Este conocido caso de corrupción, el más grande y perjudicial en la historia de Brasil, amenaza con perder el control.
Rousseff dijo a los periodistas que la rebaja a "bono basura" demuestra que Moody’s no está comprendiendo la situación y que Petrobras se recuperará de sus tropiezos "sin grandes consecuencias" Otros consideran que la peor nota crediticia de Petrobras equivale a una caída de la calificación de Brasil, con similares implicancias negativas.
Si el Congreso decidiera iniciar su juicio político, Petrobras ofrecería el pecado atroz: Rousseff presidía el directorio cuando tuvieron lugar la mayoría de los actos de corrupción.

3 Confianza de los consumidores
Los consumidores están extremadamente hartos, tal como lo demuestra la encuesta mensual de la Fundación Getulio Vargas, un institución educativa. La Fundación culpa a la inflación, las tasas de interés altas, el temor al desempleo y el riesgo a al racionamiento del agua y la energía.

4 Inflación
Hace veinte años, la inflación en Brasil era de 3.000% anual. Muchos brasileños son demasiado jóvenes para recordar, pero otros no. Algunos ahora temen que el gobierno abandone su meta de alza de precios de 4,5%. El martes, la oficina nacional de estadísticas informó que la inflación del 1 al 15 de febrero fue de 1,33%, y en los últimos 12 meses fue de 7,36%, nivel muy superior a lo esperado.

5 Desempleo
Muchos brasileños hasta ahora estaban dispuestos a perdonarle al gobierno la inflación y el bajo crecimiento económico porque sentían que sus empleos estaban asegurados. Pero con la expectativa de que la economía se contraiga 0,5% este año, los empleadores empezaron a despedir trabajadores. Se estima que que enero se perdieron 26.000 puestos, en un mes en el que usualmente se contrata personal. Eso crea un gran reto para la popularidad de Rousseff.

Se multiplican las señales del malestar de los trabajadores. Los camioneros hacen huelga bloqueando autopistas de todo el país, lo que genera peligrosos efectos secundarios para toda la economía.

6 Confianza de los inversores
El diario Valor Económico informó que el Tesoro había vendido 10 millones de letras a corto plazo con vencimiento en octubre de este año, por un valor u$s 3.200 millones, con un rendimiento anual promedio superior a 13%. Esa fue la subasta más grande de deuda a corto plazo desde al menos el año 2000, según Valor, que afirmó que el gobierno se estaba viendo obligado a vender bonos a plazos más cortos porque a los inversores les preocupa su capacidad de cumplir con las metas presupuestarias.

7 Presupuesto
El año pasado, Brasil registró su primer déficit presupuestario primario en más de una década, lo que efectivamente llevó al país a los días oscuros anteriores a que se comenzara a implementar al menos la apariencia de disciplina fiscal. Los gobiernos sucesivos se esforzaron para tener superávits primarios (antes del pago de deuda) lo suficientemente elevados como para que siguiera cayendo la relación deuda / PBI. Pero la administración de Rousseff parece haber abandonado ese fantasma el año pasado, con un déficit primario equivalente a 0,63% del PBI y un déficit nominal, incluyendo pagos de deuda, equivalente a 6,7% del PBI.

8 Economía
De más está decir que la economía está implosionando. Los inversores tenían la esperanza de que la designación como ministro de Economía de Levy, que tiene estudios en Chicago, cambiaría las cosas. Muchos todavía son optimistas. Pero la tarea es cada vez más abrumadora. Más específicamente, Levy surge como una figura solitaria. De hecho, Rousseff ni siquiera estuvo presente en el anuncio de su nombramiento. Se mostró en la ceremonia formal de la jura, pero desde entonces no hay imágenes en las que se los vea en público juntos.

9 Agua
La sensación de que se acerca el apocalipsis en Brasil se intensifica con la escasez de agua que afecta la ciudad de San Pablo. El principal sistema de reservorios que abastece a la urbe, la más grande del país, estuvo durante varias semanas a sólo 6% de su capacidad antes de que en los últimos días lloviera y llegara algo de alivio. Ahora se encuentra en 11%. Pero la compañía de agua, Sabesp, advirtió el miércoles que esas lluvias estuvieron lejos de ser suficientes. Los residentes cuentan que sufren repentinos cortes de agua, y que tienen que acarrear baldes hasta sus hogares. Las autoridades sostienen que no hay racionamiento; los ciudadanos aseguran que sí. Todos saben que ha llovido inusualmente poco en los últimos meses. Pero la causa no es sólo la escasez de precipitaciones. Se estima que una tercera parte del agua en el sistema Sabesp se pierde por filtraciones. También son causas el mal manejo y la falta de inversión.

10 Electricidad
La última vez que un gobierno fue destituido (aunque en las urnas y no por juicio político) la principal causa fue el racionamiento de la electricidad. Fernando Henrique Cardoso, asumió el poder en 1994 por el éxito de su Plan Real que derrotó la inflación. Perdió credibilidad y el sucesor que él había elegido perdió frente a Lula en 2002 después de un verano de racionamiento energético debido a la combinación de pocas lluvias —la generación de energía en Brasil depende enormemente de las represas hidroeléctricas —. mal manejo y falta de inversión. La administración de Rousseff podría evitar un destino similar. O no.

El último presidente de Brasil en atravesar un juicio político fue Fernando Collor de Mello en 1992. Llevaba una vida de playboy rodeado de personajes coloridos y mafiosos (algunos de los cuales murieron en forma colorida y mafiosa). Fue acusado en juicio político (después de renunciar para evitar perder los derechos políticos —ahora está de nuevo en el Senado) por las sospechas de que mantenía un esquema de corrupción política, utilizando el tráfico de influencias, y el sistema de lobby gubernamental a cambio de sobornos.

Su situación era totalmente diferente a la de Rousseff. Pero lo que arruinó a Collor no fue su participación en hechos de corrupción sino la repulsión que sentía la gente por él y, sobre todo, la que sentía una mayoría en el Congreso. Rousseff debe tener mucho cuidado de no seguir ese mismo camino.

Pedro Cifuentes.

Fuentes oficiales apuntan que la Fiscalía pedirá esta semana la imputación de los cargos electos implicados en la trama. “En Brasilia todo se termina los viernes a las dos de la tarde”, bromean los taxistas a los periodistas que salen de los edificios oficiales sin haber logrado su objetivo: saber quiénes son las decenas de políticos —entre ellos senadores y exgobernadores— que serán formalmente imputados por la Fiscalía por haber recibido millonarios sobornos provenientes de Petrobras.

El Procurador General, Rodrigo Janot, había sugerido que la lista de acusados que presentará ante el Tribunal Supremo Federal (TSF) se conocería antes de que terminase el mes, pero, según indican fuentes oficiales, los fiscales dedicados a la Operación Lava Jato necesitan unos días más para terminar el sumario y, sobre todo, revisar con lupa un caso que tiene un alto riesgo de politización. El proceso ha sido dividido en varias causas para dificultar una interrupción general del mismo por algún defecto formal y por su magnitud en sí, muy superior al célebre Caso Mensalão.

Se trata de una nueva y crucial fase de la Operación Lava Jato: castigar a los cargos electos implicados en el caso, la mayor parte señalados por alguno de los 13 delatores, que por su posición tienen un estatus privilegiado y solo pueden ser juzgados en Brasilia. Es decir, los supuestos miembros de la trama que no ocupen cargos políticos (como el tesorero del Partido de los Trabajadores, João Vaccari, por ejemplo), no formarán parte de esta fase. La Fiscalía puede solicitar el archivo de las investigaciones sobre un político, la apertura de una investigación formal en su contra y una denuncia por delitos concretos.

No obstante, la presentación de la acusación no implica que los nombres de los políticos se hagan públicos, pues sobre ellos pesa el secreto de sumario que solo puede levantar, a instancias de la Fiscalía, el ministro del TSF Teori Zavascki. Se da por sentado que algunos casos seguirán en secreto.

Aunque las filtraciones a los medios brasileños han sido constantes desde la detención de los empresarios constructores (y corruptores) en noviembre, este periódico ha podido averiguar que habrá también algunas “sorpresas”, aunque no con “grandes” nombres. No se conoce con exactitud el número de políticos comprometidos. Pero es seguro que la próxima semana marcará un antes y un después en la política brasileña. A largo plazo, por el ejemplo que debería sentar un caso de semejante envergadura: lo robado podría ascender a 10.000 millones de dólares en ocho años. A corto, porque se sabe que la mayoría de los implicados pertenecen al PT y a sus aliados (el PMDB y el PP): una poderosa arma política para una oposición que ha logrado que la palabra impeachment (proceso de destitución), en el vocabulario brasileño cotidiano.